Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Condiciones de reclusión Las condiciones de reclusión continuaban siendo crueles, inhumanas y degradantes. En las prisiones y los centros de detención seguía existiendo hacinamiento y los alimentos estaban a menudo estropeados. A pesar de las salvaguardas legislativas y procesales, los menores permanecían recluidos junto con adultos en condiciones deficientes y continuaban corriendo peligro de sufrir abusos físicos y sexuales. Los medios de comunicación pusieron de relieve la discriminación existente en las prisiones e informaron de la existencia de 6.000 celdas privadas especiales –según informes en algunos casos con servicios como camas grandes y televisores LCD– a disposición de personas ricas e influyentes. Finlandia República de Finlandia Jefa del Estado: Tarja Halonen Jefe del gobierno: Matti Vanhanen Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 5,3 millones Esperanza de vida: 78,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/4 por cada 1.000
Según las conclusiones de Amnistía Internacional, no se denunció a la policía ni el 10 por ciento de las violaciones cometidas en Finlandia, y sólo uno de cada siete casos denunciados terminaron en condena. El Código Penal seguía estableciendo diversas categorías de violación en función del grado de violencia física ejercido o utilizado como amenaza por el perpetrador, por lo que no atendía al daño psicológico causado a las sobrevivientes ni protegía adecuadamente su derecho a la libre determinación sexual. Las relaciones sexuales en las que la víctima no fuera capaz de dar su genuino consentimiento, por ejemplo debido a una enfermedad o por encontrarse bajo la influencia de alcohol o drogas, no se calificaban de violación sino de «abuso sexual», delito menos grave. Además, ciertas categorías de violación y «abuso sexual» sólo se investigaban y enjuiciaban si la víctima lo solicitaba. El gobierno no estableció un plan general de acción para combatir la violencia contra las mujeres. En septiembre, el gobierno presentó un Plan Nacional de Acción para implementar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mujer, la paz y la seguridad. Personas refugiadas y solicitantes de asilo La aplicación estricta del denominado Reglamento Dublín II de la UE motivó la devolución de solicitantes de asilo al Estado miembro de la Unión Europea al que habían llegado en primer lugar para que éste se encargara de examinar su solicitud de asilo, aunque en ese Estado fuera menos probable que les brindaran protección que en Finlandia. El número total de «devoluciones Dublín» desde Finlandia aumentó de 320 en 2007 a 430 como mínimo en 2008. La devolución de solicitantes de asilo a Grecia se interrumpió en la segunda mitad del año, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Administrativo de Helsinki expresaron su preocupación por el procedimiento de determinación de casos de asilo en Grecia. Los tribunales de Finlandia adoptaron procedimientos excepcionales para tramitar los recursos presentados por solicitantes de asilo que habían pasado por Grecia de camino a Finlandia. Se detuvo a al menos 22 solicitantes de asilo menores de edad, entre ellos siete que no iban acompañados de adultos. Justicia internacional La policía siguió investigando el caso de un ciudadano ruandés sospechoso de crímenes de genocidio que permanecía bajo custodia en espera de juicio desde que fue detenido en Finlandia en abril de 2007. El gobierno de Ruanda cursó una solicitud de extradición en abril de 2008. Si fuera extraditado, este hombre correría peligro de ser sometido a un juicio injusto. Presos de conciencia: objeción de conciencia al servicio militar En enero entró en vigor una nueva ley relativa a la duración del servicio civil alternativo al servicio militar. La duración del servicio civil alternativo seguía siendo punitiva y discriminatoria; aunque se había acortado de 395 a 362 días, seguía durando más del doble de los 180 días que solía durar el servicio militar. Había 18 presos de conciencia encarcelados, todos ellos objetores de conciencia al servicio militar. La mayoría cumplía una pena de 181 días de prisión por negarse a realizar el servicio civil alternativo.
Jefe del Estado: Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda Jefe del gobierno: Josaia Voreqe Bainimarama Pena de muerte: abolicionista sólo para delitos comunes Población: 844.000 Esperanza de vida: 68,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/24 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 94,4 por ciento El gobierno provisional respaldado por las fuerzas armadas continuó violando la libertad de expresión e intimidando a periodistas y miembros de la población. La Comisión de Derechos Humanos de Fiyi apoyó la expulsión del país de destacadas figuras de los medios de comunicación y criticó el papel desempeñado por ONG de derechos humanos en la sociedad civil fiyiana. Continuaron recibiéndose informes sobre violencia contra las mujeres. Libertad de expresión En febrero, el ministro de Defensa Epeli Ganilau ordenó la expulsión a Australia de Russell Hunter, editor del diario Fiji Sun, tras la publicación de una serie de artículos en los que se denunciaba que un destacado integrante del Consejo de Ministros había evadido impuestos. Funcionarios de inmigración llevaron a cabo la expulsión, a pesar de que en la orden del ministro Ganilau se especificaba que había un plazo de siete días para ello y que en ese periodo podía presentarse un recurso. Hunter no tuvo posibilidad de recurrir la decisión del ministro. En mayo, Evan Hannah, editor del diario Fiji Times, fue expulsado a Australia por funcionarios de inmigración, tras la publicación de una serie de artículos en los que se criticaba al gobierno provisional. Durante su detención y mientras permaneció recluido, Evan Hannah no pudo recurrir la decisión de expulsión; tampoco pudo ponerse en contacto con su abogado una vez que lo sacaron de su casa. Funcionarios del Estado hicieron caso omiso de la orden judicial según la cual agentes de policía y funcionarios de inmigración tenían que presentar a Evan Hannah ante el Tribunal Superior de Suva el 2 de mayo. En agosto, la periodista Serafina Silaitoga fue objeto de amenazas e intimidación por parte de agentes de la policía de Labasa, tras escribir un artículo en el que criticaba a un destacado ministro y que se publicó en el diario Fiji Times el 9 de agosto. Agentes de policía intentaron obligarla a declarar con respecto al artículo, y, al negarse ella a hacerlo sin contar con representación legal, la amenazaron con encerrarla en un calabozo. En febrero, un informe encargado por la Comisión de Derechos Humanos de Fiyi pidió una mayor regulación de los medios de comunicación, con medidas como la creación de un tribunal específico para este fin. En agosto, el gobierno provisional anunció la creación de un tribunal para regular la actuación de los medios de comunicación de forma más estricta. En junio, la Comisión de Derechos Humanos de Fiyi hizo público un informe sobre la expulsión de los dos editores mencionados anteriormente en el que atacaba a las ONG y pedía que las autoridades vigilaran más de cerca sus actividades y su financiación. El informe también dio a conocer mensajes de correo electrónico confidenciales entre representantes de ONG y los editores, en los que se analizaba la situación política de Fiyi. El ex dirigente de la oposición Mick Beddoes planteó su inquietud ante el hecho de que la Comisión pudiera acceder a mensajes de correo electrónico privados y confidenciales entre defensores de los derechos humanos y otras personas que trabajaban para ONG de derechos humanos. Tortura y otros malos tratos En julio, el preso fugado Josefa Baleiloa fue brutalmente golpeado por agentes de policía durante su captura en Suva y posteriormente. Josefa Baleiloa permaneció en coma durante dos semanas y en septiembre murió a consecuencia de las lesiones. Según información aparecida en televisión, más de 10 agentes de policía lo habían seguido golpeando cuando ya hacía mucho que había dejado de oponer resistencia. Testigos presenciales afirmaron que los agentes lo arrastraron, lo golpearon con piedras y trozos de madera, saltaron sobre él cuando ya estaba inconsciente y continuaron actuando de este modo mientras se lo llevaban en un vehículo policial. No se ha iniciado una investigación sobre su muerte. Violencia contra mujeres y niñas El grado de violencia contra las mujeres continuó siendo elevado. Aumentó el número de informes sobre violencia sexual contra mujeres y niñas. Francia República Francesa Jefe del Estado: Nicolas Sarkozy Jefe del gobierno: François Fillon Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 61,9 millones Esperanza de vida: 80,2 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000
Continuaron las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ni los órganos encargados de hacer cumplir la ley ni las autoridades judiciales investigaron esas denuncias de acuerdo con las normas internacionales, lo que creó un clima de impunidad de hecho. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra solicitantes de asilo y migrantes irregulares en los centros de detención, y por la ausencia de investigaciones y penas adecuadas en relación con esas violaciones de derechos humanos. El 22 de septiembre el ministro del Interior autorizó a los agentes de la policía municipal el uso de dispositivos de energía conducida. Anteriormente, sólo los agentes del cuerpo nacional de policía estaban autorizados a utilizar este tipo de armas.
El 9 de mayo, Abdelhakim Ajimi murió en la localidad de Grasse durante su detención. Unos agentes de policía lo detuvieron e inmovilizaron después de un altercado en una entidad bancaria donde él había intentado retirar dinero. Se abrió una investigación judicial sobre el incidente, que al terminar el año no había concluido. Según el informe de la autopsia, Abdelhakim Ajimi falleció por asfixia causada por las técnicas de inmovilización que se utilizaron contra él. Varios testigos presenciales afirmaron que la policía había hecho uso de fuerza excesiva. Los agentes implicados seguían en activo al concluir el año. Impunidad En julio, la fiscalía cerró la investigación sobre las denuncias de malos tratos formuladas por Josiane Ngo. Al parecer, la policía le había propinado patadas y puñetazos y la había arrastrado por el suelo en julio de 2007, cuando estaba embarazada de ocho meses. El incidente tuvo lugar en la calle, delante de un gran número de testigos. Josiane Ngo pasó la noche bajo custodia policial, pero al día siguiente la pusieron en libertad sin cargos. Tras un examen médico, se le reconoció la incapacidad laboral durante un periodo de 10 días a consecuencia de sus lesiones. Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los informes relativos al hacinamiento, la falta de instalaciones para la higiene personal y la atención alimentaria y médica insuficiente que padecían los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo –incluidos menores de edad no acompañados– que permanecían recluidos. Pidió a Francia que revisase su política en materia de detención y mejorase las condiciones de vida en los centros de detención, especialmente en los departamentos y territorios de ultramar. En diciembre, Amnistía Internacional y un medio de comunicación francés recibieron fotografías y un fragmento de vídeo, enviados anónimamente, que documentaban las condiciones inhumanas en el centro de detención para migrantes del territorio de ultramar francés de Mayotte. En el material enviado se apreciaban el grave hacinamiento, la escasez de higiene y las deficientes instalaciones médicas. En abril, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, agencia gubernamental encargada de determinar el estatuto de refugiado, informó de que el índice de solicitudes de asilo reconocidas había llegado casi al 30 por ciento en 2007, una de las tasas más elevadas de los últimos años. En contraste, el número de nuevas solicitudes de asilo había seguido disminuyendo, y había pasado de 26.369 en 2006 a 23.804 en 2007. El 3 de julio, varios miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para reformar el derecho de apelación ante el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo para los solicitantes de asilo cuyas peticiones se estuvieran examinando con arreglo al procedimiento acelerado. En virtud de la nueva propuesta, los solicitantes de asilo que estuvieran recurriendo una decisión adoptada mediante el procedimiento acelerado no podían ser devueltos a su país de origen mientras el recurso no se hubiera resuelto. El proyecto de ley no recibió el apoyo del gobierno. Seguridad y medidas antiterroristas En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la legislación antiterrorista aprobada en 2006 y pidió a Francia que garantizase a todos los detenidos el acceso inmediato a un abogado y su comparecencia sin demora ante un juez. Las autoridades francesas siguieron devolviendo a personas a países donde corrían riesgo de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos. El 14 de abril, Rabah Kadri, ciudadano argelino, fue liberado de la prisión de Val de Reuil. Había cumplido la condena que le fue impuesta el 16 de diciembre de 2004 por el Tribunal Correccional de París por participación en una conspiración terrorista para atentar con bombas en el mercado de Navidad de la ciudad de Estrasburgo en 2000. Fue condenado a seis años de prisión, seguidos de su expulsión permanente del territorio francés. Inmediatamente después de salir de prisión, Rabah Kadri fue puesto bajo custodia policial y devuelto a Argelia por vía marítima el 15 de abril. Llegó a Argelia el 16 de abril y fue entregado a las autoridades argelinas, que lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación durante 12 días en un lugar no revelado. El 21 de abril, Kamel Daoudi fue liberado de la prisión de La Santé después de cumplir su condena, e inmediatamente fue puesto bajo custodia en espera de su devolución a Argelia. En 2005 lo habían declarado culpable de «asociación criminal en relación con una actividad terrorista» y de falsificación de documentos oficiales, y lo habían condenado a seis años de cárcel seguidos de su expulsión permanente del territorio francés. De origen argelino, Kamel Daoudi había adquirido la nacionalidad francesa, aunque en 2002 fue despojado de ella debido a las denuncias sobre su relación con grupos terroristas, pese a que el proceso penal contra él aún no había concluido en aquel entonces. Tras una petición presentada por su abogado, el 23 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a las autoridades francesas que suspendiesen el procedimiento de expulsión mientras el Tribunal estudiaba si Kamel Daoudi correría riesgo de tortura u otros malos tratos en caso de ser devuelto a Argelia. Al concluir el año, Kamel Daoudi vivía bajo las condiciones impuestas por una «orden de confinamiento» –que restringía sus movimientos a ciertas áreas de Francia y le obligaba a presentarse regularmente en una comisaría–, en espera de la decisión del Tribunal Europeo. Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales Detención preventiva El 7 de febrero se aprobó una nueva legislación en materia de «detención preventiva» que permitía que las personas que habían sido declaradas culpables de ciertos delitos fuesen detenidas, una vez cumplida su condena, durante periodos de un año renovables indefinidamente, si se estimaba que eran peligrosas y que presentaban un elevado riesgo de reincidencia. En la práctica, esta legislación permitía la ampliación indefinida de la condena de prisión impuesta en el juicio, lo cual violaba el derecho a la libertad, la prohibición de la detención arbitraria y la presunción de inocencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que la legislación fuese revisada. Archivos policiales con datos personales Un decreto publicado el 1 de julio, vinculado a la creación de la Dirección Central de la Seguridad Pública, autorizaba la recopilación de datos nuevos de carácter personal por parte de la policía y los servicios de seguridad en el denominado «fichero EDVIGE» (Explotación Documental y Valorización de la Información General). En estos archivos se recogería y almacenaría información sobre las personas mayores de 13 años «susceptibles de alterar el orden público» y se incluirían, entre otros, datos sobre la salud y la orientación sexual de la persona. Tras una oleada de protestas y varias sesiones de debate ante la comisión legislativa parlamentaria, el ministro del Interior propuso una versión revisada del texto que, en diciembre, seguía siendo examinada por la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades. Inspector general de los centros de detención El 11 de junio, el Consejo de Ministros nombró a Jean-Marie Delarue inspector general de los centros de detención, de acuerdo con los requisitos que establecía el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. En julio, el Parlamento aprobó legislación que permitiría a Francia ratificar el Protocolo Facultativo. Defensor de los derechos El 21 de julio se aprobó una nueva ley constitucional destinada a reformar ciertos aspectos del sistema político y de la administración pública. La legislación creó una nueva institución de ámbito nacional para la protección de los derechos humanos, conocida como el «Defensor de los derechos». Al concluir el año, aún estaba por determinar el mandato exacto de esta institución, pero se preveía que sustituyera a algunos organismos existentes, entre ellos la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (CNDS), responsable de la supervisión independiente de los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Preocupaba que esta medida pudiera dar lugar a una pérdida de especialización, conocimientos y recursos para llevar a cabo el trabajo de la CNDS, y que incluso restringiera sus capacidades, produciendo un impacto negativo en la supervisión independiente y eficaz de los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Francia en marzo y mayo. Francia: Grabar los interrogatorios no basta; se necesitan más salvaguardias para los derechos de las personas detenidas (EUR 21/004/2008) France: Briefing to the Human Rights Committee (EUR 21/005/2008) Gambia República de Gambia Jefe del Estado y del gobierno: Yahya Jammeh Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 1,8 millones Esperanza de vida: 58,8 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 129/124 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 42,5 por ciento
En julio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), ordenó al gobierno de Gambia que pusiera en libertad a Chief Ebrima Manneh, ex periodista del Daily Observer detenido en 2006, y le pagase 100.000 dólares estadounidenses. El gobierno hizo caso omiso de la sentencia y siguió negando que el periodista estuviera bajo su custodia. Continuaba sin conocerse la suerte de Kanyiba Kanyie, simpatizante de la oposición detenido en septiembre de 2006, ya que el gobierno siguió negando que tuviera conocimiento de su paradero. Un ex detenido que estuvo recluido con Kanyiba Kanyie en la prisión de Mile 2 en 2007 afirmó que éste había quedado en libertad a principios de 2007, pero no hubo más noticias de él. Otras seis personas seguían desaparecidas y se temía que pudieran haber sido ejecutadas extrajudicialmente. Se trataba de Momodou Lamin Nyassi, Ndongo Mboob y Buba Sanyang, detenidos en 2006, y Marcia Jammeh, Haruna Jammeh y Jisacha Kujabi, detenidos en 2005. Durante 2008 no se investigó la suerte de cinco hombres, entre ellos el ex director general del Servicio Nacional de Información, Daba Marena, detenidos inicialmente en relación con la conspiración para el golpe de Estado frustrado de marzo de 2006. Estos hombres escaparon presuntamente durante un traslado penitenciario en abril de 2006. Se sospechaba que habían sido ejecutados extrajudicialmente. La CEDEAO y la ONU formaron un equipo para investigar la muerte de 55 extranjeros víctimas de presuntos homicidios ilegales a manos de las fuerzas de seguridad de Gambia en 2005. Las víctimas fueron 40 ghaneses, 10 nigerianos, 2 senegaleses, un togolés, un congoleño y un marfileño. Al término de 2008 no se habían hecho públicos resultados de la investigación ni se había puesto a disposición judicial a ningún sospechoso. Reclusión sin juicio Algunas personas llevaban largo tiempo encarceladas sin juicio. Continuaron recluidas al menos dos personas detenidas en relación con la conspiración para el golpe de Estado de marzo de 2006. Ni Alieu Lowe, recluido sin cargos, ni Hamadi Sowe, acusado de ocultación de traición, habían sido juzgados al terminar el año. Al menos seis personas estaban encarceladas sin cargos, en algunos casos desde hacía más de cuatro años: Ismaila Bajinka y Kebba Secka, ex miembros del Servicio Nacional de Información; Sam Kambai, sargento del ejército; Ebrima Joof, cabo del ejército; Ebou Jarju, cocinero presidencial; y Alfusainey Jammeh, agente de policía. Al menos 19 personas, incluidos algunos nacionales de Senegal y Nigeria, estaban recluidas sin cargos en celdas de máxima de seguridad en la prisión de Mile 2, una de ellas desde hacía al menos 12 años.
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