Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Tortura y otros malos tratos Según informes, la brutalidad policial y la tortura a personas detenidas por actos o protestas de motivación política, así como a presuntos delincuentes comunes, eran generalizadas y se cometían con impunidad. Los tribunales admitían como prueba, sin realizar investigaciones adecuadas o ninguna investigación en absoluto, confesiones obtenidas presuntamente con tortura u otras formas de coacción. Los métodos de tortura de los que se tuvieron informes incluían golpear a la víctima con palos, darle puñetazos y patadas, colgarla de las muñecas o los tobillos durante largos periodos, quemarla con cigarrillos, desnudarla, dejarla sin comer, negarle el acceso con prontitud a servicios médicos y amenazarla con someterla a abusos sexuales. Tawfiq al Masouri, condenado a muerte por el Tribunal Penal Especial en enero por un asesinato cometido cuando tenía 17 años, fue torturado por la policía, según informes, durante su reclusión en régimen de incomunicación a lo largo de tres meses en Saná. Dijo que había confesado a causa de la tortura y en un examen médico que se le realizó a instancias de su abogado se hallaron señales que sustentaban estas denuncias. Sin embargo, no se tuvo noticia de ninguna investigación realizada por las autoridades.
Se ejecutaron frecuentes condenas de flagelación impuestas por los tribunales por delitos de índole sexual y relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Homicidios ilegítimos Las fuerzas de seguridad mataron deliberadamente a manifestantes pacíficos o hicieron uso excesivo de la fuerza contra ellos, causando su muerte. No se tuvo noticia de que se llevaran a cabo investigaciones independientes, y no se llevó a nadie ante la justicia. Según informes, en mayo, unos soldados dejaron morir a Sheij Yahya Muhammad Hassan al Sawmali después de haberlo golpeado y de disparar contra él en Tor al Baha, localidad de la gobernación meridional de Lehj. Al parecer, estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los soldados. De acuerdo con los informes, se detuvo a varios soldados en relación con su muerte, pero al final de año no se había realizado ninguna investigación independiente ni se había llevado a juicio a los responsables.
El gobierno dijo que estaba elaborando una ley sobre refugiados, pero no dio ningún detalle. No estaba claro que el proyecto de ley fuera a ajustarse a las normas internacionales para la protección de los refugiados, que las autoridades seguían violando. Según informes, en agosto fueron devueltas a Arabia Saudí al menos ocho personas pese al temor de que allí fueran torturadas y ejecutadas. Yemen acogía a más de 40.000 refugiados somalíes, que habían sobrevivido al peligroso cruce del golfo de Adén, a diferencia de muchos otros que se creía que habían muerto ahogados o a manos de traficantes de personas. Unos 1.300 solicitantes de asilo, según cifras del gobierno, fueron devueltos a su país en contra de su voluntad. Entre las personas que corrían riesgo de devolución figuraba Mohamadain Abdel Hameed Haroun, ciudadano sudanés de la región de Darfur, que estaba expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos si regresaba a su país.
Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica y no recibían protección suficiente contra la violencia en el ámbito familiar y otras formas de violencia. Según informes, en abril el Parlamento aprobó reformas legales que favorecían a las mujeres en la seguridad social, la jubilación y las prestaciones por vacaciones. Sin embargo, el gobierno no se ocupó del problema, más general, de la discriminación contra las mujeres. En un informe paralelo enviado al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer antes de que examinara, en julio, el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Mujer por parte de Yemen, varias organizaciones yemeníes de defensa de los derechos de las mujeres pusieron de relieve la existencia de diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluidos abusos como el matrimonio de niñas de tan sólo ocho años. Concluyó la causa abierta contra dos agentes de policía por violar a Anissa al Shuaybi en 2002 cuando se hallaba detenida en el Departamento de Investigación Criminal de Saná. En abril, el Tribunal de Primera Instancia de Saná absolvió a uno de ellos, pero declaró culpable al otro y le impuso una pena de tres meses de prisión condicional. Asimismo, el Tribunal concedió a Anissa al Shuaybi una indemnización de un millón de riales yemeníes (unos 5.000 dólares estadounidenses). Posteriormente, el Tribunal de Apelación absolvió a los dos agentes de policía y confirmó la indemnización concedida a la mujer.
Se ejecutó al menos a 13 personas, y había centenares de condenados a muerte, entre ellos personas con discapacidad mental o de otras clases y personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Se condenó a personas con problemas de audición sin haberles proporcionado servicios de interpretación. Walid Haykal, condenado a muerte por un asesinato cometido cuando tenía 16 años, continuó recluido. Había agotado todas las posibilidades de apelación contra la condena, que estaba a la espera de ser ratificada por el presidente.
Un delegado de Amnistía Internacional visitó Yemen en enero para asistir a una conferencia sobre los ciudadanos yemeníes bajo custodia estadounidense en Guantánamo y los centros secretos de detención dirigidos por el gobierno de Estados Unidos. Yemen: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May 2009 (MDE 31/012/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Robert Mugabe Pena de muerte: retencionista Población: 13,5 millones Esperanza de vida: 40,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 100/86 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 89,4 por ciento
El 29 de marzo, el país celebró elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en un clima relativamente pacífico en comparación con elecciones anteriores. Los comicios se celebraron tras un año de conversaciones entre la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico y las dos facciones del Movimiento por el Cambio Democrático, bajo los auspicios de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral. En las elecciones de marzo, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico perdió la mayoría en el Parlamento por primera vez desde la independencia del país en 1980. En la primera ronda de las elecciones presidenciales, Morgan Tsvangirai, del Movimiento por el Cambio Democrático, obtuvo el 47,8 por ciento de los votos, Robert Mugabe, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, el 43,2 por ciento, y dos candidatos independientes menos del 10 por ciento entre los dos. Morgan Tsvangirai no se presentó a la segunda vuelta el 22 de junio, alegando como razón la violencia de que habían sido objeto sus partidarios. Sin embargo, la Comisión Electoral de Zimbabue determinó que la votación debía celebrarse el 27 de junio. Las elecciones de junio recibieron amplias críticas por parte de los observadores electorales independientes, tanto locales como regionales. Los esfuerzos de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral por lograr un acuerdo político entre el partido gobernante y las dos formaciones del Movimiento por el Cambio Democrático dieron como resultado un acuerdo político firmado en septiembre. Sin embargo, las negociaciones para establecer un gobierno de unidad se estancaron al no llegarse a un acuerdo sobre el nombramiento de los titulares de ministerios clave, como el Ministerio del Interior. Continuó el deterioro de la economía, lo que dificultaba cada vez más el acceso de la mayoría de las familias a los alimentos, la asistencia médica y la educación. La situación humanitaria se agravó tras una directiva gubernamental emitida en junio que ordenaba la suspensión de todas las operaciones de las ONG sobre el terreno. Además, las reservas de alimentos fueron objeto de pillaje para alimentar a las bandas de simpatizantes del partido gubernamental que establecieron campamentos en todo el país para poner en práctica la violenta campaña electoral del presidente Mugabe en vísperas de las elecciones del 27 de junio. La situación de la agricultura era extremadamente incierta debido a la grave escasez de semillas y fertilizantes cuando se acercaba la temporada de siembra y cultivo. Los trabajadores de la salud y de la enseñanza realizaron huelgas intermitentes en protesta por las malas condiciones de trabajo y el bajo nivel de los salarios. A consecuencia del inadecuado tratamiento del agua y de las deficiencias en el sistema de saneamiento, estalló un brote de cólera en todo el país que, al terminar el año, había provocado más de 800 muertes y había dado lugar a 16.000 casos registrados. En diciembre, Zimbabue votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Tras las elecciones de marzo se registró una oleada de violaciones de derechos humanos en la que murieron como mínimo 180 personas, y al menos 9.000 resultaron heridas por torturas, palizas y otros abusos perpetrados principalmente por las fuerzas de seguridad, veteranos de guerra y partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. También se recibieron informes de luchas internas en los partidos políticos y de represalias por parte de algunos partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático. Unas 28.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales y se dirigieron a las zonas urbanas en busca de refugio y asistencia médica. La policía no pudo o no quiso emprender acciones contra quienes instigaron y cometieron violaciones de derechos humanos contra presuntos votantes del Movimiento por el Cambio Democrático en las elecciones del 29 de marzo. El hecho de que las autoridades no llevasen ante la justicia a personas vinculadas a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico o a miembros de las fuerzas de seguridad propició que las violaciones se multiplicasen.
Decenas de activistas y simpatizantes del Movimiento por el Cambio Democrático murieron de forma violenta tras ser secuestrados por agentes de seguridad del Estado, veteranos de guerra y otros partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Otros murieron a consecuencia de las palizas que les infligieron agentes de las fuerzas de seguridad y partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Tonderai Ndira, activista del Movimiento por el Cambio Democrático, fue secuestrado en su casa en Mabvuku, Harare, el 14 de mayo. Unos nueve hombres armados vestidos de civil, al parecer agentes de seguridad del Estado, lo introdujeron a la fuerza en un camión Toyota blanco y se lo llevaron. Según los informes, una semana después se encontró en Goromonzi su cadáver descompuesto. Joshua Bakacheza, de la provincia de Mashonaland Oeste y chófer del Movimiento por el Cambio Democrático, y Tendai Chidziwo, activista del Movimiento por el Cambio Democrático, fueron secuestrados en Harare el 25 de junio por varios hombres armados que viajaban en tres camiones sin ningún tipo de distintivo. Ambos habían ayudado a la esposa de Tonderai Ndira a mudarse a otro barrio. Sus secuestradores los condujeron a una granja cerca de Beatrice, donde los torturaron antes de disparar contra ellos. El cadáver de Joshua Bakacheza apareció el 5 de julio. Tendai Chidziwo, que recibió un disparo en la cabeza, logró sobrevivir y permaneció en estado de coma alrededor de una semana. El 13 de mayo se descubrió en Goromonzi el cadáver de Beta Chokururama, activista del Movimiento por el Cambio Democrático. Varias personas, presuntamente agentes de seguridad del Estado, lo habían secuestrado ese mismo mes cuando se dirigía a Murewa. En abril había sido atacado por partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, que le rompieron ambas piernas.
Destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y familiares de algunos de ellos fueron secuestrados por grupos de hombres armados que supuestamente operaban por orden o con la aquiescencia de las autoridades de Zimbabue. Los secuestros se llevaron a cabo a plena luz del día y con total impunidad. La mayoría de las personas desaparecidas fueron localizadas en diversas comisarías de Harare hacia el 23 de diciembre de 2008, después de que sus secuestradores –miembros de las fuerzas de seguridad– las entregaran, según los informes, a la policía. Una vez localizadas, estas personas quedaron bajo custodia policial. La policía no detuvo a ninguno de los secuestradores. Algunos de los secuestrados fueron torturados por sus captores, que trataron de obligarlos a acusarse a sí mismos o a otros activistas de implicación en el reclutamiento de personas para adiestramiento militar en Botsuana o en atentados con explosivos en comisarías y en una vía ferroviaria. Todos los detenidos negaron los cargos. Al terminar el año, todos los detenidos continuaban bajo custodia, y las autoridades no habían acatado los mandamientos judiciales que ordenaban su liberación. La policía tampoco cumplió las órdenes de que se permitiera a los detenidos obtener tratamiento médico. Amnistía Internacional consideraba a todos estos detenidos posibles presos de conciencia. Catorce miembros del Movimiento por el Cambio Democrático y un bebé de dos años desaparecieron a finales de octubre y principios de noviembre, según informes, después de que la policía los detuviese en la provincia de Mashonaland Oeste y la localidad de Chitungwiza, cerca de Harare. Pese a las negativas policiales iniciales, los detenidos fueron encontrados en diversas comisarías de Harare hacia el 23 de diciembre. El 24 de diciembre comparecieron ante un tribunal y fueron acusados de reclutar a personas para que se sometieran a adiestramiento militar en Botsuana. El 3 de diciembre, Jestina Mukoko, directora del Proyecto Paz de Zimbabue, una organización de derechos humanos nacional, fue sacada a la fuerza de su domicilio en Norton, Harare, por un grupo de unos 12 hombres vestidos de civil, algunos de ellos armados con pistolas, que se identificaron como miembros de la Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue. La policía negó la detención, y Jestina Mukoko estuvo en paradero desconocido hasta el 23 de diciembre, cuando fue encontrada bajo custodia policial. El 24 de diciembre, Jestina Mukoko compareció ante un tribunal, acusada de reclutar a personas para que se sometieran a adiestramiento militar en Botsuana, pero ella negó dicho cargo. Al concluir el año, Jestina Mukoko permanecía bajo custodia. Amnistía Internacional la consideraba presa de conciencia. El 5 de diciembre, en torno a la medianoche, cuatro hombres no identificados vestidos de civil secuestraron en su domicilio de Rujeko, en Masvingo, a Zacharia Nkomo, hermano de Harrison Nkomo, un destacado abogado de derechos humanos que trabajaba en el caso de Jestina Mukoko. Los secuestradores viajaban en dos camiones Toyota de color verde y plateado. Zacharia Nkomo fue encontrado bajo custodia de la policía hacia el 23 de diciembre. Broderick Takawira y Pascal Gonzo, empleados del Proyecto Paz de Zimbabue, fueron secuestrados el 8 de diciembre en las oficinas de la organización en Harare. Sus secuestradores los entregaron a la policía alrededor del 23 de diciembre. Al concluir el año, ambos permanecían bajo custodia y Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia.
Tras las elecciones del 29 de marzo, se generalizaron los casos de tortura y otros malos tratos contra partidarios de la oposición en las provincias de Mashonaland, Midlands, Manicaland y Masvingo. En la mayoría de los distritos, veteranos de guerra, soldados y dirigentes locales de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico establecieron campos improvisados donde se torturaba. Para ello se utilizaron tiendas de campaña, descampados, aulas y domicilios de miembros de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico o de activistas del Movimiento por el Cambio Democrático desplazados. A la población local se la obligaba a acudir a estos lugares y a asistir a reuniones que duraban toda la noche. Los forzaban a presenciar cómo sus vecinos eran golpeados, y les advertían que, si el 27 de junio no votaban a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, correrían la misma suerte. Muchos partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático fueron obligados a denunciar al partido y a entregar todo el material que tuvieran sobre él, incluidas camisetas y documentos de afiliación. Decenas de partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático murieron a consecuencia de las palizas que recibieron en estos campos. A los jóvenes se les obligaba a asistir a las reuniones y a tomar parte en las palizas. El agente de policía Kingswell Muteta murió a consecuencia de los golpes que le propinaron partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico en el distrito de Mudzi el 17 de julio, después de haber visitado a la familia de su cuñado, presidente de la agrupación local del Movimiento por el Cambio Democrático que, según los informes, había muerto de una paliza que le propinaron partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico. Varios testigos afirmaron que Kingswell Muteta fue abordado por un grupo de jóvenes simpatizantes del partido gobernante, bajo la dirección de un policía de alta graduación. Los jóvenes se lo llevaron a un campo próximo a Kotwa y lo acusaron de haber ido a la casa de un «enemigo». Después, unos 20 jóvenes lo golpearon brutalmente. Tras la paliza presentaba principalmente lesiones de tejido blando en glúteos, tronco y extremidades inferiores. El 18 de julio fue conducido a un hospital y el 25 de julio murió a consecuencia de las heridas. Derechos económicos, sociales y culturales Durante todo el año continuaron violándose los derechos económicos, sociales y culturales por razones políticas, y se recibieron informes de violaciones del derecho a una alimentación adecuada en todo el país. El gobierno emprendió acciones deliberadas para impedir que presuntos simpatizantes de partidos de la oposición comprasen el maíz a precio subvencionado que vendía la Junta de Comercialización de Cereales. Asimismo, antes de las elecciones presidenciales del 27 de junio, bloqueó de hecho el acceso a una ayuda alimentaria imprescindible. El 4 de junio, el ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social dirigió un escrito a todas las ONG y organizaciones de voluntarios privadas anunciando la suspensión de todas las operaciones sobre el terreno de las organizaciones humanitarias. El ministro alegó que las organizaciones habían violado las condiciones establecidas para otorgarles el reconocimiento jurídico, pero no aportó más información. La suspensión agravó la inseguridad alimentaria en el país en un momento en el que había dos millones de personas que necesitaban desesperadamente alimentos. La prohibición también perturbó gravemente la prestación de servicios de salud como, por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales para pacientes con sida, los tratamientos para la tuberculosis y la medicación y asistencia para otras enfermedades crónicas. En junio, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó de que el resultado de esta suspensión era que más de 500.000 niños –muchos de ellos, huérfanos– no estaban recibiendo atención médica, tratamientos contra el VIH/sida, educación ni alimentos. La prohibición se levantó a finales de agosto.
La oleada de violencia patrocinada por el Estado tras las elecciones de marzo provocó el desplazamiento de al menos 28.000 personas. Las víctimas de la violencia se trasladaron a las zonas urbanas en busca de refugio y atención médica. La mayoría vieron cómo se destruían sus casas y se saqueaban o destruían sus reservas de alimentos como castigo por apoyar a partidos de la oposición. Las personas internamente desplazadas necesitaban desesperadamente alojamiento de emergencia, alimentos y asistencia médica. También necesitaban semillas y fertilizantes para producir la cosecha del año próximo. La mañana del 25 de abril, la policía de Harare asaltó las oficinas del Movimiento por el Cambio Democrático y detuvo a centenares de personas internamente desplazadas, entre ellas niños y niñas, que se habían cobijado allí. Unas 215 de esas personas fueron conducidas a la comisaría de Harare Central. Entre ellas había 35 menores de edad, el mayor de tan sólo 11 años. Quedaron en libertad cuando, el 28 de abril, el Movimiento por el Cambio Democrático obtuvo un mandamiento judicial del Tribunal Superior que ordenaba su liberación.
Las autoridades siguieron imponiendo restricciones a la libertad de expresión. Varios trabajadores de medios de comunicación extranjeros y nacionales fueron detenidos en el contexto de las elecciones. El 8 de mayo, la policía de Harare detuvo a Davison Maruziva, director del semanario de titularidad privada The Standard, en relación con la publicación de un artículo de opinión firmado por Arthur Mutambara, dirigente de una de las formaciones del Movimiento por el Cambio Democrático. Lo acusaron de «publicación de declaraciones falsas en perjuicio del Estado y desacato». El 20 de abril, The Standard había publicado un artículo en el que se criticaba una sentencia del Tribunal Superior en la que éste había denegado una petición del Movimiento para el Cambio Democrático consistente en obligar a la Comisión Electoral de Zimbabue a publicar los resultados que todavía no se conocían de las elecciones presidenciales del 29 de marzo. Arthur Mutambara fue detenido nuevamente por este artículo el 1 de junio.
Las personas que defendían los derechos humanos continuaban haciendo frente a restricciones ilegítimas al ejercicio de su labor. El 25 de abril, la policía efectuó un registro en las oficinas de la ONG Red de Apoyo Electoral de Zimbabue y se llevó archivos y documentos. El domicilio de Rindai Chipfunde-Vava, directora nacional de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue, también fue registrado. El 28 de abril, agentes de la Brigada de Orden Público de la policía interrogaron a Rindai Chipfunde-Vava y al presidente de la organización, Noel Kututwa, a los que ordenaron que se presentaran diariamente en la comisaría de policía de Harare Central entre el 28 y el 30 de abril. La policía también pidió a la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue que facilitase una lista de los 11.000 observadores locales que la ONG había desplegado durante las elecciones del 29 de marzo, así como los nombres de los miembros de la junta directiva de la organización e información sobre sus fuentes de financiación, incluidas cuentas bancarias. Lovemore Matombo, presidente del Congreso Sindical de Zimbabue, y Wellington Chibebe, secretario general de esa misma organización, fueron detenidos el 8 de mayo acusados de «publicar o transmitir declaraciones falsas en perjuicio del Estado» tras los discursos que pronunciaron durante las celebraciones del Primero de Mayo en Harare. El 12 de mayo comparecieron ante un magistrado que denegó la libertad bajo fianza y ordenó inicialmente su reclusión hasta el 23 de mayo en el Centro de Detención Preventiva de Harare Central. Sin embargo, ambos recurrieron la decisión, y el 19 de mayo un juez del Tribunal Superior de Zimbabue les concedió la libertad bajo fianza. El 28 de mayo, la policía de Harare detuvo a 14 miembros de la organización de activistas Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA, por sus siglas en inglés) durante una marcha pacífica a la embajada de Zambia para entregar una petición en la que se solicitaba a este país –entonces presidente de turno de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral– que contribuyese a poner fin a la violencia auspiciada por el Estado. Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, dirigentes de la organización, permanecieron 37 días recluidas en la Prisión de Mujeres de Chikurubi, mientras que las otras 12 personas permanecieron detenidas 17 días. Jenni Williams y Magodonga Mahlangu fueron detenidas de nuevo en Bulawayo el 16 de octubre, después de participar en una manifestación para llamar la atención sobre el sufrimiento de la población de Zimbabue. La policía disolvió la protesta pacífica y golpeó a los manifestantes. Las dos mujeres fueron detenidas junto a otras siete activistas de WOZA que fueron liberadas ese mismo día. Sin embargo, a Jenni Williams y Magodonga Mahlangu se les denegó la libertad bajo fianza; permanecieron tres semanas en la prisión de Mlondolozi hasta que el Tribunal Superior les concedió dicha fianza, y quedaron libres el 6 de noviembre. En Harare, el 27 de octubre la policía detuvo a 42 mujeres que participaban en una manifestación organizada por la Coalición de Mujeres de Zimbabue. La policía usó gas lacrimógeno y porras para disolver la protesta pacífica. Entre las personas detenidas se encontraba la coordinadora nacional de la organización, Netsai Mushonga. Las mujeres quedaron en libertad después de ser obligadas a pagar una multa y admitir su culpabilidad. La marcha había sido organizada para llamar la atención sobre el hambre en Zimbabue y sobre la incapacidad reiterada de los dirigentes regionales para encontrar una solución. El 11 de noviembre, la policía detuvo en Bulawayo, Gweru, Harare y Mutare a 29 miembros de la Asamblea Constitucional Nacional que habían participado en una manifestación para protestar por el empeoramiento de la situación humanitaria y para reclamar la necesidad de un gobierno de transición y de una nueva Constitución. El mismo día, el presidente de la Asamblea Constitucional Nacional, Lovemore Madhuku, permaneció cuatro horas detenido en la comisaría de Harare Central. En Mutare, Stewart Muzambi, Never Mujokochi, Louis Dzinokuzara, Trust Zamba, Cynthia Chizaza, Catherine Chanza y otras tres personas fueron conducidos a la comisaría de Mutare Central y, según los informes, sufrieron agresiones bajo custodia policial. La policía también hizo uso de fuerza excesiva para disolver las manifestaciones. A una de las ocho personas detenidas en la comisaría de Harare Central se le negó tratamiento médico para un corte en el cuero cabelludo. Algunos de los detenidos fueron liberados después de pagar una multa y admitir su culpabilidad, mientras que a las personas detenidas en Gweru se las acusó en virtud de la Ley de Orden Público y Seguridad. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Zimbabue en marzo y julio/agosto. Una visita programada para diciembre se limitó finalmente a Sudáfrica, tras los secuestros de prominentes defensores de los derechos humanos perpetrados por personas que operaban presuntamente por orden de las autoridades zimbabuenses o con su consentimiento. Zimbabwe: A trail of violence after the ballot (AFR 46/014/2008) Zimbabwe: Time for accountability (AFR 46/028/2008) |