Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

El sistema de Guantánamo –reclusión indefinida y sin cargos de ciudadanos extranjeros calificados por el gobierno estadounidense como «combatientes enemigos»– entró en su séptimo año.

En junio, en la causa Boumediene v. Bush, la Corte Suprema rechazó el argumento del gobierno según el cual los detenidos en Guantánamo, al ser ciudadanos no estadounidenses recluidos fuera del territorio soberano de Estados Unidos, no tenían derecho a presentar recursos de hábeas corpus. La Corte declaró inconstitucional el intento –plasmado en la Ley de Comisiones Militares de 2006– de despojar a los detenidos de este derecho. Rechazó también por deficiente el mecanismo establecido por el gobierno y el Congreso para sustituir el procedimiento de hábeas corpus. Dicho mecanismo consistía en la creación de Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, compuestos por tres oficiales militares con atribuciones para revisar la condición de «combatiente enemigo» de los detenidos, y cuyas decisiones definitivas sólo eran susceptibles de una revisión judicial limitada.

En noviembre, tras el recurso de hábeas corpus sustanciado en la causa Boumediene v. Bush, un juez federal resolvió que cinco detenidos se encontraban recluidos ilegalmente y ordenó su puesta en libertad «inmediata». Concluyó también que un sexto se hallaba detenido legalmente como «combatiente enemigo». Los seis hombres habían sido trasladados a Guantánamo después de ser puestos bajo custodia estadounidense en enero de 2002 en Bosnia y Herzegovina. Tres de los cinco cuya liberación se había ordenado fueron devueltos a Bosnia y Herzegovina en diciembre. En otras dos resoluciones adoptadas en diciembre, el mismo juez federal falló que otros dos detenidos se encontraban recluidos legalmente en Guantánamo como «combatientes enemigos».

En octubre, un juez federal ordenó que se dejara en libertad en territorio estadounidense a 17 uigures que desde 2002 permanecían recluidos sin cargos en Guantánamo. El gobierno no los consideraba ya «combatientes enemigos», pero no había podido devolverlos a China porque corrían grave peligro de que los torturaran y ejecutaran. El gobierno recurrió la orden de libertad, argumentando que debía permitírsele mantener a los uigures recluidos en Guantánamo mientras buscaba un tercer país seguro, solución que llevaba años intentando sin ningún resultado. El 25 de noviembre se celebró la correspondiente vista oral ante la Corte de Apelación. Al finalizar el año, los uigures permanecían detenidos de forma indefinida en Guantánamo a la espera de que se adoptara una decisión.

El 14 de marzo –al anunciar el Pentágono que se iba a trasladar a Guantánamo a Muhammad Rahim al Afghani, ciudadano afgano bajo custodia de la Agencia Central de Información (CIA)– se confirmó que la CIA continuaba con su programa de detenciones secretas. Al hacer el anuncio, no se indicó ni dónde ni cuándo había sido detenido Muhammad Rahim, ni tampoco dónde había estado recluido antes del traslado o si otras personas permanecían recluidas en virtud del programa de detenciones secretas.

El 15 de julio, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito hizo público el fallo sobre el caso de Ali al Marri, ciudadano de Qatar que se encontraba bajo custodia militar en Carolina del Sur desde que en 2003 el presidente Bush lo designara «combatiente enemigo». La Corte resolvió que el Congreso había autorizado al presidente a mantener recluido a Ali al Marri en calidad de «combatiente enemigo». La Corte se refería con ello a la resolución sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar, aprobada por el Congreso inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre. Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para que se revocara dicha autorización, aludiendo a los múltiples aspectos en que el gobierno había abusado de esta resolución, excesivamente amplia. Respecto a una segunda cuestión, la Corte llegó a la conclusión de que no se habían concedido a Ali al Marri los recursos legales suficientes para impugnar su designación como «combatiente enemigo», y devolvió el caso a la Corte Federal de Primera Instancia para que prosiguiera sus actuaciones judiciales. Ali al Marri presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que en diciembre anunció que examinaría el caso. Al finalizar el año no se había celebrado todavía la vista oral.

Centenares de personas permanecían bajo custodia estadounidense en Afganistán e Irak (véanse los apartados sobre Afganistán e Irak).

Se celebraron los dos primeros juicios en virtud de la Ley de Comisiones Militares. El ciudadano yemení Salim Hamdan fue declarado culpable el 6 de agosto de «proporcionar apoyo militar al terrorismo», pero fue absuelto de «conspiración». Al día siguiente fue condenado a cinco años y medio de cárcel, pero llevaba ya más de cinco años recluido en Guantánamo desde que en 2003 se le declaró susceptible de ser juzgado. El 25 de noviembre, un mes antes de que concluyera su condena, fue devuelto a Yemen en virtud de un acuerdo con las autoridades de ese país, según el cual cumpliría el resto de la pena bajo custodia yemení.

El 3 de noviembre se condenó al ciudadano yemení Ali Hamza al Bahlul a cadena perpetua después de que se le declarara culpable de «conspiración», «instigación» para cometer diversos delitos tipificados en la Ley de Comisiones Militares y «prestación de apoyo material al terrorismo». Dos detenidos que no habían cumplido todavía la mayoría de edad cuando se los recluyó por primera vez –el ciudadano afgano Mohammed Jawad y el ciudadano canadiense Omar Khadr– estaban en espera de ser juzgados por una comisión militar al finalizar el año. Durante las vistas preliminares aparecieron nuevas pruebas de que ambos habían sido víctima de torturas y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia estadounidense.

Con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, se formularon cargos contra siete detenidos que, antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006, habían permanecido recluidos hasta cuatro años en virtud del programa de detenciones secretas de Estados Unidos, y a los que el gobierno intentaba que condenaran a muerte. En todos los casos, salvo en uno, la autoridad encargada de promover la causa confirmó, al remitirlos para que los juzgara una comisión militar, que los cargos eran punibles con la muerte. Al finalizar el año no se había fijado todavía la fecha de ninguno de los juicios.

En enero se condenó al ciudadano estadounidense José Padilla a más de 17 años de cárcel después de que en 2007 se le hubiera declarado culpable de participar en una amplia conspiración terrorista. Llevaba tres años y medio bajo custodia militar, sin cargos ni juicio, como «combatiente enemigo» y había sido sometido a periodos de aislamiento extremo y a otros malos tratos que podían equivaler a torturas. Respecto a la imparcialidad del juicio, persistieron algunas dudas inquietantes en relación con la presunción de inocencia, el derecho a un juicio rápido y la capacidad efectiva del acusado para participar en su defensa.

En una sesión celebrada por un comité del Senado el 5 de febrero, el general Michael Hayden, director de la CIA, confirmó que en 2002 y 2003 esta agencia, entre otras técnicas de interrogatorio «mejoradas», había aplicado el waterboarding –simulacro de ahogamiento– a tres personas recluidas en secreto. Amnistía Internacional consideraba que esta técnica equivalía a tortura. Al finalizar el año, los tres detenidos –Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah y Abd al Nashiri– seguían en Guantánamo, concretamente en el Campo 7, en condiciones declaradas confidenciales, junto con otras 13 personas recluidas anteriormente en virtud del programa de detenciones secretas. El gobierno continuó haciendo caso omiso de los llamamientos que se le habían formulado para que facilitara información sobre otras técnicas o sistemas utilizados en el programa de detenciones secretas o sobre la localización de los centros de detención de la CIA.

Siguieron siendo motivo de honda preocupación las condiciones de reclusión –sobre todo el grado de aislamiento– en los Campos 5, 6 y 7 de Guantánamo, así como sus posibles efectos sobre la salud física y mental de unas personas ya de por sí sometidas a una gran tensión por el carácter indefinido de su detención.

En diciembre, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado hizo público un resumen de sus conclusiones sobre los abusos perpetrados contra personas bajo custodia estadounidense en la «guerra contra el terror», aunque el resto del informe siguió siendo confidencial. En relación con las técnicas de interrogatorio, el Comité llegó a la conclusión de que altos cargos del gobierno estadounidense habían «maquillado la ley para darle una apariencia de legalidad» y habían hecho uso de «interpretaciones de la legislación estadounidense y del derecho internacional viciadas de raíz».

Se recibieron informes de malos tratos por parte de agentes de policía y funcionarios de prisiones en el territorio continental estadounidense, relacionados a menudo con el uso cruel de instrumentos de inmovilización o armas de electrochoque.

En octubre se detuvo al ex agente de policía John Burge y se lo acusó de perjurio durante la vista de una causa civil en la que negó conocer que se hubieran perpetrado abusos y torturas contra presuntos delincuentes. John Burge había estado al mando de la comisaría del Área 2 de Chicago, donde al parecer se había torturado a decenas de presuntos delincuentes de raza negra en las décadas de 1970 y 1980. A pesar de que en una investigación posterior se hallaron pruebas inequívocas de torturas, no se había procesado a ningún agente hasta el momento, y John Burge fue la primera persona a la que se acusó de forma indirecta en relación con los abusos.

Continuó recluyéndose a miles de presos en régimen de aislamiento prolongado en unidades de alta seguridad cuyas condiciones constituían en ocasiones trato cruel, inhumano o degradante.

René González y Gerardo Hernández, dos ciudadanos cubanos que cumplían penas de cárcel en Estados Unidos, siguieron sin poder recibir visitas de sus esposas al no concedérseles a éstas visados temporales para entrar en el país.

Armas de electrochoque

Cincuenta y nueve personas murieron tras recibir descargas de armas Taser, con lo que el número de muertes ocurridas en estas circunstancias desde 2001 se elevó a 346. Aunque estas muertes se solían atribuir a factores como el consumo de drogas, los forenses llegaron a la conclusión de que al menos 50 se debieron de forma directa o indirecta a las descargas producidas por este tipo de armas.

Muchas de las víctimas fueron objeto de descargas múltiples o prolongadas, estaban bajo la influencia de las drogas o tenían problemas de salud o de otro tipo que podían hacerlas más propensas a sufrir los efectos negativos de estos dispositivos. Con frecuencia se utilizaron también Taser contra personas que no suponían una amenaza grave. Amnistía Internacional pidió a las autoridades estadounidenses que suspendieran la utilización de dispositivos de energía conducida hasta que se llevaran a cabo más estudios, o que circunscribieran su uso a situaciones en las que estuviera justificado el empleo de fuerza letal.

 En marzo, Darryl Turner, de 17 años, murió en Carolina de Norte al recibir unas descargas tras mantener una discusión en la tienda en la que trabajaba. En una grabación de vídeo se veía cómo un agente de policía le disparaba con una Taser unos dardos en el pecho mientras el adolescente, desarmado, permanecía con los brazos a los costados. El agente mantuvo presionado el gatillo durante 37 segundos y aplicó al joven una segunda descarga cuando éste yacía ya en el suelo. Darryl Turner murió en el mismo lugar de los hechos. El forense dictaminó que la muerte se había debido a una arritmia mortal producida por la tensión y las descargas. Se sancionó al agente con cinco días de suspensión de empleo.

En junio, el Departamento de Justicia hizo público el informe provisional de su estudio sobre las muertes producidas tras el uso de dispositivos de energía conducida como las armas Taser. En él se señalaba que, aunque no había «pruebas médicas concluyentes» de que el uso de tales dispositivos entrañara un alto riesgo de efectos negativos directos, «no se conocen bien muchos aspectos relacionados con la seguridad de la tecnología utilizada en los dispositivos de energía conducida». Asimismo, se ponía de relieve que el peligro de muerte o de lesiones podía ser más elevado en determinados grupos de población, como niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con problemas de corazón.

Justicia internacional

En octubre, un tribunal estadounidense declaró a Chuckie Taylor –hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor– culpable de torturas y delitos conexos cometidos cuando ocupaba el cargo de director de la Unidad Antiterrorista de Liberia. Era la primera declaración de culpabilidad formulada en virtud de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura, de 1994.

En sus observaciones finales sobre Estados Unidos, hechas públicas en mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial puso de relieve varios motivos de preocupación relacionados, entre otras cuestiones, con la aplicación de la ley y las persistentes disparidades raciales en el sistema de justicia penal. Pidió que se suprimiera para los menores la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que afectaba de forma desproporcionada a algunas minorías étnicas y raciales.

El Comité expresó su profunda preocupación por el hecho de que las minorías nacionales, étnicas y raciales, en particular latinos y afroamericanos, constituían «un número desproporcionado de los habitantes de barrios pobres donde las viviendas son insalubres, hay un alto índice de paro, el acceso a los servicios de salud es insuficiente, las escuelas cuentan con escasos recursos y se registra un alto índice de violencia y delincuencia». Lamentó que siguieran existiendo amplias disparidades raciales en el campo de la salud sexual y reproductiva y puso de relieve las altas tasas de mortalidad infantil y materna registradas entre las mujeres y los niños pertenecientes a minorías raciales, étnicas y nacionales, en especial los afroamericanos.

Mortalidad materna

Las mujeres marginadas y sin recursos económicos corrían un mayor peligro de morir o sufrir complicaciones como consecuencia del embarazo y el parto; el índice de mortalidad materna entre las mujeres afroamericanas era el triple que entre las blancas. Aunque se carecía de datos fiables a escala nacional, se consideraba que muchas de las muertes podrían haberse evitado si las mujeres hubieran contado con un mejor acceso a asistencia médica adecuada. Más de 46 millones de personas no disponían de seguro de enfermedad y, debido al coste de los servicios, muchas personas vivían sin asistencia médica o se veían obligadas a aplazar su visita a un centro de salud.

Las mujeres indígenas siguieron sufriendo un grado desproporcionadamente alto de violencia sexual y de acceso inadecuado a la justicia y a servicios de ayuda. Se adoptaron algunas medidas positivas para abordar este problema. En febrero, por ejemplo, el Senado aprobó la Ley de Mejoramiento del Servicio de Salud para los Pueblos Indígenas, en la que se encargaba a dicho servicio que elaborara, en colaboración con tribus, organizaciones tribales y la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia, políticas y protocolos estandarizados para tratar las agresiones sexuales. En el Congreso se celebraron también algunas sesiones con objeto de determinar los recursos adicionales que se necesitarían para abordar el problema. Sin embargo, seguían sin existir protocolos uniformes sobre el modo de tratar la violencia sexual, y tampoco existían datos exhaustivos sobre su incidencia, sobre las formas de intervención de las autoridades y sobre los resultados de los casos remitidos para su enjuiciamiento.

En marzo, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes emitió un informe sobre la visita que realizó a Estados Unidos en 2007. Entre otras cosas, expresó su preocupación por la falta del proceso debido en relación con los ciudadanos no estadounidenses sujetos a procedimientos de expulsión, las políticas sobre detención indefinida y obligatoria y las condiciones inhumanas en las que permanecían recluidos numerosos inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo.

En septiembre, la Oficina de Inmigración y Aduanas dictó unas normas revisadas de alcance nacional y «basadas en criterios de rendimiento» sobre el trato que debía darse a los migrantes detenidos, recluidos en muchos casos en cárceles locales o instalaciones particulares. A las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes les seguía preocupando el grado de efectividad de dichas normas, ya que no eran obligatorias.

 En julio, cuando se encontraba embarazada de nueve meses, Juana Villegas, de nacionalidad mexicana, fue detenida por cargos menores e internada en un centro de detención para inmigrantes, donde dio a luz a un niño. Durante el parto y hasta poco antes del alumbramiento en sí la tuvieron encadenada a la cama por el tobillo y la muñeca derechos. La volvieron a encadenar seis horas después de dar a luz.

Durante el año se ejecutó a 37 personas, 18 de ellas en Texas, con lo que el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976 ascendió a 1.136. El 2008 fue el año en que se llevaron a cabo menos ejecuciones judiciales en Estados Unidos desde 2005. Este hecho se debió en parte a que las ejecuciones se suspendieron durante siete meses a raíz de que la Corte Suprema anunciara en septiembre de 2007 que examinaría un recurso contra la inyección letal.

En mayo se reanudaron las ejecuciones después de que la Corte Suprema hubiera confirmado el mes anterior la legalidad de este sistema.

El 5 de agosto se ejecutó en Texas al ciudadano mexicano José Medellín, incumpliendo tanto las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de un tratado internacional como una orden de la Corte Internacional de Justicia a este respecto. Ningún funcionario local había informado en ningún momento a José Medellín de su derecho –como ciudadano extranjero privado de libertad– a disponer de asistencia consular, conforme exige la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En 2004, la Corte Internacional de Justicia resolvió que, en los casos de José Medellín y de otros 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, este país había incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención. La Corte ordenó a Estados Unidos que llevara a cabo la necesaria «reconsideración y revisión» judicial de las declaraciones de culpabilidad y las condenas. El 25 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad que la decisión de la Corte Internacional de Justicia era una «obligación de derecho internacional», pero resolvió que no constituía «derecho interno automáticamente vinculante» y que la potestad de aplicarla recaía en el Congreso de Estados Unidos.

A cuatro hombres que iban a ser ejecutados –John Spirko en Ohio, Samuel Crowe en Georgia, Percy Walton en Virginia y Kevin Young en Oklahoma– se les conmutó la pena de muerte en virtud de sendos indultos ejecutivos. Entre las razones aducidas figuraban enfermedad mental grave, dudas sobre la culpabilidad y castigo desproporcionado. A otras cuatro personas se les exoneró de los delitos por los que habían sido condenadas a la pena capital. Cada una de ellas había pasado más de 10 años condenada a muerte. Desde 1976 se habían registrado más de 120 casos análogos.

El 12 de noviembre, la Comisión sobre la Pena Capital de Maryland votó recomendar la abolición de la pena de muerte en el estado. Al terminar el año, el informe final y las recomendaciones de la Comisión seguían aún pendientes ante la Cámara de Representantes.

En diciembre, Estados Unidos votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 A lo largo del año, delegados de Amnistía Internacional asistieron en Guantánamo como observadores a varias vistas celebradas ante comisiones militares.

 Estados Unidos de América: Causa pendiente. De Abu Ghraib a la custodia secreta de la CIA: El caso de Khaled al-Maqtari (AMR 51/013/2008)

 «The pointless and needless extinction of life»: USA should now look beyond lethal injection issue to wider death penalty questions (AMR 51/031/2008)

 USA: Where is the accountability? Health concern as charges against Mohamed al-Qahtani dismissed (AMR 51/042/2008)

 USA: Way of life, way of death. Capital charges referred against five former secret detainees (AMR 51/041/2008)

 Estados Unidos de América: ¿En el interés superior de quién? Omar Khadr, «combatiente enemigo» menor de edad que será juzgado por una comisión militar (AMR 51/029/2008)

 USA: Many words, no justice. Federal court divided on Ali al-Marri, mainland «enemy combatant» (AMR 51/087/2008)

 USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohammed Jawad, child «enemy combatant» (AMR 51/091/2008)

 USA: «Less than lethal»? The use of stun weapons in US law enforcement (AMR 51/010/2008)

 Estados Unidos de América: Detención indefinida por litigio. Continúa el «monstruoso absurdo» de los uigures detenidos en Guantánamo (AMR 51/136/2008)

 USA: Investigation, prosecution, remedy: Accountability for human rights violations in the «war on terror» (AMR 51/151/2008)

Jefe del Estado: Toomas Hendrik Ilves

Jefe del gobierno: Andrus Ansip

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 1,3 millones

Esperanza de vida: 71,2 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 11/8 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 99,8 por ciento

En marzo, el relator especial de la ONU sobre el racismo, en su informe sobre una visita a Estonia realizada en septiembre de 2007, expresó su preocupación por la situación de la minoría de habla rusa. El relator observó un alto grado de discriminación, especialmente en el ámbito laboral, donde las personas de habla rusa padecían niveles de desempleo que casi duplicaban los de las personas de etnia estonia. El relator instó a adoptar medidas para facilitar el proceso de naturalización de las personas apátridas.

El gobierno empezó a aplicar la «Nueva Estrategia de Integración de la Sociedad (2008-2013)», cuyo fin era mejorar el conocimiento del idioma estonio entre las personas que no lo hablaban como primera lengua, ofreciendo cursos gratuitos para quienes solicitaban la nacionalidad y para diversos gremios de trabajadores.

Aquéllos pertenecientes a grupos minoritarios tuvieron que enfrentarse a un seguimiento periódico de su dominio del idioma estonio por parte del Cuerpo de Inspectores de la Lengua, organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de la Ley sobre la Lengua. Según los datos publicados en 2008 relativos a 2007, alrededor del 97 por ciento del profesorado de las guarderías y escuelas rusas inspeccionadas por el citado cuerpo suspendió los exámenes de control. Medios de comunicación y organizaciones locales expresaron su preocupación con respecto al carácter discriminatorio de los requisitos idiomáticos.

En junio, el gobierno aprobó nuevos requisitos idiomáticos para algunas profesiones del sector privado.