Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Jammu y Cachemira Entre junio y agosto, al menos 40 personas que no respetaron el toque de queda murieron alcanzadas por disparos de las fuerzas de seguridad central. El toque de queda se había impuesto durante las manifestaciones y contramanifestaciones relacionadas con la propuesta de transferir tierras forestales a la Junta del Santuario de Amarnath. Continuaba reinando la impunidad por delitos cometidos en el pasado, como la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto armado en Cachemira desde 1989.
La impunidad continuó siendo generalizada. Gujarat Los responsables de los actos violentos de 2002, en los que miles de musulmanes fueron atacados y más de 2.000 resultaron muertos, continuaron eludiendo la justicia. En enero, el Tribunal Superior de Mumbai condenó a 12 personas por un caso de agresión sexual, en lo que constituyó un limitado avance hacia la rendición de cuentas. Punyab Continuaban sin ser procesados muchos de los agentes de policía responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 1994. Aún no se habían dado a conocer en su totalidad las conclusiones de la investigación realizada por la Oficina Central de Investigaciones sobre las denuncias del homicidio ilegítimo de 2.097 personas cuyos cadáveres fueron incinerados por la policía. Assam No se tomaron medidas con respecto a las conclusiones de la comisión de investigación publicadas en 2007 y según las cuales los homicidios ilegítimos de 35 hombres entre 1998 y 2001 se perpetraron a instancias de un ex ministro principal y de la policía del estado. Pena de muerte Las autoridades no hicieron pública información detallada sobre el número de ejecuciones y de personas condenadas a muerte. Sin embargo, no se tuvo constancia de que se hubieran practicado ejecuciones. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que éstas sólo se llevaban a cabo «en los casos más excepcionales», al menos 70 hombres fueron condenados a muerte en los tribunales. La CNDH inició un estudio sobre la aplicación de la pena de muerte. En diciembre, India votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron India en mayo, julio-agosto y diciembre, y se reunieron con representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. India: Concern over human rights violations during «recapture» of Nandigram by ruling CPI(M) supporters in West Bengal (ASA 20/001/2008) India: Lethal Lottery – The Death Penalty in India – A study of Supreme Court judgments in death penalty cases 1950-2006 (ASA 20/007/2008) India: Gran preocupación por la imparcialidad del juicio del defensor de derechos humanos doctor Binayak Sen (ASA 20/013/2008) India: Indigenous communities at risk of forced eviction in Orissa (ASA 20/017/2008) India: El gobierno debe actuar de acuerdo con sus palabras y poner fin a la violencia contra minorías cristianas en Orissa (ASA 20/021/2008) India: Llamamiento a la contención durante las elecciones de Jammu y Cachemira (ASA 20/028/2008) India: Violencia extrema en India con los atroces atentados (ASA 20/030/2008) India: La nueva legislación antiterrorista debe cumplir las normas internacionales de derechos humanos (ASA 20/031/2008) India: Retirar la orden de disparar en el acto en Jammu y Cachemira (13 de agosto de 2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Susilo Bambang Yudhoyono Pena de muerte: retencionista Población: 234,3 millones Esperanza de vida: 69,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 36/26 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 90,4 por ciento
El gobierno continuó restringiendo gravemente la libertad de expresión. El número de personas detenidas y recluidas por la expresión pacífica de sus opiniones aumentó a al menos 32. Otras 85 personas encarceladas en años anteriores continuaban en prisión. Seguía siendo delito enarbolar las banderas «Lucero del Alba» en Papúa, «Benang Raja» en las Molucas y «Media Luna» en Nanggroe Aceh Darussalam.
Continuó en Papúa el conflicto de baja intensidad entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes independentistas. Dirigentes de comunidades locales fueron víctimas de intimidación y amenazas por parte del ejército y la policía. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En agosto, en una concentración celebrada el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la policía abrió fuego contra la multitud cuando algunas personas enarbolaron la bandera prohibida «Lucero del Alba». Un manifestante pacífico, Opinus Tabuni, fue hallado muerto tras finalizar la concentración. Filep Karma, condenado a 15 años de cárcel, y Yusak Pakage, condenado a 10 años, continuaban en prisión. Los dos hombres habían sido condenados en 2005 por enarbolar la bandera «Lucero del Alba». Molucas En una serie de juicios celebrados en 2008, 21 hombres que interpretaban ante el presidente una danza guerrera tradicional que culminaba con el despliegue de la bandera prohibida «Benang Raja» fueron condenados a entre 7 y 20 años de cárcel por «rebelión». Libertad de religión La minoría religiosa ahmadi continuaba siendo víctima de discriminación, intimidación y actos violentos. En una concentración interconfesional celebrada en junio, manifestantes ahmadis fueron atacados por secciones del Frente Pembela Islam. Los agentes de policía que vigilaban la concentración no intervinieron. En respuesta, el gobierno indonesio anunció un decreto ministerial conjunto que «paralizaba» las actividades de los ahmadis, dejando de hecho a sus seguidores al margen de la ley. En octubre, Munarman, jefe del Escuadrón de Defensores Islámicos, y Rizieq Shihab, dirigente del Frente de Defensores Islámicos, fueron condenados a 18 meses de cárcel por instigar a la violencia en la concentración. Continuaron los ataques contra dirigentes cristianos y el cierre de iglesias en Papúa. En agosto, tres atacantes desconocidos golpearon y dejaron inconsciente al sacerdote católico y defensor de los derechos humanos Benny Susetyo en el sur de Yakarta. Policía y fuerzas de seguridad Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares hubo uso excesivo de la fuerza durante la detención, a veces con resultado de muerte, tortura y otros malos tratos a detenidos, falta de protección a personas que participaban en manifestaciones pacíficas y corrupción endémica. En abril, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de Indonesia. Si bien elogió algunos avances legislativos, el Comité expresó honda preocupación por las numerosas denuncias fidedignas de «la práctica habitual y generalizada de la tortura y los malos tratos de que son víctimas los sospechosos durante la detención policial» y de la práctica de la tortura durante operaciones militares.
En enero, el Tribunal Supremo condenó al ex piloto Pollycarpus Priyanto a 20 años de cárcel por envenenar al activista de derechos humanos Munir Said Thalib durante un vuelo de las líneas aéreas Garuda que se dirigía de Indonesia a Países Bajos en 2004. En febrero, Indra Setiawan, un ex alto cargo de Garuda, fue condenado a un año de cárcel por falsificar documentos que permitieron a Pollycarpus Priyanto viajar en el mismo vuelo que Munir Said Thalib. En diciembre, Muchdi Purwoprandjono, ex subdirector de la Agencia de Inteligencia de Indonesia, fue absuelto de planear y organizar el asesinato de Munir Said Thalib por falta de pruebas. Se temía que el juicio hubiera sido obstaculizado porque tres testigos de la acusación, todos ellos ex miembros de la Agencia de Inteligencia, se habían retractado de sus declaraciones en septiembre. En julio, la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental para documentar los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999 y promover la reconciliación, envió sus conclusiones a los gobiernos indonesio y timorés. El informe consideraba que la responsabilidad institucional de las graves violaciones de derechos humanos correspondía a grupos de milicias partidarias de la autonomía, así como a la policía, el gobierno civil y el ejército indonesios. El gobierno de Indonesia acogió con satisfacción el informe y mostró su pesar por lo sucedido en 1999, pero no ofreció una disculpa. Debido a su mandato, la Comisión de la Verdad y la Amistad, que no dio los nombres de los responsables de violaciones, no podía iniciar procesamientos. La preocupación con respecto a la impunidad hizo que la ONU dejase de colaborar con las investigaciones de la Comisión y reanudase los procesamientos con la ayuda de la Unidad de Delitos Graves y de fiscales de Timor Oriental y con la finalidad específica de investigar la violencia de 1999. En abril, el Tribunal Supremo de Indonesia anuló en la fase de apelación la declaración de culpabilidad y la condena a 10 años impuesta a Eurico Guterres, ex dirigente miliciano, por crímenes de lesa humanidad en Timor Oriental. Era el único de los seis acusados inicialmente declarados culpables cuya condena había sido confirmada y que estaba cumpliendo pena de prisión.
En junio, tras un paréntesis de 14 meses, se reanudaron las ejecuciones. En 2008 fueron ejecutadas 10 personas, frente a las 11 registradas durante los 10 años anteriores. Al menos 10 personas fueron condenadas a muerte y no menos de 116 continuaban pendientes de ejecución. El 8 de noviembre fueron ejecutados Amrozi bin H. Nurhasyim, su hermano Ali Ghufron e Imam Samudera. Los tres habían sido declarados culpables de participar en los atentados con bomba perpetrados en Bali el 12 de octubre de 2002, en los que murieron 202 personas. En diciembre, Indonesia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Derecho a la salud Con una cifra aproximada de 19.000 muertes al año, Indonesia registró el índice más alto de mortalidad materna del sudeste asiático. La tasa de mortalidad materna en zonas remotas y entre la población indígena superaba con mucho la existente en zonas más centrales y desarrolladas. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Indonesia en marzo, julio, agosto y noviembre. Indonesia: Briefing to the UN Committee Against Torture (ASA 21/003/2008) Indonesia: Petición de investigación de malos tratos a preso papú (ASA 21/019/2008) Indonesia: Represión de la libertad de expresión en Maluku (ASA 21/021/2008)
Jefe del Estado: Yalal Talabani Jefe del gobierno: Nuri al Maliki Pena de muerte: retencionista Población: 29,5 millones Esperanza de vida: 57,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 105/98 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 74,1 por ciento En 2008 se produjo una acusada reducción de la violencia, pero todas las partes en el persistente conflicto cometieron abusos graves contra los derechos humanos. Millares de civiles, incluidos niños y niñas, murieron o resultaron heridos a causa principalmente de atentados suicidas y otros ataques con explosivos perpetrados por grupos armados contrarios al gobierno y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos. Las fuerzas del gobierno iraquí y la fuerza multinacional también mataron a civiles. Tanto la fuerza multinacional como las autoridades iraquíes mantenían a millares de personas recluidas, en la mayoría de los casos sin cargos ni juicio; algunas llevaban hasta cinco años detenidas. Hubo informes de tortura, incluida violación, y de homicidios ilegítimos perpetrados por fuerzas de seguridad del gobierno, incluidos guardias de prisiones. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte. Había más de cuatro millones de personas desplazadas: dos millones, refugiadas en otros países, y las demás, desplazadas internamente dentro de Irak. La región de Kurdistán siguió viéndose menos afectada por el conflicto que otras, pero hubo continuos informes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y de violencia contra las mujeres. Información general El líder religioso chií Moqtada al Sadr anunció en febrero una ampliación por seis meses del alto el fuego del Ejército Mahdi, que se prorrogó indefinidamente en agosto. En octubre, las autoridades iraquíes se hicieron cargo de la financiación de los Consejos del Despertar, fuerzas predominantemente sunníes creadas con ayuda del ejército estadounidense para combatir al grupo de oposición armada Al Qaeda en Irak. En noviembre, el Parlamento aprobó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado por los gobiernos iraquí y estadounidense y que debía entrar en vigor al concluir, el 31 de diciembre de 2008, el mandato de la ONU que disponía la presencia de tropas estadounidenses en Irak. En virtud de este acuerdo, las tropas de Estados Unidos debían retirarse de las zonas urbanas antes de julio de 2009, estar totalmente fuera de Irak al final de 2011, solicitar el permiso del gobierno iraquí para llevar a cabo operaciones militares y entregar bajo custodia iraquí a todas las personas que mantuvieran recluidas. Por su parte, las autoridades iraquíes tendrían jurisdicción sobre los militares y civiles estadounidenses que cometieran «delitos premeditados graves» fuera de los centros establecidos y fuera de «servicio», aunque serían las autoridades estadounidenses las que determinarían si se habían dado o no estas condiciones. Los contratistas del Departamento de Defensa estadounidense perderían su inmunidad procesal en Irak, pero el Acuerdo no decía nada sobre otros contratistas, como los servicios militares y de seguridad privados contratados por el Departamento de Estado estadounidense, que habían sido acusados de homicidios ilegítimos de civiles y otros abusos graves. La situación humanitaria siguió siendo alarmante. Según la ONU, al menos cuatro millones de iraquíes no tenían aún alimentos suficientes, alrededor del 40 por ciento de la población no tenía acceso a agua potable y alrededor del 30 por ciento no podía acceder a servicios de salud adecuados. El sistema educativo estaba al borde de la paralización, pues las escuelas y las universidades carecían de material esencial, como libros, y profesores y alumnos estaban aterrorizados por la violencia. Muchas escuelas habían sido atacadas con explosivos. La tasa de desempleo siguió siendo extremadamente alta, del 50 por ciento o más. En agosto, Irak ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en noviembre el Parlamento aprobó una ley por la que se establecía una Comisión Superior de Derechos Humanos. Abusos cometidos por grupos armados Los grupos armados que combatían contra el gobierno y contra las fuerzas dirigidas por Estados Unidos cometieron numerosos abusos graves contra los derechos humanos, al igual que las milicias de grupos religiosos chiíes y partidos políticos con representación en el Parlamento iraquí. Entre los abusos perpetrados hubo secuestros, torturas y asesinatos. Dichos grupos cometieron también atentados con explosivos y otros ataques indiscriminados contra civiles, que causaron numerosos muertos y heridos. Al parecer, muchos de estos ataques fueron obra de Al Qaeda en Irak. Eran víctimas específicas de secuestro y homicidio los miembros de minorías religiosas y étnicas, como los cristianos y los palestinos; los miembros de asociaciones profesionales, como médicos, abogados y periodistas, y las mujeres. El 1 de febrero murieron al menos 99 civiles, entre los que había niños, en sendos atentados suicidas con explosivos perpetrados por dos mujeres en concurridos mercados de Bagdad. El 23 de febrero, Shihab al Tamimi, periodista y presidente del Sindicato de Periodistas de Irak, murió abatido por los disparos de unos hombres armados en el distrito bagdadí de Al Waziriya. Había criticado enérgicamente la violencia sectaria. El 14 de agosto, al menos 19 peregrinos chiíes murieron en Iskandariya víctimas de atentados suicidas con explosivos cuando se dirigían a la celebración de una festividad religiosa en Kerbala. Al menos 28 personas, incluidos 5 niños, murieron el 10 de noviembre, y unas 70 más resultaron heridas en atentados suicidas con explosivos perpetrados en Al Adhamiya, distrito sunní de Bagdad. Pena de muerte Se condenó a muerte a un mínimo de 275 hombres y 10 mujeres. Hubo al menos 34 ejecuciones, al menos 3 de ellas en la región de Kurdistán (véase infra). Las verdaderas cifras probablemente fueran más altas. La mayoría de las condenas de muerte las impuso el Tribunal Penal Central de Irak, cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Los acusados denunciaron que se habían utilizado como prueba contra ellos «confesiones» obtenidas con tortura y otras formas de coacción. Los tribunales no investigaron debidamente tales denuncias. En abril, un alto cargo del Ministerio del Interior manifestó que 28 personas de Basora habían sido ejecutadas en Bagdad tras haber sido declaradas culpables de múltiples asesinatos y secuestros. En diciembre Irak votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Juicios de ex autoridades El Alto Tribunal Penal Iraquí continuó juzgando a ex altos cargos, miembros del Partido Baás, militares y otras personas asociadas a la presidencia de Sadam Husein. Los juicios se vieron afectados por injerencias políticas, que menoscababan la independencia e imparcialidad del Tribunal. En septiembre se recibieron informes de que el gobierno iraquí había urdido la destitución de uno de los jueces que juzgaron al ex presidente Sadam Husein poco antes de que acabara su juicio de un año en 2006 y lo había reemplazado por otro al que consideraba más favorable a la imposición de la pena de muerte. El 2 de diciembre, el Alto Tribunal Penal Iraquí impuso la pena de muerte a Ali Hassan al Majid y Abdul Ghani Abdul Ghafour, ex altos cargos del régimen de Sadam Husein, tras haberlos declarado culpables de participar en millares de homicidios durante el alzamiento de 1991 en el sur de Irak. Otros 10 acusados fueron condenados a penas de entre 15 años de cárcel y cadena perpetua, y 3 más resultaron absueltos. Ali Hassan al Majid y dos de los condenados a prisión habían sido condenados ya a muerte tras un juicio celebrado en 2007; en febrero, el Consejo Presidencial confirmó la pena de muerte impuesta a Ali Hassan al Majid, pero, según informes, determinó que los otros dos condenados no debían ser ejecutados, ya que estaban al servicio de sus jefes militares y cumplían órdenes cuando se cometieron los delitos. Los tres seguían bajo custodia militar estadounidense al final del año.
Los empleados de las empresas de seguridad extranjeras seguían siendo inmunes al procesamiento por delitos cometidos en Irak. El gobierno había propuesto en octubre de 2007 una legislación que revocaba esa inmunidad, pero el Parlamento no la aprobó. En abril, las autoridades estadounidenses renovaron a la empresa de Estados Unidos Blackwater el contrato para brindar protección a los diplomáticos estadounidenses, a pesar de la polémica provocada por el homicidio de civiles iraquíes cometido por guardias de seguridad de Blackwater en septiembre de 2007. El 15 de enero murieron cinco escolares atropellados por el automóvil de un contratista de seguridad que viajaba en el convoy de un alto cargo judicial iraquí en Al Salihiya, Bagdad. Según informes, el convoy no se detuvo al llegar a un control de seguridad, lo que provocó un tiroteo entre guardias privados de seguridad y la policía. El 7 de diciembre, cinco guardias de seguridad de Blackwater fueron acusados formalmente en Estados Unidos de haber matado a 14 civiles iraquíes y herido a 18 más en septiembre de 2007. Detención y reclusión arbitrarias Millares de personas continuaron recluidas sin cargos ni juicio. Las tropas estadounidenses de la fuerza multinacional mantenían a unas 15.500 personas privadas de libertad, en la mayoría de los casos sin cargos ni juicio, en Camp Bucca, cerca de Basora; Camp Cropper, próximo al aeropuerto de Bagdad, y otros lugares. Algunas de estas personas llevaban cinco años recluidas. Según informes, las autoridades iraquíes mantenían al menos a 26.000 personas recluidas, en muchos casos sin cargos ni juicio. Se creía que algunas estaban sometidas a régimen de incomunicación en centros secretos de detención. Liberaciones El 27 de febrero entró en vigor una ley de amnistía, y se esperaba que la mayoría de las personas detenidas sin cargos o por presuntos delitos menores fuesen puestas en libertad. Durante 2008, la fuerza multinacional y las autoridades iraquíes dejaron en libertad a varios millares de detenidos, pero ni mucho menos a los 23.000 que el Consejo Judicial Supremo había recomendado poner en libertad. Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes Las fuerzas del gobierno cometieron graves violaciones de derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales. Hubo informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por guardias de prisiones y miembros de las fuerzas de seguridad a detenidos, incluidos menores. En los informes se mencionaban métodos como golpearlos con cables y mangueras, colgarlos de las extremidades durante largos periodos, aplicarles descargas eléctricas, fracturarles extremidades, arrancarles uñas con alicates y perforarles la piel con taladradoras. Las personas que se encontraban bajo la custodia del Ministerio del Interior estaban especialmente expuestas a sufrir tortura. Se recibieron informes sobre muchachos sometidos a agresiones físicas y sexuales por guardias del centro de detención de menores de Tobchi, en el oeste de Bagdad. Unos investigadores estadounidenses encontraron indicios claros de la muerte de dos menores de edad sunníes a manos de guardias de prisiones a principios de 2008. Hubo denuncias de violación y otras torturas, formuladas por muchachos recluidos en el centro de detención de menores de Al Karj de Bagdad. |