Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

El 23 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Atenas redujo de 19 a 7 años de prisión la condena de un hombre acusado inicialmente de trata por introducir personas ilegalmente en el país, después de anular las condenas por trata de personas y chantaje. Éste fue uno de los primeros casos a los que se aplicó la nueva ley sobre trata de personas. Los observadores presentes en el juicio expresaron su preocupación por la indulgencia del tribunal ante los comentarios racistas y vejatorios del abogado defensor, y porque los traductores no habían traducido con exactitud las declaraciones de las víctimas, incluidos los testimonios sobre las torturas sufridas a manos de sus traficantes.

A lo largo del año se intensificó la campaña para proteger los derechos de las víctimas de trata, con actos como la captación de apoyos ante el gobierno para que ratificase el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y reformase la legislación vigente de modo que no se criminalizase a las víctimas.

Derechos de los trabajadores

 El 23 de diciembre, la secretaria general de la Unión de Limpiadoras y Trabajadoras Domésticas de Ática, Konstantina Kouneva, ciudadana búlgara, fue atacada en Atenas con ácido sulfúrico por personas desconocidas. Sufrió lesiones múltiples y de gravedad, y al concluir el año seguía hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. Al parecer, la investigación policial fue inefectiva, y se centró en la vida privada de Konstantina Kouneva, sin tener en cuenta su actividad sindical.

En octubre y noviembre, presos de todo el país llevaron a cabo protestas contra las condiciones penitenciarias, unas condiciones que incluían hacinamiento, instalaciones sanitarias deficientes, malos tratos, investigaciones inefectivas de muertes bajo custodia, medidas disciplinarias punitivas y restricciones del derecho a la libertad de expresión y comunicación. El 3 de noviembre los internos comenzaron huelgas de hambre en prisiones de todo el país. Una semana después, la organización Iniciativa por los Derechos de los Presos informó de que 3.311 presos se encontraban en huelga de hambre y varios miles más habían rechazado algunas comidas. Entre los huelguistas había 17 presos recluidos en la localidad de Trikala que se habían cosido los labios, así como menores de edad recluidos en centros de detención de menores. La organización Iniciativa por los Derechos de los Presos afirmó que se habían denunciado actos de intimidación contra los presos en huelga de hambre por parte de guardias de prisiones.

 El 20 de mayo, el Tribunal Naval del Pireo condenó in absentia al objetor de conciencia Lazaros Petromelidis a tres años de cárcel por dos cargos de insubordinación. Éste era el decimoquinto juicio que se celebraba contra él por los mismos cargos. Se emitió una orden de detención, con lo que Lazaros Petromelidis corría el riesgo de ser encarcelado por sus convicciones.

En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Grecia había violado el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la libertad de reunión y asociación, en dos casos, Emin and Others v. Greece y Tourkiki Enosi Xanthis and Others v. Greece, relacionados con dos asociaciones fundadas por miembros de una comunidad minoritaria. La Asociación Cultural de Mujeres Turcas de la Región de Rodopi no había sido autorizada a inscribirse legalmente porque su nombre incluía la palabra «Turcas». La Asociación Turca de Xanthi había sido disuelta en 1986 por el mismo motivo. En Alexandridis v. Greece e I Avgi Publishing and Press Agency S.A. & Karis v. Greece, el Tribunal Europeo falló en febrero y junio respectivamente que se habían violado los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9) y a la libertad de expresión (artículo 10).

El 3 de junio, el alcalde de la isla de Tilos celebró los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo. El ministro de Justicia los declaró inválidos y el gobierno presentó una moción para que fuesen anulados, lo que desató protestas en septiembre.

 Grecia: Lazaros Petromelidis, condenado de forma reiterada por sus convicciones (EUR 25/003/2008)

 Grecia: Falla el sistema de rendición de cuentas policial (9 de diciembre de 2008)

 La policía griega utiliza violencia punitiva contra manifestantes pacíficos (11 de diciembre de 2008)

Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Colom Caballeros

Pena de muerte: retencionista

Población: 13,7 millones

Esperanza de vida: 69,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 44/33 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 69,1 por ciento

En septiembre se encontraron ocultos varios dispositivos de escucha tanto en las dependencias oficiales del presidente como en su residencia particular. El jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y el jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico presentaron su dimisión. Posteriormente se dictaron órdenes de detención contra ellos. Al concluir el año, uno de ellos estaba bajo arresto domiciliario; el otro seguía en busca y captura por la policía.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, patrocinada por la ONU, cumplió su primer año de funcionamiento, y señaló que estaba cooperando en el enjuiciamiento de dos casos e investigando otros 15.

Conflictos de tierras: desalojos forzosos

En febrero, la policía detuvo al activista rural Ramiro Choc en el contexto de los conflictos sobre tierras registrados en la zona de Izabal, en la costa atlántica. Indignadas por la detención, algunas comunidades reaccionaron reteniendo a cuatro turistas belgas. Sin embargo, las acciones policiales emprendidas en relación con el incidente se saldaron con la muerte del campesino Mario Caal. En una investigación efectuada por la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca se llegó a la conclusión de que Mario Caal había sido ejecutado extrajudicialmente.

Según datos de la policía, durante 2008 tuvieron lugar 22 desalojos forzosos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según informes de organizaciones locales de derechos humanos, se registraron decenas de agresiones contra defensores de los derechos humanos, en algún caso con resultados mortales.

 En julio mataron a tiros a Antonio Morales. Su cadáver se encontró en una calle de Tixel, localidad del departamento de Huehuetenango en la que residía. Era miembro del comité de desarrollo de una comunidad local que había intentado recuperar tierras para la comunidad, y participaba en campañas en favor de los derechos de los trabajadores rurales y de los pueblos indígenas. Una semana antes del homicidio denunció que había recibido amenazas.

Sindicalistas

Varios sindicalistas murieron de forma violenta durante el año.

 En marzo, dos hombres armados dispararon contra Miguel Ángel Ramírez Enríquez, uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur (SITRABANSUR), cuando regresaba a su casa. Murió más tarde en el hospital. Sus familiares afirmaron que había recibido amenazas de muerte y que lo habían presionado para que abandonara sus actividades sindicales.

Policía y fuerzas de seguridad

El nuevo gobierno anunció varias iniciativas al respecto, pero al finalizar el año no se advertían resultados visibles en relación con la reducción de la delincuencia violenta, incluidos los homicidios. Al parecer, en muchos homicidios participaron miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de servicio como fuera de él.

 En enero, en el borde de una carretera al sur de la ciudad de Guatemala, se encontraron los cadáveres de dos hombres de 17 y 23 años. Tras estrangularlos con unas cuerdas, les habían disparado en la cabeza desde corta distancia. Según los informes, había algunos indicios de que los habían matado miembros de las fuerzas de seguridad, pero al finalizar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación significativa.

Violencia contra mujeres y niñas

Según datos de la policía, 687 mujeres fueron víctima de homicidios en 2008; sus cadáveres solían mostrar signos de violación y otros tipos de tortura. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó en enero que persistían las prácticas discriminatorias por parte de las autoridades, lo que comportaba que no se investigaran los homicidios de mujeres y que se tendiera a culpar a la víctima. En abril, el Congreso aprobó una nueva Ley contra el Femicidio que suscitó reacciones diversas entre las organizaciones de la sociedad civil.

En febrero, el presidente anunció que se harían públicos todos los documentos de las fuerzas armadas relacionados con las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno, pero el ejército se negó. En marzo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que se hicieran públicos los documentos de las fuerzas armadas clasificados en relación con una causa abierta contra varios ex oficiales de alto rango por presuntos crímenes de lesa humanidad. Al final del año aún no se habían desclasificado.

 Seis miembros de las antiguas Patrullas de Autodefensa Civil –grupos paramilitares creados para apoyar al ejército en operaciones de contrainsurgencia durante el conflicto armado interno– fueron declarados culpables del homicidio de 26 personas en una masacre perpetrada en Río Negro, departamento de Baja Verapaz, en marzo de 1982. En dicha masacre murieron 177 personas: 70 mujeres y 107 niños y niñas.

 En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una masacre cometida en Dos Erres, departamento de Petén, en diciembre de 1982, alegando que el gobierno no había cumplido la primera resolución de la Corte. En esta masacre murieron al menos 251 personas.

El Congreso no había aprobado todavía un anteproyecto de ley para crear una comisión encargada de investigar las 45.000 desapariciones forzadas que –según los cálculos– se produjeron durante el conflicto armado interno.

Pena de muerte

Durante el año no se condenó a muerte a ninguna persona y se conmutó la pena capital a cuatro. Quince personas seguían condenadas a muerte al finalizar el año. No hubo ejecuciones.

En febrero, el Congreso aprobó un decreto que podría haber comportado la reanudación de las ejecuciones, pero el presidente lo vetó en marzo.

En diciembre, Guatemala se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

 Guatemala: Submission to the UN Universal Periodic Review: Second session of the UPR Working Group, 5-16 May 2008 (AMR 34/001/2008)

 Guatemala: La denegación de las extradiciones solicitadas por España por crímenes de derecho internacional (AMR 34/013/2008)

Guinea

República de Guinea

Jefe del Estado: Moussa Dadis Camara

Jefe del gobierno: Kabiné Komara

Pena de muerte: retencionista

Población: 9,6 millones

Esperanza de vida: 54,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 163/144 por 1.000

Población adulta alfabetizada: 29,5 por ciento

El presidente Lansana Conté, que gobernaba Guinea desde hacía más de 24 años, murió el 22 de diciembre. Inmediatamente después de su muerte, una junta militar encabezada por Moussa Dadis Camara se hizo con el poder y prometió organizar elecciones presidenciales en 2010. En virtud de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir el poder hasta las elecciones, que se celebrarían en el plazo de 60 días. El golpe de Estado fue acogido favorablemente por la mayoría de la población guineana, incluidos miembros de la sociedad civil, pero fue condenado por la comunidad internacional, incluida la Unión Africana, que suspendió la participación de Guinea en sus actividades. La junta militar designó a Kabine Camara como primer ministro.

En mayo y junio estallaron revueltas armadas en la capital del país, Conakry, en Nzérékoré y en Kindia, encabezadas por soldados y policías que reclamaban el pago de salarios. Se produjeron enfrentamientos entre los soldados amotinados y guardias presidenciales, y los soldados detuvieron al subjefe del ejército cuando intentaba negociar. Durante las protestas, varias personas murieron abatidas por balas perdidas y decenas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran civiles, incluida una mujer en Kindia. No se abrió ninguna investigación oficial sobre los homicidios. En junio, policías que reclamaban el pago de atrasos salariales dispararon al aire y tomaron como rehenes al menos a 10 jefes policiales, a quienes liberaron posteriormente.

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación establecida en 2007 para investigar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 no llevó a cabo indagación alguna. En mayo, el presidente de la Comisión acusó al gobierno de congelar su apoyo económico. En una declaración efectuada en la ONU en octubre, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación por la ausencia de avances y por no garantizarse la financiación ni haberse implantado un mecanismo para la protección de testigos. El relator afirmó que la situación reunía todas las características de una comisión utilizada para distraer la atención y promover la impunidad.

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva en Conakry y sus alrededores y en Boké contra manifestantes que protestaban por el elevado costo de productos básicos como el arroz. Al menos 5 personas murieron y unas 20 resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones.

 En octubre, un niño de 13 años, Abdoulaye Cissé, y otra persona murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones.

 Dos personas murieron y otras siete resultaron gravemente heridas al disolver las fuerzas de seguridad unas manifestaciones en Mambya, cerca de Kindia, en octubre. Los manifestantes protestaban por la falta de electricidad, agua, escuelas y centros de salud.

 En octubre, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a uno de los presuntos organizadores de las manifestaciones de Boké. Karamba Dramé, presidente de un grupo de jóvenes de Khoréra, cerca de Boké, murió en Khoréra por disparos efectuados por soldados que llevaban boinas rojas. Los militares habían llegado especialmente de Conakry, tras haber identificado a Karamba Dramé mediante su teléfono móvil.

Durante el año no se abrió investigación oficial alguna sobre los homicidios.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica generalizada y sistemática durante y después del momento de la detención. En septiembre y octubre, poco después de las manifestaciones de Conakry y Boké, más de 10 personas fueron detenidas y permanecieron recluidas sin cargos durante unos días. Mientras estuvieron bajo custodia en Boké, los detenidos estuvieron recluidos en una celda de reducidas dimensiones, rodeados de excrementos y orina, y los soldados los azotaban con tiras de goma. Obligaban a los detenidos a contar y, si se equivocaban, debían comenzar de nuevo desde cero. Un estudiante, Aboubakar Fofana, entró en coma a consecuencia de los azotes de los soldados y hubo de ser ingresado en un hospital de Boké.

Periodistas independientes sufrieron intimidación, hostigamiento y detención arbitraria. Había restricciones a la libertad de expresión y de prensa, en particular cuando se criticaba a las autoridades.

 En agosto, Lansana Babara Camara, periodista de La Guinée Actuelle, periódico de titularidad privada, fue agredido por un miembro de la Brigada Autónoma de la Seguridad Presidencial mientras preguntaba sobre una visita del presidente Conté a Kindia.

 En octubre, Facely Traoré, reportero de Familia FM, emisora de radio privada, fue detenido y estuvo recluido durante un breve periodo en el departamento de investigación criminal de la policía. La detención se practicó mientras investigaba la detención de dos policías acusados de robar dos bolsas de arroz.

En octubre, el Consejo Nacional de la Comunicación levantó todas las sanciones impuestas a los periódicos. El único periódico suspendido en esa fecha era La Vérité, que había publicado un artículo en el que se criticaba a un ministro del gobierno no identificado.

Pena de muerte

Más de 26 reclusos continuaban en espera de ejecución en la prisión civil de Conakry y en la prisión de alta seguridad de Kindia, al este de Conakry.

Tres personas –Boubacar Sidy Diallo, Moustapha Bangoura y Naby Camara– fueron condenadas a muerte durante el periodo de sesiones del Tribunal de lo Penal celebrada en Conakry en noviembre y diciembre.

En diciembre, Guinea se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

 Guinea: Uso excesivo de la fuerza y tortura tras manifestaciones por el coste de la vida (AFR 29/001/2008)

Jefe del Estado: João Bernardo «Nino» Vieira

Jefe del gobierno: Carlos Gomes Júnior

(en diciembre sustituyó a Carlos Correia,

quien en agosto había sustituido a Martinho Ndafa Cabi)

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 1,7 millones

Esperanza de vida: 45,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 204/181 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 44,8 por ciento

La pobreza seguía estando muy extendida. En febrero, las autoridades afirmaron que necesitaban 20.000 toneladas de ayuda alimentaria. Sin embargo, el país seguía siendo políticamente inestable y los donantes se mostraban reacios a conceder ayuda para alimentos y proyectos sociales o para las muy necesarias reformas de las fuerzas armadas y el sector de la seguridad.

A lo largo de 2008 fueron frecuentes las huelgas de funcionarios civiles y otros colectivos por el impago de salarios. En abril estalló una epidemia de cólera que se propagó por todo el país y causó la muerte de más de 200 personas hasta noviembre, cuando la epidemia quedó bajo control. De acuerdo con un informe del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) publicado en mayo, la tasa de mortalidad infantil del país era la sexta del mundo.

En agosto, el presidente João Bernardo «Nino» Vieira disolvió el Parlamento y nombró un nuevo gobierno. En noviembre se celebraron elecciones parlamentarias, en las que ganó el Partido Africano por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC). El líder del Partido de Renovación Social (PRS) afirmó que los resultados estaban amañados. Aunque a finales de diciembre se nombró un nuevo primer ministro, al concluir el año todavía no se había formado un nuevo gobierno.

En agosto se recibieron informes sin concretar y sin verificar sobre una tentativa de golpe de Estado. En noviembre, un grupo de soldados atacó el Palacio Presidencial, dos días después de hacerse públicos los resultados de las elecciones. Las autoridades no se pusieron de acuerdo acerca de si se trataba de un intento de golpe de Estado o de un motín. Según los informes, un soldado murió en el ataque y varios guardias presidenciales resultaron heridos. Siete soldados fueron detenidos y el presunto cabecilla del ataque, sobrino del líder del PRS, huyó a Senegal, donde, según informes, fue detenido.

El tráfico de drogas siguió siendo un importante factor de desestabilización y persistieron las denuncias de que miembros de las fuerzas armadas estaban involucrados en el narcotráfico. En julio, un avión privado que transportaba drogas fue capturado en el aeropuerto de Bissau. Sin embargo, los soldados obstruyeron las investigaciones de la policía judicial y le impidieron entrar en el avión. Cinco tripulantes latinoamericanos y un controlador aéreo guineano fueron detenidos pero quedaron en libertad bajo fianza. Los ciudadanos extranjeros huyeron del país.

Cuatro soldados fueron detenidos y al terminar el año seguían privados de libertad, tras ser acusados, según los informes, de participación en el presunto intento de golpe de Estado de agosto. El presunto cabecilla de la tentativa de golpe de Estado, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, huyó del país, aunque las autoridades afirmaron que lo habían puesto bajo arresto domiciliario. Se había vinculado de forma persistente a este militar con el narcotráfico.

En agosto, Guinea-Bissau ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil.

La libertad de expresión estaba sometida a restricciones, y periodistas que informaron sobre el tráfico de drogas recibieron amenazas de muerte.

 En enero, el periodista Alberto Dabo recibió amenazas de muerte anónimas por teléfono, unos días después de encontrarse en la calle con el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada. Alberto Dabo afirmó que el oficial de marina blandió su puño contra él de forma amenazadora. Alberto Dabo recibió por primera vez amenazas en junio de 2007, tras acusar al oficial de marina de estar implicado en el tráfico de drogas. En agosto de 2007, el oficial presentó una demanda contra el periodista, pero al terminar 2008 el juicio aún no se había celebrado.

 El periodista Athizar Mendes Pereira fue detenido e interrogado durante varias horas por el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior en marzo. Había escrito un artículo en el que afirmaba que el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas había decidido ascender por su propia cuenta a agentes de policía. Quedó en libertad sin cargos seis horas después.