Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Daguestán Grupos armados de oposición mataron a varios altos funcionarios de organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según los informes, se detuvo arbitrariamente y se torturó a varios hombres acusados de colaborar con dichos grupos. Durante las denominadas operaciones antiterroristas se perpetraron violaciones de derechos humanos contra civiles. Según los informes, en una de ellas, que duró alrededor de siete meses, el ejército bloqueó de forma parcial el acceso a una localidad y hostigó a los vecinos. Kabardino-Balkaria Continuaron las vistas preliminares del juicio que se estaba celebrando en Nalchik contra 58 personas acusadas de participar en un ataque contra edificios oficiales perpetrado en 2005 en dicha localidad. Según los informes, el estado de salud de varios detenidos se había deteriorado como consecuencia de las condiciones de detención preventiva. El Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, visitó el centro de detención en abril y mayo. En septiembre se detuvo a otros tres hombres en Kabardino-Balkaria y se los acusó de haber participado en el ataque ocurrido en 2005. Uno de ellos afirmó que lo habían torturado para que confesara. En febrero detuvieron de forma arbitraria a la madre y a un hermano de un presunto implicado en el atentado de Nalchik detenido desde 2005, Rasul Kudaev, registraron su domicilio y se llevaron documentos relacionados con la detención de éste. Según su madre y su abogado, Rasul Kudaev, que había permanecido detenido en Guantánamo bajo custodia de fuerzas estadounidenses entre 2002 y 2004, padecía una hepatitis crónica que no estaba siendo tratada de la forma adecuada.
Los intensos combates desencadenados la noche del 7 de agosto en Osetia del Sur marcaron el comienzo de un enfrentamiento entre fuerzas rusas y georgianas que habría de durar cinco días y cobrarse la vida de más de 600 personas, más de la mitad de ellas civiles. Las fuerzas rusas expulsaron rápidamente a las tropas georgianas de Osetia del Sur y ocuparon además partes del territorio de Georgia no reivindicadas por Rusia, conocidas como «zonas tapón», que no habrían de abandonar hasta principios de octubre. A finales de año, las autoridades georgianas informaron de que al menos 25.000 desplazados internos de Osetia del Sur no podían regresar a sus hogares y corrían el riesgo de permanecer desplazados durante mucho tiempo. Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo ataques aéreos y artilleros entre el 8 y el 12 de agosto. Aunque al parecer la mayoría de los ataques tenían por objetivo posiciones militares georgianas situadas fuera de zonas densamente pobladas, los bombardeos afectaron también a varios pueblos y ciudades y, según los informes, en algunos casos podrían haber sido indiscriminados o haberse efectuado directamente contra civiles o infraestructuras civiles. Se tuvo noticia también de que las fuerzas rusas no habían actuado de manera adecuada cuando milicias leales a las autoridades de facto de Osetia de Sur cometieron actos de pillaje a gran escala y provocaron incendios en varios asentamientos de mayoría georgiana situados en dicha región y amenazaron y maltrataron a sus habitantes. Estos asentamientos se encontraban a la sazón bajo control militar ruso. Había indicios también de que las fuerzas rusas habían utilizado bombas de racimo durante los combates. Tras el fin del conflicto entre Georgia y Rusia, varios parlamentarios del Consejo de Europa visitaron Rusia con el fin de recopilar información sobre la situación de la región en materia humanitaria y de derechos humanos. También visitaron la región el secretario general y el comisario de derechos humanos de este organismo y el alto comisionado de la ONU para los refugiados.
Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los abogados que se expresaban abiertamente sobre los abusos perpetrados contra los derechos humanos corrían el riesgo de sufrir amenazas y actos de intimidación. Al parecer, la policía se mostraba remisa a la hora de investigar las amenazas y un clima de impunidad rodeaba los ataques cometidos contra activistas de la sociedad civil. La Fiscalía General anunció en junio que había concluido su investigación sobre el caso de Anna Politkovskaya, periodista especializada en derechos humanos asesinada a tiros en Moscú en octubre de 2006. En noviembre comenzó el juicio contra tres hombres acusados de intervenir en el asesinato, pero todos negaron los cargos. Un cuarto, ex miembro del Servicio Federal de Seguridad, detenido en un principio en relación también con el asesinato, permanecía bajo custodia por su presunta participación en otro delito. Al finalizar el año el presunto autor material de los disparos efectuados contra Anna Politkovskaya no había sido detenido y se encontraba, al parecer, escondido en el extranjero. El 17 de julio detuvieron en Chechenia a cuatro miembros de la organización de derechos humanos Memorial cuando tomaban imágenes de un edificio que se había utilizado al parecer como centro de detención secreto. Amenazaron a los cuatro y les destruyeron la cinta de vídeo. El 25 de julio, unos hombres armados –funcionarios al parecer de un organismo federal encargado de hacer cumplir la ley– sacaron de su domicilio de Troitskaia, en Ingusetia, a Zurab Tsechoev, miembro de la organización de derechos humanos Mashr (Paz). Algunas horas después se lo encontró en una calle de la periferia de Magas, capital de Ingusetia, con lesiones graves que hicieron necesaria su hospitalización. En agosto prendieron fuego al domicilio de Dmitrii Kraiukhin, defensor de los derechos humanos y activista contra el racismo, en Orel, localidad del centro de Rusia. Las autoridades se negaron a abrir una investigación criminal. La víctima había recibido amenazas con anterioridad. Libertad de expresión En un clima de creciente intolerancia frente a la manifestación de puntos de vista independientes, se formularon cargos penales contra varios defensores de los derechos humanos y simpatizantes de grupos de oposición por expresar opiniones discrepantes o criticar a las autoridades. En mayo se formularon cargos contra dos organizadores de una exposición celebrada en 2007 en el Museo Sajarov por incitar al odio y a la animosidad. Yurii Samodurov y Andrei Yerofeev se enfrentaban a una causa penal por haber organizado una muestra denominada «Arte Prohibido 2006». Se los acusaba de haber exhibido obras cuyo propósito era humillar y herir los sentimientos de los miembros de la Iglesia Ortodoxa. En febrero se acusó a Lev Ponomarev, defensor de los derechos humanos y presidente de la organización Movimiento por los Derechos Humanos, de haber insultado a Yurii Kalinin, director del Departamento de Ejecución de Penas. En una entrevista, Lev Ponomarev había afirmado que consideraba a Yurii Kalinin responsable de las torturas y malos tratos aplicados en las colonias penitenciarias rusas. Libertad de reunión y asociación El 6 de mayo, víspera de la toma de posesión del presidente Medvédev, se detuvo a numerosas personas que intentaban participar en una manifestación pacífica contra el gobierno. Posteriormente, la fiscalía de Moscú consideró ilegal la prohibición de la manifestación. Oleg Kozlovskii, coordinador del movimiento Oborona (Defensa), recibió una pena de 13 días de detención administrativa tras ser detenido cuando se dirigía a la manifestación. El Tribunal Federal de Moscú lo absolvió en septiembre. En marzo, pocos días después de las elecciones, se retiraron los cargos presentados contra Ludmila Kuzmina, directora de una sección de Golos (Voz), ONG dedicada a la defensa de los derechos de los electores. En 2007 se la había acusado formalmente de utilizar programas informáticos obtenidos de manera ilegal. Se había intentado también cerrar su sección por incumplir presuntamente la legislación sobre ONG. En virtud de la Ley para Combatir el Extremismo se inició en mayo una investigación contra el director de una organización dedicada a la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en la localidad siberiana de Tiumen. Anteriormente se había rechazado la inscripción de la organización en el registro de asociaciones por considerar que entre sus objetivos figuraba el de reducir la población de la Federación Rusa, lo que podía representar una amenaza contra la seguridad nacional. Al parecer, la investigación no había concluido todavía al finalizar el año.
Se recibieron de toda la Federación Rusa informes de torturas y malos tratos a detenidos y reclusos. Algunos de los métodos utilizados consistían en propinarles palizas, aplicarles descargas eléctricas, impedirles respirar mediante la colocación de bolsas de plástico y obligarlos a permanecer en posturas dolorosas durante periodos prolongados. Se recibieron también denuncias de violaciones bajo custodia. A algunas personas detenidas no se les facilitaba el tratamiento médico necesario. A principios de septiembre, según los informes, secuestraron en Moscú a varios hombres de etnia ingusetia. Uno de ellos afirmó que había sufrido malos tratos durante los días que permaneció recluido en un centro de detención secreto administrado por el Ministerio de Defensa en la región de Moscú. Se inició una investigación, pero al finalizar el año no había concluido todavía. En abril detuvieron a Sergei Liapin, residente en Nizhnii Novgorod, por su presunta relación con una oleada de robos, pero él negó rotundamente cualquier implicación en los hechos. Afirmó que lo habían torturado para que confesara. Señaló que agentes de policía le habían echado agua, aplicado electrodos en partes sensibles del cuerpo y propinado patadas y golpes. Lo habían tenido toda la noche en un calabozo y no lo habían llevado a un hospital hasta el día siguiente, cuando su estado de salud se había deteriorado. En septiembre entró en vigor una ley que permitía la inspección pública de los centros de detención por personas seleccionadas previamente. Sin embargo, las labores de inspección no habían comenzado todavía al finalizar el año. Internos de varias colonias penitenciarias rusas protestaron por sus condiciones de reclusión, que, según los informes, constituían en ocasiones tratos inhumanos o degradantes. Se registraron motines y huelgas de hambre en varias colonias penitenciarias de los distritos federales de los Urales y del Volga. Los presos se quejaban de las palizas y los malos tratos que sufrían a manos de guardias de prisiones y de otros reclusos y afirmaban que las autoridades penitenciarias les negaban el acceso a tratamiento médico. Según los informes, cuatro presos murieron después de ser golpeados cuando los trasladaban a otra colonia penitenciaria de la región de Cheliabinsk. Se formularon cargos penales contra varios funcionarios de prisiones en relación con estas muertes y al finalizar el año seguía pendiente de resolución la causa seguida contra ellos. Temor por las devoluciones Se siguió tratando de extraditar a ciudadanos uzbekos a Uzbekistán, donde corrían peligro de sufrir torturas y malos tratos. Se suspendieron al menos dos extradiciones como consecuencia de la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no se adoptó la decisión de suspender todas las extradiciones a Uzbekistán. En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que no se debía extraditar a Uzbekistán a 13 empresarios de Asia Central. En la causa de Ismoilov and others v. Russia, el Tribunal señaló que estaba convencido de que los demandantes corrían un auténtico peligro de sufrir malos tratos si los devolvían a dicho país.
Los procedimientos judiciales no siempre cumplían las normas internacionales sobre juicios justos y seguía preocupando la falta de respeto por el Estado de derecho. En algunos casos políticamente significativos, el trato dado a los presuntos delincuentes equivalía a una auténtica persecución. El derecho de los sospechosos a contar con un abogado se vulneraba una y otra vez. En octubre se denegó la libertad condicional a Mikhail Khodorkovskii, ex propietario de la empresa petrolera Yukos. Al haber cumplido ya la mitad de su condena de ocho años de cárcel, lo normal habría sido que se la hubieran concedido. Ese mismo mes permaneció recluido durante 12 días en una celda de castigo por conceder una entrevista a un escritor ruso. Posteriormente, un tribunal de la localidad siberiana de Chita consideró que este castigo y otros dos que había recibido por presuntas infracciones de las normas penitenciarias habían sido ilegales. Uno de estos castigos se había utilizado como argumento en contra de su libertad condicional. Se amplió hasta febrero de 2009 la detención preventiva que se le había impuesto en relación con otros cargos de fraude, así como la de un ex colega suyo, Platon Lebedev. En junio se volvieron a presentar cargos contra los dos, y ambos permanecían recluidos en Chita, donde, debido a la enorme distancia entre esta ciudad y Moscú, su acceso a abogados y familiares era muy limitado. El ex vicepresidente de Yukos, Vasilii Aleksanian, que se encontraba en prisión preventiva desde abril de 2006, fue trasladado en febrero a un centro especializado a raíz de las protestas que había suscitado en todo el mundo la negativa de las autoridades a concederle acceso a tratamiento médico adecuado. A lo largo del año se amplió su detención preventiva en repetidas ocasiones y sólo a finales de diciembre quedó en libertad bajo fianza en virtud de una resolución judicial. Vasilii Aleksanian, que sufría varias dolencias relacionadas con el VIH/sida, declaró en una entrevista que le habían ofrecido acceso a tratamiento médico a cambio de declarar en contra de Mikhail Khodorkovskii, ex presidente de Yukos. Discriminación por motivos raciales Según organizaciones rusas de derechos humanos, al menos 87 personas murieron a lo largo del año como consecuencia de agresiones de motivación racial. Funcionarios del gobierno reconocieron la gravedad del problema y pidieron que se castigara con dureza a las personas declaradas culpables de semejantes delitos. Al finalizar el año, sin embargo, no se había puesto en marcha un plan integral para combatir el racismo y la discriminación racial. En julio y agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó el informe presentado por Rusia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En sus Observaciones finales, el Comité pidió a las autoridades rusas que adoptaran las medidas adecuadas para combatir los actos de violencia y discriminación racial perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En mayo se condenó a ocho hombres a penas que oscilaban entre dos años de cárcel y cadena perpetua por su implicación en una explosión ocurrida en 2006 en un mercado moscovita frecuentado por comerciantes extranjeros. El atentado causó 14 muertos y decenas de heridos. En diciembre se condenó a siete jóvenes, varios de ellos menores de 18 años, a penas de entre 6 y 20 años de cárcel por el homicidio de 20 personas de aspecto no eslavo. En algunos casos, los jóvenes habían filmado los homicidios y distribuido los vídeos por Internet.
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era un fenómeno generalizado. Aunque algunos funcionarios del gobierno admitieron el problema en declaraciones públicas, el apoyo del Estado a los centros de crisis y a las líneas telefónicas de emergencia era totalmente inadecuado. Había menos de 20 refugios en todo el país para mujeres que huían de la violencia intrafamiliar. Ninguna ley rusa abordaba de manera específica la violencia contra las mujeres en el entorno familiar. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegados de Amnistía Internacional visitaron varias regiones de la Federación Rusa, entre ellas Ingusetia, Osetia del Norte y el distrito federal de los Urales. En junio se negó a una delegación de la organización el acceso a la República de Chechenia. Federación Rusa: Libertad limitada. El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa (EUR 46/008/2008) Russian Federation: Human rights memorandum to President Medvedev (EUR 46/018/2008) Russian Federation: Submission to the UN Universal Periodic Review – Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (EUR 46/026/2008)
Jefa del Estado y del gobierno: Gloria Macapagal Arroyo Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 89,7 millones Esperanza de vida: 71 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 32/21 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 92,6 por ciento
En agosto estallaron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y el Frente Moro de Liberación Islámica, al dictar el Tribunal Supremo una orden por la que se suspendía temporalmente el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales firmado previamente. El Memorando ampliaba la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y otorgaba mayores poderes económicos y políticos a los dirigentes musulmanes de la región. El gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica cometieron abusos contra los derechos humanos e infringieron el derecho internacional humanitario durante la reanudación del conflicto. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de más de 610.000 personas, cuya situación se vio agravada por inundaciones, tifones y, según informes, el bloqueo de la ayuda por parte del ejército o gobiernos locales en algunos casos. Más de un centenar de civiles desarmados fueron víctimas de homicidio, algunos en ataques deliberados y otros en ataques indiscriminados de combatientes del Frente Moro. Al parecer, ambas partes incendiaron más de 500 casas. En agosto, en un ataque en la provincia de Lanao del Norte, el Frente Moro de Liberación Islámica mató al menos a 33 civiles y tomó más de 70 rehenes, entre los que había ancianos, mujeres y niños. Según informes, el Frente Moro adiestró a niños y niñas de tan sólo 13 años para las Fuerzas Armadas Islámicas de Bangsamoro. Las fuerzas armadas de Filipinas no protegieron a la población civil de los ataques del Frente Moro de Liberación Islámica y mataron a varios civiles en ataques terrestres y bombardeos aéreos. Al parecer, en su intento de localizar a jefes del Frente Moro, las fuerzas de seguridad torturaron a varios civiles musulmanes, de los cuales al menos dos murieron. El gobierno armó a las milicias. En agosto, la policía anunció la distribución de 12.000 escopetas a «tropas auxiliares». Algunas autoridades locales alentaron a la población civil a proveerse de armas para su protección.
La política nacional de contrainsurgencia no hacía diferencias entre los combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas, y los activistas de organizaciones legales. Continuaron las denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y presentación de causas penales contra activistas, disidentes políticos y personal de ONG por motivos aparentemente falsos. En abril, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentó su informe, en el que afirmó: «Con esas muertes se ha eliminado a dirigentes de la sociedad civil, incluidos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y partidarios de la reforma agraria, se ha intimidado a un gran número de agentes de la sociedad civil y se ha restringido el discurso político en el país». En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que, con el asesinato de los activistas Eden Marcellana y Eddie Gumanoy en 2003, el gobierno había violado disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y afirmó que el hecho de no investigar los homicidios constituía «una denegación de justicia». Las investigaciones efectivas sobre denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron escasas, y en raras ocasiones se condenó a los responsables. Muchos casos no fueron enjuiciados por falta de pruebas, a menudo debido al temor de los testigos a sufrir represalias. Sólo se resolvieron dos de los cientos de casos denunciados en años anteriores, y ningún oficial de alta graduación fue procesado. En julio, un Tribunal Regional de la provincia de Agusan del Sur dictó una sentencia histórica al declarar al cabo de las Fuerzas Armadas Rodrigo Billones culpable del secuestro y la detención ilegal de seis personas, sospechosas de ser comunistas insurgentes, en 2000. Un testigo militar afirmó que las víctimas habían sido torturadas. Rodrigo Billones fue condenado a cadena perpetua. En septiembre, James Balao, activista de los derechos de los pueblos indígenas y cofundador del grupo Alianza del Pueblo de Cordillera, fue secuestrado por hombres armados que afirmaron ser agentes de policía. La Alianza del Pueblo de Cordillera creía que James Balao estaba recluido en un centro de las fuerzas de seguridad no revelado. En septiembre, el Tribunal de Apelaciones dictó las órdenes de amparo y hábeas corpus solicitadas por las familias de las estudiantes desaparecidas Sherlyn Cadapan y Karen Empeño, que habían sido secuestradas en 2006. El Tribunal ordenó que ambas quedasen en libertad, afirmando que la decisión se refería a «algunas personas equivocadas y con pretensiones de superioridad moral que recurren al proceso extrajudicial de anulación de quienes están en desacuerdo con el sistema democrático de gobierno del país». Sin embargo, el tribunal no permitió que se inspeccionasen centros e instalaciones militares, y continuaba sin conocerse el paradero de las estudiantes. En octubre, el Tribunal Supremo confirmó la orden de amparo dictada por el Tribunal de Apelaciones que concedía a los hermanos Raymond y Reynaldo Manalo protección frente al hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Los hermanos habían permanecido recluidos ilegalmente por el ejército durante 18 meses y habían sufrido tortura y trato cruel, inhumano y degradante antes de escapar, en 2007.
Personas no identificadas mataron a no menos de 11 periodistas, en su mayoría comentaristas de radio, en distintos incidentes. Según el presidente del Tribunal Supremo, entre 2001 y 2008 murieron en torno a 70 periodistas y, de las causas abiertas por esos homicidios, sólo una se había resuelto, seis estaban siendo juzgadas y 18 se estaban investigando. Derechos de los pueblos indígenas A pesar de la protección que ofrecía la ley, los pueblos indígenas luchaban por que se respetasen sus derechos a la tierra y a decidir cómo querían explotar sus propios territorios tradicionales y los recursos que albergaban. El gobierno intensificó sus intentos de atraer a empresas mineras para que invirtiesen en la enorme cantidad de recursos minerales sin explotar existentes en el país, que en su mayor parte se encontraban en territorios ancestrales de pueblos indígenas. Comunidades indígenas quedaron desplazadas y cientos de personas fueron desalojadas por la fuerza en yacimientos de todo el país. En muchos casos no se pidió el consentimiento previo, libre e informado. En octubre, el ministro de Defensa anunció que el gobierno desplegaría más tropas en zonas mineras y permitiría que las empresas mineras creasen milicias, adiestradas y supervisadas por soldados, para garantizar la defensa de sus intereses mineros contra el Nuevo Ejército del Pueblo.
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