Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Decenas de miles de trabajadoras domésticas migrantes estaban expuestas a sufrir abusos psicológicos, físicos y económicos sin recibir ninguna o muy poca protección del Estado. Muchas trabajaban hasta 19 horas al día, no tenían días libres y no cobraban su salario o lo recibían incompleto. En numerosos casos vivían encarceladas, de hecho, en casa de las personas para las que trabajaban. Muchas recibían palizas a manos de sus empleadores y de los representantes de las agencias de contratación. En muy pocos casos se procesaba o se sancionaba de algún modo a los autores de tales abusos.

En julio, el Parlamento aprobó varias reformas de la Ley del Trabajo, gracias a las cuales las trabajadoras domésticas dejaron de estar explícitamente fuera de su ámbito de aplicación. Se iba a publicar un reglamento aparte para regular las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes.

 Una trabajadora doméstica indonesia de 22 años intentó suicidarse tras haber sido violada tres veces por el hijo de su empleador y agredida sexualmente por éste dos veces. Cuando la esposa del empleador lo descubrió, golpeó a la muchacha.

Jordania continuó acogiendo a nada menos que 500.000 refugiados iraquíes, casi todos los cuales habían huido de Irak tras la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. La mayoría de ellos no tenían ninguna condición legal, ya que no podían cumplir los estrictos criterios establecidos para conseguir el permiso de residencia y tener así legalmente derecho a trabajar. El acceso a Jordania para los iraquíes que necesitaran protección internacional seguía estando muy restringido, y en mayo el gobierno introdujo nuevos requisitos para la concesión de visados que les obligaban a obtenerlos en Irak antes de intentar entrar en Jordania.

Al menos 14 personas fueron condenadas a muerte, pero no hubo ninguna ejecución. Continuaron pendientes de su examen en el Parlamento unas reformas de la ley propuestas en 2006 que reducían el número de delitos penados con la muerte.

En diciembre, Jordania se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Jordania en marzo y en octubre.

 Aisladas y maltratadas: A las trabajadoras domésticas migrantes en Jordania se les niegan sus derechos (MDE 16/002/2008)

 Condenas benévolas para autores de «homicidios por motivos de honor»: un paso atrás para la protección de la mujer en Jordania (MDE 16/001/2008)

Jefe del Estado: Nursultan Nazarbaev

Jefe del gobierno: Karim Masimov

Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes

Población: 15,5 millones

Esperanza de vida: 65,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 33/23 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 99,5 por ciento

En enero Rakhat Aliev, un ex yerno del presidente Nursultan Nazarbaev que vivía en el exilio, fue condenado in absentia a 20 años de cárcel por cargos de secuestro, blanqueo de dinero, agresión y asesinato. En marzo, un tribunal militar declaró culpables a Rakhat Aliev y a 15 cómplices de conspirar para derrocar al presidente y de desvelar secretos de Estado; Rakhat Aliev recibió una pena adicional de 20 años de prisión. Rakhat Aliev afirmó que los cargos obedecían a motivos políticos.

Organizaciones nacionales e internacionales vigilaban los preparativos de las autoridades para asumir la presidencia rotatoria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 2010. La OSCE dio vía libre a finales de 2007 para que Kazajistán asumiera la presidencia de turno después de que el país se comprometiera a llevar a cabo reformas para cumplir las obligaciones contraídas con esta organización en materia de democratización y derechos humanos.

Tortura y otros malos tratos

En febrero, Kazajistán formuló la declaración prevista en la Convención contra la Tortura reconociendo la competencia del Comité para examinar las denuncias individuales que se presenten ante él. En junio, Kazajistán ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

En noviembre, el Comité contra la Tortura pidió al país que adoptara «un planteamiento de “tolerancia cero” respecto al persistente problema de la tortura». El Comité también instó a las autoridades a «implementar sin demora medidas efectivas para garantizar que ninguna persona es víctima de detención no reconocida y que todos los sospechosos detenidos disfrutan en la práctica de la totalidad de las salvaguardias legales fundamentales durante su detención».

Policía y fuerzas de seguridad

A pesar de las declaraciones de las autoridades, los actos de tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y se cometían con impunidad. Las palizas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley eran habituales, especialmente en los centros de detención preventiva, en la calle o durante el traslado a los centros de detención. Pocos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron procesados y condenados por tortura u otras violaciones de derechos humanos, a pesar de las decenas de personas que afirmaron que les habían infligido torturas bajo custodia para obligarlas a confesar. Los tribunales seguían aceptando las pruebas basadas en ese tipo de confesiones.

Según informes, el Servicio de Seguridad Nacional había lanzado operaciones antiterroristas contra colectivos vulnerables y grupos considerados como una amenaza para la seguridad nacional y regional, como los solicitantes de asilo de Uzbekistán y China y los miembros o presuntos miembros de grupos islámicos prohibidos o de partidos islamistas prohibidos.

 En febrero, un tribunal de Shimkent condenó a 14 hombres a largas penas de prisión –de hasta 19 años– por planear un ataque terrorista contra el departamento local del Servicio de Seguridad Nacional. La mayoría de los acusados habían permanecido recluidos en instalaciones de detención del Servicio de Seguridad Nacional con acceso muy limitado a abogados, familiares o asistencia médica. No se investigaron las denuncias según las cuales se habían obtenido confesiones mediante tortura y otros malos tratos. El juez admitió como prueba en el proceso información obtenida en estas confesiones presuntamente extraídas mediante tortura.

En agosto entró en vigor una ley que introducía la revisión judicial de la decisión de detener a una persona. Aunque positiva, esta medida todavía no permitía al detenido o a su representante recurrir la legalidad de su detención, tal y como exigen las normas internacionales.

Las autoridades continuaron cooperando con Uzbekistán, Rusia y China en aras de la seguridad regional y de la «guerra contra el terror», con actuaciones que no se ajustaban a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.

Los servicios de policía de inmigración de Kazajistán continuaron cooperando con sus homólogos uzbekos y proporcionándoles información sobre personas refugiadas y solicitantes de asilo. Después, las autoridades uzbekas presionaban a los familiares de estas personas en Uzbekistán, para conseguir que quienes habían huido del país en busca de protección volviesen voluntariamente. En algunos casos se llegó a pagar a los familiares el viaje a Kazajistán para que localizasen a los refugiados y los convenciesen de que debían regresar.

 En mayo, tres solicitantes de asilo uzbekos fueron detenidos por agentes de la policía de Kazajistán cuando salían de las oficinas del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en el centro de Almaty. Policías uzbekos y kazajos los interrogaron y los amenazaron con devolverlos a Uzbekistán. Sólo fueron liberados tras la intervención conjunta de representantes del ACNUR y de la Oficina Kazajo-Internacional para los Derechos Humanos.

En enero, el presidente Nazarbaev atacó a las minorías religiosas al mantener que constituían una amenaza para la seguridad y los valores nacionales. En su opinión, miles de misioneros y extremistas estaban amenazando el tejido de la sociedad. Aumentó el hostigamiento al que se veían sometidos grupos no tradicionales, como la comunidad Hare Krishna, los Testigos de Jehová y las Iglesias evangélica y protestante, a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente del Servicio de Seguridad Nacional.

En noviembre, el Parlamento aprobó precipitadamente un controvertido proyecto de ley sobre libertad de conciencia que, entre otras restricciones, prohibía todas las actividades religiosas no registradas y exigía a todas las comunidades religiosas registrarse nuevamente.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó Kazajistán en febrero.

 Central Asia: Summary of human rights concerns, March 2007-March 2008 (EUR 04/001/2008)

 Kazakstan: Summary of concerns on torture and ill-treatment. Briefing for the United Nations Committee against Torture (EUR 57/001/2008)

Jefe del Estado y del gobierno: Mwai Kibaki

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 38,6 millones

Esperanza de vida: 52,1 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 111/95 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 73,6 por ciento
El gobierno no implementó un plan para poner a disposición judicial a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante la violencia posterior a las elecciones, que remitió a principios de 2008, ni garantizó reparaciones a las víctimas. Funcionarios de seguridad del Estado siguieron torturando y matando con impunidad a personas detenidas. La violencia contra mujeres y niñas estaba muy generalizada. El gobierno no impuso una moratoria sobre los desalojos forzosos. Las instalaciones de salud pública presentaban deficiencias en cuanto a financiación, medios materiales y mantenimiento.

Información general

La violencia desatada después de las elecciones disminuyó tras la mediación política respaldada por la ONU y la Unión Africana que culminó en la firma, en febrero, de un acuerdo de reparto del poder entre los principales partidos, el Partido de la Unidad Nacional, del presidente Kibaki, y el Movimiento Democrático Naranja, liderado por Raila Odinga. Los partidos firmaron también un acuerdo que tenía como objetivo lograr «la paz, la estabilidad y la justicia sostenibles en Kenia por medio del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos». Otros acuerdos comprometían a las partes a llevar a cabo reformas constitucionales, agrarias, legales y electorales a corto y medio plazo.

El desempleo, la delincuencia y la pobreza estaban muy extendidos y millones de personas permanecían sumamente expuestas a sequías frecuentes.

Inseguridad: violencia después de las elecciones

Tras las controvertidas elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2007, más de 1.000 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia étnica por motivos políticos y de los homicidios policiales relacionados con ella. Se calculaba que más de 300.000 personas se habían visto desplazadas de sus hogares. Unas 12.000 pasaron a la vecina Uganda en calidad de refugiadas.

Además, miles de personas resultaron gravemente heridas. También se tuvo constancia de abusos como violencia sexual contra niñas y mujeres, incendio de viviendas y reasentamientos forzados generalizados.

Como resultado de la mediación política, se estableció una Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral con el mandato de investigar los hechos y el comportamiento de los organismos de seguridad del Estado y formular recomendaciones. En octubre, la Comisión presentó su informe al gobierno. Las recomendaciones de la Comisión abarcaban la responsabilidad penal individual de presuntos autores de actos de violencia, la reforma de la policía, la incorporación a la legislación nacional del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y reformas constitucionales. La recomendación fundamental de la Comisión afirmaba que el gobierno debía establecer un tribunal especial para investigar y procesar a los autores de los actos de violencia. La Comisión recomendó que, en el supuesto de que el gobierno no estableciera el tribunal, los casos se remitiesen a la Corte Penal Internacional para su investigación y la posible presentación de actas de acusación formal en relación con los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia posterior a las elecciones.

En noviembre el gobierno manifestó su apoyo a la implementación del informe y encomendó a un comité ministerial encabezado por el presidente y el primer ministro que formulara recomendaciones para la acción. En diciembre, el gobierno anunció que el comité redactaría un anteproyecto de ley mediante el cual se establecería un tribunal especial encargado de investigar y procesar a los presuntos perpetradores de la violencia posterior a las elecciones. Asimismo, el Parlamento aprobó la Ley sobre Crímenes Internacionales de 2008 mediante la cual se incorporaba el Estatuto de Roma a la legislación nacional. No obstante, al concluir 2008 el gobierno no había hecho público ningún plan de acción integral para implementar el informe ni había garantizado que se proporcionaría reparación a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Personas desplazadas internamente

En mayo, el gobierno puso en marcha la «Operación Rudi Nyumbani» («Operación Vuelta a Casa»), un programa de asistencia gubernamental para ayudar a más de 300.000 personas desplazadas por la violencia posterior a las elecciones a regresar a sus hogares. Aunque el gobierno afirmó con frecuencia que el programa era un éxito, el informe de una investigación que hizo público a finales de octubre la Comisión Keniana de Derechos Humanos, no gubernamental, reveló que la mayoría de las personas internamente desplazadas no habían regresado a sus lugares de origen. Seguían viviendo en tiendas de campaña en centenares de campos de tránsito para desplazados internos que surgieron cuando los principales campos de desplazados internos se cerraron tras la puesta en marcha del programa.

Grupos de la sociedad civil locales también documentaron denuncias de personas internamente desplazadas que afirmaban que el gobierno no las había consultado durante la fase de elaboración del programa. Hubo numerosas denuncias de retornos forzosos en varias zonas, que en algunos casos incluyeron el uso de la fuerza por personal de seguridad del gobierno. Muchas personas internamente desplazadas se quejaron de que no habían podido elegir libremente entre el retorno, el reasentamiento o la integración en el lugar de desplazamiento, ya que no todas estas opciones estaban realmente disponibles para ellas. En concreto, muchas de estas personas sostenían que las zonas donde residían antes de verse desplazadas seguían siendo inseguras. También se formularon denuncias relativas a asistencia humanitaria inadecuada y a la escasa cuantía de las ayudas monetarias concedidas para el retorno.

Miles de personas permanecían internamente desplazadas en la zona del monte Elgon, cerca de la frontera entre Kenia y Uganda, como consecuencia de enfrentamientos por las tierras.

Al término de 2008 no existía un marco legal para las personas desplazadas ni una estrategia nacional para abordar la cuestión del desplazamiento forzado en Kenia, un problema que existía desde hacía mucho tiempo. Ello a pesar de las recomendaciones en este sentido de una misión de investigación de la ONU y de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral.

Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación

En octubre, el Parlamento aprobó una ley por la que se establecía la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, en aplicación del acuerdo de mediación política firmado en marzo. El mandato de la Comisión abarcaría la investigación de las violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas por el Estado, grupos o individuos, entre el 12 de diciembre de 1963 y el 28 de febrero de 2008.

La ley reguladora de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación incluía algunas disposiciones que infringían el derecho internacional y las normas sobre mejores prácticas, como las que permitían a la Comisión recomendar la amnistía para delitos previstos en el derecho internacional como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. También contenía disposiciones que creaban obstáculos para el enjuiciamiento de los delitos contemplados en el derecho internacional. La ley no garantizaba un programa de protección integral de víctimas y testigos, ni aseguraba una amplia gama de reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Al terminar el año, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación no se había constituido.

Persistieron las denuncias de violaciones de derechos humanos, como actos de tortura y homicidios ilegítimos, cometidas por funcionarios de seguridad del Estado.

En marzo (después de que se formulasen denuncias de inercia gubernamental durante muchos meses), el gobierno lanzó una operación conjunta de la policía y el ejército denominada «Operación Okoa Maisha» («Operación Salvar la Vida») en la zona del monte Elgon, en el oeste de Kenia. La operación estaba dirigida contra los miembros de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot, una milicia armada a la que se culpaba de homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en la zona. Los medios de comunicación locales y organizaciones locales e internacionales documentaron casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía durante la operación, como detenciones arbitrarias e ilegítimas de cientos de civiles, reclusiones arbitrarias y tortura en campamentos militares y bajo custodia policial. Se recibieron informes de homicidios ilegítimos de decenas de personas a manos de personal militar y de casos de familias que denunciaban que parientes suyos habían desaparecido. El gobierno desmintió estos informes pero no garantizó una investigación independiente sobre las denuncias.

En noviembre, decenas de residentes del distrito de Mandera, en el norte de Kenia, denunciaron violaciones, tortura, palizas y uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad del gobierno que participaba en una operación conjunta de la policía y el ejército para frenar la entrada de armas ilegales desde el Cuerno de África. El gobierno negó estas denuncias pero al terminar el año no se habían iniciado investigaciones independientes e imparciales.

El gobierno no investigó denuncias de tortura y homicidios ilegítimos cometidos por la policía en 2007, incluida la muerte por disparos de cientos de personas en el curso de operaciones de seguridad contra miembros del grupo proscrito Mungiki.

Violencia contra mujeres y niñas

Mujeres y niñas siguieron siendo víctimas de violencia generalizada. Durante la violencia posterior a las elecciones y en el conflicto de la zona del monte Elgon, se cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas. Casi ninguno de los presuntos autores de actos de violencia de género, entre los que había policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fue puesto a disposición de la justicia.

Las instalaciones de salud pública seguían presentando deficiencias en cuanto a financiación, medios materiales y mantenimiento, lo que daba origen a una tasa elevada de mortalidad materna y otros problemas de salud en todo el país. Los efectos de la insuficiente financiación del sector de la salud eran especialmente visibles en las maternidades. La mayoría de las mujeres con bajos ingresos que utilizaban estos centros recibían una atención de la salud de baja calidad.

En julio de 2008, el gobierno anunció la formación de un Grupo de Trabajo sobre el Complejo del Bosque de Mau, con arreglo a su promesa de octubre de 2007 de que indemnizaría y reasentaría a miles de personas desalojadas por la fuerza de la zona en 2006. El Grupo de Trabajo debía ocuparse de la demarcación del complejo forestal, la identificación de los residentes del Bosque en posesión de documentos de propiedad y la indemnización y el reasentamiento de los residentes identificados. Al terminar el año, el Grupo de Trabajo no había concluido su labor.

En noviembre, cientos de familias que residían en asentamientos informales cerca del río Nairobi vivían bajo la amenaza de desalojo forzoso por parte del gobierno.

Al terminar 2008 el gobierno no había cumplido el compromiso contraído en 2006 de hacer públicas unas directrices nacionales sobre los desalojos. Tampoco impuso una moratoria sobre los desalojos forzosos hasta que las directrices estuvieran en vigor.

El gobierno no revocó su decisión de enero de 2007 de cerrar la frontera entre Kenia y Somalia. Sin embargo, debido a los combates en curso y a la importante intensificación del conflicto en Somalia, personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían cruzando la frontera para entrar en Kenia. Entre enero y septiembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había registrado a más de 38.000 nuevos refugiados y solicitantes de asilo. Sólo en octubre, según los informes, más de 8.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo cruzaron la frontera. Organismos humanitarios informaron sobre condiciones deficientes y en deterioro en los campos que albergaban a los nuevos refugiados y solicitantes de asilo y pidieron que aumentara la asistencia humanitaria del gobierno keniano y de la comunidad internacional.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que huían a Kenia hacían frente al hostigamiento del personal de seguridad keniano en la frontera; muchas de estas personas eran detenidas, golpeadas y obligadas a regresar a Somalia. Algunas tenían que pagar sobornos a funcionarios de seguridad (en parte como consecuencia de la decisión oficial de mantener el cierre oficial de la frontera) para poder acceder a Kenia.

Seguridad y medidas antiterroristas

Quedaron en libertad algunas de las más de 40 víctimas de traslados ilegales de Kenia a Somalia y Etiopía que estaban recluidas en régimen de incomunicación y en secreto en Etiopía al término de 2007. Entre los liberados figuraban al menos ocho ciudadanos kenianos, a pesar de que el gobierno keniano negó de forma persistente que hubiera nacionales de Kenia afectados por los traslados ilegítimos.

 Mohamed Abdulmalik, ciudadano keniano, fue detenido por la policía de Kenia en febrero de 2007 y trasladado ilegalmente a la custodia de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde se creía que estaba recluido al terminar 2008. No fue acusado formalmente de ningún delito, ni pudo ejercer el derecho que le reconocen las normas internacionales de impugnar la legalidad de su detención.

Al término de 2008 el gobierno no había emprendido acción alguna para responder a las peticiones de una investigación exhaustiva e independiente sobre la detención, reclusión y transferencia de estas personas, así como sobre el trato que habían recibido mientras estaban detenidas.