Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

En su informe de marzo, el relator especial de la ONU sobre el racismo señaló que las personas migrantes eran objeto de discriminación y estaban expuestas a sufrir ataques por motivos raciales, especialmente a manos de miembros de organizaciones extremistas, como los grupos neonazis. El relator expresó su preocupación por los casos de acoso a personas migrantes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular guardias de fronteras.

En diciembre se promulgó la Ley de Igualdad de Trato, que contenía disposiciones contra la discriminación en varios ámbitos, entre ellos el empleo y la educación. En 2007, la Unión Europea había pedido formalmente a Estonia que incorporara la Directiva de la UE sobre la Igualdad Racial a su legislación nacional.

Uso excesivo de la fuerza

Hacia mediados de 2008, la policía y la fiscalía desecharon, por falta de pruebas, las investigaciones criminales relativas a las denuncias según las cuales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sometido a malos tratos a manifestantes y otras personas en una manifestación celebrada en la capital, Tallin, en abril de 2007. Aunque en al menos un caso la investigación establecía que las personas habían sufrido realmente malos tratos, no se tomaron medidas porque no se identificó a los perpetradores.

En febrero, siete personas presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos basada en que habían sido víctimas de detención y reclusión ilegítimas y sometidas a trato inhumano y degradante, y en que las autoridades estonias se habían negado a abrir una investigación sobre su detención y reclusión ilegítimas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, el Consejo de la Policía de Seguridad de Estonia publicó su informe anual, en el que hacía graves acusaciones contra el Centro de Información Legal para los Derechos Humanos, ONG que promovía y defendía los derechos de las personas pertenecientes a minorías lingüísticas. En el informe se afirmaba que la citada ONG era utilizada por la Federación Rusa para realizar investigaciones científicas con fines propagandísticos, y se acusaba a la ONG de intentar ocultar las fuentes concretas de los fondos que recibía de la Federación Rusa. Cundía la opinión de que estas acusaciones eran un intento de las autoridades de desacreditar al Centro de Información Legal para los Derechos Humanos y menoscabar sus intentos de obtener el apoyo económico y social necesario para desempeñar su labor.

Jefe del Estado: Girma Wolde-Giorgis

Jefe del gobierno: Meles Zenawi

Pena de muerte: retencionista

Población: 85,2 millones

Esperanza de vida: 51,8

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 151/136 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 35,9 por ciento

La Comisión de Fronteras Eritrea-Etiopía concluyó su mandato en octubre a pesar de que Etiopía no aplicó su dictamen, y el Consejo de Seguridad de la ONU retiró la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE) debido a la obstrucción por parte de Eritrea de sus operaciones en la frontera entre Eritrea y Etiopía.

Durante buena parte del año miles de efectivos de las fuerzas armadas etíopes permanecieron en Somalia para apoyar al Gobierno Federal de Transición en el conflicto armado contra los insurgentes. Continuaron en 2008 las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas etíopes. Las facciones insurgentes afirmaban que combatían para obligar a Etiopía a retirarse de Somalia. En un acuerdo de paz firmado por los representantes de la rama de Yibuti de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia y los del Gobierno Federal de Transición a finales de octubre se incluía un plan para la retirada gradual de las fuerzas etíopes. Éstas comenzaron a retirarse a finales de año, pero al terminar 2008 no se habían retirado completamente de Somalia.

El gobierno hacía frente a conflictos armados esporádicos en los estados regionales de Oromia y Somali, y miembros del Frente Nacional de Liberación de Ogadén también estaban implicados en abusos contra los derechos humanos cometidos contra la población civil. Partidos etíopes de oposición en el exilio seguían activos en Eritrea y en otros países de África y Europa.

Las escisiones dividieron el partido de oposición Coalición por la Unidad y la Democracia, lo que causó la aparición de nuevos partidos de oposición, como el Partido Unidad por la Democracia y la Justicia, liderado por la ex juez Birtukan Mideksa. Ésta había sido una de los más de 70 dirigentes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, periodistas y activistas de la sociedad civil condenados y después indultados y liberados en 2007.

Atacantes suicidas hicieron estallar una bomba en la misión comercial de Etiopía en Hargeisa, Somalilandia, el 29 de octubre, y causaron la muerte de varios civiles etíopes y somalíes.

Continuaban recluidos varios presos políticos detenidos en años anteriores en el contexto de conflictos armados internos o después de las controvertidas elecciones de 2005.

 Bekele Jirata, secretario general del partido Movimiento Democrático Federalista Oromo, Asefa Tefera Dibaba, profesor de la Universidad de Addis Abeba, y decenas de personas del grupo étnico oromo fueron detenidos en Addis Abeba y en algunas zonas del estado regional de Oromia a partir del 30 de octubre. Algunos detenidos fueron acusados de apoyar económicamente al Frente de Liberación Oromo.

 Continuaba recluido el sultán Fowsi Mohamed Ali, mediador independiente a quien se había detenido en Jijiga en agosto de 2007, según los informes con objeto de impedir que prestara declaración ante una misión de investigación de la ONU. Juzgado por su presunta participación en dos ataques con granadas de mano en 2007, fue condenado a 22 años de prisión en mayo de 2008.

 El 15 de enero, Birtukan Mideksa, Gizachew Shiferaw y Alemayehu Yeneneh, en esa fecha miembros directivos de la Coalición por la Unidad y la Democracia, estuvieron detenidos durante un breve periodo bajo custodia policial después de celebrar reuniones del partido en el sur de Etiopía. Birtukan Mideksa fue detenida de nuevo el 28 de diciembre luego de dar a conocer una declaración pública en relación con las negociaciones que culminaron en su indulto en 2007. El indulto fue anulado y se restableció la condena de cadena perpetua.

Liberaciones

Muchas personas que habían recuperado la libertad sufrían hostigamiento e intimidación, y algunas decidieron salir del país.

 Daniel Bekele y Netsanet Demissie, defensores de los derechos humanos y abogados, quedaron en libertad el 28 de marzo. Habían estado recluidos desde noviembre de 2005 junto con centenares de parlamentarios de la oposición, miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia y periodistas. A diferencia de los demás encausados en el juicio, que habían sido indultados y excarcelados en 2007, Daniel Bekele y Netsanet Demissie permanecían recluidos, tras haberse negado a firmar un documento negociado por ciudadanos prominentes. Los dos hombres prepararon su defensa y fueron declarados culpables de incitación criminal por el Tribunal Superior Federal (aunque el juez que presidía el tribunal disintió) y condenados a 30 meses de prisión. Cuando resultó evidente que no quedarían en libertad, ni siquiera después de apelar, decidieron firmar el documento negociado y más tarde fueron indultados y liberados tras cumplir 29 meses de su condena.

 Se retiraron antes del juicio, sin perjuicio, los cargos de conspiración para cometer «ultrajes contra la Constitución» presentados contra Yalemzewd Bekele, abogada defensora de los derechos humanos que había trabajado para la Comisión Europea en Addis Abeba.

 Abdirahman Mohamed Qani, jefe del subclán Tolomoge del clan Ogadén, en el estado regional de Somali, fue detenido el 13 de julio tras ser bienvenido por un gran número de personas que se habían congregado en su casa para recibirlo al regresar después de dos años en el extranjero. Fue liberado el 7 de octubre y, según los informes, los familiares suyos que también habían sido detenidos fueron puestos en libertad varios días después.

 Alemayehu Mesele, activista de la Coalición por la Unidad y la Democracia que había sufrido hostigamiento desde su excarcelación en 2007, huyó de Etiopía a principios de mayo tras ser brutalmente golpeado por atacantes desconocidos.

 Amare Aregawi, director del periódico Reporter, fue severamente golpeado por atacantes desconocidos el 31 de octubre en Addis Abeba. En agosto había sido detenido por funcionarios de seguridad.

En septiembre, el gobierno anunció la liberación de 394 presos y la conmutación de una condena a muerte por cadena perpetua para conmemorar el Año Nuevo etíope.

Los periodistas independientes seguían siendo objeto de hostigamiento y detención.

Al menos 13 periódicos clausurados por el gobierno en 2005 continuaban cerrados. Según los informes, a algunos periodistas independientes se les negó la licencia para operar, aunque a otros se les concedió. Serkalem Fasil, Eskinder Nega y Sisay Agena, ex propietarios de los periódicos independientes de mayor circulación de Etiopía, que habían estado detenidos con miembros de la Coalición por la Unidad y la Democracia, no recibieron las licencias para abrir dos nuevos periódicos.

En febrero, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de disolver la Asociación de Profesores de Etiopía y entregó sus bienes a un sindicato rival formado por el gobierno, también con el nombre de Asociación de Profesores de Etiopía. Esta acción se produjo después de años de hostigamiento y detención contra miembros del sindicato. En diciembre, el sindicato, que pasó a llamarse Asociación Nacional de Profesores, vio denegada su solicitud de registro en el censo de asociaciones profesionales.

 Alemayehu Mahtemework, propietario de la publicación mensual Enku, fue detenido el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), y 10.000 ejemplares de su publicación fueron incautados. Quedó en libertad sin cargos cinco días después y más tarde se le devolvieron los ejemplares de la revista.

 En noviembre, un juez de un Tribunal Superior Federal declaró culpable a Tsion Girma, redactora jefa del semanario Enbilta, de «incitar al público mediante rumores falsos» tras cometer un error en la información. Según los informes, Tsion Girma pagó una multa y quedó en libertad.

El gobierno revisó en varias ocasiones en 2008 el anteproyecto de Proclama sobre Entidades Benéficas y Sociedades, pero seguía constituyendo una amenaza para el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión. Sus disposiciones incluían severas restricciones sobre la cantidad de fondos extranjeros que las organizaciones de la sociedad civil etíopes que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos humanos podían recibir de otros países (un máximo del 10 por ciento del total de ingresos). También establecía una Agencia de Sociedades Civiles que tendría una autoridad amplia sobre las organizaciones que llevasen a cabo actividades relacionadas con los derechos humanos y la resolución de conflictos en Etiopía. Se esperaba que el Parlamento aprobase la ley a principios de 2009.

Etiopía mantenía una importante presencia militar en Somalia que apoyó al Gobierno Federal de Transición hasta el final del año. Las fuerzas etíopes cometieron abusos de los derechos humanos y –según los informes– crímenes de guerra. Fuerzas etíopes atacaron la mezquita de Al Hidya, en Mogadiscio, en la que murieron 21 hombres, algunos en el interior de la mezquita, el 19 de abril. Más de 40 niños estuvieron recluidos durante unos días antes de ser liberados una vez asaltada la mezquita. Se recibieron informes de que muchos ataques de fuerzas etíopes como respuesta a la insurgencia armada habían sido indiscriminados y desproporcionados, y que a menudo tuvieron lugar en zonas civiles densamente pobladas.

El gobierno continuó con las operaciones de contrainsurgencia en el estado regional de Somali, que aumentaron después de los ataques del Frente Nacional de Liberación de Ogadén contra una instalación petrolífera de Obole en abril de 2007. Estas operaciones incluían restricciones a la ayuda humanitaria que habían tenido graves repercusiones sobre los distritos del estado afectados por el conflicto. El gobierno no permitía el acceso independiente sin trabas para observar la situación de los derechos humanos.

Una agencia contratada por el gobierno indagó sobre los informes de palizas, violaciones y otras formas de tortura, reclutamiento forzoso y ejecuciones extrajudiciales en el estado regional de Somali que databan de 2007, pero ningún organismo internacional independiente investigó los hechos.

Tortura y otros malos tratos

No se investigaron las denuncias de tortura hechas por algunos encausados en el juicio del parlamentario electo Kifle Tigeneh y otras personas, uno de los varios juicios que afectaban a la Coalición por la Unidad y la Democracia.

Las condiciones en la prisión de Kaliti y otras instalaciones de detención eran duras: hacinamiento, falta de higiene y ausencia de atención médica adecuada. Entre las personas detenidas en esas condiciones había presos políticos que llevaban largo tiempo recluidos sin cargos ni juicio, en particular los acusados de vinculación con el Frente de Liberación Oromo.

 Mulatu Aberra, comerciante del grupo étnico oromo acusado de apoyar al Frente de Liberación Oromo, quedó en libertad bajo fianza el 1 de julio y huyó del país. Lo habían detenido en noviembre de 2007 y, según los informes, mientras estuvo bajo custodia lo torturaron y se le negó tratamiento médico para las lesiones resultantes.

Aunque en 2008 los tribunales impusieron algunas condenas a muerte, no se recibieron informes de ejecuciones.

 En mayo, el Tribunal Federal Supremo anuló sentencias anteriores y condenó a muerte al ex presidente Mengistu Haile Mariam (exiliado en Zimbabue) y a 18 altos funcionarios de su gobierno, conocido como el Dergue. La acusación había recurrido contra las condenas de cadena perpetua impuestas en 2007, tras ser declarados culpables por el Tribunal Superior Federal de genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados entre 1974 y 1991.

 El 6 de abril, un tribunal condenó a muerte in absentia a cinco oficiales militares que habían servido con Mengistu Haile Mariam y se los declaró responsables de los ataques aéreos en Hawzen, estado regional de Tigré, en los que habían muerto cientos de personas en un mercado en junio de 1980.

 El 8 de mayo, un tribunal del estado regional de Tigré declaró culpables a seis personas de un atentado con bomba contra un autobús, perpetrado el 13 de marzo en el norte de Etiopía, entre Humora y Shira, y condenó a muerte a tres de ellas.

 El 21 de mayo, el Tribunal Supremo Federal condenó a muerte a ocho hombres por un atentado con explosivos perpetrado el 28 de mayo de 2007 en Jijiga, estado regional de Somali.

 El 22 de mayo, un tribunal militar condenó a muerte in absentia a cuatro pilotos etíopes que habían solicitado asilo mientras recibían instrucción en Israel en 2007.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Etiopía: El gobierno prepara un ataque a la sociedad civil. La nueva legislación represiva debe ser enmendada o eliminada (AFR 25/006/2008)

 Ethiopia: Comments on the Draft Charities and Societies Proclamation (AFR 25/008/2008)

 Etiopía: Un proyecto de ley que echaría por tierra la sociedad civil (AFR 25/009/2008)

 Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques (AFR 52/006/2008)

 Etiopía: Reclusión arbitraria / tortura u otros malos tratos (AFR 25/012/2008)

Jefe del Estado: Dmitri Medvédev

Jefe del gobierno: Vladímir Putin

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 141,8 millones

Esperanza de vida: 65 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/18 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 99,4 por ciento

El 2 de marzo, Dmitri Medvédev fue elegido presidente. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se negó a vigilar el proceso electoral alegando las restricciones impuestas por el gobierno ruso en este sentido. El presidente Medvédev anunció medidas para combatir la corrupción. El partido Rusia Unida, encabezado en Chechenia por el presidente Ramzán Kadírov, obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas en octubre en la República de Chechenia. En Ingusetia, Yunus-Bek Evkurov sustituyó en octubre a Murat Ziazikov en la presidencia.

Siguieron recibiéndose informes sobre la situación de inestabilidad y violencia registrada en el Cáucaso Septentrional, sobre todo en Chechenia, Ingusetia, Daguestán y Kabardino-Balkaria. Los grupos armados de oposición fueron responsables de la muerte de decenas de agentes de policía y de funcionarios locales en Daguestán, Chechenia e Ingusetia. En noviembre, 12 personas resultaron muertas y muchas otras heridas en un atentado con explosivos perpetrado en Vladikavkas (Osetia del Norte). En Chechenia se promulgó un código indumentario muy estricto. Las mujeres y las niñas que no llevaban el pañuelo musulmán no podían entrar en los edificios oficiales y corrían el riesgo de que las expulsaran de la escuela y la universidad.

En agosto, después de meses de creciente tensión y pequeñas escaramuzas, las tensiones entre Georgia y la región separatista de Osetia del Sur degeneraron en un conflicto armado que, en su fase de mayor intensidad, ocasionó el desplazamiento de más de 200.000 personas. Rusia reconoció posteriormente a Osetia del Sur y a Abjasia como Estados independientes.

Se siguieron recibiendo informes de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos y ejecuciones extrajudiciales, a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chechenia, Daguestán e Ingusetia. Persistía la preocupación de que las investigaciones sobre dichas violaciones no fueran efectivas y que este hecho diera lugar a una impunidad generalizada.

Las autoridades persiguieron a periodistas, medios de comunicación y ONG por denunciar violaciones de derechos humanos. En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió seguir vigilando la situación en el Cáucaso Septentrional.

Ingusetia

Grupos armados llevaron a cabo numerosos atentados –a menudo mortales– contra miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluido uno fallido contra el ministro del Interior de Ingusetia. Siguieron recibiéndose informes de torturas perpetradas contra detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que al menos en un caso ocasionaron la muerte de la víctima.

 Magomed Evloev, destacada figura de la oposición y propietario de un sitio web independiente alojado en Ingusetia, murió el 31 de agosto como consecuencia de las lesiones sufridas cuando se encontraba en un vehículo de la policía; ésta lo había detenido en el aeropuerto tras su llegada a Ingusetia. Su muerte se calificó en un principio de acto de negligencia, pero al finalizar el año estaba pendiente de resolución un recurso presentado por su abogado y algunos compañeros suyos para que se tipificara como asesinato. En noviembre, un tribunal de Ingusetia resolvió que la detención había sido ilegal.

Chechenia

En Chechenia se encontraron varias fosas comunes. Sin embargo, las autoridades federales bloquearon la construcción de un laboratorio de medicina legal, que podría haber contribuido a esclarecer la suerte corrida por víctimas de desaparición forzada.

En mayo se hallaron siete cadáveres en una fosa común situada en una zona que había estado bajo control del denominado «batallón del este», unidad perteneciente al Ministerio de Defensa.

En 2008, según los informes, se produjeron en Chechenia alrededor de una decena de desapariciones forzadas.

 El 3 de agosto, unos hombres ataviados con ropa de camuflaje detuvieron en Grozni a Makhmadsalors (o Makhmudsalors) Masaev. Un mes antes, un periódico había publicado un artículo suyo en el que daba detalles sobre otra detención ilegal que había sufrido en 2006, al parecer en Tsenteroi, localidad situada en una zona bajo control de Ramzán Kadírov, a la sazón primer ministro del gobierno checheno. Por esas fechas, Makhmadsalors Masaev había presentado también una denuncia en relación con dicha detención y existía el temor de que su desaparición forzada tuviera como objetivo impedir la tramitación de dicha denuncia. Al finalizar el año seguía desconociéndose su paradero y la suerte que había corrido.

En 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en más de 30 casos que las autoridades rusas habían violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la conducta de sus fuerzas en Chechenia o a la falta de investigaciones prontas y efectivas sobre casos de homicidio y desaparición forzada.

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró a las autoridades rusas responsables de la presunta muerte de Aminat Dugayeva (o Dugaeva), de 15 años, y de una prima suya, Kurbika Zinabdieyva (o Zinabdieva), que se encontraban en paradero desconocido desde que en mayo de 2003 unos soldados rusos se las llevaron del domicilio de la segunda. El Tribunal lamentó también que las autoridades rusas no hubieran hecho públicos los documentos sobre la investigación y afirmó que el trato dado a los familiares durante su desarrollo había sido inhumano y degradante.

Se amenazó a decenas de familias desplazadas internamente con desalojarlas de las casas que ocupaban temporalmente en Chechenia sin proporcionarles una indemnización ni una vivienda alternativa adecuada. Se recibieron también informes sobre el desalojo de familias y la destrucción de sus bienes por sus presuntos vínculos con grupos armados.