Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Abusos de grupos armados Personas o grupos desconocidos continuaron perpetrando ataques con bomba dirigidos contra civiles. En julio, por ejemplo, 17 personas resultaron muertas en la explosión de una bomba en el distrito de Güngören, en Estambul. En enero, nueve civiles murieron a consecuencia de un presunto ataque del PKK contra personal militar en Diyarbakir.
No existía un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio y no se introdujeron las reformas legales prometidas para impedir el procesamiento reiterado de los objetores de conciencia por negarse a realizar el servicio militar. Objetores de conciencia y personas que los apoyaban fueron procesados en virtud del artículo 318 del Código Penal por «poner a la población en contra del servicio militar». Halil Savda fue encarcelado nuevamente en marzo por su objeción de conciencia al servicio militar. En junio, recibió una condena adicional de cinco meses de prisión en virtud del artículo 318 del Código Penal después de participar en una conferencia de prensa en apoyo de los objetores de conciencia israelíes en 2006. En junio, el objetor de conciencia Mehmet Bal fue detenido por negarse a realizar el servicio militar. Según afirmó, lo golpearon reiteradamente bajo custodia militar. Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero Las leyes continuaron interpretándose de forma que discriminaban a las personas por su orientación sexual e identidad de género. Persistían las denuncias de violencia contra personas transgénero a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En mayo, un tribunal local de Estambul ordenó el cierre de Lambda Istanbul, una organización que apoyaba a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, después de que la Oficina del Gobernador de Estambul presentase una queja acusando a la organización de tener objetivos contrarios a «los valores morales y a la estructura de la familia». Una persona transgénero comunicó a Amnistía Internacional que en febrero la agarraron en la calle y la condujeron a la Dirección de Seguridad de Ankara. Una vez allí, la policía la insultó y la golpeó. Seis horas más tarde fue puesta en libertad después de pagar una multa. En julio, Ahmet Yıldız murió por disparos frente a su apartamento de Estambul en lo que se sospechaba que podía ser un homicidio en nombre del «honor» debido a su orientación sexual. Previamente había presentado una denuncia ante la fiscalía por amenazas que había recibido de familiares.
Se incrementó el número de devoluciones de personas refugiadas o solicitantes de asilo a países en los que corrían riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. También se recibieron informes de expulsiones irregulares que provocaron lesiones e incluso la muerte de solicitantes de asilo. Un grupo de refugiados uzbekos fueron devueltos en dos ocasiones a Irán, la primera en septiembre y la segunda en octubre. En la primera ocasión, al parecer, a varios miembros del grupo los golpearon y los amenazaron con violarlos si no volvían a Irán. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en abril cuatro personas se ahogaron cuando la policía turca obligó a un grupo de 18 refugiados y solicitantes de asilo a cruzar el rápido curso de un río en la frontera entre Turquía e Irak. Violencia contra mujeres y niñas No se aplicaron adecuadamente las leyes y normativas para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia. La insuficiente financiación y la inacción por parte de los departamentos gubernamentales debilitaron la eficacia de una circular emitida por el primer ministro en 2006, destinada a combatir la violencia doméstica y a impedir los delitos en nombre del «honor». Fueron escasos los avances para poner a disposición de las mujeres sobrevivientes de violencia la cantidad de hogares refugio estipulada por la Ley de Municipios de 2004: al menos un hogar refugio en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Turquía en febrero, marzo, abril y mayo. Turquía: Memorando al gobierno turco (EUR 44/001/2008) Turquía: Amnistía Internacional condena los atentados con bombas (EUR 44/014/2008) Turquía: Respeto a los derechos y a la seguridad de los manifestantes (30 de abril de 2008) Turquía: Un gobernador amenaza con privar de la asistencia de salud a manifestantes y a sus familias (29 de octubre de 2008) Ucrania Ucrania Jefe del Estado: Víctor Yúschenko Jefa del gobierno: Yulia Timoshenko Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 45,9 millones Esperanza de vida: 67,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 18/13 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 99,4 por ciento Las autoridades no respondieron adecuadamente a los ataques de motivación racista, cada vez más frecuentes. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo corrían riesgo de devolución. Persistían los malos tratos y la tortura bajo custodia policial, y los perpetradores de violaciones de derechos humanos gozaban de impunidad. Información general La situación política seguía siendo inestable. Tras las fricciones entre miembros de la coalición gobernante, el presidente Víctor Yúschenko disolvió el Parlamento el 8 de octubre y promulgó un decreto por el que proponía la celebración de elecciones el 7 de diciembre. Al concluir el año, la validez del decreto se había recurrido ante los tribunales. En abril, la OTAN decidió no invitar a Ucrania a integrarse en la organización, aunque en diciembre acordó reforzar la cooperación, utilizando el marco existente de la Comisión OTAN-Ucrania para revisar los progresos de Ucrania hacia un Plan de Acción para la Adhesión. En junio, el presidente ruso Dimitri Medvédev advirtió a Ucrania que su integración en la OTAN tendría «graves consecuencias». La cumbre Unión Europea-Ucrania celebrada en septiembre dio como resultado un marco para el establecimiento de relaciones más estrechas entre Ucrania y la Unión Europea, pero en ella no se planteó la posibilidad de la adhesión. Racismo Continuó el alarmante incremento detectado en los últimos años de los ataques racistas violentos contra personas de nacionalidad extranjera residentes en Ucrania. La inadecuación de las disposiciones legales, la deficiente respuesta policial y la negativa a reconocer la gravedad de los delitos de motivación racial dieron como resultado la impunidad de hecho de los perpetradores. Algunas autoridades dieron muestras de no comprender la gravedad del problema y de no contar con la voluntad política necesaria para abordar el racismo, e incluso negaron que el problema existiera. En agosto, el viceprimer ministro aprobó el mandato de un grupo de trabajo interministerial para combatir la xenofobia y la intolerancia racial, pero no estaba claro que este grupo tuviese autoridad suficiente para ser efectivo. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia recomendó que el artículo 161 del Código Penal –uno de los dos únicos artículos que se referían directamente a los delitos racistas– fuese reformado para facilitar el enjuiciamiento de toda persona que incitase al odio racial, y que se ampliara su alcance para incluir a todas las personas bajo la jurisdicción ucraniana, y no sólo a los ciudadanos ucranianos. El 23 de abril, cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron condenados a 13 años de cárcel cada uno por el asesinato de Jeong Kwon Kang, un ciudadano surcoreano agredido en abril de 2007. El cónsul de la Embajada de Corea del Sur afirmó que los atacantes llevaban botas claveteadas con las que golpearon a Jeong Kwon Kang en la cabeza «hasta reventarle los sesos». Según la declaración del fiscal, uno de los agresores dijo que había querido matar a Jeong Kwon Kang debido a su nacionalidad. Jeong Kwon Kang murió el 17 de mayo de 2007 a consecuencia de las graves lesiones sufridas en la cabeza durante la agresión. En mayo de 2007, los cuatro jóvenes fueron acusados de lesiones graves y vandalismo. En noviembre de 2007, tras la intensa presión ejercida por la embajada surcoreana, los sospechosos fueron acusados, en virtud del artículo 161, de asesinato y de «actos de odio con el objetivo de menospreciar el honor nacional y la dignidad de una persona». Sin embargo, la Fiscalía General recurrió para que se retirase el elemento racista de la acusación. En una carta dirigida a la Embajada en octubre, la Fiscalía explicaba que el artículo 161 se refería a la propagación del odio racial, y que los acusados no habían cometido ningún acto que pudiera considerarse como propaganda, agitación o manifestación de odio racial. El recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo. En noviembre de 2006, Vyacheslav Manukyan, ucraniano de origen armenio, había presentado una demanda civil contra la policía por presunta discriminación. Las autoridades policiales le dijeron que le daban el alto con frecuencia para comprobar su documentación porque su «aspecto característico» les obligaba a verificar «la legalidad de su presencia en el territorio de Ucrania». El 27 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo del Distrito de Jarkiv falló que la policía había actuado «con imparcialidad, concienzudamente y de forma reflexiva, de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley y evitando cualquier discriminación injusta». Vyacheslav Manukyan recurrió el fallo y el 29 de julio el Tribunal de Apelación declaró que el agente de policía no había informado a Vyacheslav Manukyan de sus derechos, pero confirmó la sentencia del primer tribunal, según la cual el comportamiento de la policía no había sido discriminatorio. En opinión del Tribunal, la expresión «aspecto característico» no se refería sólo al origen étnico, sino a todo lo relacionado con su apariencia externa.
Las autoridades ucranianas continuaron devolviendo a solicitantes de asilo a países donde corrían riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, y haciendo caso omiso de los procedimientos de asilo. El 4 y 5 de marzo de 2008, las autoridades devolvieron a 11 solicitantes de asilo de etnia tamil a Sri Lanka, donde corrían riesgo de sufrir violaciones graves de los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos. Los 11 solicitantes de asilo estaban registrados en la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Kiev, y seis de ellos habían solicitado el estatuto de refugiado a las autoridades ucranianas. El 27 de febrero, los servicios de migración de la región de Khmelnitskiy rechazaron las seis solicitudes por razones de procedimiento. No se concedió el derecho de apelación a los solicitantes.
Los grupos locales de derechos humanos siguieron recibiendo denuncias de tortura y otros malos tratos en centros de detención de la policía y establecimientos penitenciarios. En 2008, el Grupo de Derechos Humanos de Jarkiv registró 197 denuncias de tortura y malos tratos; de ellas, 136 tenían que ver con malos tratos bajo custodia policial, y 49, con malos tratos a manos del personal penitenciario. Sergei Ushakov, su esposa Anna y su suegra fueron detenidos por la policía en el distrito de Frunzenskiy, en Jarkiv, el 27 de junio, en relación con el asesinato de Anatoliy Logvinenko, ocurrido la noche del 26 al 27 de junio. Sergei Ushakov y Anna Ushakova fueron detenidos sin que se les permitiese tener acceso a representación letrada y sin que se dejara constancia formal de su detención. Anna Ushakova afirmó que había recibido amenazas y golpes y que la habían obligado a firmar una declaración en la que implicaba a su esposo en el asesinato. Sergei Ushakov aseguró también que lo habían golpeado y obligado a firmar una confesión. Su abogado observó que en las muñecas tenía heridas que no parecían producidas por el uso normal de esposas. Anna Ushakova fue liberada el 28 de junio, y Sergei Ushakov fue puesto en libertad por la fiscalía el 1 de julio por falta de pruebas que lo relacionasen con el asesinato. Los dos presentaron una denuncia por malos tratos el 1 de julio. Sin embargo, cuando se encontraban declarando ante el fiscal auxiliar, un grupo de policías irrumpió en la oficina y se los llevó de vuelta a la comisaría del distrito de Frunzenskiy. La pareja afirmó que de nuevo los habían obligado a firmar falsos testimonios. Anna Ushakova fue liberada ese mismo día, y Sergei Ushakov, al día siguiente. Mientras se encontraban en la comisaría, a ambos los mantuvieron ocultos a la vista del fiscal. En cierto momento, a Sergei Ushakov lo obligaron a salir del edificio por una ventana, lo metieron en un vehículo y durante varias horas dieron vueltas por la ciudad para ocultar su paradero. El 4 de julio, Sergei Ushakov fue acusado de asesinato, y el 21 de julio se ordenó su prisión provisional. Al terminar el año el caso no había concluido.
El 15 de marzo, el Tribunal de Apelaciones de Kiev condenó a Mykola Protasov a 13 años de prisión, y a Oleksandr Popovych y Valeriy Kostenko a 12 años cada uno por el asesinato del periodista Heorhiy Gongadze, desaparecido el 16 de septiembre de 2000 y cuyo cadáver decapitado fue encontrado dos meses después en un bosque a las afueras de Kiev. Su viuda, Myroslava Gongadze, declaró que los organizadores del homicidio y los que lo habían ordenado también debían ser juzgados. En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó preocupación porque la investigación se había limitado a llevar ante la justicia a los autores materiales del crimen, y porque no se había avanzado en la investigación sobre las autoridades que habían ordenado el asesinato. La Asamblea instó a las autoridades ucranianas a intensificar sus esfuerzos para reforzar la independencia de los organismos investigadores, en especial de la fiscalía, y decidió considerar de nuevo el caso. En julio, la Fiscalía General se negó de nuevo a abrir una investigación penal sobre las presuntas torturas sufridas en varias ocasiones por Aleksandr Rafalskiy a manos de agentes de policía en 2001. En una carta dirigida a los padres de Aleksandr Rafalskiy, el fiscal general afirmó que esas «infracciones menores» no justificaban la apertura de una investigación. La policía detuvo a Aleksandr Rafalskiy en Kiev el 13 de junio de 2001 en relación con la investigación de un asesinato. El detenido afirmó que los agentes de policía lo habían golpeado en el momento de detenerlo, y también posteriormente, en la comisaría de la calle Vladimirska, en Kiev. En comisaría le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico negra que le sujetaron al cuello con un cinturón, y lo sometieron a repetidos simulacros de asfixia. Después le pusieron una máscara de gas sobre la cara, por encima de la bolsa. El 16 de julio de 2001 lo trasladaron a los calabozos de la policía en Stavishche, en la región de Kiev. Allí, según los informes, le sujetaron cables eléctricos en distintas partes del cuerpo y le aplicaron descargas eléctricas. El 30 de junio de 2004, Aleksandr Rafalskiy fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Todas las peticiones dirigidas a las autoridades para que se llevase a cabo una investigación sobre las denuncias de tortura fueron infructuosas.
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Ucrania en febrero, julio y septiembre. Ucrania: El gobierno debe actuar para poner fin a la discriminación racial (EUR 50/005/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Yoweri Kaguta Museveni Pena de muerte: retencionista Población: 31,9 millones Esperanza de vida: 49,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 132/119 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 66,8 por ciento
Al terminar el año no había concluido una importante causa por corrupción. Un ex ministro de Salud, sus dos viceministros y una funcionaria del Estado se enfrentaban a cargos de malversación y abuso de poder en relación con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Conflicto armado Concluyeron las negociaciones de paz, que condujeron a varios acuerdos entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor, pero al término de 2008 no se había firmado un acuerdo final de paz. En febrero, el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor firmaron un Anexo al Acuerdo sobre Rendición de Cuentas y Reconciliación suscrito en junio de 2007. En virtud del Acuerdo y de su Anexo, los dirigentes el Ejército de Resistencia del Señor acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serían juzgados por una División Especial del Tribunal Superior. El marco propuesto carecía de un plan integral para garantizar que se difundiría la verdad, se haría justicia y se concedería reparación a todas las víctimas del conflicto. Las órdenes de detención emitidas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra Joseph Kony, dirigente del Ejército de Liberación del Señor, y otros tres dirigentes del grupo, seguían en vigor, pero ni el gobierno central ni las autoridades regionales las habían ejecutado. En febrero, las partes firmaron un Acuerdo sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración comprometiéndose a someterse a un proceso ordenado de desarme acorde con las políticas nacionales y las normas internacionales. El acuerdo adolecía de deficiencias significativas respecto a los derechos de las víctimas a beneficiarse de medidas que las ayudasen a reconstruir sus vidas. Miles de hombres, mujeres, niñas y niños que habían sido víctimas de abusos durante el conflicto que durante 20 años asoló el norte de Uganda seguían viviendo en la pobreza y sufriendo traumas físicos y psicológicos debido a que el gobierno no había establecido un programa de reparaciones integral. Se creía que fuera de Uganda, en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, las fuerzas del Ejército de Liberación del Señor habían secuestrado a cientos de personas a lo largo del año, entre ellas niños y niñas, y cometido otros abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos. En diciembre, las fuerzas armadas gubernamentales de Uganda participaron en una operación militar conjunta con tropas de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo contra el Ejército de Resistencia del Señor.
Al concluir el año, más de la mitad –900.000 aproximadamente– de todas las personas desplazadas internamente en el norte de Uganda habían abandonado los campos para desplazados internos. La mayoría se había trasladado a centros de tránsito, campos de menor tamaño más cerca de sus hogares, y algunas habían regresado a sus pueblos de origen. Sin embargo, según informes, en la subregión de Acholi, la zona más afectada por el conflicto, sólo el 24 por ciento de las personas había regresado a sus lugares de origen. Derecho a la salud En marzo, un informe del relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud hizo notar que las políticas del gobierno no prestaban atención especial a algunos aspectos importantes del derecho a la salud, como el derecho a la salud sexual y reproductiva. Este fallo se ponía de manifiesto en los informes regulares sobre casos de mortalidad materna. Los programas de salud del gobierno destinados a la prevención y tratamiento del VIH/sida dejaban fuera a algunos grupos de personas vulnerables. Juicio contra Kizza Besigye Aún no había concluido el juicio ante el Tribunal Superior de Kampala contra Kizza Besigye, líder de la oposición, y otras seis personas por cargos de traición. Al concluir el año no se había adoptado una decisión sobre el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la continuación del proceso. También seguían pendientes dos causas por asesinato contra las seis personas acusadas junto con Kizza Besigye. Al concluir 2008 las seis se encontraban en libertad bajo fianza.
Continuaron los ataques a la libertad de expresión y de prensa. En abril, el grupo parlamentario del partido gobernante, el Movimiento de Resistencia Nacional, anunció su apoyo a un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, podía socavar de forma significativa el derecho a la libertad de expresión en Uganda. Al concluir el año el proyecto de ley no se había debatido. Dos causas penales en las que cinco periodistas de The Monitor habían sido acusados de sedición y difamación en 2007 seguían pendientes ante los tribunales. Los cargos tenían relación con la publicación de unos artículos en los que se afirmaba que se estaba impartiendo en secreto formación policial a los soldados y que la inspectora general del gobierno seguía en la nómina del Estado a pesar de que se había jubilado, lo que violaba las disposiciones relativas al cuerpo de funcionarios del Estado. En abril, Andrew Mwenda, director ejecutivo de la revista de noticias quincenal The Independent, y dos miembros del personal de la revista fueron detenidos e interrogados en relación con un artículo en el que se denunciaban torturas en presuntos centros de detención secretos del gobierno. La policía efectuó un registro en la sede de la revista y se llevó material y equipo. En mayo los tres hombres fueron acusados de sedición y de «publicación de noticias falsas».
En mayo el Tribunal Constitucional falló que el artículo 32 de la Ley de Policía constituía una limitación injustificada de los derechos a la libertad de reunión y asociación recogidos en la Constitución de Uganda. El artículo otorgaba poderes al Inspector General de la Policía para prohibir, sin necesidad de autorización superior, cualquier asamblea o manifestación si tenía razones para creer que era probable que causara una alteración de la paz. El fallo no se ocupaba del artículo 35 de la Ley de Policía, que facultaba al ministro del Interior para delimitar una zona cualquiera del país dentro de cuya demarcación sería ilegal manifestarse o convocar una reunión de más de 25 personas. Personas refugiadas y solicitantes de asilo A comienzos de agosto, personas refugiadas y solicitantes de asilo empezaron a huir de la República Democrática del Congo tras el resurgimiento y la escalada de los enfrentamientos en el este del país. A mediados de noviembre más de 13.000 de estas personas habían llegado a Uganda. Según datos del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a finales de octubre Uganda acogía a más de 140.000 personas refugiadas, la mayor parte de ellas procedentes de las regiones de los Grandes Lagos, África oriental y el Cuerno de África. Más de 48.000 eran congoleñas. Continuaba la repatriación de refugiados de Sudán del Sur a su país de origen, un proceso que comenzó en 2005. Varias personas que vivían en áreas urbanas, refugiadas y solicitantes de asilo, en especial originarias de Etiopía, Eritrea y la República Democrática del Congo, denunciaron haber sido víctimas de detenciones ilegítimas y arbitrarias, hostigamiento y extorsión por parte de la policía y otros organismos de seguridad del Estado.
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