Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Sistema de justicia Fueron detenidas decenas de personas críticas con el gobierno, a menudo por agentes vestidos de civil que no les mostraron ningún tipo de identificación. Algunas pasaron largos periodos recluidas sin juicio, al margen del control de las autoridades judiciales, y según informes sufrieron tortura u otros malos tratos y no tuvieron acceso a servicios médicos, a abogados ni a sus familias. Otras fueron condenadas a prisión en juicios injustos o cumplían condenas impuestas en años anteriores. Los hermanos Arash y Kamiar Alaei, médicos especializados en la prevención y el tratamiento del VIH/sida, fueron detenidos en junio y recluidos sin cargos debido posiblemente a sus vínculos con organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos y a sus críticas a la política del gobierno hacia los programas sobre VIH/sida. Fueron sometidos a un juicio injusto el 31 de diciembre, acusados de haber «cooperado» con un «gobierno enemigo» e intentar derrocar al gobierno iraní. Durante el juicio, el fiscal comunicó al tribunal pruebas secretas adicionales, que el abogado de los hermanos Alaei no tuvo oportunidad de refutar, ya que el fiscal no las reveló. Mansour Ossanlu, presidente de la organización no reconocida Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán, continuó cumpliendo una pena de cinco años de prisión que le había sido impuesta por sus actividades sindicales pacíficas y que un tribunal de apelación había confirmado en octubre de 2007. Considerado preso de conciencia, estaba mal de salud y recibía con retraso el tratamiento médico que necesitaba. Tortura y otros malos tratos La tortura y otros malos tratos a los detenidos eran prácticas comunes, facilitadas por los largos periodos de detención preventiva, la negación del acceso a abogados y familiares y la impunidad sistemática de que disfrutaban desde hacía mucho tiempo los responsables. Se denunciaron al menos cuatro muertes bajo custodia. No se tuvo noticia de ninguna investigación independiente sobre estos casos ni sobre otros dos ocurridos en 2007. Abdolreza Rajabi, partidario de la proscrita Organización Muyahidín del Pueblo de Irán y encarcelado desde 2001, murió bajo custodia en octubre. Hubo informes según los cuales pudo haber sido torturado.
Se impusieron y se ejecutaron penas de flagelación y amputación judicial. Al parecer, en noviembre un tribunal de Qom condenó a Amir Ali Mohammad Labaf, líder sufí de Gonabad, a cinco años de prisión, flagelación y exilio en Babak por «propagar mentiras».
Se ejecutó como mínimo a 346 personas, al menos ocho de las cuales habían sido condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. El número total de ejecuciones probablemente fuera mayor, pues las autoridades restringían la información sobre ellas. Se llevaron a cabo ejecuciones por una amplia variedad de delitos, como asesinato, violación, contrabando de drogas y corrupción. Había al menos 133 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en contra del derecho internacional. Muchos defensores iraníes de los derechos humanos hacían campaña para conseguir que se pusiera fin a esta práctica. Las autoridades intentaban justificar las ejecuciones por asesinato argumentando que eran pena de qisas (castigo equivalente al delito), no de ‘edam (ejecución), distinción no reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. En enero se sometieron a debate en el Parlamento nuevas leyes que prescribían la pena de muerte o condenas de flagelación por producir vídeos pornográficos, así como una propuesta de imposición de la pena de muerte por «apostasía», pero al final de 2008 aún no se habían promulgado. En enero, el presidente de la Magistratura ordenó el fin de las ejecuciones públicas en la mayoría de los casos, y en agosto funcionarios judiciales dijeron que se habían suspendido las ejecuciones por lapidación, aunque al final del año continuaban en espera de ejecución al menos 10 personas condenadas a muerte por lapidación, y en diciembre se ejecutó por este método a dos hombres. En diciembre, Irán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Personas refugiadas y solicitantes de asilo Irán continuaba acogiendo a casi un millón de refugiados, la mayoría de ellos de Afganistán. Según el gobierno, había ilegalmente en el país hasta un millón de personas más. Al menos 12 ciudadanos afganos, que al parecer habían sido devueltos a su país desde Irán, murieron en abril por disparos efectuados por la policía de fronteras iraní en circunstancias poco claras.
Las autoridades no respondieron a ninguna de las más de 50 cartas que les envió Amnistía Internacional y se negaron a considerar la posibilidad de que la organización visitara el país. Irán: Detener las ejecuciones por lapidación (MDE 13/001/2008) Irán: Defensoras y defensores de los derechos de las mujeres desafían la represión (MDE 13/018/2008) Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (MDE 13/088/2008)
Jefa del Estado: Mary McAleese Jefe del gobierno: Brian Cowen
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 4,4 millones Esperanza de vida: 78,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
La Ley sobre Control de Exportaciones, que entró en vigor en mayo, endureció los controles sobre la exportación de productos, tecnología y asistencia técnica para uso militar. Sin embargo, seguían existiendo lagunas, por ejemplo, en el control de los acuerdos de producción bajo licencia en el extranjero, y en el tránsito y transbordo de productos militares y de seguridad. En diciembre, Irlanda ratificó la Convención sobre Municiones en Racimo. El mismo mes, el Parlamento promulgó la Ley de Municiones de Racimo y Minas Antipersonal, que ilegalizaba el uso, desarrollo, producción, adquisición, posesión, retención y transferencia de las municiones de racimo y de las bombas liberadas por este tipo de municiones. La Ley también prohibía la inversión de dinero público en cualquier empresa que produjese municiones de racimo o minas antipersonal.
Al concluir 2008 no se había fijado fecha para un referéndum prometido en 2007 sobre la incorporación en la Constitución irlandesa de una serie de derechos de la infancia. En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, en un informe sobre su visita a Irlanda en noviembre de 2007, destacó los altos niveles de pobreza infantil en Irlanda, e instó a las autoridades a promover la igualdad de oportunidades para proteger a los menores del impacto negativo de las carencias económicas. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la inadecuada disponibilidad de educación primaria no confesional en Irlanda. Las directrices en materia de protección a la infancia no tenían carácter de ley, en contra de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, en 2006. En abril, un informe de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Salud sobre un incidente de 2004 relacionado con la protección de un menor de edad, puso de relieve graves lagunas en los procedimientos y políticas de protección a la infancia.
En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su pesar por la acumulación de casos ante la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía, y su preocupación porque esa acumulación había motivado que varias denuncias relacionadas con conductas presuntamente delictivas de agentes de policía hubieran sido asignadas al propio jefe de Policía para su investigación. El Comité de Derechos Humanos también se mostró preocupado porque la ley no prescribía el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios de la policía, y porque restringía el derecho de la persona acusada a guardar silencio. En abril, una Unidad de Respuesta Urgente de la Policía utilizó una pistola de electrochoque por primera vez en Irlanda durante una detención. Condiciones de reclusión En julio, el Comité de Derechos Humanos destacó la persistencia de las condiciones de hacinamiento en varias prisiones, y expresó su preocupación por la insuficiente atención de salud mental para los reclusos y el elevado nivel de violencia entre éstos. Discriminación de familias nómadas En julio, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que Irlanda no «tenga intención de reconocer a la comunidad nómada como minoría étnica» y por «la tipificación como delito de la entrada no autorizada en propiedades ajenas en la Ley de la Vivienda de 2002, que afecta de forma desproporcionada a los nómadas». Personas refugiadas y solicitantes de asilo En enero se publicó el proyecto de ley sobre inmigración, residencia y protección de 2008, destinado a consolidar y actualizar toda la legislación en materia de inmigración y asilo. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Comité de Derechos Humanos expresaron su preocupación por ciertos aspectos del proyecto de ley, aunque aplaudieron la creación de un procedimiento único para revisar las solicitudes del estatuto de refugiado y la protección asociada. El Comité de Derechos Humanos afirmó que el proyecto de ley debía ser reformado para incorporar un procedimiento de apelación independiente con el que examinar todas las decisiones relacionadas con la inmigración, y expresó su preocupación por la «supuesta falta de independencia» del nuevo Tribunal de Examen de la Protección, creado en virtud del proyecto de ley para sustituir al Tribunal de Apelación de los Refugiados. El proyecto de ley permitía que un ministro del gobierno designara a los miembros del tribunal. En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las condiciones en los centros para solicitantes de asilo, que incluían hacinamiento y problemas de seguridad.
Los drásticos recortes previstos para 2009 en la financiación de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda y del Instituto de Igualdad anunciados en octubre amenazaban con impedir que estos organismos llevaran a cabo su trabajo. En julio, el Comité de Derechos Humanos había instado al gobierno a «reforzar la independencia y la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda […] dotándola de recursos adecuados y suficientes».
En abril, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa consideró preocupante que no se hubiera puesto en práctica la estrategia de salud mental aprobada en 2006. Motivo de especial preocupación eran los aproximadamente 3.000 niños y niñas que estaban en lista de espera para ser sometidos a una prueba de salud mental, y el hecho de que siguiera tratándose a menores de edad en centros para adultos. Seguridad y medidas antiterroristas En noviembre, el gobierno creó un Comité sobre Aspectos de los Derechos Humanos Internacionales que, entre otras tareas, debía revisar –y formular recomendaciones para reforzar– los poderes estatutarios de la policía y de las autoridades civiles en relación con el registro y la inspección de aeronaves presuntamente utilizadas para la práctica de entregas extraordinarias. Violencia contra mujeres y niñas En julio, el Comité de Derechos Humanos, en relación con la violencia intrafamiliar, expresó su preocupación por la impunidad todavía existente «a causa de las altas tasas de retiro de denuncias y las escasas condenas». Trata de personas En junio entró en vigor la Ley Penal (Trata de Personas) de 2008, que tipificaba el delito específico de la trata de personas. La Ley criminalizaba el uso de los servicios de las víctimas de trata, y eliminaba cualquier defensa basada en el consentimiento de la víctima en relación con esos delitos. El proyecto de ley de inmigración, residencia y protección de 2008, en caso de aprobarse, preveía un periodo de reflexión y recuperación de 45 días para las víctimas de trata. También preveía la concesión de un permiso de residencia temporal de seis meses, siempre y cuando la víctima cooperase en una investigación criminal.
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Nathaniel Waena Jefe del gobierno: Derek Sikua Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 507.000 Esperanza de vida: 63 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 72/71 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 76,6 por ciento
Durante los últimos diez años se había producido un rápido crecimiento de los asentamientos informales en Honiara, la capital, y en el extrarradio, debido fundamentalmente al aumento de la migración del campo a la ciudad, a la deficiente planificación urbanística –como la inexistencia de normativa que impidiese la construcción de edificios inseguros– y a la falta de legislación sobre seguridad de la tenencia. El gobierno no ofrecía atención a la salud, educación, agua potable ni sistemas de saneamiento suficientes a quienes vivían en los asentamientos informales, lo que dejaba a miles de personas sin acceso a servicios básicos. Tampoco proporcionó nuevas viviendas de bajo coste en Honiara para paliar el hacinamiento y abordar la falta de seguridad de la tenencia. En agosto, el ayuntamiento de Honiara reconoció que el aumento de asentamientos informales, con el consiguiente hacinamiento, era una de las principales causas de problemas de higiene y salud, como diarrea, disentería y anquilostomiasis, que se agravaban porque los habitantes de muchos asentamientos no tenían acceso a los servicios de atención a la salud. Violencia contra mujeres y niñas Continuaron aumentando los informes de violencia contra las mujeres. Según las conclusiones preliminares de un estudio promovido por el gobierno y realizado por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, organización regional intergubernamental, la violencia contra las mujeres era obra de su pareja en el 70 por ciento de los casos, lo cual suponía uno de los índices de violencia en la pareja más elevados del mundo. En noviembre, el primer ministro Derek Sikua respondió al estudio prometiendo que el gobierno haría todo lo posible para abordar de modo efectivo la violencia de género. Sin embargo, al finalizar el año no se habían dado a conocer planes pormenorizados sobre cómo pensaba el gobierno hacer frente a esta cuestión. Pena de muerte En diciembre, a pesar de que Islas Salomón era abolicionista para todos los delitos y de que el derecho a la vida se garantizaba en la Constitución, el gobierno votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Israel y los Territorios Palestinos Ocupados Estado de Israel Jefe del Estado: Simón Peres Jefe del gobierno: Ehud Olmert Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Población: 7 millones (Israel);
Esperanza de vida: 80,3 años (Israel); 72,9 años (Territorios Palestinos Ocupados) Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000 (Israel); 22/17 por cada 1.000 (Territorios Palestinos Ocupados) Población adulta alfabetizada: 97,1 por ciento (Israel); 92,4 por ciento (Territorios Palestinos Ocupados) El 27 de diciembre, las fuerzas israelíes lanzaron contra la Franja de Gaza una ofensiva militar de una magnitud sin precedentes, denominada «Operación Plomo Fundido», que se saldó con la muerte de numerosos civiles y la destrucción de viviendas y otros bienes de carácter civil. Tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados ya se había producido durante el año un acusado recrudecimiento de los homicidios de civiles y militares perpetrados por las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, hasta que, en junio, se acordó un alto el fuego (véase el apartado sobre la Autoridad Palestina). Entre las 425 víctimas palestinas que hubo en el primer semestre del año, alrededor de 70 eran niños y niñas. Además de la destrucción a gran escala de viviendas y otras propiedades en la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes también destruyeron decenas de viviendas palestinas en Cisjordania y en pueblos beduinos del sur de Israel. Durante todo el año, el ejército israelí mantuvo las estrictas restricciones impuestas a la libertad de circulación de la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados, incluido un bloqueo de la Franja de Gaza que causó una penuria humanitaria sin precedentes y mantuvo prácticamente encarceladas al millón y medio de personas que vivían allí. Esta situación empeoró aún más con la ofensiva que lanzó Israel el 27 de diciembre. Se impidió salir de Gaza a centenares de personas con problemas médicos graves y que necesitaban tratamiento no disponible en los hospitales locales; algunas murieron. Centenares de estudiantes que tenían que viajar a universidades extranjeras donde cursaban estudios no pudieron tampoco salir de Gaza, donde muchas materias no se impartían. La mayoría de la población del territorio dependía de la ayuda internacional, pero el bloqueo israelí mermaba la capacidad de los organismos de la ONU para prestar asistencia y servicios. En Cisjordania, la libertad de circulación de la población palestina estaba gravemente restringida por la existencia de unos 600 puestos de control y barreras israelíes y de la valla/muro de 700 km de longitud que el ejército israelí continuaba construyendo, en su mayor parte dentro de Cisjordania. La expansión de los asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas confiscadas se intensificó hasta límites sin precedentes desde 2001. Los soldados y los colonos israelíes que cometían graves abusos contra la población palestina, como homicidios ilegítimos, agresiones y ataques contra la propiedad, disfrutaban de impunidad en la mayoría de los casos. Las fuerzas israelíes detuvieron a centenares de palestinos; hubo frecuentes informes de tortura y otros malos tratos, pero era raro que se realizaran investigaciones. En las prisiones israelíes seguían recluidos alrededor de 8.000 palestinos, en muchos casos tras ser juzgados sin las debidas garantías por tribunales militares. Información general El primer ministro Ehud Olmert presentó su dimisión en septiembre a causa de una investigación policial sobre su presunta participación en casos de corrupción y fraude, pero continúo en el cargo en espera de la celebración de elecciones legislativas en febrero de 2009. Continuaron las conversaciones de paz entre el gobierno de Israel y la Autoridad Palestina, pero al final del año no se había alcanzado el acuerdo de paz que el presidente estadounidense George W. Bush se había comprometido a ayudar a negociar antes de que acabara 2008 ni se había hecho ningún otro avance concreto. Al contrario, al final del año la Franja de Gaza sufría un nivel de bombardeos israelíes sin precedentes –por aire, tierra y mar–. Además, las autoridades israelíes no cumplieron su promesa de reducir las restricciones impuestas a la libertad de circulación de la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados y retirar los asentamientos israelíes ilegales establecidos en los últimos años. Durante cuatro meses y medio se mantuvo un alto el fuego acordado en junio entre Israel y los grupos armados palestinos de Gaza, que se rompió al matar las fuerzas israelíes a seis combatientes palestinos en ataques aéreos y de otra índole el 4 de noviembre. Bloqueo de Gaza y otras restricciones causantes de penuria humanitaria La persistencia del bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza exacerbó la ya grave situación humanitaria, los problemas sanitarios y de salud, la pobreza y la malnutrición de su millón y medio de habitantes. La situación llegó al borde de la catástrofe humana con el inicio de la ofensiva israelí a finales de diciembre. Ya antes de que empezara, la economía local se había paralizado debido a la falta de importaciones y a una prohibición de las exportaciones. La escasez de productos de primera necesidad provocó alzas de precios como consecuencia de las cuales alrededor del 80 por ciento de la población acabó dependiendo de la ayuda internacional. La ONU y otras organizaciones humanitarias y de ayuda tuvieron que hacer frente a restricciones adicionales que redujeron su capacidad para prestar asistencia y servicios a la población de Gaza y aumentaron sus costes operativos. Los proyectos de reconstrucción emprendidos por la ONU para proporcionar viviendas a familias cuyos hogares habían sido destruidos por el ejército israelí en años anteriores se suspendieron por falta de materiales de construcción. Entre la población atrapada en Gaza por el bloqueo había personas gravemente enfermas que necesitaban recibir atención médica no disponible dentro del territorio, así como centenares de estudiantes y trabajadores que necesitaban viajar al extranjero para cursar sus estudios o reintegrarse a sus puestos de trabajo, pero las autoridades israelíes sólo concedían una cantidad relativamente pequeña de permisos de salida. Varias personas enfermas a las que se denegó el permiso murieron posteriormente. Mohammed Abu Amro, de 58 años y enfermo de cáncer, murió en octubre. Llevaba solicitando permiso para salir de Gaza desde marzo. Se lo habían denegado siempre por «razones de seguridad» no especificadas hasta que, una semana después de su muerte, se lo concedieron por fin. Karima Abu Dalal, de 34 años y con cinco hijos, aquejada de un linfoma de Hodgkin, murió en noviembre por falta de tratamiento. Las autoridades israelíes le habían denegado reiteradamente el permiso para viajar al hospital de Nablús, en Cisjordania, desde noviembre de 2007. En Cisjordania, unos 600 puestos de control y barreras militares israelíes restringían la libertad de circulación de la población palestina, obstaculizando su acceso a los lugares de trabajo, los centros educativos y de salud y otros servicios. El ejército israelí continuó con la construcción de una valla/muro de 700 km de largo, que discurría en su mayor parte dentro del territorio de Cisjordania y separaba a decenas de miles de agricultores palestinos de sus tierras, para acceder a las cuales tenían que solicitar permisos que a menudo les denegaban. También se negaba a la población palestina el acceso a extensas zonas de Cisjordania próximas a asentamientos israelíes establecidos y mantenidos en contra del derecho internacional, y se le prohibía o limitaba casi totalmente el acceso a más de 300 kilómetros de carreteras utilizadas por los colonos israelíes. En febrero se negó el paso en un puesto de control israelí a una mujer de 66 años, Fawziyah al-Dark, que tenía que ir a un hospital de Tulkarem por haber sufrido un ataque cardiaco. Murió poco después. En septiembre, los soldados israelíes se negaron a dejar pasar a Naheel Abu Rideh por el puesto de control de Huwara para que viajara a un hospital de Nablús, a pesar de que estaba de parto. La mujer dio a luz dentro del automóvil de su esposo en el puesto de control. El recién nacido murió. |