Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
|
|  Yüklə 2.37 Mb.
|
Juicios injustos y pena de muerte Los tribunales continuaron imponiendo condenas de muerte a hombres, mujeres y personas menores de 18 años. El comité de reforma legal revisó la Ley del Menor de 2004 y la trasladó al gabinete de ministros para ser objeto de una revisión ulterior. La Ley enmendada redefinía al menor de edad como una persona que no había cumplido los 18 años y elevaba la edad de responsabilidad penal hasta los 18 años. Sin embargo, en espera de su promulgación, la Ley del Menor de 2004 siguió vigente, exponiendo a las personas menores de 18 años al riesgo de sufrir penas inhumanas y degradantes, como la pena de muerte, si habían mostrado «signos de madurez» física en el momento de cometer un delito. Tras el ataque armado lanzado por el Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán, el presidente del Tribunal Supremo estableció cinco tribunales especiales antiterroristas, en lo que supuso la primera aplicación de la Ley Antiterrorista promulgada en 2001. En un principio los tribunales especiales asumieron la competencia en las causas contra 37 hombres designados individualmente. Durante junio, julio y agosto más de 50 acusados comparecieron ante estos tribunales. Finalmente, un total de 109 personas se enfrentaban a procesos judiciales ante estos tribunales. Al concluir agosto, 50 hombres habían sido condenados a muerte por los tribunales especiales antiterroristas en juicios carentes de garantías. Los procesos incumplieron las normas internacionales de justicia procesal de formas diversas. A algunos acusados sólo se les permitió reunirse con sus abogados por vez primera durante el juicio y a otros se los declaró culpables sobre la base de confesiones extraídas mediante tortura. Varios abogados, principalmente miembros del Colegio de Abogados de Darfur, se organizaron en un comité de defensa y se ofrecieron voluntariamente a defender a muchas de las personas juzgadas ante los tribunales especiales. Además, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad de los tribunales antiterroristas. El recurso fue desestimado. Tras dictarse las condenas de muerte, los abogados recurrieron las sentencias y las penas. Al concluir el año el Tribunal Especial de Apelaciones no se había pronunciado sobre los recursos. El 22 de mayo, Al Tayeb Ali Ahmed Abdel Rahman fue ejecutado por orden del Tribunal Constitucional, sólo tres horas después de que su familia y sus abogados fuesen informados de que iba a tener lugar la ejecución. Al Tayeb había sido condenado a muerte por un Tribunal Especial en El Fasher el 27 de enero de 2004, tras un juicio carente de garantías en el que no contó con representación letrada. Pese a ello, el Tribunal Constitucional confirmó su condena de muerte. Ex miembro de la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Mini Minawi, había sido declarado culpable de participar en varios ataques perpetrados por el grupo, incluido uno contra el aeropuerto de El Fasher en 2003. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado horas antes de su ejecución. Mini Minawi, que había accedido al cargo de asesor presidencial, había pedido que Al Tayeb se beneficiase de la amnistía otorgada en virtud del Acuerdo de Paz de Darfur, pero su demanda no fue atendida. En diciembre, Sudán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Las restricciones impuestas por los servicios de seguridad a la prensa y a los periodistas fueron las más severas desde 2005, cuando se aprobó la Constitución Nacional Provisional como parte de la implementación del Acuerdo General de Paz, que incluía disposiciones para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. En febrero comenzó la reintroducción de medidas de censura contra periódicos de titularidad privada. Entonces, muchos periódicos locales habían informado sobre los vínculos entre el gobierno sudanés y los grupos de oposición chadianos que atacaron la capital de Chad, Yamena. En respuesta, representantes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad reanudaron la inspección diaria de las oficinas de los periódicos y de los lugares donde se imprimían. El ataque lanzado por el Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán en mayo provocó un nuevo endurecimiento de las restricciones a la prensa. El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad ejerció una presión generalizada sobre los periodistas. Mientras algunos fueron objeto de hostigamiento e intimidación, otros fueron detenidos y recluidos, especialmente después del ataque. Las medidas de censura que se restablecieron en febrero continuaban en vigor al concluir 2008. El 4 de noviembre, más de 100 periodistas ayunaron durante un día para protestar contra la represión de que era objeto la prensa y la violación continuada por parte del gobierno de la libertad de expresión. Tres periódicos no salieron a la calle durante tres días en solidaridad. En respuesta a la protesta, las autoridades los censuraron durante un día. Al Ghali Yahya Shegifat, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Darfur, fue detenido por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad tras el ataque de mayo contra Omdurmán. Al Ghali permaneció más de dos meses recluido en régimen de incomunicación y durante ese tiempo fue torturado continuamente. No se le permitió el acceso a un abogado ni a su familia y ésta ni siquiera fue informada de su paradero. No se lo acusó formalmente de ningún delito.
El 24 de noviembre, miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad detuvieron en Jartum a tres destacados defensores de los derechos humanos. Amir Suleiman, Abdel Monim Elgak y Osman Humeida fueron recluidos y sometidos a torturas antes de quedar en libertad. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. Informes y visitas de Amnistía Internacional Sudán: La población desplazada de Darfur. Una generación marcada por la ira (AFR 54/001/2008) Suecia Reino de Suecia Jefe del Estado: rey Carlos XVI Gustavo Jefe del gobierno: Fredrik Reinfeldt Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 9,2 millones Esperanza de vida: 80,5 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 4/4 por cada 1.000
Ahmed Agiza y Mohammed el Zari fueron indemnizados con alrededor de 3.160.000 coronas suecas (unos 390.000 dólares estadounidenses) por las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron durante su expulsión ilegítima de Suecia a Egipto en diciembre de 2001 y como consecuencia de ese hecho. Ambos fueron torturados cuando estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en Egipto. En Suecia no se les había permitido el acceso a un procedimiento justo y completo de determinación de casos de asilo, y se los expulsó sobre la base de unas «garantías diplomáticas» ofrecidas por las autoridades egipcias que carecían por completo de valor. Mohammed el Zari salió de la cárcel en Egipto en octubre de 2003 sin haber llegado a ser acusado de ningún delito. Ahmed Agiza continuó encarcelado en Egipto tras un juicio celebrado sin las debidas garantías ante un tribunal militar. El gobierno sueco no adoptó una decisión final sobre los recursos presentados por ambos hombres contra la decisión de denegarles el permiso de residencia en Suecia. En junio, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Suecia que investigara exhaustivamente los motivos de la expulsión de Mohammed el Zari y Ahmed Agiza y que, si procedía, llevara a los responsables ante la justicia. En junio, la Junta de Migración de Suecia desestimó la solicitud del permiso de residencia presentada por el refugiado Adel Hakim, liberado de la custodia estadounidense en Guantánamo en mayo de 2006. Adel Hakim, ciudadano chino perteneciente al grupo étnico uigur, fue trasladado junto con otros cuatro uigures desde Guantánamo hasta Albania, país que había aceptado dar protección a los hombres. Durante una visita a Suecia en 2007, Adel Hakim solicitó la residencia en el país, en parte porque su hermana vivía allí. La Junta de Migración rechazó su solicitud con el argumento de que ya tenía permiso de residencia en Albania. Adel Hakim continuaba en Suecia en espera del resultado de su recurso de apelación.
En junio, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que la detención de solicitantes de asilo previa a la expulsión fuera una práctica común, y lamentaba que no se hubiera impuesto «un plazo límite a la detención de los solicitantes de asilo». La mayoría de las solicitudes de asilo presentadas recientemente por iraquíes fueron desestimadas después de que la Junta de Migración y el Tribunal de Apelaciones de Migración resolvieron que no existía un conflicto armado interno en Irak. Anteriormente, la mayoría de los solicitantes de asilo de Irak habían recibido protección de alguna clase. En febrero, las autoridades de Suecia e Irak llegaron a un acuerdo sobre la devolución a Irak de personas cuya solicitud de asilo había sido rechazada. Con anterioridad a este acuerdo, las autoridades iraquíes sólo aceptaban a los nacionales iraquíes que estaban conformes con su devolución. Las autoridades suecas siguieron rechazando las solicitudes de asilo presentadas por eritreos, por lo que éstos corrían el riesgo de ser devueltos a Eritrea a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) había recomendado a todos los Estados no llevar a cabo devoluciones a Eritrea. Suecia devolvió al menos un ciudadano eritreo a Eritrea en abril. En octubre, el Comité contra la Tortura solicitó la suspensión temporal de la expulsión prevista de otra ciudadana eritrea para poder examinar si la mujer corría peligro de tortura si era devuelta a Eritrea. Violencia contra mujeres y niñas Se calculó que sólo el 12 por ciento de los casos de violación denunciados a la policía desembocaba en juicio. Los intentos de reforzar la protección brindada a las sobrevivientes de violación se veían obstaculizados por el hecho de que en los casos de violación no se emprendían investigaciones y análisis sistemáticos e independientes de las pesquisas realizadas o de las decisiones de iniciar juicio. En junio, el Comité contra la Tortura lamentó la ausencia de estadísticas nacionales sobre la violencia intrafamiliar y pidió a Suecia que incrementara los esfuerzos para impedir, combatir y castigar la violencia contra mujeres, niñas y niños, que incluía la violencia en el ámbito familiar y los delitos cometidos contra mujeres, niñas y niños en nombre del honor.
Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (EUR 01/003/2008) Suiza Confederación Helvética Jefe del Estado y del gobierno: Pascal Couchepin Población: 7,5 millones Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Esperanza de vida: 81,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000 Debido a una legislación insuficiente, no se brindó protección efectiva frente a la discriminación. Continuaron las denuncias de discriminación racial, incluidos malos tratos, a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Una legislación restrictiva vulneraba los derechos económicos, sociales y culturales de solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Racismo y discriminación El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial resaltó el problema persistente de la discriminación en Suiza, que incluía la ausencia de legislación nacional y cantonal apropiada que prohibiera tanto la discriminación como la aplicación de criterios raciales por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El Comité expresó asimismo su preocupación por la continuación de la discriminación de las comunidades romaní, sinti y yenish, especialmente en relación con la vivienda y la educación, y exhortó al establecimiento de una institución nacional de derechos humanos. También se hizo esta recomendación a Suiza durante su examen periódico universal por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; además, se pidió al gobierno suizo que adoptara más medidas contra el racismo y la discriminación. Policía y fuerzas de seguridad Continuaron las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial consideró motivo de preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular contra personas de raza negra. Tras las intervenciones de la policía en una manifestación celebrada en Basilea el 26 de enero, el departamento cantonal de seguridad puso en marcha una investigación independiente. En las conclusiones de la investigación se criticaba el hecho de que la policía no hubiera facilitado a los manifestantes detenidos información adecuada sobre los motivos de la detención; la ausencia de notificación a los familiares, incluidos los progenitores si los detenidos eran menores de edad; y las detenciones arbitrarias en masa. En Berna, el director general de la Policía nombró observadora a una representante del gobierno regional para vigilar las condiciones de reclusión de las personas detenidas durante otra intervención policial en una manifestación celebrada el 19 de enero. En su informe, la observadora planteó los mismos motivos de preocupación expresados en relación con los hechos de Basilea, y criticó que los manifestantes detenidos por la policía no tuvieran acceso a alimentos y agua.
Una legislación restrictiva seguía violando los derechos económicos, sociales y culturales de solicitantes de asilo y migrantes irregulares, muchos de los cuales vivían en una situación de pobreza extrema. Al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le preocupaba que esa legislación pudiera conculcar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Las personas cuya solicitud de asilo era rechazada quedaban excluidas del sistema de seguridad social, lo que generaba marginación e indigencia. El 18 de marzo, el Parlamento aprobó legislación que autorizaba el uso de armas de electrochoque y de perros policía durante la expulsión de personas extranjeras; esto podía contravenir las normas del Consejo de Europa sobre el uso proporcionado de la fuerza en esas operaciones.
La legislación aprobada en 2007 para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no se aplicó de manera apropiada en algunos cantones. No se impartió formación especializada suficiente a la policía ni se preparó a los jueces. En varios cantones, los centros de protección y asesoramiento no recibían suficientes fondos. Suiza firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos el 8 de septiembre.
Un abogado que actuaba en representación de tres hombres privados de libertad en el centro de detención estadounidense de Guantánamo presentó sendas solicitudes de asilo en Suiza. Las autoridades estadounidenses no habían formulado cargos contra ninguno de los tres hombres, que llevaban más de seis años recluidos en Guantánamo, y ya se había autorizado la puesta en libertad de dos de ellos. Se pensaba que los tres –un ciudadano de Libia, otro de Argelia y un hombre de etnia uigur procedente de China– corrían peligro de sufrir persecución si eran devueltos a sus países de origen. La Oficina Federal de Migración rechazó en noviembre las tres solicitudes, pero se presentaron recursos. Surinam República de Surinam Jefe del Estado y del gobierno: Runaldo Ronald Venetiaan Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 461.000 Esperanza de vida: 69,6 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 40/29 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 89,6 por ciento
En julio de 2008, Surinam se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Derecho a la tierra En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre una petición que le había hecho Surinam para que formulara una interpretación de una sentencia dictada en noviembre de 2007 sobre las concesiones mineras y madereras establecidas en tierras de la comunidad saramaka. La comunidad saramaka estaba formada por descendientes de esclavos africanos huidos que se asentaron en el interior de la selva tropical de Surinam en los siglos XVII y XVIII. En la sentencia de la Corte se establecía que «el Estado violó el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad». Al finalizar el año, Surinam no había cumplido el fallo de la Corte.
En la capital, Paramaribo, continuó el juicio contra 25 hombres, entre ellos 17 ex miembros de las fuerzas armadas, acusados de la ejecución extrajudicial de 13 civiles y 2 oficiales del ejército a quienes se había detenido en diciembre de 1982 como sospechosos de participar en la organización de un intento de golpe de Estado y que se encontraban recluidos en el cuartel de Fort Zeelandia, en Paramaribo. Poco después de producirse los hechos, uno de los acusados, el teniente coronel Désiré (Dési) Delano Bouterse, ex presidente del Consejo Militar Nacional que gobernó el país durante el régimen militar, declaró en televisión que los 15 detenidos habían sido abatidos cuando intentaban huir. Según los informes, sin embargo, las víctimas mostraban señales de tortura, como mandíbulas machacadas, dientes rotos y miembros fracturados, y múltiples heridas de bala en la cara, el pecho y el abdomen. Entre las víctimas figuraban periodistas, abogados, profesores universitarios, empresarios y un dirigente sindical. El juicio, iniciado en noviembre de 2007, se celebraba ante un tribunal militar, a pesar de que todos los delitos comunes cometidos por personal militar, incluidas las violaciones de derechos humanos y los crímenes tipificados en el derecho internacional, los debían juzgar tribunales civiles siguiendo los procedimientos penales ordinarios. Los cargos formulados contra los acusados no incluían el delito de tortura. Durante las vistas celebradas en julio y agosto, los abogados defensores cuestionaron la imparcialidad de los dos jueces, argumentando un conflicto de intereses. En noviembre, el tribunal desestimó la objeción respecto a uno de los magistrados. En diciembre se rechazó la recusación interpuesta contra la presidenta del tribunal militar, la juez Cynthia Valstein-Montnor.
Jefe del Estado: rey Bhumibol Adulyadej Jefe del gobierno: Abhisit Vejjajiva
Pena de muerte: retencionista Población: 64,3 millones Esperanza de vida: 69,6 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 17/13 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 92,6 por ciento Continuó la insurgencia en el sur, en donde seguían vigentes la Ley Marcial y un decreto de emergencia, y la cifra oficial de muertes desde enero de 2004 ascendió a 3.500. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de violaciones de derechos humanos, como tortura y detención y reclusión arbitrarias. Insurgentes armados también cometieron graves abusos, incluidos ataques deliberados contra la población civil. En Bangkok, la libertad de expresión y reunión se vio restringida por dos decretos de emergencia promulgados tras manifestaciones violentas, y aumentaron las restricciones impuestas a los medios de comunicación. Entró en vigor la Ley de Seguridad Interna, de aplicación amplia e imprecisa. El gobierno devolvió a varios grupos de solicitantes de asilo birmanos y laosianos de etnia hmong. Información general El Partido del Poder Popular, encabezado por el primer ministro Samak Sundaravej, formó una coalición de gobierno en enero. El partido y su dirigente se alineaban con el depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra, que se encontraba en el exilio. En mayo, manifestantes antigubernamentales encabezados por la Alianza Popular por la Democracia se echaron a la calle, y en agosto ocuparon por la fuerza la sede del gobierno y la oficina del primer ministro. En septiembre, Samak Sundaravej fue obligado a presentar su dimisión, cuando el Tribunal Constitucional falló que había incurrido en un conflicto de intereses. En diversas ocasiones se produjeron incidentes violentos entre la Alianza Popular por la Democracia, manifestantes partidarios del gobierno y agentes de policía, en los que varias personas murieron y cientos resultaron heridas. En septiembre se convirtió en primer ministro Somchai Wongsawat –cuñado del ex primer ministro Thaksin Shinawatra–, lo que dio lugar a más manifestaciones e incidentes violentos, en los que se produjeron varias muertes. A finales de noviembre, la Alianza Popular por la Democracia ocupó los dos aeropuertos internacionales de Bangkok. A principios de diciembre, Somchai Wongsawat fue obligado a dimitir, tras fallar el Tribunal Constitucional que su partido había violado la ley electoral. Abhisit Vejjajiva, dirigente del Partido Demócrata en la oposición, fue nombrado primer ministro en diciembre. Abusos de grupos armados En enero, al menos 44 personas resultaron heridas por la explosión de una bomba colocada por insurgentes en un mercado de la provincia de Yala. En marzo, dos personas murieron en un atentado con vehículo bomba perpetrado por insurgentes en el hotel CS Pattani, en la provincia de Pattani, considerado uno de los hoteles más seguros del sur. En marzo y abril, 15 niños y niñas resultaron heridos por explosiones de bombas en la provincia de Yala. Un niño de tres años y su padre murieron abatidos por disparos de insurgentes en Yala, y una niña de nueve años, su hermano pequeño y su padre murieron de la misma forma en Narathiwat. En septiembre, un cargo público de Pattani murió abatido por disparos de insurgentes, que posteriormente lo decapitaron; otras 40 personas habían sido decapitadas desde enero de 2004. En noviembre, más de 75 personas resultaron heridas al explotar en Narathiwat dos bombas en el mismo día. |