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Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones


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Personas internamente desplazadas

Seguía habiendo alrededor de 40.000 personas desplazadas internamente, que continuaban necesitando alimentos y alojamiento adecuados, además de agua y servicios de saneamiento y atención a la salud.



Togo

República Togolesa

Jefe del Estado: Faure Gnassingbé

Jefe del gobierno: Gilbert Fossoun Houngbo

(sustituyó a Komlan Mally en septiembre)

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 6,8 millones

Esperanza de vida: 57,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 134/116 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 53,2 por ciento


Se recibieron informes de malos tratos a detenidos y de condiciones de reclusión inhumanas. Se restringía la libertad de expresión.

Información general

En agosto se encontró en una playa cerca de la capital, Lomé, el cadáver de Atsutse Kokouvi Agbobli, ex ministro de Comunicación y jefe del departamento político de la Organización de la Unidad Africana. Seguía sin estar clara la causa de la muerte.



Escrutinio internacional

En enero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura señaló en un informe el compromiso de las autoridades togolesas con la lucha contra la tortura. Sin embargo, en la mayoría de las comisarías de policía y puestos de la gendarmería visitados, el relator especial encontró indicios de malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante el interrogatorio de personas detenidas, así como de palizas propinadas por guardias penitenciarios como castigo. El relator especial expresó la preocupación de que personas jóvenes y niños corrieran el riesgo de sufrir castigos corporales mientras estaban detenidos y que las condiciones de reclusión equivalían a tratos inhumanos.

En agosto, las relatoras especiales de la ONU y de la Unión Africana sobre defensores de los derechos humanos realizaron una misión conjunta en Togo. Durante las reuniones mantenidas con el gobierno, éste reconoció las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y dijo que se ocuparía de ellas. Aunque las relatoras reconocieron que el número de ataques y actos de intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos había disminuido, expresaron su preocupación por la estigmatización de estas personas, a quienes se consideraba adscritas a la oposición política. Las relatoras recomendaron que se concediera prioridad a poner fin a la impunidad por violaciones contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Libertad de expresión

En julio, la Coalición Togolesa de Defensores de los Derechos Humanos expresó preocupación por el abuso de poder de la Autoridad Superior de Medios Audiovisuales y Comunicaciones (HAAC) y acusó a este organismo de obstruir la libertad de expresión. La HAAC suspendió emisoras de radio y a periodistas a los que consideraba críticos con las autoridades.

 En enero se interrumpió la emisión de Radio Victoire por no cumplir las instrucciones de la HAAC de impedir la participación de un periodista extranjero en un debate radiofónico en un programa deportivo en el que se criticaba a la Confederación Togolesa de Fútbol.

 En febrero, Daniel Lawson-Drackey, periodista de la emisora de radio Nana FM, fue «suspendido indefinidamente» en sus funciones radiofónicas por la HAAC tras hacer comentarios críticos con las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que esa decisión era «abusiva y viola el derecho a la información y a la libertad de prensa».

 En julio, la HAAC suspendió el programa interactivo de Radio Lumière, emisora de Aného, en el sur de Togo.

Impunidad

En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Togo presentó al presidente Faure Gnassingbé el informe final sobre las consultas nacionales para una futura Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Las consultas ayudaron a reunir las opiniones de la población togolesa sobre la naturaleza y el mandato de la Comisión, establecida para arrojar luz sobre la violencia política en Togo. El informe pedía a las autoridades togolesas la adopción de medidas apropiadas para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y presuntos responsables.

No se tuvo noticia de avances en el examen de las denuncias presentadas por víctimas de la violencia electoral en 2005.

Tonga

Reino de Tonga

Jefe del Estado: rey George Tupou V

Jefe del gobierno: Feleti Savele

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Esperanza de vida: 72,8 años

Población adulta alfabetizada: 98,9 por ciento


El gobierno creó una Comisión Electoral y Constitucional para proponer un nuevo sistema que supondría el traspaso de las competencias de gobierno que tenía el rey, y restringió la libertad de expresión en vísperas de las elecciones. Las mujeres seguían sin poder disfrutar de igualdad de derechos en cuanto a la propiedad de la tierra.

Novedades jurídicas

En julio se promulgó la Ley de la Comisión Electoral y Constitucional, que el rey George Tupou V sancionó poco después. La Ley disponía la creación de una comisión que presentara recomendaciones para un nuevo sistema de gobierno que entraría en funcionamiento en 2010, con la posibilidad de que el número de representantes parlamentarios elegidos por el pueblo (mediante sufragio universal) aumentara de 9 a 21 de un total de 30.

En agosto se levantó finalmente el estado de excepción que otorgaba poderes extraordinarios a las fuerzas armadas y que se renovaba mensualmente desde que fuera impuesto tras los disturbios de noviembre de 2006 en Nukualofa.

Libertad de expresión

En vísperas de las elecciones de abril, el gobierno censuró de hecho la información sobre campañas y programas políticos facilitada por periodistas de la Tonga Broadcasting Corporation (TBC), de propiedad estatal, e impidió a éstos asistir a ruedas de prensa. Cuando faltaban menos de dos semanas para las elecciones, el gobierno también obligó a la TBC a retirar de su programación una serie de anuncios políticos pagados. La censura desapareció tras las elecciones.



Derechos de las mujeres

Las disposiciones constitucionales vigentes continuaban negando a las mujeres la igualdad de derechos en cuanto a la propiedad de la tierra.



Trinidad y Tobago

República de Trinidad y Tobago

Jefe del Estado: George Maxwell Richards

Jefe del gobierno: Patrick Manning

Pena de muerte: retencionista

Población: 1,3 millones

Esperanza de vida: 69,2 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 20/15 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 98,4 por ciento


Se recibieron nuevos informes de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía, incluidos malos tratos y homicidios ilegítimos. Los tribunales siguieron imponiendo penas de muerte, pero no se registraron ejecuciones.

Información general

En septiembre, el primer ministro superó una moción de censura. Según la prensa, la presentación de la moción estuvo motivada sobre todo por el aumento del índice de delincuencia y por la presunta intervención del jefe del gobierno en la ralentización y paralización de una investigación sobre las actividades de la Corporación de Desarrollo Urbano de Trinidad y Tobago, empresa pública presuntamente implicada en actos de corrupción.

Según noticias de prensa, en 2008 se denunciaron 545 homicidios, aproximadamente un 39 por ciento más que en 2007.

El aumento de la delincuencia violenta y la impunidad de los agentes de policía responsables de abusos siguieron minando la confianza de la sociedad en el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago. En julio, el director en funciones de la policía, James Philbert, reconoció que el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago debía disculparse ante el país por las deficiencias de la labor policial, cuyas consecuencias algunos sectores sociales venían sufriendo desde hacía años.



Policía y fuerzas de seguridad

Durante el año, según los informes, la policía mató a 40 personas. La mayoría de los agentes implicados en los homicidios aseguraron que habían actuado en defensa propia. En algunos casos, sin embargo, los testimonios de los testigos daban a entender que los homicidios habían sido ilegítimos.

 El 8 de octubre, un agente de policía disparó contra Russel Samuel en la carretera de La Canoa, en el sur de Santa Cruz. Vecinos de la zona que habían sido testigos del incidente señalaron que a Samuel le habían disparado en la espalda cuando se dirigía a cortar hierba y que, tras meterlo en un furgón policial, le habían disparado, al parecer, tres veces más en el abdomen. Por su parte, los agentes de policía afirmaron que, durante una operación policial, habían visto a Russel Samuel blandiendo un arma de fuego, y que éste les había disparado cuando le ordenaron que la soltara. El incidente produjo indignación entre los vecinos y dio lugar a protestas. Al finalizar el año no había concluido todavía la investigación correspondiente.

Se recibieron denuncias de torturas y otros malos tratos a manos de miembros de la policía y de las fuerzas armadas.

 Se registraron varias denuncias sobre palizas y detenciones ilegales tras una «operación jaula» realizada en junio por miembros del ejército en Richplain, un barrio de Diego Martín. La legalidad de la operación fue muy cuestionada, pues no se sabía con certeza en virtud de qué atribuciones había intervenido el ejército.

En su informe anual, presentado en el Senado en abril, el Departamento de Quejas de la Policía recomendó que se modificara la ley que regulaba el propio Departamento, promulgada en 2006, con el fin de definir mejor sus atribuciones. Al finalizar el año no se había emprendido ninguna acción al respecto.



Sistema de justicia

Según los informes, faltaban jueces y abogados. Los actos de intimidación sistemáticos y los frecuentes asesinatos de testigos, junto con el bajo índice de detección de delitos violentos, contribuyeron a que disminuyera el número de casos graves juzgados por los tribunales. Durante el año, según los informes, mataron a tiros al menos a seis testigos de cargo, lo que comportó que aumentara la preocupación sobre la efectividad del programa de protección de testigos.



Pena de muerte

Diez personas fueron condenadas a muerte.

En agosto, el Tribunal Superior conmutó por cadena perpetua las penas de muerte impuestas a 52 personas, basándose en una resolución adoptada por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, organismo radicado en Reino Unido, según la cual no se debía ejecutar a nadie que hubiera pasado más de cinco años condenado a muerte.

En diciembre, Trinidad y Tobago votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.



Túnez

República de Túnez

Jefe del Estado: Zin el Abidín ben Alí

Jefe del gobierno: Mohamed Ganuchi

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 10,4 millones

Esperanza de vida: 73,5 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 23/21 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 74,3 por ciento


Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de Gafsa, causando la muerte de dos manifestantes. Se detuvo y procesó al menos a 200 personas participantes en protestas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sindicales. El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión estaba restringido, y se sometía a hostigamiento y se procesaba a periodistas, profesionales del derecho y activistas de derechos humanos. Hubo informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Al menos 450 personas fueron condenadas a prisión en juicios injustos por cargos de terrorismo. Se mantuvo la suspensión de las ejecuciones.

Disturbios en Gafsa

La región minera de Gafsa, en el sureste del país, se vio sacudida desde enero por protestas que duraron meses contra el creciente desempleo, la pobreza, el aumento del coste de la vida y las prácticas de contratación de la Compañía de Fosfatos de Gafsa, principal fuente de empleo de la región. En respuesta, las autoridades desplegaron a las fuerzas de seguridad en Redeyef y otras localidades, que hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver algunas de las protestas, causando dos muertes y lesiones a numerosas personas. Se detuvo a centenares de manifestantes y a otras personas sospechosas de organizar o facilitar las protestas, y al menos 200 fueron procesadas. Algunas fueron declaradas culpables y condenadas a penas de hasta 10 años de prisión.

 Hafnaoui Maghzaoui murió a causa de un disparo el 6 de junio, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes en Redeyef. Según fuentes no oficiales, otras 26 personas resultaron heridas, aunque las autoridades situaron el total en ocho. Una de estas personas, Abdelkhalek Amaidi, murió como consecuencia de sus heridas en septiembre. Según testigos presenciales, la policía había disparado sin previo aviso y muchas de las lesiones sufridas por los manifestantes eran heridas de bala en la espalda y las piernas. El ministro de Justicia manifestó que lamentaba la muerte de Hafnaoui Maghzaoui, pero negó que las fuerzas de seguridad hubieran hecho nada indebido. Dijo que se había abierto una investigación.

 En junio se detuvo a Adnan Hajji, secretario general de la oficina local de la Unión General de Trabajadores Tunecinos. Junto con 37 personas más a las que las autoridades acusaban de dirigir las protestas, fue procesado por cargos como formar una banda criminal y pertenecer a un grupo que intentaba causar daños en propiedades públicas y privadas. Todos los acusados comparecieron en diciembre ante el tribunal, que impuso a 33 de ellos penas de hasta 10 años de prisión y absolvió a los otros cinco.



Novedades jurídicas y constitucionales

En julio se reformó la Constitución para adelantar de los 20 a los 18 años la edad mínima de voto e introducir disposiciones excepcionales con vistas a las elecciones presidenciales de 2009. En la práctica, tales disposiciones sólo permitían presentarse como candidatos a líderes de partidos políticos que hubieran llegado al cargo por votación y llevaran al menos dos años en él. En diciembre, las autoridades anunciaron proyectos de reforma de la ley electoral que aumentaban de 37 a 50 el número de escaños para partidos de oposición en el Parlamento y los ayuntamientos.

En marzo se reformó el Código de Procedimiento Penal. Los cambios supusieron una mejora de las garantías de procedimiento para los detenidos al obligar a los fiscales y a los jueces de instrucción a justificar su decisión cuando autorizaran la prórroga de tres días del periodo normal de detención policial preventiva (garde à vue). En junio, una nueva legislación hizo posible la adaptación del Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, organismo establecido por el gobierno, a los Principios de París, relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos, con el fin de aumentar su independencia.

Seguridad y medidas antiterroristas

En los juicios sobre presuntos delitos de terrorismo no se ofrecían las debidas garantías, y en la mayoría de ellos se imponían largas penas de prisión. Entre los acusados había personas detenidas en Túnez y tunecinos devueltos por otros Estados pese al temor de que sufrieran tortura a su llegada al país. A menudo, las sentencias condenatorias estaban basadas únicamente en «confesiones» que los acusados habían hecho durante su detención preventiva en régimen de incomunicación y de las que se habían retractado ante el tribunal, explicando que eran el resultado de torturas. Era habitual que los jueces de instrucción y los tribunales no investigaran tales denuncias. A lo largo del año fueron condenadas a prisión por delitos de terrorismo unas 450 personas.

En junio, las autoridades italianas devolvieron a Túnez a Sami Ben Khemais Essid a pesar de que se temía por su seguridad si regresaba al país. Fue detenido a su llegada, pues entre 2000 y 2007 había sido juzgado in absentia, ante tribunales civiles y militares, en varias causas de terrorismo y condenado en total a más de 100 años de prisión. Impugnó las condenas, y en julio y noviembre fue juzgado de nuevo y condenado en dos causas distintas a 8 y 11 años de prisión.

 Ziad Fakraoui, sometido presuntamente a tortura durante su reclusión en régimen de incomunicación en el Departamento de Seguridad del Estado de Túnez capital en 2005, quedó en libertad en mayo, pero fue detenido de nuevo por agentes de la Seguridad del Estado el 25 de junio, dos días después de que Amnistía Internacional mencionara su caso en un informe sobre violaciones de derechos humanos en Túnez. Tras pasar siete días recluido en régimen de incomunicación lo llevaron ante un juez de instrucción y lo acusaron formalmente de pertenencia a una organización terrorista e incitación al terrorismo, los mismos cargos por los que había sido encarcelado tras su detención en 2005. Fue absuelto de todos los cargos y quedó en libertad el 25 de noviembre.



Excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos

En noviembre, con motivo del 21 aniversario de la llegada al poder del presidente Ben Alí, quedaron en libertad condicional 44 presos políticos, entre ellos 21 que cumplían largas penas tras haber sido declarados culpables de pertenecer a la organización islamista prohibida Ennahda. Eran los últimos líderes de Ennahda todavía presos, y la mayoría llevaban más de 15 años en prisión. Según informes, algunos necesitaban recibir con urgencia tratamiento médico debido a los malos tratos y las duras condiciones sufridas en prisión, como reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

Según los informes, como en el caso de otros presos políticos liberados, habían quedado en situación de «control administrativo», con arreglo a las órdenes dictadas contra la mayoría de ellos durante su juicio, en 1992. Debido a ello tenían que presentarse con frecuencia en determinadas comisarías de policía, restricción que limitaba su libertad de circulación y sus posibilidades de encontrar trabajo y recibir atención médica. A veces también se negaba el pasaporte a sus familiares más cercanos. Sadok Chourou, ex líder de Ennahda, que figuraba entre los presos liberados en noviembre, fue detenido de nuevo en su casa el 3 de diciembre. Tres días después fue acusado de «mantener una organización prohibida», en relación con Ennahda, y condenado a un año de prisión.

Tortura y otros malos tratos

Hubo nuevos informes de tortura y otros malos tratos en comisarías de policía y centros de detención del Departamento de Seguridad del Estado. Los detenidos estaban especialmente expuestos a tales prácticas durante su reclusión en régimen de incomunicación.

 Jaber Tabbabi fue detenido el 5 de junio en relación con las protestas de Gafsa. La policía le arrancó la ropa a tirones y lo golpeó reiteradamente mientras lo llevaba a rastras hasta la comisaría de Redeyef, donde, según contó posteriormente, fue torturado. Lo trasladaron a una comisaría de Metlaoui, donde le vendaron los ojos, lo obligaron a adoptar una postura forzada y le insertaron un palo en el recto. Tuvieron que darle 16 puntos de sutura por un corte que sufrió en la cabeza. Denunció que lo habían tenido desnudo hasta que lo llevaron ante un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Gafsa. El tribunal rechazó una solicitud presentada por su abogado para que fuera examinado por un médico por si había indicios de tortura, pero ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. Quedó en libertad sin cargos el 9 de junio.

Libertad de expresión

El gobierno siguió imponiendo estrictas restricciones a los medios de comunicación, y procesó a periodistas debido a sus actividades profesionales, a menudo por cargos que no parecían tener nada que ver con ellas.

 Fahem Boukadous, periodista del canal de televisión tunecino Al Hiwar Ettounsi, fue acusado de «pertenencia a una asociación criminal» y «difusión de información susceptible de alterar el orden público» por haber informado sobre las protestas de Gafsa y las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Se ocultó y fue juzgado in absentia el 12 de diciembre junto con otras 37 personas (véase supra) y condenado a seis años de prisión.

 Naziha Rjiba tuvo que presentarse ante el fiscal en octubre, cuando le preguntaron por un artículo que había escrito en el periódico de oposición Al Mouatinoun en el que acusaba al gobierno de destruir el sitio web de Kalima, revista de noticias en Internet de la que era cofundadora, tras denegarle las autoridades el permiso de publicación en 1998. Días antes, el Ministerio del Interior había secuestrado la edición entera del número de Al Mouatinoun en el que aparecía el artículo.



Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades sometían a hostigamiento e intimidaciones a activistas y defensores de los derechos humanos: fuerte y estrecha vigilancia, negación del permiso para registrar legalmente ONG de derechos humanos, obstáculos para el desarrollo de sus actividades e interceptación de sus comunicaciones cortándoles la línea telefónica y la conexión a Internet.

 En junio, dos abogados y defensores de los derechos humanos que habían hablado de las violaciones de estos derechos cometidas en Túnez en una conferencia internacional de prensa de Amnistía Internacional en París fueron hostigados por agentes de seguridad a su regreso a Túnez. Samir Dilou y Anouar Kousri fueron retenidos brevemente en el aeropuerto de Túnez capital, donde les dijeron que tenían que presentarse a la policía, que les preguntó por la conferencia de prensa y los acusó de difundir información falsa y perjudicial para la reputación del país. A Samir Dilou le dijeron que dejara de desarrollar tales actividades o sería procesado.

Violencia contra mujeres y niñas

En septiembre, Túnez se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En noviembre, las autoridades presentaron un teléfono de ayuda gratuito para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.



Pena de muerte

El gobierno mantuvo en la práctica una moratoria de las ejecuciones, pero seguía habiendo varios condenados a muerte. En febrero, el Tribunal de Apelación de Túnez capital conmutó una de las dos condenas de muerte impuestas al final del juicio del denominado «caso Soliman» en diciembre de 2007, pero confirmó la otra. La condena a muerte de Imed Ben Amar se conmutó por cadena perpetua, pero la impuesta a Saber Ragoubi se confirmó.

En marzo de 2008, un grupo de 25 parlamentarios de varios partidos presentaron un anteproyecto de ley en el que se proponía la abolición de la pena capital, pero al final del año tenía que ser examinado aún en su totalidad.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Un delegado de Amnistía Internacional visitó Túnez en febrero para asistir como observador al proceso de apelación del «caso Soliman».

Túnez: La confirmación de una condena de muerte impide reparar la injusticia (21 de febrero de 2008)

En nombre de la seguridad: Abusos sistemáticos en Túnez (MDE 30/007/2008)

Túnez: Investigación sobre el homicidio de un manifestante que protestaba contra el aumento de los precios (MDE 30/008/2008)

Túnez: Continúan los abusos a pesar de que las autoridades lo niegan (MDE 30/010/2008)

Túnez: Acoso contra ex presos políticos (MDE 30/012/2008)

Túnez: El juicio de los sindicalistas, una parodia de justicia (12 de diciembre de 2008)


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