Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Libertad de expresión y periodistas Al menos dos periodistas –Momodou Justice Darboe y Lamin Fatty– salieron del país tras sufrir intimidación por parte del Servicio Nacional de Información y personal de otros organismos gubernamentales. Se concedió asilo en Europa y Estados Unidos a los periodistas Yahya Dampha, Omar Bah, Pa Ousman Darboe, Musa Saidykhan y Sulayman Makalo, que habían estado ocultos en otros países del África Occidental. Varios periodistas fueron detenidos y estuvieron recluidos sin cargos durante periodos superiores a las 72 horas permitidas por la legislación de Gambia, entre ellas los periodistas Dida Halake, Sam Obi y Abdulgafari Oladimeji. El periodista Mam Ceit Ceesay quedó en libertad en febrero después de estar recluido sin cargos durante cuatro meses. En agosto, Fatou Jaw Manneh, periodista gambiana radicada en Estados Unidos, fue declarada culpable de sedición en un juicio que comenzó en marzo de 2007. La condenaron a cuatro años de prisión con trabajos forzados, pero se le permitió pagar una multa de 250.000 dalasis (unos 12.000 dólares estadounidenses) en vez ingresar en la cárcel. Más tarde abandonó el país. El periódico Today dejó de publicarse tras ser declarado culpable su director, Abdulhamid Adiamoh, ciudadano nigeriano, de no pagar impuestos. También lo acusaron de sedición por escribir sobre las condiciones sociales de los niños y niñas en Gambia. El juicio continuaba al terminar 2008. En diciembre, una pareja británica, David y Fiona Fulton, que llevaba nueve años viviendo en Gambia, fue detenida y acusada de sedición. Las instalaciones del periódico The Independent continuaron bajo vigilancia policial y no abrieron por segundo año consecutivo.
Tres jueces fueron apartados de sus cargos inconstitucionalmente. B.Y. Camara, magistrado del Tribunal Superior, y la magistrada Haddy Roche fueron destituidos en julio por orden del presidente, y la magistrada Naceesay Sallah-Wadda en septiembre. No se ofreció ninguna razón oficial de la destitución de los jueces ni se consultó con la Comisión del Servicio Judicial. Los tres jueces fueron rehabilitados en sus cargos antes de terminar el año. No se produjeron novedades en el asesinato no resuelto del destacado periodista Deydra Hydara, cometido en 2005.
Al término de 2008 había 15 personas condenadas a muerte. La Constitución de 1997 exigía que la Asamblea Nacional llevase a cabo en el plazo de 10 años una revisión constitucional de la pena de muerte, con miras a su abolición. Tampoco en este año la Asamblea Nacional llevó a cabo esta revisión. Tambara Samba, ciudadana senegalesa condenada a muerte por asesinato, perdió su recurso de apelación en octubre. En noviembre, un agente de policía cuyo juicio había comenzado en 2007 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero En un discurso pronunciado en mayo, el presidente Yahya Jammeh amenazó con expulsar o matar a las personas lesbianas y gays. Después del discurso, al menos tres hombres gambianos y dos españoles fueron detenidos como sospechosos de conducta sexual con personas del mismo sexo. El gobierno se retractó después de la afirmación del presidente. El artículo 144 del Código Penal de 1965 de Gambia penalizaba la conducta homosexual por considerarla un «delito antinatural» y estipulaba una condena de hasta 14 años de prisión, lo cual era contrario a las obligaciones internacionales de Gambia en materia de derechos humanos.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Gambia en septiembre. Gambia: Fear Rules (AFR 27/003/2008)
Jefe del Estado: Mijail Saakashvili (sustituyó a Nino Burdzhanadze en enero) Jefe del gobierno: Grigol Mgaloblishvili (sustituyó a Vladimer «Lado» Gurgenidze en noviembre) Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 4,4 millones Esperanza de vida: 70,7 Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 45/37 por cada 1.000
El 5 de enero, Mijail Saakashvili fue reelegido presidente por un estrecho margen en las elecciones anticipadas convocadas después de las protestas masivas de noviembre de 2007. Al concluir el año no se habían publicado los resultados de la investigación sobre la actuación de la policía al dispersar violentamente esas protestas. El partido gobernante, el Movimiento Nacional Unido, ganó las elecciones parlamentarias en mayo. A partir de abril creció la tensión en las zonas de conflicto en Abjasia y Osetia del Sur, y aumentaron los informes sobre bombardeos y lanzamiento de granadas, así como sobre presuntas violaciones del espacio aéreo. El 7 de agosto estallaron las hostilidades a gran escala en Osetia del Sur, que desembocaron en una guerra de cinco días entre fuerzas georgianas y rusas en la que murieron más de 600 personas, más de la mitad de ellas civiles. Las fuerzas rusas expulsaron rápidamente a las fuerzas georgianas de Osetia del Sur y continuaron su avance hasta principios de octubre, ocupando áreas de territorio georgiano no disputadas y situadas dentro de la llamada «zona temporal de seguridad». El 26 de agosto, la Federación Rusa reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur; al concluir el año, el único otro Estado que había reconocido esa independencia era Nicaragua. En abril, la OTAN decidió no invitar a Georgia a integrarse en la organización, aunque en diciembre acordó reforzar la cooperación, utilizando el marco existente de la comisión OTAN-Georgia, para revisar los progresos de Georgia hacia un Plan de Acción para la Adhesión.
Las fuerzas armadas georgianas no parecieron adoptar medidas precautorias apropiadas para proteger a los civiles durante su ataque a la capital de Osetia del Sur, Tsjinvali, la noche del 7 al 8 de agosto. Decenas de civiles murieron durante el ataque, que también ocasionó graves daños en la infraestructura civil. Gran parte de estos daños fueron causados por cohetes Grad, cuya escasa precisión no hacía recomendable su uso en ataques a zonas civiles densamente pobladas. El gobierno georgiano admitió más tarde haber utilizado municiones de racimo contra objetivos militares. Debido al elevado índice de artefactos que quedaban sin detonar, las municiones de racimo seguían produciendo lesiones y mutilaciones indiscriminadamente después de concluir las hostilidades. En septiembre, el Parlamento georgiano estableció una comisión para investigar todos los aspectos de la guerra; la Fiscalía General también abrió una investigación sobre la actuación de todas las partes durante las hostilidades.
Después de la retirada de las fuerzas georgianas de Osetia del Sur, milicias leales a las autoridades de facto surosetias saquearon e incendiaron varios asentamientos de mayoría georgiana en Osetia del Sur. Estos asentamientos se encontraban bajo control ruso en ese momento, aunque el ejército ruso no intervino para impedir los actos de las milicias. También se recibieron informes de palizas y homicidios a personas de etnia georgiana. El pillaje y los incendios no se extendieron a todos los asentamientos georgianos de Osetia del Sur, sino que se concentraron en las zonas que en el pasado estuvieron asociadas a la administración alternativa encabezada por Dimitri Sanakoev y apoyada por las autoridades georgianas. Imágenes captadas por satélite confirmaron la destrucción a gran escala en estos asentamientos, denunciada por testigos presenciales. Después del conflicto, las autoridades de Osetia del Sur impidieron el acceso de ayuda humanitaria a las zonas bajo su control. Personas internamente desplazadas En el momento álgido del conflicto, más de 190.000 personas se desplazaron internamente o, como en el caso de los osetios desplazados a la Federación Rusa, se convirtieron en refugiadas, aunque la mayoría pudieron regresar a sus hogares al concluir el conflicto. Entre los desplazados se encontraban unas 2.000 personas de Abjasia Superior –anteriormente la única parte de Abjasia bajo control georgiano– que habían tenido que abandonar sus hogares a causa de las hostilidades entre las fuerzas georgianas y abjasias en esa zona, unas hostilidades que fueron simultáneas a los enfrentamientos entre fuerzas georgianas y rusas en Osetia del Sur. Las autoridades georgianas afirmaron que hasta 25.000 surosetios internamente desplazados se enfrentaban a un desplazamiento de larga duración. Este grupo debía sumarse a las aproximadamente 220.000 personas internamente desplazadas por las hostilidades de comienzos de la década de 1990. Unas 10.000 personas tampoco podían regresar a sus casas en la antigua «zona temporal de seguridad» –parte de la cual permaneció bajo control ruso hasta octubre– debido a los daños en sus casas o al riesgo que seguía existiendo de morir por disparos o ser víctimas de secuestro. Represión de la disidencia Varios activistas y miembros de la oposición sufrieron ataques por parte de hombres desconocidos, en algunos casos enmascarados, a finales de mayo y principios de junio. Entre las víctimas había miembros de la coalición de partidos Oposición Unida, y en especial del Partido Republicano y del partido Nuevos Derechos. Según informó el Defensor del Pueblo, después de las elecciones parlamentarias celebradas en mayo se produjeron 12 ataques, la mayoría de ellos en la capital, Tiflis, y algunos en la ciudad de Gori. Al concluir el año no se habían producido avances en las investigaciones de estos ataques. Libertad de expresión El 30 de mayo, el equipo directivo de Imedi TV, el único canal nacional que emitía comentarios críticos con el gobierno, fue despedido después de que se produjeran cambios en la propiedad de la compañía. Imedi TV había reanudado parcialmente sus emisiones en mayo, después de que la policía antidisturbios ocupase la sede del canal en noviembre de 2007 y sus emisiones quedaran suspendidas. El 4 de abril, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Georgia denegó a Maestro TV –un canal de televisión regional por cable que se veía en la capital y otras tres ciudades en el este de Georgia– la licencia para emitir programación política.
El 24 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución sobre el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de Georgia. En ella se afirmaba que «se han respetado formalmente numerosos compromisos […], si bien persisten deficiencias importantes». La resolución citaba como motivos de preocupación las condiciones de detención, la prevención de la tortura y el respeto a las minorías y a los derechos religiosos o relativos a la propiedad. El 2 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó una resolución sobre las consecuencias de la guerra entre Georgia y Rusia, en la que se afirmaba que el ataque de las fuerzas georgianas a Tsjinvali había constituido «uso desproporcionado de fuerza armada». Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Georgia en julio, agosto y octubre. Civilians in the line of fire: The Georgia/Russia conflict (EUR 04/005/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: John Agyekum Kufuor Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 23,9 millones Esperanza de vida: 59,1 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 90/86 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 57,9 por ciento
El 7 de diciembre se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. Después de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 28 de diciembre, John Evans Atta Mills fue declarado presidente electo. La violencia que se desató antes de las elecciones causó enfrentamientos en Tamale (capital de la región Septentrional) y en Ho (capital de la región de Volta). Al terminar 2008 no se había aprobado todavía el proyecto de ley sobre Libertad de Información, introducido por primera vez en 2002.
En muchos casos, la policía no ponía a disposición judicial a las personas detenidas en un plazo razonable. Algunos agentes de policía firmaban ellos mismos las órdenes de ingreso en prisión preventiva y llevaban a los detenidos directamente a la cárcel. El Programa Justicia para Todos, puesto en marcha en 2007 por el Ministerio de Justicia y la judicatura para acelerar los juicios de las personas que estaban en prisión preventiva, no había tenido efectos significativos al terminar el año.
Las cárceles estaban abarrotadas y carecían de recursos, las instalaciones médicas y sanitarias eran inadecuadas y no había suficientes camas o colchones. Muchos reclusos dormían directamente en el suelo y se veían obligados a dormir por turnos. Según cifras oficiales, unas prisiones con capacidad para unos 8.000 reclusos albergaban a aproximadamente 14.000. Casi un tercio de estas personas estaban en espera de juicio. Al término de 2008, la prisión de seguridad media de Nsawam, construida para 800 reclusos, albergaba a unas 3.000 personas, más del 60 por ciento de las cuales estaban en espera de juicio. Según los informes, se habían extraviado los expedientes de unos 300 reclusos que estaban en espera de juicio, y otros 300 presos continuaban recluidos después de expirar su orden judicial. Durante una visita de Amnistía Internacional a Ghana, en marzo de 2008, el gobierno denegó la petición de la organización de visitar las prisiones. Pena de muerte No se adoptaron medidas para abolir la pena de muerte. Había 104 reclusos en espera de ejecución, de los cuales tres eran mujeres. En 2008, dos hombres y una mujer fueron condenados a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones. Derecho a la vivienda Continuaron durante 2008 los desalojos forzosos y los consiguientes desplazamientos internos, sobre todo de personas marginadas. Violencia contra mujeres y niñas La violencia contra las mujeres seguía siendo práctica generalizada, y se pensaba que la violencia en el ámbito familiar afectaba a una de cada tres mujeres. Seguían sin verse los efectos de la Ley sobre Violencia Doméstica aprobada en 2007. Homicidios ilegítimos Los medios de comunicación informaron de varios homicidios de presuntos ladrones y otras personas durante 2008 en actos de «violencia colectiva». De acuerdo con los informes, no se llevaron a cabo investigaciones sobre estos homicidios. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Ghana en marzo y julio. Ghana: Submission to the UN Universal Periodic Review (AFR 28/001/2008) Ghana: What’s happening in the prisons? (AFR 28/002/2008) Ghana: Review of Ghana under the Universal Periodic Review: Amnesty International’s reflections on the outcome (AFR 28/003/2008)
Jefe del Estado: Karolos Papoulias Jefe del gobierno: Kostas Karamanlis Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 11,2 millones Esperanza de vida: 78,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 8/8 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 96 por ciento La muerte de un joven de 15 años, en diciembre, por disparos de la policía desató en todo el país una oleada de protestas, en ocasiones violentas, en las que la policía, según los informes, hizo uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. A pesar de la nueva legislación sobre el procedimiento de asilo y las condiciones de recepción de las personas migrantes, el trato que recibían los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo seguía violando las normas internacionales. Miles de presos se pusieron en huelga de hambre para protestar por el trato que recibían en prisión. Un objetor de conciencia recibió una condena de prisión. Homicidio de Alexis Gregoropoulos: uso de fuerza excesiva El 6 de diciembre, un disparo de un agente de la unidad de «guardias especiales» causó la muerte de Alexis Gregoropoulos, de 15 años de edad, en el centro de Atenas. Las versiones de los hechos que condujeron a la muerte del joven eran contradictorias. Según la policía, dos agentes que viajaban en un vehículo fueron atacados por un grupo de entre 20 y 30 jóvenes. En un segundo encuentro, uno de los agentes lanzó una granada de fogueo, mientras el otro realizó dos disparos al aire y uno al suelo. Una de las balas rebotó e hirió de muerte a Alexis Gregoropoulos. Según los testimonios de transeúntes, en torno a las nueve de la noche dos policías en un vehículo se acercaron a Alexis Gregoropoulos y a su grupo de amigos y los insultaron. Cuando los agentes se marchaban, uno de los jóvenes arrojó una botella contra el vehículo policial. Los policías aparcaron el vehículo, regresaron a pie y volvieron a insultar a los jóvenes. Durante la disputa, uno de los agentes realizó tres disparos, uno de los cuales mató a Alexis Gregoropoulos. Al cabo de unos días, los dos agentes fueron suspendidos. El que realizó el disparo fue acusado de uso ilegal de armas de fuego y homicidio intencionado, mientras que el segundo se enfrentaba a cargos de complicidad. El homicidio desencadenó una oleada de protestas contra el gobierno en todo el país, que al concluir el año no se había apaciguado. Según los informes, la policía hizo uso de fuerza excesiva y de violencia punitiva contra manifestantes pacíficos, en lugar de dirigirse a los alborotadores que se dedicaban a destruir bienes. Entre las personas golpeadas por la policía se encontraban dos miembros de Amnistía Internacional. La policía también llevó a cabo numerosas detenciones arbitrarias.
En julio se anunciaron dos decretos presidenciales en relación con los procedimientos y criterios para la determinación de la condición de refugiado. Ninguno de ellos abordaba plenamente los motivos de preocupación planteados por organizaciones de derechos humanos y de otro tipo. El decreto presidencial 90/2008 sólo asignaba asistencia letrada gratuita en la fase de apelación, una vez que la demanda de asilo había sido rechazada. El proceso de revisión de las solicitudes de asilo rechazadas no era independiente, ya que el Comité de Apelaciones seguía conservando el estatus de órgano asesor del ministro del Interior. Los abogados tenían un acceso limitado a los expedientes de los casos y a los clientes que se encontraban bajo custodia. Las solicitudes de asilo debían presentarse en persona, lo que ponía a algunos solicitantes en peligro de ser detenidos. Las solicitudes debían presentarse inmediatamente después de entrar en el país, sin que existieran disposiciones específicas que garantizasen el acceso al procedimiento a las personas detenidas a su llegada. Los solicitantes de asilo podían permanecer detenidos hasta 60 días. El decreto presidencial 96/2008 establecía los criterios para tener derecho a protección específica para refugiados y a protección por razones humanitarias. Los motivos de exclusión en relación con la protección humanitaria subsidiaria incluían delitos menores punibles con tres meses de prisión. En abril, la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó que el acceso de los menores de edad a la protección para los refugiados era arbitrario y que la información que se facilitaba sobre el procedimiento de solicitud de asilo era inadecuada. También concluyó que la edad rara vez se tenía en cuenta al decidir la prioridad de las solicitudes. En su informe, el ACNUR pidió el fin de la detención administrativa de personas menores de edad. En octubre, según informes, 160 migrantes menores de edad no acompañados –entre los que posiblemente había solicitantes de asilo– se encontraban retenidos en el centro de detención de Pagani, en la isla de Lesbos, en condiciones inhumanas, degradantes e insalubres. Los detenidos dormían en el suelo, permanentemente inundado debido a los desperfectos en la fontanería, y rara vez se les permitía salir al exterior para hacer ejercicio. El centro, construido para 300 personas, albergaba a 830, incluidas madres con bebés y al menos una mujer embarazada. El acceso a abogados y ONG era limitado. Tortura y otros malos tratos A lo largo del año se recibieron informes de malos tratos policiales a detenidos, especialmente a migrantes y miembros de grupos marginados. Según informes, el 7 de julio varias personas migrantes que llegaron a la isla de Samos fueron detenidas y sufrieron malos tratos a manos de agentes de la guardia costera. Los migrantes afirmaron haber recibido bofetadas, puñetazos y patadas en el barco de la guardia costera. Al parecer, uno de los guardias hizo tragar crema de protección solar a un hombre; a otro lo agarraron del pelo y le golpearon la cabeza contra un lateral del barco. Según informes, a un tercero le rompieron el tímpano de una bofetada. Al concluir el año aún no había concluido la investigación sobre las denuncias. Tampoco había finalizado la investigación ordenada en octubre de 2007 sobre malos tratos a migrantes en la isla de Quíos. El 26 de octubre, unos agentes de policía atacaron frente a la Dirección de Extranjería a un nutrido grupo de solicitantes de asilo que esperaban para presentar sus solicitudes; en el ataque mataron a un hombre y causaron heridas a varios otros, según informó el Grupo de Abogados por los Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes, con base en Atenas. Según informes, la Dirección de Extranjería no aceptaba nuevas solicitudes desde hacía dos meses. Un romaní arrestado el 19 de junio afirmó que, después de detenerlo, lo habían golpeado durante varias horas en la comisaría de Aharnon. El 16 de octubre, el Consejo Disciplinario de Apelaciones de la policía impuso sendas multas y la suspensión en sus funciones durante un periodo de hasta seis meses a tres agentes implicados en la paliza recibida por un estudiante chipriota, Avgoustinos Demetriou, el 17 de noviembre de 2006 en Tesalónica. Avgoustinos Demetriou resultó herido de gravedad. Otros cuatro agentes que estuvieron presentes durante el incidente pero que no tomaron parte en la paliza fueron absueltos. En febrero se publicó el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) sobre la visita que este organismo había realizado al país en 2007. El informe señalaba que Grecia había violado gravemente los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la prohibición de la tortura y el respeto a la vida privada y familiar. El CPT informó de condiciones inhumanas y degradantes en algunas bases de la guardia de fronteras y numerosas denuncias de malos tratos. También observó que no se respetaba en la práctica el derecho de los migrantes detenidos a tener acceso a un abogado y a informar a sus familias de su detención, mientras que el acceso a asistencia médica era limitado. El CPT realizó una segunda visita ad hoc a Grecia del 23 al 29 de septiembre.
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