Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos Jefe del Estado: Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan Jefe del gobierno: Shaij Mohammed bin Rashid al Maktoum Pena de muerte: retencionista Población: 4,5 millones Esperanza de vida: 78,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 9/9 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 88,7 por ciento Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Se denunciaron casos de tortura y detención prolongada sin juicio. Las mujeres seguían siendo objeto de discriminación en la legislación, así como de otros tratos discriminatorios. Se bloqueó el acceso a ciertos sitios web. Las autoridades comenzaron a ocuparse de los casos de los bidun (apátridas). Se ejecutó a un hombre. Derechos de las personas migrantes Se denunciaron casos de servidumbre por deudas y maltrato de personas empleadas en el servicio doméstico y de muertes de trabajadores de la construcción por falta de seguridad en sus lugares de trabajo y residencia. Algunos trabajadores migrantes dijeron que los obstáculos del gobierno les disuadieron de presentar denuncias contra empleadores abusivos, incluidos organismos del Estado. Algunas protestas de trabajadores migrantes por el impago de sus jornales, los reducidos salarios y las malas condiciones de vivienda y otras necesidades causaron daños en propiedades y dieron lugar a detenciones y procesamientos. En octubre, el gobierno anunció que estaba creando una agencia para atender denuncias de trabajadores migrantes y mediar en disputas laborales. En febrero, un tribunal de Dubai condenó a unos 45 trabajadores de la construcción indios a seis meses de cárcel seguidos de su expulsión del país en relación con unas protestas ocurridas en 2007. En marzo se detuvo a 30 personas a raíz de unas protestas organizadas en Sharya por unos 1.500 trabajadores para pedir aumentos salariales. En julio se detuvo en Ras al Jaima a más de 3.000 trabajadores, en su mayoría indios, que habían protestado por la mala calidad de la comida. Se presentaron cargos contra algunos por provocar incendios y disturbios.
Al menos 20 personas fueron detenidas de madrugada en Jor Fakkan en octubre. Quedaron recluidas en régimen de incomunicación y sin acceso a abogados, y según informes, algunas fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos. Según informes, dos hermanos paquistaníes detenidos en octubre fueron torturados, con métodos como aplicarles descargas eléctricas.
Abdullah al Hamiri, ciudadano de Emiratos Árabes Unidos recluido en la base militar estadounidense de Guantánamo, fue devuelto en julio. Quedó detenido y al concluir el año seguía privado de libertad. En diciembre, el ciudadano estadounidense Naji Hamdan fue trasladado a una prisión tras pasar meses recluido en régimen de incomunicación por agentes de los servicios de Seguridad del Estado en Abu Dabi, durante los cuales fue sometido presuntamente a tortura. Sus abogados en Estados Unidos y su familia creían que probablemente había sido detenido a instancias de las autoridades estadounidenses.
En junio, las autoridades anunciaron planes para dejar de imponer condenas de prisión por cuestiones relacionadas con el periodismo. En diciembre se distribuyó un proyecto de Ley de Prensa que prescribía severas multas por «insultar» a determinados miembros del gobierno. Las autoridades bloquearon el acceso a varios sitios web considerados críticos con Emiratos Árabes Unidos o una amenaza para la moral pública. No se permitió volver a la docencia a unos 70 u 80 profesores que habían sido trasladados a otros empleos estatales en noviembre de 2007 debido, al parecer, a sus presuntas opiniones islamistas. Según informes, las esposas de muchos de ellos, que también trabajaban en centros de enseñanza, sufrían discriminación y tenían congelado el sueldo por el Ministerio de Educación. El 31 de diciembre, las autoridades disolvieron una concentración pacífica convocada en solidaridad con la población de Gaza. Era necesario solicitar permiso para organizar manifestaciones, pero raras veces se concedía. Se detuvo a un hombre. Discriminación y violencia contra mujeres y niñas Las mujeres continuaban sufriendo discriminación jurídica y de otras clases. Una ciudadana de Emiratos Árabes Unidos que se había casado fuera del país con un extranjero sin el consentimiento de su familia fue arrestada a su regreso a Emiratos Árabes Unidos, en noviembre de 2007. Pasó ocho meses detenida, durante los cuales fue sometida a malos tratos bajo custodia y amenazada con ser llevada a juicio por adulterio, delito penado con la muerte. Posteriormente fue entregada a un familiar, y al final se marchó del país.
En abril, las autoridades anunciaron que habían establecido un organismo para registrar a los millares de bidun del país, que carecían de documentos de identidad, necesarios para acceder al trabajo y a las prestaciones del Estado. Escrutinio internacional En diciembre, tras haber evaluado el grupo de trabajo sobre el mecanismo del examen periódico universal la situación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos, el gobierno accedió a adherirse a la Convención de la ONU contra la Tortura, a invitar al relator especial de la ONU sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños, a visitar el país y a abordar las denuncias de trato discriminatorio a los trabajadores migrantes. El gobierno rechazó las recomendaciones de aplicar una moratoria sobre el uso de la pena de muerte, anular la legislación que prescribía castigos corporales, permitir la negociación colectiva y el derecho de huelga e introducir leyes para prohibir la discriminación y garantizar la igualdad de género. Pena de muerte En febrero fue ejecutado un hombre en Ras al Jaima por asesinato. En diciembre, Emiratos Árabes Unidos se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
United Arab Emirates: Submission to the UN Universal Periodic Review (MDE 25/006/2008) Eritrea Estado de Eritrea Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afewerki Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 5 millones Esperanza de vida: 56,6 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/f): 79/72 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 60,5 por ciento
Casi la mitad de la población continuaba insuficientemente alimentada y dependía de la ayuda alimentaria internacional, incluidos más de 85.000 niños y niñas que sufrían malnutrición. La Comisión de Fronteras Eritrea-Etiopía concluyó su mandato en octubre a pesar de que Etiopía no aplicó su dictamen, y el Consejo de Seguridad de la ONU retiró la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE) debido a la obstrucción por parte de Eritrea de sus operaciones en la frontera entre Eritrea y Etiopía. De febrero a abril, Eritrea intensificó su presencia militar en la zona en litigio desde hacía tiempo de Ras Doumeira, en la frontera de Eritrea con Yibuti, y Yibuti afirmó que Eritrea había invadido su territorio. En junio estalló un conflicto armado de pequeñas proporciones entre los dos países. Según los informes, al menos 35 soldados murieron y 50 resultaron heridos. Eritrea albergaba a la rama de Asmara de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia, escindida de una rama de la Alianza con base en Yibuti. Eritrea actuó como proveedor y punto de tránsito para armas y municiones que se vendían en los mercados de armamento de Somalia. Partidos de oposición eritreos en el exilio seguían activos en Etiopía y otros países de África, Europa y América del Norte. Libertad de religión Más de 2.000 miembros de religiones minoritarias no registradas oficialmente, incluidas las confesiones pentecostales y evangélicas, que habían sido prohibidas por el gobierno en 2002, continuaban recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Muchos fueron detenidos en 2008. También continuaban detenidas algunas personas críticas con el gobierno y pertenecientes a religiones registradas oficialmente, como el islam y la Iglesia Ortodoxa Eritrea. Amnistía Internacional consideraba que todas las personas privadas de libertad únicamente por su afiliación o práctica religiosa eran presos de conciencia. Abune Antonios, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Eritrea, detenido en enero de 2006, continuaba en detención secreta, luego de un periodo de arresto domiciliario, por criticar la intervención del gobierno en asuntos eclesiásticos y la detención de tres sacerdotes ortodoxos. Había sido sustituido anteriormente por un patriarca designado por el gobierno. Su salud seguía siendo delicada y según los informes se le negaba atención médica adecuada para la diabetes que padecía. El 13 y 14 de agosto, al menos 40 clérigos musulmanes y doctores de la ley islámica del grupo étnico saho fueron detenidos por soldados en Asmara y otras ciudades. Estaban recluidos sin cargos, en régimen de incomunicación, en lugares no revelados y corrían riesgo de tortura. El pastor Ogbamichael Teklehaimanot, de la Iglesia Kale Hiwot, detenido en octubre de 2007, continuaba recluido. Había estado sometido previamente a 10 meses de reclusión en régimen de aislamiento y trabajos forzados en el campamento militar de Sawa. En febrero quedaron en libertad 10 miembros de la Iglesia del Evangelio Completo que llevaban cinco años encarcelados. Presos de conciencia y otras personas detenidas por motivos políticos El gobierno no toleraba la disidencia pacífica e imponía restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Familiares de personas detenidas afirmaron que ninguna forma de comunicación internacional estaba a salvo de la vigilancia del gobierno y de las posteriores represalias, lo que acentuaba las dificultades para supervisar a detenidos individuales, sobre todo aquellos a quienes se creía recluidos en detención secreta. Se suponía que continuaban recluidas sin cargos ni juicio las personas detenidas por motivos políticos, en algunos casos desde 2001 o antes, acusadas de apoyar a grupos armados de oposición en el exilio, incluidas facciones del Frente de Liberación de Eritrea. Entre los presos de conciencia se contaban personas que habían eludido el servicio militar, desertores del ejército y solicitantes de asilo rechazados que habían sido devueltos a Eritrea. Se creía que centenares de ex altos cargos, periodistas independientes y funcionarios civiles detenidos en septiembre de 2001 continuaban recluidos en régimen de incomunicación después de más de siete años. Entre ellos figuraban 11 ex ministros y veteranos detenidos por pedir reformas en el gobierno. Según los informes, algunos habían muerto bajo custodia como consecuencia de la dureza de las condiciones de reclusión. Aster Yohannes, esposa del preso de conciencia Petros Solomon, continuaba recluida en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Había sido detenida en 2003 a su regreso de Estados Unidos, adonde había viajado para visitar a sus hijos.
El gobierno impedía toda actividad periodística independiente y privada. En Eritrea no funcionaba una prensa privada desde 2001. Diez periodistas detenidos en 2001 continuaban recluidos en régimen de incomunicación sin cargos. Según los informes, al menos uno, Fessahaye Yohannes (conocido como «Joshua»), murió en la cárcel en enero de 2007. El gobierno no respondió a las preguntas que se le formularon al respecto. Daniel Kibrom, periodista de Eri TV, emisora de propiedad estatal, cumplía una condena de cinco años de trabajos forzados por tratar de cruzar la frontera de Etiopía. Estaba recluido en un campo penitenciario desde octubre de 2006. Personas refugiadas y solicitantes de asilo Egipto, Sudán, Alemania, Suecia y Reino Unido devolvían a personas refugiadas y solicitantes de asilo eritreas desde noviembre de 2007. Estas devoluciones pasaban por alto la suerte de retornados anteriores que habían sido detenidos arbitrariamente y torturados, y hacían caso omiso de las directrices del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que recomendaban con firmeza no devolver a ninguna persona a Eritrea debido al deficiente historial de este país en materia de derechos humanos. Las autoridades egipcias realizaron una devolución masiva de ciudadanos eritreos de Egipto a Eritrea en el primer semestre de 2008. Hasta 1.200 solicitantes de asilo rechazados fueron devueltos de Egipto a Eritrea, donde los detuvieron y recluyeron a su llegada. Corrían grave riesgo de tortura y otros malos tratos. Aunque algunas mujeres embarazadas y mujeres con niños quedaron en libertad después de pasar varias semanas bajo custodia, la mayoría de las personas devueltas fueron trasladadas a la remota prisión de Wia y otras instalaciones militares y continuaban privadas de libertad al terminar el año. Las autoridades egipcias devolvieron a otro grupo de más de 20 solicitantes de asilo eritreos a finales de diciembre, mientras que cientos seguían corriendo el riesgo de ser devueltos desde Egipto. El 14 de mayo, las autoridades de inmigración de Alemania devolvieron a Eritrea a los solicitantes de asilo Yonas Haile Mehari y Petros Aforki Mulugeta. Los dos fueron detenidos a su llegada, continuaban recluidos –Yonas Haile Mehari en régimen de incomunicación– y corrían grave riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos. Unos 700 ciudadanos eritreos que habían huido de Eritrea a Sudán y después a Libia, entre los que había 60 mujeres y 30 niños, estaban recluidos en centros de detención de Mistarah, Libia, y otros lugares con la amenaza de ser devueltos a Eritrea.
El servicio nacional era obligatorio para los hombres de entre 18 y 40 años y las mujeres de entre 18 y al menos 27 años. Tenía una duración inicial de 18 meses, incluía seis meses de servicio militar y frecuentes trabajos forzados, podía prorrogarse indefinidamente, y una vez concluido debían cumplirse obligaciones en la reserva. Gran parte de la población adulta estaba afectada por el servicio obligatorio. Algunos jóvenes de 17 años de edad debían inscribirse en el servicio nacional para el año siguiente y se les negaban los permisos de salida para que no pudieran abandonar el país. Habitualmente, a quienes eludían el servicio militar los recluían y los castigaban atándolos en posturas dolorosas. El encarcelamiento, por orden de los jefes militares, podía ampliarse indefinidamente. No había exención del servicio militar para los objetores de conciencia. Tortura y otros malos tratos Las condiciones de reclusión en Eritrea seguían siendo duras y los presos sufrían a menudo tortura y otros malos tratos. Un método de castigo habitual del que se había tenido noticia en los años anteriores consistía en amarrar a los detenidos en posturas dolorosas como el «helicóptero» y el «ocho». Se exponía con frecuencia a los presos al sol durante periodos prolongados, o se los encerraba en contenedores metálicos para el transporte de mercancías, lo que aumentaba los extremos de calor y frío. Muchas personas estaban recluidas en cárceles secretas y algunas en prisiones de seguridad como Karchele, en Asmara. Muchos presos estaban recluidos en celdas subterráneas abarrotadas y sin acceso a la luz del día. Las condiciones eran de falta de higiene y humedad, y no había agua para lavarse o limpiar. Los presos estaban mal alimentados y se les proporcionaba agua no limpia para beber. Rara vez disponían de asistencia médica. En febrero, fuentes locales informaron de la muerte en prisión del dirigente musulmán Taha Mohammed Nur, cofundador del Frente de Liberación de Eritrea. Teklesenbet Gebreab Kiflom, miembro de la Iglesia del Evangelio Completo, evangélica, murió en la prisión militar de Wia en octubre, según los informes, tras serle negado tratamiento para la malaria. Se recibieron informes sobre la muerte de otro cristiano evangélico, Azib Simon, en circunstancias similares en junio. Informes y visitas de Amnistía Internacional Egipto: Viajes mortales por el desierto (MDE 12/015/2008) Eritrea: Siete años después de las detenciones masivas, es preciso recordar a los presos de conciencia (AFR 64/007/2008) Egipto: Amnistía Internacional pide que el presidente ponga fin a los vuelos con destino a posibles torturas en Eritrea (MDE 12/014/2008) Libia: Amnistía Internacional previene contra la expulsión de personas de nacionalidad eritrea (MDE 19/007/2008)
Jefe del Estado: Ivan Gašparovič Jefe del gobierno: Robert Fico Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 5,4 millones Esperanza de vida: 74,2 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 9/8 por cada 1.000
En febrero, después de que el primer ministro eslovaco se comprometiera a mejorar los derechos de las minorías, el Partido Socialista Europeo del Parlamento Europeo volvió a admitir en su seno al Partido Dirección-Socialdemocracia (Smer-SD), principal socio de la coalición gobernante en Eslovaquia. Después de las elecciones celebradas en junio de 2006, el Smer-SD había formado un gobierno de coalición con el Partido Nacional Eslovaco (SNS) y el Partido Popular-Movimiento por una Eslovaquia Democrática (ĽS-HZDS). Discriminación de la comunidad romaní Educación El gobierno hizo públicas varias medidas para mejorar el acceso a la educación de los niños y niñas romaníes, pero no se comprometió de manera formal a eliminar la segregación en las escuelas. Las autoridades seguían sosteniendo que el hecho de que hubiera un número desproporcionadamente elevado de niños y niñas romaníes en escuelas especiales para alumnado con discapacidad mental se debía a que procedían de un entorno socialmente desfavorecido. En marzo, el gobierno aprobó un plan quinquenal encaminado a mejorar el nivel de vida y educación de la nutrida comunidad romaní, inferior al del resto de la población. Entre las medidas previstas figuraban la escolarización obligatoria de todos los niños de cinco años en centros de educación preescolar antes de 2013, la distribución de libros escolares en lengua romaní y la adopción de medidas más estrictas para el ingreso de niños romaníes en escuelas especiales. En mayo, el Parlamento Eslovaco (Cámara Nacional) aprobó la nueva Ley de Formación y Educación (Ley de Escuelas), cuya entrada en vigor estaba prevista para el curso escolar 2008-2009. La ley prohibía todas las formas de discriminación, incluida la segregación. Se eliminó de la legislación una disposición que autorizaba el ingreso temporal de alumnos en escuelas especiales, incluso aunque la evaluación a la que se les hubiera sometido no hubiera dado resultados concluyentes, lo que comportaba a menudo internamientos arbitrarios. En septiembre, el gobierno suprimió de la ley de asistencia social la disposición relativa a las becas para el fomento del estudio. La disposición –concebida en función del rendimiento del alumno– preveía incentivos económicos para los padres romaníes que matricularan a sus hijos en escuelas especiales. Estos incentivos serían reemplazados por un subsidio de carácter universal que se concedería a todos los hijos de familias necesitadas a condición de que asistieran a la escuela. Sin embargo, la Ley de Escuelas no incluía medidas efectivas para eliminar la discriminación sufrida por los romaníes. Varias ONG nacionales e internacionales pidieron, entre otras cosas, que se estudiara la posibilidad de facilitar con carácter obligatorio clases y maestros auxiliares de enseñanza preescolar, y que se definieran de manera inequívoca los criterios y procedimientos para el ingreso de un niño o niña en una escuela especial. En la lista de necesidades educativas especiales incluida en la Ley de Escuelas seguían figurando los «niños con carencias sociales», con lo que se continuaban vinculando en la práctica las carencias sociales con la discapacidad mental. El 99,5 por ciento de los dos centenares de alumnos de la escuela especial de Pavlovce nad Uhom eran romaníes. Constituían más de la mitad de los niños romaníes inscritos en las escuelas primarias de la localidad. A raíz de unas inspecciones efectuadas en 2007, se trasladó a 17 de ellos a escuelas normales después de reconocerse formalmente que se les había evaluado de forma incorrecta. Oficialmente, sólo se podía enviar a un alumno a una escuela especial tras habérsele diagnosticado una discapacidad mental y con el pleno consentimiento de sus progenitores. Sin embargo, a muchos niños no se les había hecho ninguna evaluación en absoluto, y los padres no habían dado su consentimiento libremente y con conocimiento de causa. A comienzos del curso escolar 2008-2009, la escuela primaria especial de Pavlovce nad Uhom seguía siendo de hecho un centro segregado.
En enero, la Comisión sobre Derechos Humanos, Nacionalidades y Condición de la Mujer del Parlamento eslovaco adoptó una resolución sobre desalojos forzosos por impago de alquileres que afectaba de manera desproporcionada a los romaníes. Según dicha resolución, el gobierno debía tomar una serie de medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y a disponer de protección contra la pobreza y la exclusión social. La Fundación Milan Šimečka publicó en junio un estudio sobre 57 proyectos de viviendas sociales destinadas a residentes de asentamientos romaníes. En el 91 por ciento de las localidades examinadas, las nuevas casas mantenían, y a menudo aumentaban, la segregación geográfica de los beneficiarios.
En febrero, la Fiscalía Regional de Košice volvió a suspender la investigación sobre la presunta esterilización ilegal de tres mujeres romaníes en el este de Eslovaquia, en 1999, 2000 y 2002, respectivamente. La fiscalía consideró que las esterilizaciones se habían llevado a cabo con el consentimiento libre e informado de las mujeres. La investigación penal, iniciada en 2003, se había interrumpido ya en tres ocasiones, pero se había reanudado como consecuencia de una serie de demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional, que resolvió que no se había realizado una investigación efectiva. En abril, una ONG, el Centro de Derechos Civiles y Humanos, presentó una nueva demanda en nombre de las tres mujeres ante el Tribunal Constitucional, pero éste la desestimó en julio. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a Eslovaquia que «tome todas las medidas necesarias para garantizar que se reconozcan debidamente las denuncias formuladas por mujeres romaníes que declaren haber sido sometidas a esterilización forzada, y que se otorgue a las víctimas de tales prácticas vías de recurso eficaces».
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