Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Torturas y otros malos tratos En marzo, el Tribunal Regional de Banská Bystrica condenó a siete agentes de policía por los malos tratos con resultado de muerte infligidos a Karol Sendrei, un romaní de 51 años, cuando se encontraba bajo custodia policial en 2001. Tras ser declarados principales responsables, los agentes Ján K. y Miroslav S. fueron condenados a sendas penas de ocho años y medio de cárcel por cargos de tortura y conducta cruel. Al agente Ladislav K., que había saltado sobre el pecho de la víctima, se le impusieron siete años por los mismos delitos. El agente al mando, Roman R., fue condenado a cuatro años por torturas. El tribunal consideró que, aunque no había participado en las torturas infligidas a Karol Sendrei, no había cumplido con su deber de impedirlas. A otros tres agentes se les impusieron condenas condicionales que oscilaban entre uno y dos años de cárcel. Todos los acusados recurrieron las sentencias ante el Tribunal Supremo. Seguridad y medidas antiterroristas No devolución (non refoulement) El 26 de junio, el Tribunal Constitucional hizo público el fallo sobre el caso de Mustapha Labsi, ciudadano argelino detenido en un principio en Eslovaquia como consecuencia de una solicitud de extradición presentada por Argelia. El Tribunal llegó a la conclusión de que la resolución adoptada el 22 de enero por el Tribunal Supremo, en la que se autorizaba la extradición de Mustapha Labsi a Argelia, había conculcado el derecho de éste a disfrutar de protección judicial y no había tenido plenamente en cuenta la situación de los derechos humanos en Argelia. El Tribunal reafirmó que las autoridades tenían la obligación absoluta de no devolver a nadie a un país en donde corriera un auténtico peligro de sufrir torturas y otros malos tratos. En las críticas formuladas en la sentencia contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo y un Tribunal Regional se establecía también de manera implícita la obligación de Eslovaquia de no confiar en las garantías diplomáticas. Posteriormente, en concreto el 7 de agosto, el Tribunal Supremo, después de volver a examinar el caso de Mustapha Labsi, resolvió que éste no podía ser devuelto a Argelia porque correría el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos. Mustapha Labsi quedó en libertad, pero inmediatamente después fue detenido de nuevo sobre la base de una orden de detención dictada en 2006. Volvió a solicitar asilo, pero el 6 de octubre se lo denegaron. Al finalizar el año seguían pendientes de resolución un recurso contra la denegación de asilo y una demanda contra su detención. Informes y visitas de Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Eslovaquia en marzo y abril. Eslovaquia: En el Día Internacional del Pueblo Romaní, las ONG piden a Eslovaquia que aborde la discriminación de este pueblo en materia educativa (EUR 72/003/2008) Slovakia: NGOs joint open letter on the occasion of the second reading of the draft new Schools Act at the Slovak National Council (EUR 72/004/2008) Eslovaquia: El Tribunal Constitucional mantiene la prohibición absoluta de la tortura (EUR 72/005/2008) A tale of two schools: Segregating Roma into special education in Slovakia (EUR 72/007/2008) Slovakia: Submission to the UN Universal Periodic Review – Fifth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, May 2009 (EUR 72/009/2008)
Jefe del Estado: Danilo Türk Jefe del gobierno: Borut Pahor
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 2 millones Esperanza de vida: 77,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 99,7 por ciento Siguieron violándose los derechos de miles de personas –los «borrados»– cuyos nombres habían sido eliminados del registro de residentes permanentes en 1992. Se siguió discriminando a los miembros de la comunidad romaní, entre otros aspectos en el acceso a la educación. Información general Los Socialdemócratas ganaron las elecciones parlamentarias en septiembre, y en noviembre formaron una coalición gubernamental que incluía a miembros de los Socialdemócratas, la agrupación Zares, el Partido Democrático de los Pensionistas de Eslovenia y la Democracia Liberal de Eslovenia. Borut Pahor, de los Socialdemócratas, fue nombrado primer ministro. Discriminación de los «borrados» Las autoridades continuaron sin garantizar los derechos del grupo de residentes permanentes conocido como los «borrados». Un año después de la declaración de independencia de Eslovenia en 1991, más de 18.000 personas fueron eliminadas ilegalmente del registro esloveno de residentes permanentes. Estas personas eran en su mayoría originarias de otras ex repúblicas yugoslavas, muchas de ellas romaníes, que vivían en Eslovenia pero no habían obtenido la nacionalidad eslovena después de independizarse el país. La medida fue discriminatoria, ya que los ciudadanos de ex repúblicas yugoslavas recibieron un trato menos favorable que otras personas de nacionalidad extranjera cuya condición de residentes permanentes fue reconocida automáticamente. A consecuencia del «borrado», muchos residentes permanentes fueron expulsados de Eslovenia. Otros muchos perdieron su trabajo, el acceso a la educación y el derecho a la totalidad de los servicios del sistema de asistencia médica. El problema de los «borrados» centró buena parte del debate político en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de septiembre. En el Comité Constitucional del Parlamento comenzó a debatirse un anteproyecto de ley constitucional sobre los «borrados». Este anteproyecto, que había sido presentado por el gobierno en 2007, mantenía el trato discriminatorio a los «borrados». Proporcionaba nuevos argumentos jurídicos para justificar las acciones discriminatorias por parte de las autoridades, incluida la posibilidad de anular decisiones sobre casos individuales en los que se había restituido la residencia permanente a la persona. No devolvía la condición de residentes permanentes a los «borrados», eximía al Estado de toda responsabilidad en el «borrado» y excluía expresamente la posibilidad de obtener reparación, incluida indemnización, por las violaciones de derechos humanos sufridas por este grupo de personas. A lo largo del año se iniciaron procedimientos de expulsión contra personas «borradas», aunque no se llevaron a cabo expulsiones. Las autoridades no reconocieron la índole discriminatoria del «borrado», y no implementaron dos decisiones anteriores del Tribunal Constitucional que lo habían declarado ilegal y anticonstitucional.
Las autoridades no llevaron a cabo una evaluación exhaustiva e independiente del denominado «modelo Bršljin», concebido para que los alumnos que necesitaban recibir atención educativa especial por separado pudieran ponerse al mismo nivel del resto y reincorporarse a las clases normales. A pesar del objetivo declarado, el modelo podía fomentar la segregación, ya que algunos de los grupos de recuperación estaban compuestos exclusivamente por romaníes. Las autoridades no aportaron ninguna prueba de que el alumnado romaní se beneficiara realmente de estas clases especiales de recuperación. Las autoridades no sometieron a consulta pública los planes para desarrollar el «modelo Bršljin», y tampoco recabaron la opinión de la comunidad romaní. Amnistía Internacional no pudo acceder a información específica sobre la evaluación del modelo hasta después de haber interpuesto una demanda administrativa ante la comisaria de acceso a información pública. A lo largo de 2008, el alumnado no dispuso del plan de estudios escolar ni de material docente en lengua romaní, y la cultura de esta comunidad no se reflejaba plenamente en el material docente. Informes y visitas de Amnistía Internacional Slovenia: Amnesty International’s Briefing to the United Nations Human Rights Council 9th Session, September 2008 (EUR 68/001/2008) España Reino de España Jefe del Estado: rey Juan Carlos I de Borbón Jefe del gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 44,6 millones Esperanza de vida: 80,5 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000
Se recibieron numerosos informes de tortura y otros malos tratos atribuidos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En abril, el Tribunal Constitucional reiteró la necesidad de llevar a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas sobre todas esas denuncias. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó su preocupación ante la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos, unas denuncias que no daban lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas. Algunas autoridades políticas y judiciales seguían afirmando que las denuncias de malos tratos a detenidos acusados de delitos de terrorismo formaban parte de una estrategia para desacreditar al Estado. Continuó la investigación judicial sobre la muerte de Osamuyia Akpitaye, ciudadano nigeriano fallecido en 2007 durante su intento de expulsión de España. La jueza de instrucción había acusado a los agentes de policía implicados de «falta leve». Sin embargo, tras el recurso presentado por la fiscalía y la familia de la víctima, se ordenó al tribunal que formulase un cargo más grave contra los agentes. Al concluir el año, el caso seguía siendo investigado. La investigación sobre las denuncias de malos tratos a detenidos en la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts, en Barcelona, continuó avanzando con lentitud. En un incidente ocurrido en marzo de 2007, varios agentes propinaron golpes y patadas e insultaron a un detenido. Los malos tratos fueron grabados por cámaras de vigilancia ocultas. Se abrió una investigación penal y cinco agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo, pero el 16 de enero se reincorporaron a sus funciones en espera del resultado de las investigaciones. En junio, la fiscalía acusó formalmente a los agentes de falsedad en documento policial y de una falta de lesiones. El fiscal pidió una pena de cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otra de 15 meses de cárcel y una multa por un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. Al concluir el año todavía no se había fijado fecha para el juicio. Casi tres años después de que Mohammed Fahsi fuese presuntamente torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación en enero de 2006, no se había abierto ninguna investigación penal sobre las denuncias. Se solicitó la apertura de investigaciones al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía de Madrid, pero ambos organismos respondieron que no había razones para ello. El 5 de enero, dos presuntos miembros de ETA fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación por agentes de la Guardia Civil en Mondragón (Guipúzcoa). Según informes, ambos fueron sometidos a malos tratos durante el arresto, y uno tuvo que ser ingresado posteriormente en un hospital de San Sebastián con dos costillas rotas y perforación pulmonar. El Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Sebastián abrió de inmediato una investigación sobre las denuncias de malos tratos, que al concluir el año no había finalizado. Devolución (refoulement) El 22 de julio, Basel Ghalyoun fue devuelto a Siria, a pesar de que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria en ese país. El 17 de julio, el Tribunal Supremo lo había absuelto de su implicación en los atentados con bombas perpetrados contra trenes de cercanías en Madrid el 11 de marzo de 2004, por lo que Basel Ghalyoun fue excarcelado. Tras su liberación fue inmediatamente puesto bajo custodia policial en virtud de una orden de expulsión, dado que su permiso de residencia había expirado mientras se encontraba en prisión. Ni él ni su abogado habían sido informados de la orden de expulsión, y su abogado no pudo recurrirla antes de que Basel Ghalyoun fuese expulsado. A su llegada a Siria, Basel Ghalyoun fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado. El 31 de diciembre, Murad Gasayev, ciudadano ruso de origen checheno, fue extraditado a Rusia a pesar de que existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, así como de ser sometido a juicio sin las debidas garantías. La Audiencia Nacional autorizó la extradición aceptando las «garantías diplomáticas» ofrecidas por la fiscalía rusa de que Murad Gasayev podría ser visitado en prisión por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. El Comité informó a las autoridades españolas de que no aceptaría esa responsabilidad debido a los graves motivos de preocupación existentes acerca de la fiabilidad de esas «garantías diplomáticas». A pesar de ello, las autoridades españolas extraditaron a Murat Gasayev con la condición de que miembros de la Embajada de España en Moscú pudieran visitarlo.
ETA se declaró responsable del homicidio de cuatro personas en 2008 y de numerosos atentados con bombas. El 2 de abril, el diario Gara publicó amenazas de ETA contra miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –en el gobierno–, del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) y de la red pública de radiotelevisión vasca (Euskal Irrati Telebista, EiTB). Dos militares murieron en sendos atentados con bomba, cuya autoría reivindicó ETA, contra un cuartel de la Guardia Civil en mayo y contra una academia del ejército en septiembre. El 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, Isaías Carrasco, ex concejal del PSOE, murió por disparos en el País Vasco en un atentado reivindicado por ETA. Isaías Carrasco recibió varios disparos frente a su casa en Mondragón y su muerte se certificó en el hospital. El 3 de diciembre, Ignacio Uría Mendizábal, copropietario de una de las empresas de construcción que trabajaban en la ruta del tren de alta velocidad que conectará el País Vasco con Madrid, murió por disparos. ETA reivindicó la autoría del crimen. En agosto, ETA se había responsabilizado de tres atentados con bombas contra empresas que participaban en los trabajos de construcción de la línea férrea, a las que había amenazado. Seguridad y medidas antiterroristas Tanto el relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por que la definición de terrorismo en algunos artículos del Código Penal español podía incluir actos que no debían englobarse en esta categoría. También reiteraron los llamamientos a España, que se venían haciendo desde hacía tiempo, para que aboliera la legislación que permitía la detención en régimen de incomunicación de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Siguiendo el ejemplo de las policías autonómicas catalana y vasca, las autoridades estatales anunciaron que se instalarían cámaras de vídeo en los calabozos de la Audiencia Nacional donde se recluía a los detenidos en régimen de incomunicación, como una medida precautoria contra la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, su uso no era obligatorio y debía ser solicitado por el juez instructor en cada caso. Continuó la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre presuntos vuelos fletados por la CIA para entregas extraordinarias y sobre aviones militares estadounidenses que hicieron escala en aeropuertos militares españoles o atravesaron el espacio aéreo español. El gobierno aportó información a la investigación en relación con varios vuelos con origen o destino en la base estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2007. En diciembre se filtraron a la prensa documentos oficiales de alto secreto, fechados en enero de 2002, que confirmaban que las autoridades españolas del momento habían autorizado con pleno conocimiento el uso de bases militares españolas para el traslado de detenidos a Guantánamo, a petición de las autoridades estadounidenses. El 5 de marzo, la Audiencia Nacional anuló las órdenes europeas de detención cursadas en diciembre de 2007 contra Omar Deghayes y Jamil el Banna, y dio por concluido el sumario contra ellos. Los dos hombres habían regresado a Reino Unido en diciembre de 2007 después de pasar varios años bajo custodia estadounidense en Guantánamo. Las autoridades españolas los buscaban por cargos relacionados con el terrorismo. La Audiencia Nacional ordenó archivar los procedimientos contra Omar Deghayes y Jamil el Banna, declarando que, si bien los hechos perseguidos en España eran anteriores a la detención de los hombres en Guantánamo, cualquier evidencia aparecida posteriormente que pudiera tener relación con la reclusión de ambos en Guantánamo sería inadmisible como prueba y contaminaría el procedimiento. La Audiencia también concluyó que, en vista de los problemas de salud que padecían los acusados, sería inhumano continuar con el proceso. La Audiencia señaló que ambos hombres habían sido sometidos a tortura y otros malos tratos durante su detención por un periodo de tiempo prolongado al margen del Estado de derecho en el centro de detención de Guantánamo. Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo Numerosas personas migrantes y solicitantes de asilo seguían arriesgando sus vidas al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, y sufriendo en el camino los abusos de las redes criminales y de las fuerzas de seguridad. Los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos. Se creía que la intensa presión ejercida por España y otros países de la UE para impedir la migración irregular era la causa de las detenciones y expulsiones masivas de posibles migrantes irregulares en Mauritania. Violencia contra mujeres y niñas Tres años después de la promulgación de una ley contra la violencia de género, las mujeres que habían sido víctimas de tales abusos continuaban encontrando obstáculos para obtener asistencia médica y acceder a la justicia en algunas partes de España. Las mujeres migrantes en situación irregular se enfrentaban a dificultades especiales. En 2008, según datos del gobierno, 70 mujeres murieron a manos de su pareja o ex pareja; 34 de ellas eran de nacionalidad extranjera. Sylvina Bassanni y su pareja, Andrés Marzal, murieron a manos del ex esposo de Sylvina el 10 de abril. En septiembre de 2006, Sylvina Bassanni había declarado ante un tribunal que temía por su vida, ya que su ex esposo la había amenazado con matarla en reiteradas ocasiones. También había quebrantado varias veces una orden de alejamiento sin que se hubiera tomado ninguna medida contra él. Sylvina Bassanni pidió al tribunal en otras 28 ocasiones protección y que se adoptasen medidas para investigar los hechos, pero todas sus peticiones fueron rechazadas o quedaron sin respuesta. Seis días después de su muerte, su abogado recibió una notificación en la que el tribunal respondía a sus peticiones, algunas de ellas cursadas hacía más de un año, y en la que se le comunicaba que la fiscalía había retirado la causa contra su ex esposo.
Continuaron denunciándose ataques racistas cometidos por personas a título individual, y casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España era uno de los tan sólo cinco Estados miembros que no publicaban datos oficiales sobre las denuncias y procedimientos penales relacionados con delitos racistas. Desapariciones forzadas Al concluir el año aún no se habían desarrollado los protocolos de procedimiento y el proceso de localización de fosas que exigía la Ley de Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007. En octubre, un juez instructor de la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre una cifra estimada de 114.266 desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco. La fiscalía recurrió la apertura del proceso, solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 prevista para todos los delitos con componentes políticos cometidos hasta ese año. También alegó que los presuntos delitos habían prescrito. El 2 de diciembre, la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar crímenes de esa índole y dio por cerrada la investigación. Sin embargo, el juez instructor falló que los juzgados de instrucción territoriales eran competentes para investigar esos crímenes si se habían cometido en su jurisdicción, y el 26 de diciembre remitió información a varios juzgados territoriales para que continuasen investigando presuntos casos de desapariciones forzadas, así como la sustracción ilegal de 30.960 niños y niñas a sus familias.
Una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional visitó España en junio. Una delegación de Amnistía Internacional visitó España en octubre. España: Amnistía Internacional pide una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para establecer si hubo violaciones de derechos humanos durante la detención de Igor Portu (EUR 41/001/2008) España: No a los indultos para torturadores. El Tribunal Supremo confirma el indulto de cuatro policías declarados culpables de detención ilegal y malos tratos (EUR 41/003/2008) España: Información para el Comité de Derechos Humanos (EUR 41/012/2008) España: Amnistía Internacional condena la devolución de Basel Ghalyoun a Siria (EUR 41/015/2008) España: El gobierno autónomo catalán debe tomar medidas contra los agentes de policía condenados por tortura (EUR 41/021/2008) España: Amnistía Internacional condena el homicidio de Ignacio Uría Mendizábal (EUR 41/022/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: George W. Bush Pena de muerte: retencionista Población: 308,8 millones Esperanza de vida: 77,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 8/8 por cada 1.000 El Pentágono anunció la puesta en libertad de 22 ciudadanos no estadounidenses recluidos en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, con lo que al finalizar el año el número de detenidos en dicha base se elevaba a unos 250. En marzo se trasladó a Guantánamo a un detenido que hasta entonces había permanecido bajo custodia secreta de la CIA. En junio, la Corte Suprema resolvió que los detenidos de Guantánamo tenían el derecho constitucional a impugnar la legalidad de su detención ante tribunales federales estadounidenses. Al finalizar el año sólo se habían resuelto los recursos de hábeas corpus de ocho de los detenidos que habían impugnado su detención como «combatientes enemigos». En Guantánamo se llevaron a cabo los dos primeros juicios a cargo de comisiones militares, y al finalizar el año estaban pendientes de celebrarse otros en los que existía la posibilidad de que se impusieran penas de muerte. |