Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Egipto República Árabe de Egipto Jefe del Estado: Mohamed Hosni Mubarak Jefe el gobierno: Ahmed Nazif Pena de muerte: retencionista Población: 76,8 millones Esperanza de vida: 70,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 37/29 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 71,4 por ciento La renovación del estado de excepción dos años más fue causa de descontento generalizado. El alza del precio de los alimentos y el aumento de la pobreza generaron una sucesión de huelgas en los sectores público y privado. En algunas manifestaciones se produjeron enfrentamientos violentos con la policía, y se procesó a algunas personas participantes en las protestas, incluso ante tribunales de excepción. En septiembre, un corrimiento de tierras mató al menos a un centenar de personas en el suburbio cairota de Al Duwayqah, poniendo de manifiesto la difícil situación de los barrios pobres de El Cairo, donde se creía que se concentraba casi la tercera parte de la población de la capital. Los periodistas corrían riesgo de ir a prisión, acusados de difamación y otros delitos. Se detuvo a centenares de activistas políticos, en su mayoría de la Hermandad Musulmana, especialmente durante el periodo previo a las elecciones municipales de abril. Aunque se estaba elaborando una nueva ley antiterrorista, millares de personas detenidas por motivos políticos continuaban sujetas a detención administrativa en aplicación de la legislación de excepción, en muchos casos desde hacía más de 10 años. La tortura y otros malos tratos eran práctica generalizada. Las fuerzas de seguridad egipcias mataron a migrantes cuando intentaban pasar a Israel, y se devolvió a Eritrea a alrededor de 1.200 solicitantes de asilo de este país a pesar del temor por su seguridad allí. Se prohibió por ley la práctica de la mutilación genital femenina. Novedades jurídicas En abril se aprobó una ley que prohibía las manifestaciones en lugares de culto y castigaba con penas de hasta un año de prisión a los infractores. En junio se aprobaron reformas de la Ley sobre la Infancia en virtud de las cuales quedaban prohibidos la mutilación genital femenina y el matrimonio de menores de 18 años, se permitía la inscripción de los niños y niñas en el registro con el apellido de la madre y se castigaban con la cárcel los abusos deshonestos contra personas menores de edad, su venta y su explotación. Varios anteproyectos de ley amenazaban los derechos humanos. Uno de ellos, relativo a los medios de comunicación audiovisuales, reducía aún más la libertad de expresión y fue objeto de un amplio debate. Los periodistas declarados culpables de perjudicar la «paz social», la «unidad nacional», el «orden público» y los «valores públicos» podían ser condenados a hasta tres años de cárcel. El estado de excepción, en vigor ininterrumpidamente desde 1981, se prorrogó en mayo, en espera de la promulgación de una nueva ley antiterrorista que se suponía que otorgaría permanentemente a las autoridades poderes del estilo de los que ejercían ya con el estado de excepción y que les facilitaban la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Sistema de justicia Tribunales militares y especiales Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos ante tribunales militares y especiales. También se juzgaba en tribunales militares a civiles, lo que constituía un incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos. En abril, el tribunal militar de Haikstep impuso penas de hasta 10 años de prisión a 25 miembros de la Hermandad Musulmana, 7 de los cuales habían sido juzgados in absentia. Uno de los líderes del grupo, Khairat al Shatir, fue condenado a siete años. Otros 15 acusados fueron absueltos y quedaron en libertad, pero con la condición de no viajar al extranjero. Todos habían sido juzgados por cargos de terrorismo y blanqueo de dinero, que ellos negaron. Interpusieron recursos de apelación. Se negó el acceso de observadores de Amnistía Internacional al juicio. En agosto comenzó en Tanta el juicio ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción) de 49 personas acusadas de participar en violentas protestas ocurridas el 6 de abril (véase infra). Los encausados dijeron que, tras su detención, agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado los habían tenido con los ojos vendados durante nueve días y los habían torturado en Mahalla y en la plaza de Lazoghly de El Cairo. Denunciaron torturas como golpearlos, aplicarles descargas eléctricas y amenazarlos con abusar sexualmente de mujeres de sus familias. Las autoridades no ordenaron ninguna investigación independiente sobre lo denunciado por estas personas, cuyas confesiones, obtenidas presuntamente con tortura, fueron la principal prueba presentada contra ellas. En diciembre, 22 de los encausados fueron condenados a penas de hasta cinco años de cárcel. Detención administrativa El Ministerio del Interior informó en enero de que el número de personas sujetas a detención administrativa no superaba las 1.500. Sin embargo, fuentes no oficiales indicaron que la cifra real era mucho mayor, posiblemente de hasta 10.000, e incluía a personas que llevaban años recluidas ininterrumpidamente sin cargos ni juicio. Las personas sometidas a detención administrativa por orden del ministro del Interior soportaban condiciones de reclusión que constituían trato cruel, inhumano o degradante, y según informes, algunas habían enfermado a causa de ello. Muchas continuaban encarceladas a pesar de haber ordenado reiteradamente los tribunales su liberación. En agosto, el Ministerio del Interior accedió a pagar un total de 10 millones de libras egipcias (1,87 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a alrededor de un millar de islamistas que habían sido recluidos sin juicio o retenidos en prisión pese a haberse dictado la orden de dejarlos en libertad durante la década de 1990. Musaad Suliman Hassan (conocido como Musaad Abu Fagr), novelista y fundador del movimiento Wedna Na’ish («Queremos vivir»), radicado en el Sinaí, fue recluido en la prisión de Borg al Arab de Alejandría y posteriormente en la prisión de Abu Zaabal de El Cairo a instancias del ministro del Interior pese a haberse dictado varias órdenes judiciales de libertad en su favor. El ministro ordenó su encarcelamiento en febrero, tras haberlo absuelto un tribunal de El Arish de los cargos de incitación a protestas y resistencia a la autoridad. Había sido detenido en diciembre de 2007, tras unas manifestaciones organizadas en julio y diciembre de ese año en demanda de respeto por los derechos económicos, sociales y culturales de los beduinos del Sinaí.
Continuaron detenidos un número desconocido de egipcios sospechosos de terrorismo, que habían sido devueltos por los gobiernos de Estados Unidos y otros países en años anteriores. Según informes, algunos habían sufrido tortura a manos de las fuerzas de seguridad egipcias. Tortura y otros malos tratos En las comisarías de policía, prisiones y centros de detención del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado se infligían sistemáticamente tortura y otros malos tratos. La impunidad de que seguían gozando la mayoría de los torturadores se veía exacerbada por prácticas policiales como amenazar a las víctimas con volverlas a detener o con detener a familiares suyos si presentaban denuncia. No obstante, a lo largo del año se llevó a juicio a algunos presuntos torturadores. En octubre, una mujer, Mervat Abdel Salam, murió tras irrumpir unos agentes de policía en su casa, en Samalut, gobernación de Minya, y golpearla en el curso de la investigación de un atraco. Según informes, a pesar de que estaba embarazada y sangraba, los agentes la habían dejado encerrada en la casa, por lo que tardó en recibir asistencia médica. Su familia acudió al fiscal, que ordenó una investigación, pero el informe médico forense inicial determinó que no había señales externas de violencia, pese a existir lesiones visibles, según la familia. Los abogados de ésta solicitaron un informe médico independiente, que posteriormente confirmó que el cuerpo sí presentaba señales de violencia. La policía detuvo a varios miembros de la familia con objeto, al parecer, de presionarlos para que retiraran la denuncia.
Se denunciaron varias muertes bajo custodia, causadas aparentemente por tortura y otros malos tratos. Ali Muhammad Muhammad Abd al Salam murió en la prisión de Asyut, en el Alto Egipto, el 8 de septiembre. Otros presos dijeron que uno de los guardias lo había agredido y matado. El Ministerio del Interior manifestó que había muerto recluido en régimen de aislamiento tras una pelea con otros reclusos.
En abril se intensificó la represión gubernamental de los grupos políticos de oposición, en particular de la Hermandad Musulmana. El 5 de abril, tres días antes de las elecciones municipales y la víspera de la celebración de una huelga general, el gobierno prohibió todas las manifestaciones. No obstante, se organizaron protestas en Mahalla, al norte de El Cairo, que fueron reprimidas con violencia, y en otras ciudades. Al menos tres personas murieron por disparos y decenas más resultaron heridas a causa de la fuerza excesiva empleada por las fuerzas de seguridad. El 23 de julio fueron detenidos en el curso de una manifestación pacífica en Alejandría 14 miembros del grupo Juventud del 6 de Abril, formado por autores de blogs, activistas y otras personas convocantes de una huelga general el 6 de abril en apoyo de los trabajadores textiles en huelga de Mahalla. Algunos sufrieron malos tratos bajo custodia policial. Todos quedaron en libertad sin cargos a finales de julio y principios de agosto.
Las autoridades se valieron de leyes represivas para sofocar las críticas y la disidencia. Procesaron a periodistas por difamación y otros cargos, censuraron libros y ediciones de periódicos extranjeros e impusieron restricciones a los medios de comunicación egipcios. Se bloquearon algunos sitios web y se detuvo a autores de blogs y otras personas críticas con el gobierno. Se ordenó el cierre de las oficinas en El Cairo de varias cadenas extranjeras de televisión por satélite o se suspendieron sus emisiones en Egipto. Se impuso una multa de 150.000 libras egipcias (27.000 dólares estadounidenses) al director de la empresa de comunicación Cairo News y se confiscó a ésta el equipo de difusión por haber emitido imágenes de participantes en manifestaciones celebradas en abril en Mahalla destruyendo un cartel con la efigie del presidente Mubarak. En marzo, Ibrahim Eissa, director del periódico Al Dustour, fue condenado a seis meses de prisión –reducidos a dos en apelación en septiembre– por haber escrito un artículo en el que se cuestionaba la salud del presidente. Se le aplicó el Código Penal por publicar información considerada perjudicial para el interés público y la estabilidad nacional. El presidente le concedió el indulto en octubre. En agosto se censuró una edición de Al Dustour.
Las autoridades hostigaban y procesaban a los profesionales del derecho y otros defensores y defensoras de los derechos humanos que intentaban sacar a la luz abusos o defender a las víctimas. Sin embargo, en marzo se permitió al Centro de Servicios de Sindicatos y Trabajadores, cerrado por las autoridades en 2007, registrarse como ONG y reanudar su labor. En octubre, la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Jurídica ganó un recurso judicial contra su cierre. El 30 de abril, Magda Adly, directora del Centro Nadim, organización que prestaba servicios esenciales a víctimas de tortura, sufrió fracturas y otras lesiones al ser agredida en el juzgado de Kafr Dawwar por un individuo que, tras ser capturado por las personas que se encontraban en el lugar, dijo que había actuado por orden de un agente de policía.
En junio se aprobaron reformas de la Ley sobre la Infancia en virtud de las cuales quedó prohibida la mutilación genital femenina salvo en caso de que fuera «necesaria médicamente», salvedad que se pensaba que podía menoscabar la prohibición. Quienes infringieran la ley podían ser castigados con hasta dos años de cárcel o una cuantiosa multa. En octubre, un tribunal de El Cairo condenó a un hombre a tres años de cárcel por someter a una mujer que paseaba por la calle a repetidos tocamientos desde su vehículo mientras conducía lentamente al lado de ella.
En el marco de una campaña de represión policial iniciada en octubre de 2007 se detuvo, en El Cairo y Alejandría, a 24 hombres por «práctica habitual de libertinaje», cargo penal utilizado para enjuiciar los actos sexuales entre hombres mantenidos con consentimiento mutuo. Doce de ellos, sospechosos de ser seropositivos, fueron detenidos en El Cairo y sufrieron tortura y otros malos tratos, como palizas, a manos de la policía. También les practicaron la prueba del VIH/sida sin su consentimiento, y a los que dieron positivo en ella los tuvieron encadenados a la cama del hospital hasta febrero, cuando, tras las protestas internacionales, el Ministerio de Salud y Población ordenó desencadenarlos. La mayoría de los detenidos fueron obligados a someterse a exploraciones anales, practicadas para «demostrar» que habían tenido una conducta homosexual, aunque, realizados sin el consentimiento de la persona, este tipo de exámenes constituyen tortura. Nueve fueron condenados posteriormente a entre uno y tres años de prisión; y otros tres no fueron juzgados porque se retiraron los cargos contra ellos. A cuatro de los condenados a un año de prisión se les concedió la libertad en septiembre, cuando sólo habían cumplido tres cuartas partes de la pena. De los otros 12 hombres, detenidos en Alejandría en abril, 11 fueron condenados a dos años de prisión, pena que un tribunal de apelación de Alejandría confirmó en agosto. Todos fueron obligados a someterse a exploraciones anales.
El Tribunal Supremo Administrativo anuló en enero la política del gobierno al determinar que los bahaíes, cuya religión el Estado no reconocía, podían obtener documentos de identidad sin necesidad de especificar su fe. En febrero, el Tribunal consideró que los cristianos coptos conversos al islam podían hacerse de nuevo cristianos con la garantía de que se les reconociera como tales en sus documentos de identidad, esenciales para acceder a servicios básicos. A pesar de ello, las autoridades siguieron mostrándose reacias a acatar las órdenes del Tribunal. Según informes, aumentaron los ataques sectarios contra la comunidad cristiana copta, formada por entre 6 y 8 millones de personas en Egipto. Enfrentamientos esporádicos entre coptos y musulmanes se cobraron la vida de ocho personas.
Se aprobaron como mínimo 87 condenas de muerte y se ejecutaron al menos dos. Hubo un creciente debate sobre el uso de la pena capital, y en un congreso de jueces y juristas se acordó hacer campaña en favor de limitar su ámbito de aplicación. En diciembre, Egipto votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra migrantes que intentaban cruzar la frontera para pasar de Egipto a Israel. La mayoría de estas personas eran de Sudán y Eritrea y entre ellas había posiblemente refugiados y solicitantes de asilo. Murieron 28 a causa de disparos y decenas más resultaron heridas. Se juzgó ante un tribunal militar a centenares de migrantes por «intentar salir ilegalmente por la frontera oriental de Egipto» y no se permitió a ninguno el acceso a representantes del ACNUR en Egipto para solicitar asilo. Se devolvió a gran número de migrantes, procedentes, entre otros lugares, de Eritrea y Sudán, a países donde corrían riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos. En junio, al menos 1.200 solicitantes de asilo de Eritrea fueron devueltos a su país, donde estaban expuestos a sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Las autoridades eritreas recluyeron de inmediato a la mayoría de ellos en campamentos de instrucción militar.
El 6 de septiembre, un corrimiento de tierras mató a más de un centenar de habitantes de Al Duwayqah. Las autoridades sabían que podía producirse el desastre por una filtración de agua procedente del monte de Al Moqattam, pero no tomaron medidas adecuadas. En 1999, tras una tragedia similar ocurrida en el cercano suburbio de Zabaleen en 1993, el gobierno había ordenado desalojar Al Duwayqah, pero muchos de sus habitantes se habían negado a marcharse, porque, según informes, no les habían proporcionado otra vivienda adecuada. La policía acordonó la zona del desastre y restringió el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias, aunque el ejército y la Media Luna Roja egipcia establecieron campos para los supervivientes. Éstos organizaron protestas, y a la mayoría, pero no a todos, les proporcionaron otra vivienda. Según informes, la Fiscalía abrió una investigación sobre la causa de las muertes. La tragedia sirvió de triste recordatorio del riesgo que corrían muchos habitantes de los suburbios de las ciudades egipcias: entre 5 y 11 millones de personas, según estimaciones oficiales, que vivían en unos 1.000 asentamientos informales (ashwaiyyat) superpoblados y sin servicios básicos adecuados. Derecho a la salud El 4 de septiembre, un tribunal administrativo de El Cairo determinó que la decisión del primer ministro de transferir, en virtud de un decreto de 2007, los centros de salud de la empresa pública y no lucrativa de seguros de enfermedad, así como sus activos y sus filiales, a un holding médico egipcio constituía un incumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, decidió que la iniciativa iba en contra de la Constitución y de las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tribunal explicó que quienes no tuvieran medios para pagarse servicios de salud se verían privados de ellos y que el derecho de los gobiernos a introducir nuevos métodos administrativos debía estar regulado por el derecho a recibir atención médica a un precio razonable. Informes y visitas de Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó Egipto en febrero para intentar, sin éxito, asistir como observadora a un juicio ante el tribunal militar, y también viajaron al país representantes de la organización en mayo y en julio para participar en conferencias y talleres. Egipto: 117 ONG critican detenciones y juicios relacionados con VIH. Médicos colaboradores con la policía, denunciados (7 de abril de 2008) Egipto: Las condenas contra la Hermandad Musulmana, una perversión de la justicia (15 de abril de 2008) Egipto: Viajes mortales por el desierto (MDE 12/015/2008) Egipto: No hay justicia para las 49 personas que serán juzgadas por un tribunal para estado de excepción (MDE 12/019/2008) Egipto: Preocupación de Amnistía Internacional por la fuerza excesiva de que suele hacer uso la policía (MDE 12/023/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Elías Antonio Saca Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Población: 7 millones Esperanza de vida: 71,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 32/26 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 80,6 por ciento
En febrero se retiraron los cargos formulados contra 13 representantes de organizaciones sociales locales de Suchitoto detenidos en julio de 2007. Los 13 habían sido detenidos tras unos enfrentamientos con la policía registrados durante una manifestación de protesta contra la política del gobierno sobre el acceso a agua no contaminada, y habían sido acusados en virtud de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo promulgada en 2006. Derechos de los pueblos indígenas En mayo, cuatro pueblos indígenas –los lencas, los nahuats, los kakawiras y los mayas– presionaron a la Asamblea Legislativa para que ratificara el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Le pidieron también que introdujera reformas para que en la legislación nacional se garantizaran la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas con el fin de que pudieran poseer tierras y tener acceso a agua no contaminada. Al finalizar el año, El Salvador no había ratificado todavía el Convenio 169 de la OIT ni había reconocido legalmente los derechos de los pueblos indígenas. Impunidad En septiembre fue ampliado el mandato de la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, aunque la extensión se concedió sólo hasta el 31 de mayo de 2009. La Comisión se había creado en 2004 para determinar el paradero de alrededor de 700 niños y niñas que fueron víctima de desaparición forzada durante el conflicto armado interno (1980-1992). La Comisión, que sólo había podido localizar a 30 niños y niñas desaparecidos, recibió críticas por su ineficacia y falta de independencia. En junio se citó al ex general del ejército Rafael Flores para que testificara ante el fiscal general de Chalatenango sobre el caso de las hermanas Serrano Cruz. Era la primera vez que se convocaba a un oficial de alta graduación para que facilitara información sobre violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno. Dos hermanas, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de siete y tres años, respectivamente, desaparecieron en junio de 1982 durante una campaña militar realizada en Chalatenango. Al no avanzar el caso en los organismos judiciales nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia dictada en 2005, pidió a las autoridades que llevaran a cabo una investigación. Al finalizar el año, la investigación no había empezado todavía y las dos hermanas seguían en paradero desconocido. En noviembre se presentó ante la justicia española una demanda contra el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard y 14 miembros del ejército salvadoreño por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y una hija de ésta de 16 años, ocurrido en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). Violencia contra mujeres y niñas En mayo, organizaciones de mujeres solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la República la reapertura inmediata de la investigación sobre la violación y el asesinato de la niña de nueve años Katya Miranda en abril de 1999. Las organizaciones afirmaban que se habían encontrado nuevas pruebas y que temían que las normas sobre prescripción de delitos impidieran la apertura de nuevos procedimientos después de abril de 2009. Al finalizar el año, la Fiscalía General de la República no había respondido todavía de manera formal a la petición. Varias organizaciones de mujeres expresaron también su preocupación por el elevado número de mujeres muertas de forma violenta en los primeros cinco meses del año. |