Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Violencia contra mujeres y niñas De acuerdo con los informes, siguió registrándose un elevado índice de violencia contra las mujeres. Según estadísticas de la policía, en los 12 meses anteriores a marzo de 2008 las denuncias de violación habían disminuido un 8,8 por ciento. En junio, el ministro de Seguridad señaló en el Parlamento que el número de denuncias no reflejaba la auténtica magnitud del problema, pues muchas violaciones no se denunciaban por la consiguiente estigmatización de la víctima o las presiones de los responsables. En los nueve meses anteriores a marzo de 2008 se habían denunciado 20.282 violaciones de mujeres, 16.068 violaciones de menores de 18 años y 6.127 casos de abusos deshonestos. Durante este periodo, según datos de la policía, sólo alrededor de un 8 por ciento de las causas por violación se habían saldado con una condena. A partir de mayo empezaron a aplicarse las normas derivadas de la nueva Ley sobre Delitos Sexuales, pero la formación impartida a la policía y al personal de la salud seguía siendo insuficiente. Pese a las normas, algunos profesionales de la salud y agentes de policía ponían en peligro la salud de las supervivientes de violación al insistir en que tenían que presentar primero una querella para poder tener acceso a tratamientos de urgencia –como fármacos profilácticos contra posibles enfermedades contagiosas– con el fin de reducir el riesgo de transmisión del VIH. En agosto, el director interino de la Policía indicó en el Parlamento que entre junio y diciembre de 2007 la policía había documentado 50.497 incidentes de violencia intrafamiliar. Sólo un 25 por ciento de los casos dieron lugar a causas penales, pues las víctimas eran reacias a mantener los cargos al depender económicamente de los maltratadores. La falta de compromiso político, las insuficiencias presupuestarias, la formación inadecuada de la policía y de los funcionarios de los servicios sociales provinciales y las deficiencias de los sistemas de remisión de casos continuaban obstaculizando el acceso de las mujeres a recursos jurídicos y mecanismos de protección. En julio, la policía señaló a Amnistía Internacional que, en tres provincias, los jefes de comisaría habían recibido formación especializada junto con los nuevos miembros del cuerpo. En agosto, sin embargo, el director interino de la Policía afirmó que los agentes que no contaban con la formación adecuada estaban mermando la eficacia de los pocos que sí la tenían. Según la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, muchas comisarías seguían sin disponer de los archivos requeridos en la Ley sobre Violencia Doméstica y en ocasiones no ayudaban a las mujeres en la apertura de causas ni en la ejecución de órdenes de detención. Según funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los refugios para víctimas de violencia intrafamiliar pasaron de 39 a principios de la década del año 2000 a casi 100 en julio de 2008. En agostó se fundó el Movimiento Nacional de Refugios con el fin de abordar las deficiencias de los servicios destinados a las supervivientes. Persistían graves problemas, sobre todo en lo tocante a las mujeres con hijos en las zonas rurales. En octubre, un tribunal calificó de «arbitrario e ilegítimo» el despido efectivo ordenado en 2001 por el departamento de salud de Mpumalanga de un médico que había facilitado fármacos profilácticos a supervivientes de violación. Organizaciones de apoyo siguieron denunciando las deficiencias y prejuicios de la actuación policial en los casos de violación de mujeres lesbianas. En diciembre, Sudáfrica no firmó la declaración de la Asamblea General de la ONU sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.
Se calculaba que en torno a 5,7 millones de personas vivían con el VIH. El Ministerio de Salud indicó en julio que medio millón de pacientes de sida estaban recibiendo tratamiento antirretroviral en 409 centros autorizados. En octubre, según la nueva ministra de Salud, la cifra se elevaba a 550.000. Sin embargo, muchas personas que lo necesitaban seguían sin recibirlo. En el informe de actualización presentado por el gobierno en junio con ocasión del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA se reconocía que el 58 por ciento de las personas que requerían tratamiento antirretroviral desde un punto de vista clínico no lo estaban recibiendo. Esta situación se veía agravada por la gran escasez de personal existente en el sector público, los problemas en el suministro de medicamentos, el lento avance en la descentralización de los servicios destinados a las comunidades rurales pobres, la discriminación por motivos de género y la falta de liderazgo político de las autoridades. Sin embargo, en algunas provincias, como KwaZulu Natal y el Estado Libre, aumentó el número de servicios descentralizados accesibles a los pacientes que no estaban en condiciones de pagar gastos de transporte. En febrero, tras una prolongada demora, el Ministerio de Salud hizo públicas por fin las directrices revisadas sobre el uso de terapia dual para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. La aplicación de este tratamiento a mujeres embarazadas seropositivas oscilaba desde algo más del 50 por ciento en la provincia de Cabo Oriental hasta el 99 por ciento en la de Cabo Occidental, donde se proporcionaba terapia dual desde 2004 y donde el porcentaje de transmisión se había reducido al 3 por ciento. También en febrero, un médico de un hospital de KwaZulu Natal fue objeto de medidas disciplinarias por haber aplicado la terapia dual antes de ser ésta autorizada oficialmente. En julio, el director general del Ministerio de Salud criticó públicamente al vicepresidente del Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica, representante de la sociedad civil en este organismo, por defender un enfoque basado en derechos frente a la creciente epidemia de tuberculosis y coinfección por VIH y la aparición de formas de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos. Organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para que se mejorara el acceso a los subsidios de ayuda de las personas pobres con VIH y tuberculosis, incluidas las afectadas por formas de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos hospitalizadas en centros especializados en condiciones de aislamiento. En agosto, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un aumento de las ayudas sociales. El Ministerio de Transporte empezó a aplicar también un plan de transporte público rural con el fin de mejorar el acceso a los servicios de salud. A partir de octubre, el fortalecimiento del liderazgo político en materia de lucha contra el sida y el aumento de la cooperación con la sociedad civil bajo la nueva ministra de Salud empezaron a tener también algunos efectos positivos en la eliminación de los obstáculos del derecho a la salud. Torturas y otros malos tratos Siguieron recibiéndose informes de torturas y otros malos tratos por parte de agentes de policía, guardias de prisiones y guardias de seguridad privados que acarrearon en ocasiones la muerte de personas detenidas. Entre los métodos confirmados figuraban la aplicación de descargas eléctricas, torturas mediante asfixia y agresiones prolongadas con porras, puños y botas. En varios casos, guardias de prisiones y policías responsables de interrogatorios intentaron ocultar pruebas sobre la causa de las muertes. En ocasiones se negó asistencia médica de urgencia a presuntos delincuentes heridos por grupos parapoliciales mientras permanecían bajo custodia policial, lo que provocó la muerte de un detenido en diciembre. En octubre, agentes de policía agredieron a S.N., coacusado de un robo, cuando se presentó en una comisaría para cumplir las condiciones de libertad bajo fianza que le habían impuesto. Tras empujarlo contra una pared, le propinaron puñetazos, bofetadas y patadas mientras permanecía inmovilizado con esposas y grilletes. Luego lo amenazaron con pegarle un tiro si presentaba una denuncia. Un examen médico reveló lesiones que concordaban con lo expuesto por la víctima. Agentes de policía infligieron malos tratos a tres solicitantes de asilo zimbabuenses en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Musina. Tras esposarlos, los obligaron a revolcarse en un suelo encharcado de orina mientras les propinaban patadas y golpes con unas mangueras. Cuando las víctimas trataron de obtener reparación, fueron acusadas formalmente de daños intencionados contra la propiedad. La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó de que entre abril de 2007 y marzo de 2008 había recibido 20 denuncias de torturas y 739 denuncias de agresiones con el propósito de causar lesiones graves. Durante ese mismo periodo de 12 meses había recibido 302 nuevas denuncias de muertes bajo custodia y 490 denuncias de presuntos delincuentes muertos como consecuencia de disparos efectuados por la policía durante sus investigaciones, un 87 por ciento más que el año anterior. En el Parlamento se puso de relieve la persistente falta de recursos y atribuciones de este organismo. Un estudio efectuado por una ONG reveló que la policía sólo había puesto en práctica la mitad de sus recomendaciones. En abril, el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló dos declaraciones de culpabilidad y dos condenas por robo contra Bongani MthembuI alegando que se habían basado en pruebas obtenidas mediante la tortura de un testigo. En julio, el gobierno hizo pública la revisión de un proyecto de ley para combatir la tortura tras las numerosas críticas suscitadas por una versión anterior elaborada en 2006 y la preocupación expresada por una comisión parlamentaria en junio sobre la falta de voluntad política del gobierno para aplicar obligaciones contenidas en tratados internacionales. Sin embargo, la nueva versión seguía adoleciendo de graves defectos, como no explicitar con claridad la prohibición absoluta de la tortura.
En diciembre, el Tribunal Superior de Pretoria declaró inconstitucional, ilegal e inválida la Normativa Nacional sobre Procesamientos promulgada en 2005 para enjuiciar delitos «derivados de conflictos del pasado». El origen de esta resolución había sido una causa interpuesta por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en la década de 1980. El Tribunal aceptó que la normativa concedería de hecho inmunidad judicial a personas que no habían colaborado con la Comisión de la Verdad y Reconciliación o a quienes ésta se había negado a amnistiar, aun en el caso de existir pruebas muy sólidas contra ellas. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Sudáfrica en marzo, en junio y julio y en agosto y septiembre. South Africa: «I am at the lowest end of all». Rural women living with HIV face human rights abuses in South Africa (AFR 53/001/2008) Sudáfrica: Amnistía Internacional pide al gobierno que proteja a quienes puedan ser objeto de agresiones «xenófobas» (AFR 53/007/2008) South Africa: Fear that closure of camps will result in human rights violations (AFR 53/010/2008) South Africa: «Talk for us please». Limited Options Facing Individuals Displaced by Xenophobic Violence (AFR 53/012/2008) Sudáfrica: Las sobrevivientes siguen en peligro (AFR 53/015/2008) Sudáfrica: Sin transporte no hay tratamiento (AFR 53/016/2008) Sudáfrica: No hay refugio (AFR 53/017/2008) Oral statement on the outcome on South Africa under the Universal Periodic Review (IOR 41/024/2008) Sudáfrica: Las mujeres del medio rural, perdedoras en la respuesta ante el VIH (18 de marzo de 2008) Sudáfrica: Las personas desplazadas no deben ser trasladadas forzosamente de los campos temporales (23 de julio de 2008) Sudán República de Sudán Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hasán Ahmed al Bashir Pena de muerte: retencionista Población: 39,4 millones Esperanza de vida: 57,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 110/96 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 60,9 por ciento
En enero comenzó el despliegue de las fuerzas de la Operación Híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (UNAMID), pero al concluir el año sólo habían llegado al país la mitad de los 26.000 efectivos de mantenimiento de la paz prometidos. Además, la fuerza no estaba equipada suficientemente. En abril se realizó el primer censo después de más de 20 años. El censo, uno de los pilares del Acuerdo General de Paz que había puesto fin al conflicto que durante decenios se desarrolló en Sudán del Sur, y una medida esencial para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur en 2011, suscitó una gran controversia, ya que no permitía la representación de todas las comunidades sudanesas, entre ellas la de Darfur y la de Sudán del Sur. El 10 de mayo, un grupo armado de oposición con base en Darfur, el Movimiento Justicia e Igualdad, llevó el conflicto de Darfur a Jartum al lanzar un ataque sobre Omdurmán, ciudad hermana de la capital. El ataque fue repelido por las fuerzas sudanesas. En junio, Djibril Yipènè Bassolé fue nombrado nuevo mediador principal conjunto de la Unión Africana y la ONU, en sustitución de los enviados especiales para Darfur de la Unión Africana y de la ONU, Salim Ahmed Salim y Jan Eliasson. En julio, el gobierno adoptó una nueva ley electoral. También anunció que las próximas elecciones presidenciales tendrían lugar en julio de 2009, otro paso importante hacia el referéndum de 2011. El Parlamento sudanés debatió el anteproyecto de una nueva ley penal que incluía delitos de derecho internacional, pero al concluir 2008 la ley no había sido promulgada. A finales de octubre, el presidente y el partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional, convocaron una reunión destinada a buscar una solución al conflicto de Darfur. La Iniciativa del Pueblo de Sudán, como se la denominó, generó una gran controversia y fue boicoteada por 13 grupos de oposición. Sus resultados debían allanar el camino para las negociaciones de paz en Doha, propuestas por Qatar. Al concluir 2008 continuaban las negociaciones para persuadir a los principales grupos armados de oposición, como el Movimiento Justicia e Igualdad, de que tomaran parte en ella. Justicia internacional El 14 de julio, el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo presentó una petición a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que emitiera una orden de detención contra el presidente Omar al Bashir. En la petición se incluían 10 cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio presuntamente cometidos por «órdenes directas» del presidente Omar al Bashir. El anuncio de la petición coincidió con un ataque contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMID, que las puso en estado de alerta y causó el traslado temporal de personal no esencial de la ONU y de las ONG que operaban en Darfur. La petición hizo que varios Estados de la Unión Africana, de la Liga de los Estados Árabes y de la Organización de la Conferencia Islámica reaccionaran solicitando el aplazamiento de la causa en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre, el gobierno anunció que había detenido a Ali Kushayb, ex dirigente de las milicias yanyawid –contra el que la Corte Penal Internacional había dictado orden de detención en 2007–, para ser enjuiciado ante un tribunal especial en El Geneina, en Darfur Occidental. A pesar de que se anunció que el juicio contra Ali Kushayb comenzaría en octubre, al concluir el año la causa no había comenzado. Se recibieron informes sin confirmar que indicaban que el detenido seguía viajando con libertad entre los estados de Darfur. Ahmed Haroun, contra el que la Corte Penal Internacional también había dictado orden de detención en 2007, siguió ocupando el cargo de ministro de Estado para Asuntos Humanitarios. El 20 de noviembre, el fiscal pidió que se emitiesen órdenes de detención contra tres jefes de grupos armados de oposición que operaban en Darfur. El fiscal no hizo públicos sus nombres. Se los acusó de crímenes de guerra en relación con un ataque contra la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) en diciembre de 2007, en el que perdieron la vida 12 integrantes de la fuerza de mantenimiento de la paz.
El conflicto que se libraba en Darfur se intensificó con un incremento en los ataques y violaciones del derecho internacional humanitario por todas las partes enfrentadas. Los ataques contra pueblos aumentaron significativamente, causando el desplazamiento de entre 270.000 y 300.000 personas durante el año. Siguieron produciéndose violaciones de derechos humanos generalizadas a pesar del despliegue de la UNAMID. El contingente de las fuerzas de la UNAMID era insuficiente y su equipamiento militar inadecuado. Con una dotación total de personal uniformado de 11.415 efectivos, apoyados por 721 funcionarios civiles de contratación internacional, 1.393 funcionarios civiles de contratación nacional y 246 voluntarios de la ONU a 31 de octubre, la UNAMID no era capaz de cumplir con eficacia su mandato en Darfur. La falta de helicópteros de ataque y de unidades de transporte pesado mermó su capacidad para proteger a los civiles y a sus propios efectivos. A lo largo del año, 17 miembros de la fuerza resultaron muertos en distintos ataques. La UNAMID no pudo intervenir en varias ocasiones en las que se estaba atacando a civiles de Darfur. Los ataques a convoyes de ayuda humanitaria se multiplicaron en 2008, lo que redujo a la mitad el suministro de ayuda a Darfur del Programa Mundial de Alimentos. Entre enero y octubre, 11 miembros del personal humanitario perdieron la vida. Este acusado incremento de los ataques contra trabajadores de ayuda humanitaria, junto al secuestro de vehículos y de personas, limitaba la capacidad de acción de las agencias de ayuda humanitaria y de las ONG y su acceso a las comunidades más vulnerables de Darfur. En enero, las Fuerzas Armadas Sudanesas intentaron recuperar el control del corredor septentrional de Darfur Occidental, en manos del Movimiento Justicia e Igualdad. En el curso de la operación se atacaron las poblaciones de Abu Suruj, Saraf Jidad, Silea y Sirba, en Darfur Occidental. El ejército, apoyado por las milicias yanyawid, utilizó bombardeos aéreos para apoyar sus ofensivas terrestres. Toda la región permaneció inaccesible a las organizaciones humanitarias y a la ONU desde mediados de diciembre de 2007 hasta marzo de 2008. Los ataques causaron el desplazamiento de unas 30.000 personas, muchas de ellas a zonas de difícil acceso para las agencias de ayuda humanitaria. Los ataques fueron indiscriminados, y las fuerzas y los servicios de seguridad del gobierno saquearon e incendiaron pueblos a su paso. Los daños a las propiedades civiles fueron generalizados y al menos 115 civiles resultaron muertos en los ataques. En Sirba se denunciaron violaciones ocurridas durante y después de los ataques. El 25 de agosto, fuerzas del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad intentaron entrar en el campo de Kalma, en el sur de Darfur, en busca de drogas y armas ilegales. Con una población de 90.000 habitantes, era el mayor campo para personas desplazadas internas de Darfur. Cuando sus habitantes se negaron a permitir la entrada de las fuerzas del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, éstas lo rodearon, abrieron fuego y, según los informes, bombardearon el campo. Se impidió la entrada y la salida de personas, incluso de heridos y miembros del personal de las agencias humanitarias. Más de 47 civiles perdieron la vida. La UNAMID no intervino.
Continuaron registrándose actos de violencia de género, entre ellos violación y otras formas de violencia sexual. El gobierno siguió imponiendo restricciones a las actividades de un gran número de ONG internacionales que trabajaban para poner fin a la violencia contra las mujeres. Según los informes, aumentó el grado de interferencia de la Comisión de Ayuda Humanitaria, organismo gubernamental encargado de supervisar y coordinar el trabajo humanitario en Darfur. Amnistía Internacional también recibió informes dignos de crédito según los cuales a lo largo del año el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad acosó a trabajadores de organizaciones que se oponían a la violencia sexual basada en el género. En un intento desesperado de alejarlos del conflicto, los hombres seguían enviando a sus esposas, hijos e hijas a la capital, donde terminaban viviendo en campos para desplazados internos alrededor de la ciudad, a menudo en medio de una pobreza extrema. Abyei, Sudán del Sur La implementación del Acuerdo General de Paz se vio dificultada por los problemas entre el partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional, y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Los desacuerdos se produjeron en temas como la demarcación de la frontera norte-sur, el censo y el retorno de personas originarias del sur desde Jartum a Sudán del Sur. En los meses previos a mayo, las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur y las Fuerzas Armadas Sudanesas concentraron tropas alrededor de Abyei, localidad situada en una región rica en petróleo, en la frontera entre el norte y el sur. En mayo, ambas fuerzas se enfrentaron provocando el desplazamiento de más de 50.000 personas y la destrucción total de la ciudad. El 8 de junio, el Partido del Congreso Nacional y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán firmaron la Guía para el Regreso de los Desplazados Internos y la Aplicación del Protocolo de Abyei, acuerdo con el que se pretendía resolver la crisis de Abyei.
El ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán el 10 de mayo, que fue repelido por las fuerzas gubernamentales, causó más de 220 muertes, según las autoridades. Tras el ataque, las fuerzas del gobierno rastrearon Omdurmán, deteniendo a todas las personas –hombres, mujeres, niños o niñas– con aspecto de ser originarias de Darfur, a personas sospechosas de apoyar a los grupos de oposición y, especialmente, a personas de etnia zaghawa. Cientos de civiles fueron detenidos y se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales, así como de tortura y otras formas de malos tratos. Muchas personas fueron recluidas en régimen de incomunicación en lugares de detención no oficiales. La víctima más joven de ese tipo de detención fue un niño de nueve meses que permaneció recluido con su madre en un centro de detención subterráneo durante dos meses. Al menos un hombre falleció a consecuencia de los malos tratos que le infligieron bajo custodia en las dos semanas posteriores a las detenciones. Tras el ataque, el gobierno anunció en una emisora de televisión nacional que más de 80 niños que habían sido detenidos durante la operación de seguridad en Omdurmán permanecían internados en un centro de rehabilitación social. El gobierno afirmó que los niños –algunos de tan sólo 11 años de edad– vestían uniformes militares y portaban armas cuando fueron aprehendidos. Según los informes, los niños sufrieron malos tratos durante los primeros días de reclusión, aunque se les permitió recibir visitas y posteriormente quedaron en libertad. Aunque muchas personas detenidas fueron puestas en libertad, de otras no se tuvo noticia, ignorándose su paradero y la suerte que corrieron. |