Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Turkmenistán Turkmenistán Jefe del Estado y del gobierno: Gurbangulí Berdimujamédov Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 5 millones Esperanza de vida: 62,6 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 104/84 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 98,8 por ciento
Delegaciones de la Unión Europea visitaron la capital, Asjabad, en abril y de nuevo en junio, para entablar el primero de una serie de «diálogos de derechos humanos» con el gobierno. En abril se intensificó la presión sobre los activistas de los derechos humanos, incluidos los activistas turcomanos en el exilio. Las autoridades siguieron denegando a los observadores independientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, el acceso a los presos y a sus familias. En septiembre, el Consejo del Pueblo aprobó una nueva Constitución que aumentaba los poderes del presidente aunque, al parecer, también ampliaba el papel del Parlamento.
El activista social y posible preso de conciencia Valeri Pal fue condenado en febrero a 12 años de cárcel por robo en su lugar de trabajo. Según las personas que apoyaban a Valeri Pal, las acusaciones contra éste eran falsas y pretendían castigarlo por sus contactos con defensores de los derechos humanos en el extranjero; también afirmaron que su juicio no había respetado las normas internacionales de justicia procesal. En 2004 sufrió una apoplejía que lo paralizó parcialmente y padecía otros problemas de salud graves. En septiembre sufrió un ataque cardiaco en prisión tras el cual, según afirmó su esposa, tenía grandes dificultades para hablar. Su acceso a tratamiento médico fue motivo de gran preocupación. El 7 de diciembre Valeri fue excarcelado en la ciudad de Mary en virtud de una amnistía presidencial. Gulgeldy Annaniyazov, antiguo disidente, fue condenado a 11 años de cárcel el 7 de octubre tras un juicio a puerta cerrada celebrado ante un tribunal de Asjabad. Se ignoraba de qué delitos se lo había acusado. Gulgeldy Annaniyazov había abandonado el país en 1999 y había vivido en Noruega, donde se le había reconocido el estatuto de refugiado. En junio de 2008 volvió a Turkmenistán y el 24 de junio lo detuvieron. Al concluir el año seguía detenido en régimen de incomunicación.
La familia de Boris Shikhmuradov, ministro de Asuntos Exteriores con el gobierno del ex presidente Niyazov, no había tenido contacto con él desde finales de diciembre de 2002 y se desconocía su paradero. Boris Shikhmuradov había sido condenado a 25 años de prisión en un juicio celebrado a puerta cerrada a principios de diciembre de 2002. Al día siguiente de pronunciarse la sentencia, el Consejo del Pueblo había aumentado su condena a cadena perpetua. Presos de conciencia Los defensores de los derechos humanos Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev seguían cumpliendo sendas penas de siete años de prisión que les habían sido impuestas en agosto de 2006 por «adquisición, posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego», tras un juicio injusto. Los dos tenían relación con la ONG Fundación Turcomana de Helsinki. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) había informado en agosto de 2006 de que fuentes gubernamentales le habían manifestado que Annakurban Amanklychev había sido detenido por «reunir información ilegalmente para fomentar el descontento público» y «transmitir material a ciudadanos extranjeros». Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev habían sido juzgados junto con Ogulsapar Muradova, corresponsal de la emisora Radio Free Europe/Radio Liberty muerta en circunstancias controvertidas en septiembre de 2006. Libertad de expresión Las autoridades ampliaron el acceso a Internet, pero también adoptaron medidas para bloquear con mayor eficacia algunos sitios web donde se publicaban artículos sobre violaciones de derechos humanos y se criticaban las políticas del gobierno. En abril, las autoridades lanzaron una nueva oleada de represión contra activistas de la sociedad civil y periodistas independientes, intimidando a estas personas y a sus familias. Las autoridades afirmaron que deseaban identificar a las personas que colaboraban, algunas utilizando seudónimos, con medios de información extranjeros y con ONG con base en el extranjero. En noviembre fueron bloqueados todos los teléfonos móviles de los colaboradores de Radio Free Europe/Radio Liberty. El 3 de abril Gurbansultan Achilova fue citada en el Ministerio de Seguridad Nacional en Asjabad, donde le dijeron que debía firmar un documento en el que se comprometía a no trabajar para Radio Free Europe/Radio Liberty hasta que las autoridades le proporcionaran una acreditación. La emisora de radio intentó confirmar su acreditación infructuosamente. Sin ella, Gurbansultan Achilova podía ser detenida si continuaba trabajando como periodista. Gurbandurdy Durdykuliev, colaborador de Radio Free Europe/Radio Liberty, informó en mayo de que desde 2006 médicos del hospital psiquiátrico de la región de Balkan y funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional lo habían visitado en numerosas ocasiones, instándolo a acudir al hospital para someterse a pruebas psiquiátricas. Entre 2004 y 2006 había permanecido internado contra su voluntad en hospitales psiquiátricos. En abril de 2008, en la fachada de su casa aparecieron pintadas de contenido intimidatorio y varias botellas en llamas fueron arrojadas a su terraza. Gurbandurdy Durdykuliev creía que los ataques buscaban que dejase de colaborar con Radio Free Europe/Radio Liberty y de denunciar ante las autoridades los problemas sociales y económicos locales. A lo largo del año, la Iniciativa Turcomana de Derechos Humanos publicó una serie de artículos en su sitio web en los que se acusaba al presidente Berdimujamédov de nepotismo. En el sitio web también podían leerse informes y artículos sobre violaciones de derechos humanos en Turkmenistán y un comentario crítico sobre las políticas y prácticas del gobierno. Según los informes, el presidente ordenó que se bloqueara el acceso a este sitio web desde Turkmenistán y que se identificase a las personas que colaboraban en él. Derecho a la vivienda: propiska El sistema de registro del lugar de residencia permanente, comúnmente conocido como propiska, seguía restringiendo el derecho de las personas a acceder a vivienda, empleo, prestaciones sociales, servicios de salud y educación. El sistema también se había convertido en un caldo de cultivo para la corrupción, ya que era posible eludir el cumplimiento de muchas de sus normas mediante el pago de sobornos. Las autoridades continuaron utilizando este sistema para disuadir a las personas que deseaban trasladarse dentro del país, especialmente a la capital, en busca de trabajo. Cambiar de domicilio sin una propiska válida para compartir la vivienda con otro miembro de la familia significaba la pérdida del acceso al empleo o a las prestaciones sociales –por ejemplo, las pensiones–, para el familiar. La policía y los servicios de seguridad utilizaban la amenaza de retirar la propiska para evitar que las personas denunciaran malos tratos a manos de la policía. Discriminación Continuó la discriminación contra las minorías étnicas, que se ponía de manifiesto claramente en las restricciones al acceso al trabajo y a la educación superior. Siguió vigente la política de comprobar el origen turcomano de las personas hasta la tercera generación, de modo que entre los ministros, directores o diputados de las administraciones regionales o de distrito no había miembros de minorías étnicas. Esta comprobación también se aplicaba a las personas que solicitaban su ingreso en instituciones de educación superior. Hubo algunos casos excepcionales en que miembros de minorías étnicas o personas con un familiar no turcomano fueron admitidos en la universidad, pero, según los informes, esto sólo ocurría si se había pagado un soborno o la persona en cuestión estaba bien relacionada. Informes y visitas de Amnistía Internacional Central Asia: Summary of Human Rights Concerns, March 2007-March 2008 (EUR 04/001/2008) Turkmenistan: No effective human rights reform (EUR 61/004/2008)
Jefe del Estado: Abdullah Gül Jefe del gobierno: Recep Tayyip Erdoğan Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 75,8 millones Esperanza de vida: 71,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 35/26 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 87,4 por ciento Los derechos humanos de muchas personas se vieron menoscabados en un contexto de inestabilidad política y enfrentamientos armados. Aumentaron los informes de tortura y otros malos tratos, y se recurrió a procesos judiciales y actos de intimidación para reprimir las opiniones discrepantes. Se negó el derecho a la libertad de reunión pacífica y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron fuerza excesiva para disolver manifestaciones. También se utilizó la legislación antiterrorista para restringir la libertad de expresión. Persistían los juicios injustos, especialmente los entablados en virtud de la legislación antiterrorista, y no se habían eliminado los obstáculos para llevar ante la justicia a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por abusos contra los derechos humanos. No se avanzó para garantizar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Aumentaron las devoluciones de personas refugiadas. Persistía la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Seguían implementándose con lentitud las leyes destinadas a prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Información general La tensión y la inestabilidad políticas se acentuaron debido a las batallas judiciales que se libraban en diversos ámbitos, entre ellos el Tribunal Constitucional, polarizando el ambiente, y por los enfrentamientos armados entre el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y las fuerzas armadas turcas. En los procedimientos judiciales que amenazaban el derecho a la libertad de asociación, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo se enfrentó a su ilegalización acusado de promover actividades contra el laicismo, al igual que el Partido de la Sociedad Democrática, pro kurdo, acusado de participar en actividades contra la unidad y la integridad del país. El Tribunal Constitucional rechazó la ilegalización del Partido de la Justicia y el Desarrollo en julio; al concluir el año continuaban las actuaciones judiciales contra el Partido de la Sociedad Democrática. En febrero, el Parlamento aprobó una serie de enmiendas constitucionales destinadas a levantar la prohibición de llevar el velo islámico en las universidades, pero el Tribunal Constitucional las anuló en junio por considerar que violaban el principio de laicidad del Estado. Sin embargo, la sentencia no fundamentaba adecuadamente la necesidad de imponer esta restricción a la libertad de religión y conciencia con el fin de proteger los derechos humanos de otras personas. En julio, en el contexto de una investigación sin precedentes contra una red ultranacionalista, Ergenekon, presuntamente vinculada con instituciones del Estado, se dictó acta de acusación formal. Un total de 86 personas –entre ellas altos mandos militares retirados– fueron acusadas de varios delitos en relación con una presunta conspiración para derrocar al gobierno elegido, por medio de asesinatos políticos e incitando a la violencia. Al finalizar el año el juicio no había concluido. Continuaron los enfrentamientos entre las fuerzas armadas turcas y el PKK y aumentó el uso de zonas de seguridad temporales en las provincias del este y sureste. Los ataques con bomba, a menudo perpetrados por personas o grupos desconocidos, mataron e hirieron a civiles. El ejército llevó a cabo intervenciones militares en el norte de Irak contra bases del PKK. En octubre, el Parlamento autorizó a las fuerzas armadas a realizar nuevas intervenciones militares en el norte de Irak. En el contexto del conflicto, ciudadanos turcos de origen kurdo se enfrentaron a una hostilidad creciente, en forma de acoso, agresiones físicas y ataques a sus propiedades perpetrados por personas o grupos desconocidos. En septiembre esos ataques se prolongaron durante varios días en la provincia de Altinova, en el oeste de Turquía.
Defensores de los derechos humanos, escritores, periodistas y otras personas fueron procesados injustamente en virtud de leyes injustas y sometidos a decisiones arbitrarias de jueces y fiscales. El artículo 301 del Código Penal fue enmendado en abril por el Parlamento, pero seguía representando una restricción injusta a la libertad de expresión. Continuaron iniciándose investigaciones en aplicación del artículo 301, con la autorización previa del ministro de Justicia, tal y como exigían las enmiendas. También siguieron utilizándose otros artículos y leyes para limitar la libertad de expresión. Asimismo, los tribunales actuaron desproporcionadamente cerrando sitios web a causa de artículos que habían aparecido en ellos. Seguía siendo peligroso expresar opiniones disidentes y varias personas recibieron amenazas de violencia por parte de individuos o grupos desconocidos. En varios casos se asignó protección policial. En agosto, el ministro de justicia Mehmet Ali Şahin autorizó el procesamiento del escritor Temel Demirer en virtud del artículo 301 por unas declaraciones en las que había señalado la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista y defensor de los derechos humanos Hrant Dink en 2007. Nueve niños, todos ellos miembros del Coro Infantil del Municipio de Diyarbakir Yenisehir, fueron acusados formalmente en virtud del artículo 7.2 de la Ley Antiterrorista por cantar un himno en idioma kurdo, entre otras canciones, en un festival cultural. En la primera vista se retiraron los cargos contra ellos, pero seguía vigente una orden de detención dictada contra la directora del coro, Duygu Özge Bayar.
La labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos se vio dificultada por procesos judiciales injustificados, y algunos destacados defensores fueron blanco regular de investigaciones criminales. El trabajo de las ONG de derechos humanos era sometido a un escrutinio administrativo excesivo. Varios defensores de los derechos humanos recibieron amenazas de personas o grupos desconocidos a consecuencia de su trabajo. Orhan Kemal Cengiz recibió amenazas por haber asumido la defensa legal de las familias de tres hombres asesinados en un ataque lanzado contra una editorial cristiana de Malatya en 2007. Las autoridades le asignaron un escolta e investigaron las amenazas. En enero, Ethem Açıkalın, director de la Asociación de Derechos Humanos en la ciudad de Adana, fue procesado en virtud de la legislación antiterrorista después de asistir a una conferencia de prensa sobre una presunta ejecución extrajudicial. En agosto, él y otro miembro de la Asociación de Derechos Humanos, Hüseyin Beyaz, afirmaron que habían sido víctimas de malos tratos a manos de la policía cuando investigaban la detención de varios miembros del Partido de la Sociedad Democrática. Hüseyin Beyaz sufrió la fractura de un brazo. Se inició una investigación judicial contra Ethem Açıkalın y Hüseyin Beyaz por «oponer resistencia a los agentes de policía». Libertad de reunión Algunas manifestaciones fueron prohibidas sin fundamento. Las que se celebraron sin permiso, especialmente en la región del sureste, con mayoría de población kurda, fueron disueltas con fuerza excesiva, a menudo sin recurrirse previamente a métodos no violentos. Los enfrentamientos, en los que la policía utilizó balas de plástico y munición real, se saldaron con muertos y heridos. Se detuvo y se maltrató a personas que participaron en las manifestaciones. En algunos casos, se detuvo a niños en centros de detención para adultos. No se investigaron adecuadamente las denuncias de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones anteriores. En el sureste de Turquía no se autorizó la fiesta tradicional del Newroz (en kurdo)/Nevruz (en turco) que marcaba el equinoccio del 21 de marzo, y que era celebrada especialmente por la comunidad kurda. En unas imágenes de televisión pudo verse cómo varias personas que habían participado en manifestaciones no autorizadas eran golpeadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En unas imágenes retransmitidas por televisión pudo verse cómo funcionarios encargados de hacer cumplir la ley maltrataban a C.E., de 15 años, al detenerlo durante una manifestación en la ciudad de Hakkari. Sin embargo, posteriormente un fiscal desestimó la denuncia. C.E. fue procesado por su participación en la manifestación. Se denegó una vez más el permiso para celebrar manifestaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo en la plaza de Taksim, en Estambul. El motivo no fundamentado que se alegó fue que representarían una amenaza para la seguridad. Unas 530 personas fueron detenidas por manifestarse sin permiso el 1 de mayo en Estambul. En octubre, en las provincias del sur y este de Turquía se celebraron manifestaciones en protesta por los presuntos malos tratos contra el dirigente encarcelado del PKK Abdullah Öcalan. Según los informes, más de un centenar de niños fueron acusados de delitos que conllevaban penas de cárcel de más de 20 años en relación con las manifestaciones. Además, el gobernador de la provincia meridional de Adana amenazó con retirar a las familias de los niños que habían participado en las manifestaciones las prestaciones que les permitían recibir tratamiento médico. Esta medida, una forma de castigo colectivo, amenazaba con violar el derecho de toda persona a la salud y a un nivel de vida adecuado, sin discriminación. Personas adultas y menores de edad que habían participado en los enfrentamientos, en ocasiones violentos, con la policía fueron procesadas en virtud de leyes antiterroristas. Uso de fuerza excesiva Aumentaron los informes sobre muertes por disparos de personas que presuntamente no habían obedecido la orden de «alto» de la policía. En muchos casos no pudo demostrarse que hubiera existido un riesgo de muerte o de lesión grave que justificase el uso de fuerza letal. En noviembre, unos agentes de policía dispararon a corta distancia contra Ahmet Yıldırım, de 14 años, que quedó paralizado de la cintura para abajo. Los agentes afirmaron que sospechaban que Ahmet Yıldırım había robado la motocicleta que conducía y que habían disparado a las ruedas cuando el joven se negó a detenerse. Testigos presenciales declararon que no se dio ninguna orden de «alto».
Aumentaron los informes de tortura y otros malos tratos, especialmente en lugares de detención no oficiales, pero también en comisarías y establecimientos penitenciarios. Las personas acusadas tanto de delitos comunes como políticos estaban expuestas a sufrir malos tratos. A menudo se presentaban cargos contra las personas que afirmaban haber sido maltratadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En octubre, Engin Çeber murió en el hospital tras haber permanecido detenido en la comisaría de Istinye y en la prisión de Metris en Estambul. En el informe de su autopsia se indicaba que la muerte se había producido por derrame cerebral, como consecuencia de lesiones traumáticas coherentes con golpes asestados en la cabeza con un objeto contundente. Un total de 19 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron suspendidos de sus funciones y se dictó auto de procesamiento contra 60 funcionarios del Estado, algunos de ellos acusados de tortura. En la primera declaración pública de esta índole, el ministro de Justicia pidió disculpas a la familia de Engin Çeber y reconoció que la muerte podía haber sido consecuencia de torturas.
No hubo progresos en la implementación de una circular gubernamental hecha pública en 2007 dirigida a mejorar el derecho de los presos a relacionarse entre sí en las prisiones de alta seguridad «Tipo F». Persistían las denuncias de malos tratos en las prisiones y durante el traslado de los internos. Se imponían arbitrariamente castigos, entre ellos reclusión en régimen de aislamiento, a los presos. La reclusión en pequeños grupos seguía siendo un problema en el sistema penitenciario para las personas acusadas o condenadas por delitos por motivos políticos. En marzo se hizo público el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre las condiciones de detención del dirigente encarcelado del PKK Abdullah Öcalan. En él se recomendaba que se le realizaran determinadas pruebas médicas y se mejoraran las condiciones materiales de su detención. También se recomendaba a las autoridades turcas que adoptasen medidas para incrementar su contacto con el mundo exterior.
Persistían los procesos injustos y prolongados, especialmente de personas enjuiciadas en virtud de la legislación antiterrorista. A menudo los fallos condenatorios en virtud de las leyes antiterroristas se basaban en pruebas sin fundamento o indignas de crédito. En junio, Murat Işıkırık fue condenado a siete años de prisión por «pertenencia a una organización terrorista». La sentencia condenatoria se basó en pruebas de que había participado en el funeral de un miembro del PKK y había sido fotografiado haciendo el signo de la «V de la victoria». En septiembre, Selahattin Ökten fue condenado a cadena perpetua por participar en actividades armadas del PKK. La sentencia condenatoria se basó en declaraciones poco fiables de un testigo, presuntamente obtenidas mediante tortura. Impunidad Las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguían adoleciendo de defectos y el número de procesamientos fue insuficiente. Los mecanismos oficiales de derechos humanos eran ineficaces. Continuó el juicio de las personas acusadas de participar en el asesinato de Hrant Kink, cometido en 2007. En un proceso separado, ocho miembros de la Gendarmería fueron acusados de negligencia presuntamente por no actuar sobre una información que podía haber evitado el asesinato. Un informe publicado en julio por la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos concluyó que otros funcionarios del Estado habían incurrido en negligencia al no impedir el asesinato. En noviembre, el Tribunal Supremo de Apelación anuló la sentencia condenatoria de ocho agentes de policía por la muerte bajo custodia de Alpaslan Yelden, ocurrida en 1999 en Esmirna. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes de la participación de los agentes en las torturas. En diciembre, la fiscalía desestimó una denuncia presentada contra agentes de policía por la familia de Mustafa Kükçe tras la muerte de éste bajo custodia, ocurrida en junio de 2007. La fiscalía concluyó que la muerte por hemorragia cerebral podía haber sido causada por una caída antes de que Mustafa Kükçe fuera detenido, pese a que el informe del último examen médico que se le practicó mientras estaba bajo custodia halló lesiones coherentes con las que resultarían de infligirle malos tratos. De la investigación también se desprendió que no había registro de la detención de Mustafa Kükçe ni grabación de imágenes de la comisaría de policía porque las cámaras no funcionaban.
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