Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Unos 450 palestinos murieron y millares más resultaron heridos en ataques aéreos y otras acciones de las fuerzas israelíes, la mayoría en la primera mitad del año en la Franja de Gaza. La mitad de las víctimas mortales eran civiles, incluidos unos 70 niños. El resto eran miembros de grupos armados, muertos en el curso de enfrentamientos armados o en ataques aéreos selectivos. Centenares de civiles palestinos murieron o resultaron heridos en los últimos cinco días del año durante la ofensiva militar israelí, algunos a consecuencia de ataques directos contra población civil o edificios civiles, otros en ataques indiscriminados y desproporcionados.

Muchas muertes de civiles palestinos en el primer semestre del año y durante la ofensiva militar de diciembre fueron consecuencia de acciones efectuadas en respuesta a ataques indiscriminados con cohetes y morteros que grupos armados palestinos habían lanzado desde la Franja de Gaza contra ciudades y pueblos israelíes cercanos y contra posiciones del ejército israelí establecidas a lo largo del perímetro de la Franja. En estos ataques murieron seis civiles y varios soldados israelíes, y como consecuencia de disparos y otros ataques efectuados por palestinos en Jerusalén y otras partes del país murieron 14 civiles israelíes más, incluidos cuatro jóvenes de 17 años.

 A finales de febrero, durante una incursión militar de cuatro días de duración en la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes mataron a más de 100 palestinos, alrededor de la mitad de los cuales eran civiles ajenos a los combates, entre ellos unos 25 niños. Dos de estos fueron Iyad Abu Shbak, de 15 años, y su hermana Jackline, de 16, muertos de un balazo en la cabeza delante de su madre y sus hermanos menores en su casa, al norte de la ciudad de Gaza, el 29 de febrero. Los disparos fueron efectuados desde una casa situada frente a la suya y que había sido tomada por soldados israelíes.

 El 16 de abril, las fuerzas israelíes mataron a 15 civiles palestinos, incluidos 10 niños de entre 13 y 17 años y un periodista, en tres ataques distintos, en los que además resultaron heridos decenas de civiles más, en la zona de Jouhr al Dik, en el sureste de la Franja de Gaza. Primeramente, los disparos de un tanque israelí mataron a seis niños: Abdullah Maher Abu Khalil, Tareq Farid Abu Taqiyah, Islam Hussam al Issawi, Talha Hani Abu Ali, Bayan Sameer al Khaldi y Mohammed al Assar. Más tarde, los soldados israelíes dispararon desde un tanque un proyectil de flechillas contra el cámara de Reuters Fadel Shana cuando los filmaba y lo mataron. Por último, otro proyectil de tanque disparado inmediatamente después mató a dos niños más, Ahmad Aref Frajallah y Ghassan Khaled Abu Ateiwi, e hirió a otros cinco. Dos de ellos, Ahmad Abd al Majid al Najjar y Bilal Said Ali al Dhini, murieron a los tres días.

Sistema de justicia militar

Detenciones

Las fuerzas israelíes detuvieron en los Territorios Palestinos Ocupados a centenares de palestinos, incluidos decenas de niños y niñas, y en muchos casos los tuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos. A la mayoría los dejaron en libertad sin cargos posteriormente, pero a muchos los acusaron de delitos contra la seguridad y los sometieron a juicio ante tribunales militares cuyos procedimientos a menudo no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Unos 8.000 palestinos detenidos en 2008 o en años anteriores continuaban encarcelados al final del año. Entre ellos había unos 300 niños y 550 adultos recluidos sin cargos ni juicio en virtud de órdenes militares de detención administrativa y que, en algunos casos, llevaban hasta seis años privados de libertad.

 Salwa Salah y Sara Siureh, ambas de 16 años, fueron detenidas en plena noche en sus casas en junio y se hallaban todavía sometidas a detención administrativa al concluir 2008.

 Mohammed Khawajah, de 12 años, fue detenido por soldados israelíes en su casa, en el pueblo de Nilin, el 11 de septiembre a las tres de la madrugada. Lo golpearon y lo recluyeron junto con adultos en un centro militar de detención hasta el 15 de septiembre, cuando quedó en libertad bajo fianza. Fue acusado de arrojar piedras a los soldados y remitido a un tribunal militar para su enjuiciamiento.

 Continuaron recluidos sin juicio decenas de miembros de Hamás que habían pertenecido al Parlamento palestino o sido ministros del gobierno de la Autoridad Palestina cuando lo dirigía su partido. Algunos llevaban hasta dos años privados de libertad. Las autoridades israelíes parecían retenerlos con objeto de ejercer presión sobre Hamás para que liberara a un soldado israelí que su brazo armado mantenía recluido en la Franja de Gaza desde 2006.

Casi todos los palestinos detenidos se hallaban en prisiones de Israel, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos al territorio de la potencia ocupante. Debido a ello, era muy difícil o imposible en la práctica que los detenidos recibieran visitas de sus familias.

Se negó por segundo año la posibilidad de recibir visitas de sus familias a unos 900 presos palestinos de la Franja de Gaza. También se denegó el permiso de visita por «razones de seguridad» no especificadas a muchos familiares de palestinos de Cisjordania detenidos. Los padres, madres, cónyuges, hijos e hijas de muchos palestinos detenidos llevaban más de cinco años sin que les permitieran visitarlos. Ningún preso israelí estaba sujeto a restricciones así.

En julio, las autoridades israelíes excarcelaron a un libanés que se hallaba recluido desde 1979 y a otros cuatro capturados durante la guerra de 2006. Asimismo, devolvieron los cadáveres de otros 199 libaneses y palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes en años anteriores, a cambio de los de dos soldados israelíes a los que Hezbolá había matado en julio de 2006. En agosto y diciembre, las fuerzas israelíes liberaron a unos 430 palestinos, medidas que se calificaron de gestos de buena voluntad hacia el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Aumentaron los informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por el Servicio General de Seguridad israelí, especialmente durante interrogatorios de palestinos sospechosos de planear o efectuar ataques armados. En los informes se mencionaban métodos como atar a los detenidos en dolorosas posturas en tensión durante largos periodos, impedirles dormir y amenazarlos con causar daño a sus familias. Eran comunes las palizas y otros malos tratos en el momento de la detención y posteriormente, así como durante los traslados del detenido de un lugar a otro.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus bienes experimentaron un acusado aumento en toda Cisjordania en el cuarto trimestre del año, especialmente durante la cosecha de la aceituna y al intentar el ejército evacuar una casa que había sido ocupada por colonos en Hebrón. Los autores de los ataques solían ir armados. En diciembre, un colono disparó en Hebrón contra dos palestinos, que resultaron heridos.

Los jueces de los tribunales militares israelíes raras veces ordenaban realizar investigaciones sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos presentadas por acusados palestinos durante su juicio, y no se tuvo noticia de ningún procesamiento de agentes del Servicio General del Seguridad por torturas a palestinos. En octubre, dos grupos israelíes de derechos humanos presentaron por vía judicial una petición para que el Ministerio de Justicia revelara cómo se ocupaba de las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por detenidos palestinos contra el Servicio General de Seguridad.

La impunidad seguía siendo la norma en el caso de los soldados, los miembros de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes que sometían a palestinos a abusos graves contra los derechos humanos, como homicidio ilegítimo, agresión física y ataques contra la propiedad. Se llevaban a cabo muy pocas investigaciones sobre tales abusos, y la mayoría se cerraban por «falta de pruebas». Raras veces se iniciaban procesamientos, y normalmente se abrían sólo por casos divulgados por organizaciones de derechos humanos y por los medios de comunicación. En estos juicios, los soldados imputados por matar a palestinos ilegítimamente eran acusados de homicidio sin premeditación, no de asesinato, y a los soldados y los colonos declarados culpables de abusos contra palestinos se les imponían por lo general condenas relativamente leves.

 Un soldado que, en julio, había disparado a un manifestante palestino en el pie estando éste con los ojos vendados, esposado y sujeto por el superior del soldado fue acusado de una falta leve: «conducta indebida». En septiembre, el fiscal jefe del ejército rechazó la recomendación del Tribunal Superior de presentar cargos más graves.

En los primeros días de la ofensiva lanzada el 27 de diciembre, el ejército israelí destruyó numerosas casas, fábricas y otros bienes civiles palestinos de Gaza, arrasando barrios enteros. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes demolieron decenas de viviendas palestinas, desalojando por la fuerza a familias y dejando sin hogar a centenares de personas. Las viviendas demolidas carecían de permisos de construcción, que se les denegaban sistemáticamente a los palestinos. Al mismo tiempo, las autoridades permitieron un acusado aumento de la expansión de los asentamientos israelíes en tierras palestinas confiscadas ilegalmente, lo que constituía una violación del derecho internacional.

 En febrero y marzo, las fuerzas israelíes destruyeron varias viviendas y corrales en Hadidiya, pueblecito de la zona cisjordana del valle del Jordán. Perdieron su hogar unos 65 miembros de las familias Bisharat y Bani Odeh, incluidos 45 niños.

 En marzo, los soldados israelíes demolieron las viviendas de varias familias en los pueblos de Qawawis, Imneizil, Al Dairat y Umm Lasafa, en el sur de los montes de Hebrón. La mayoría de las personas que perdieron su hogar por esta acción eran niños. Entre los afectados se encontraban los hermanos Yasser, Jihad Mohammed e Ismail al Adra, junto con sus esposas y sus 14 hijos.

 En el cercano Umm al Jair, las fuerzas israelíes destruyeron en octubre los hogares de 45 miembros de la familia Al Hathaleen, en su mayoría niños.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En agosto, el ejército israelí devolvió a decenas de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes a Egipto sin darles la oportunidad de impugnar la decisión y a pesar del riesgo de que sufrieran graves violaciones de derechos humanos en Egipto o en su países de origen, entre ellos Eritrea, Somalia y Sudán.

En la última parte del año aumentó acusadamente el número de objetores de conciencia israelíes encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar debido a su oposición a la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos. Al menos siete jóvenes de ambos sexos fueron encarcelados reiteradamente por breves periodos, y como mínimo dos seguían detenidos al terminar el año. Casi todos los demás fueron finalmente declarados «no aptos» y quedaron exentos de cumplir el servicio militar.

 Amnistía Internacional envió delegaciones a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados de febrero a mayo.

 Israel/Occupied Palestinian Territories: Punitive restrictions – families of Palestinian detainees denied visits (MDE 15/006/2008)

 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: El bloqueo de Gaza. Castigo colectivo (MDE 15/021/2008)

 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Bajo amenaza. La localidad cisjordana de ‘Aqaba (MDE 15/022/2008)

 Israel/Occupied Palestinian Territories: Submission to the UN Universal Periodic Review (MDE 15/029/2008)

 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Información para el Comité contra la Tortura (MDE 15/040/2008)

 Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Acción de profesionales de la salud. Gaza: El derecho a la salud, pisoteado (MDE 15/044/2008)

Jefe del Estado: Giorgio Napolitano

Jefe del gobierno: Silvio Berlusconi

(sustituyó a Romano Prodi en mayo)

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 58,9 millones

Esperanza de vida: 80,3 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 98,4 por ciento

A lo largo del año tuvieron lugar ataques de motivación racista contra la comunidad romaní, que no recibió protección de las autoridades. Continuaron los desalojos forzosos ilegales y los prefectos recibieron poderes especiales para controlar los asentamientos romaníes.

No se reconocía a los romaníes ni a los sinti como minoría nacional.

Ataques contra asentamientos romaníes

Los ataques contra comunidades romaníes eran frecuentes, y las autoridades a menudo no impedían los actos de violencia.

En mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación «por los informes sobre expresiones de odio, en particular las dirigidas a extranjeros y romaníes, atribuidas a políticos».

En julio, un grupo de expertos de la ONU afirmó que estaban «consternados por la retórica agresiva y discriminatoria empleada por los líderes políticos, incluidos miembros del gobierno, al referirse a la comunidad romaní» y declaró que «el clima de hostilidad hacia la comunidad romaní ha servido para movilizar a grupos extremistas, que recientemente han lanzado una serie de ataques contra asentamientos y personas de etnia romaní».

 El 13 de mayo, hasta un centenar de personas, según informes armadas con palos y cócteles Molotov, prendieron fuego a varias partes de un asentamiento romaní en el barrio de Ponticelli, en Nápoles. Se lanzó un cóctel Molotov a una caravana en cuyo interior había varios niños, que escaparon por poco de morir abrasados. En total, unos 800 romaníes se vieron obligados a huir del asentamiento. Ese mismo día, varios romaníes fueron también víctimas de agresiones físicas en las cercanías de Ponticelli.

 El 6 de junio, una mujer romaní embarazada de seis meses recibió reiteradas patadas en la espalda a la puerta de un bar en Rímini.

 Durante el año se recibieron informes de otros incendios provocados en Nápoles, Novara, Pisa, Roma y Venecia.

Desalojos forzosos

A lo largo del año siguieron llevándose a cabo desalojos forzosos ilegales de comunidades romaníes.

 En abril, unos 800 romaníes fueron desalojados del asentamiento de Via Bovisasca, en Milán. No se les proporcionó alojamiento alternativo y no se tomó ninguna medida para proteger a las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños que se quedaron sin hogar.

 En junio, agentes encargados del cumplimiento de la ley destruyeron el asentamiento de Campo Boario, en Roma, en el que vivían 130 romaníes italianos. La comunidad fue trasladada a un asentamiento temporal en el barrio de Tor Vergara, donde carecían de instalaciones básicas como agua y electricidad. En octubre, la comunidad fue trasladada a otro asentamiento temporal situado a unos kilómetros de distancia del anterior, en un aparcamiento.

El 26 de mayo, el primer ministro declaró un estado de excepción aplicable a las comunidades romaníes de las regiones de Lazio, Campania y Lombardía, que estaría vigente hasta mayo de 2009. Los prefectos de estas regiones obtuvieron poderes para llevar a cabo censos de la población que vivía en los asentamientos, efectuar desalojos, hacer excepciones a una serie de leyes de ámbito nacional y tomar huellas dactilares, incluidas las de menores de edad.

Tras las críticas generalizadas de las organizaciones de derechos humanos, sólo se tomaron las huellas dactilares en situaciones excepcionales, cuando no se disponía de otro método de identificación.

Racismo

Siguieron produciéndose ataques de motivación racista, como agresiones físicas, insultos y destrucción de bienes. Tanto el comisario de derechos humanos de la Unión Europea como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial comentaron que las declaraciones racistas de los políticos y la adopción de legislación específica para las personas migrantes contribuían a crear un ambiente hostil hacia las personas de nacionalidad extranjera. Instaron a las autoridades a emprender acciones contra la apología del odio y a introducir condenas más severas para los delitos de motivación racial.

Los migrantes y solicitantes de asilo que carecían de documentación válida, incluidas mujeres embarazadas y familias con hijos, eran recluidos a su llegada en centros de detención, antes de tener ocasión de solicitar protección internacional. A los migrantes y solicitantes de asilo detenidos en algunos centros se les privó del derecho a recurrir ante un tribunal la legalidad o las condiciones de su detención.

 En el centro de detención de la localidad de Cassabile, los solicitantes de asilo permanecían recluidos hasta cinco semanas antes de que se les diese la oportunidad de presentar su solicitud.

Se recibieron informes de migrantes que habían muerto en centros de detención por no recibir atención médica a su debido tiempo.

 El 24 de mayo, Hassan Nejl, ciudadano marroquí, murió en el Centro de Permanencia Temporal de Turín después de caer enfermo. Según otros detenidos, no recibió atención médica pronta y adecuada. Se inició una investigación judicial, pero al concluir el año no había resultados.

En virtud de un decreto adoptado el 3 de octubre, se suspendió la expulsión de los solicitantes de asilo que hubieran recurrido la denegación de su solicitud. El decreto también facultaba a los prefectos locales para restringir la circulación de los migrantes y solicitantes de asilo a un área especificada.

Las autoridades municipales adoptaron varias medidas contra las personas migrantes. El 11 de febrero, un tribunal de Milán dejó sin efecto una circular emitida por el consejo municipal de Milán, debido a su naturaleza discriminatoria. La circular restringía la inscripción de los hijos de migrantes sin permiso de residencia en centros de educación preescolar.

El comisario europeo de derechos humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria plantearon sus motivos de preocupación tras la aprobación, el 21 de mayo, de un conjunto de propuestas legislativas conocido como «paquete de seguridad», para abordar la migración irregular. Según un decreto que el 24 de julio se convirtió en la Ley 125/08, si una persona migrante cometía un delito, su situación irregular se añadía a la lista de circunstancias agravantes establecida en el Código Penal que podían dar lugar a la imposición de una pena más severa.

Italia no abordó las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del programa de entregas extraordinarias encabezado por Estados Unidos.

 El 3 de diciembre se suspendió nuevamente el juicio contra siete ciudadanos italianos, en su mayoría miembros del Servicio para la Información y la Seguridad Militar (SISMI) italiano, en relación con el secuestro de Abu Omar. (Abu Omar, refugiado egipcio residente en Italia, fue secuestrado en Milán en febrero de 2003 y trasladado en avión a Egipto, donde fue detenido y, según informes, sometido a tortura. En febrero de 2007 fue liberado sin cargos.)

En noviembre, el primer ministro declaró que el uso en ese juicio de pruebas relacionadas con los contactos con la CIA supondría una amenaza para el secreto de Estado. El juez decidió suspender el juicio al no ser posible continuar dado que la mayoría de las pruebas tenían que ver con los contactos con la CIA. El juicio quedó suspendido en espera de que el Tribunal Constitucional adoptase una decisión en marzo de 2009.

Al concluir el año, el ministro de Justicia no había cursado a las autoridades estadounidenses las solicitudes de extradición, emitidas por un tribunal de Milán, de 26 ciudadanos estadounidenses, entre ellos miembros del personal consular, agentes de la CIA y un coronel de la fuerza aérea.

Italia mantuvo la legislación –la llamada Ley Pisanu, Ley 155/05–, que permite dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra presuntos terroristas. La expulsión podía ser ordenada por el ministro del Interior o por un prefecto, cuando existiese una presunción de vínculos terroristas. La Ley no exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión de expulsión y no garantizaba una protección efectiva contra la devolución a países donde pudiera existir riesgo de tortura o malos tratos.

 El 28 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la decisión adoptada en 2006 por el ministro del Interior de expulsar a Túnez a Nassim Saadi, declarado culpable en Italia de conspiración criminal. A pesar de las garantías diplomáticas, si hubiera sido devuelto a Túnez, Nassim Saadi habría corrido peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

 El 4 de junio, Sami Ben Khemais Essid, ciudadano tunecino, fue expulsado a Túnez en virtud de un procedimiento acelerado aplicable a las personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido a Italia que suspendiese el traslado hasta que hubiera revisado su caso.

 El 13 de diciembre, Mourad Trabelsi, ciudadano tunecino, fue expulsado a Túnez a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido que se suspendiera la expulsión debido al riesgo de tortura y otros malos tratos que correría en Túnez. Al concluir el año, ni la familia de Mourad Trabelsi ni su abogado conocían su paradero.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no incluyeron la tortura como delito en su Código Penal ni introdujeron un mecanismo efectivo de rendición de cuentas policial. Hubo constantes denuncias de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente contra personas migrantes.

 Continuaba el juicio sobre la muerte de Federico Aldrovandi, que falleció el 25 de septiembre de 2005 después de que cuatro agentes de policía le dieran el alto. Los agentes fueron acusados posteriormente de homicidio voluntario. El 25 de noviembre aparecieron nuevas pruebas que sugerían que la muerte de Federico Aldrovandi había sido causada por el método de inmovilización utilizado por la policía, que dificultó su respiración y le provocó una parada cardiorrespiratoria.

 Hubo avances en el caso de Aldo Bianzino, que murió en octubre de 2007 en prisión en Perugia, dos días después de su detención. Un reconocimiento médico realizado inmediatamente después de su arresto certificó que se encontraba en perfecto estado de salud. La autopsia reveló hemorragia cerebral y rotura de hígado. La fiscalía inició procedimientos legales por asesinato contra personas no identificadas y contra un guardia de prisiones por no acudir en ayuda de Aldo Bianzino. Su familia estaba convencida de que murió a consecuencia de los malos tratos sufridos bajo custodia. En febrero de 2008, nuevos análisis forenses ordenados por la fiscalía concluyeron que la muerte se debía a causas naturales: aneurisma cerebral. La fiscalía pidió que se cerrase la causa por asesinato, a lo cual se opuso la familia de Aldo Bianzino. En octubre de 2008, el juez decidió que la causa no debía cerrarse.

 El 29 de septiembre, Emmanuel Bonsu, ciudadano ghanés, fue detenido y, según los informes, golpeado por agentes de la policía municipal en Parma, lo que le produjo una lesión ocular. Al cabo de cuatro horas lo pusieron en libertad. Diez agentes de policía fueron acusados de secuestro, malos tratos y abuso de poder, entre otros delitos.