Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo Miles de personas cruzaron la frontera con China, fundamentalmente por razones económicas y alimentarias, pero también debido a la represión política. Algunas se quedaban durante periodos breves para reunir alimentos y otros artículos de primera necesidad antes de volver a sus casas. Otras, sobre todo las mujeres, permanecían durante más tiempo y a menudo se casaban con agricultores chinos. Algunos intermediarios se aprovechaban de lo vulnerable que era su situación y las convertían en objeto de trata para matrimonios forzados. La mayoría de las personas de origen norcoreano que vivían en China temían ser detenidas y devueltas a su país. Casi todas las personas devueltas a Corea del Norte se enfrentaban a penas de hasta tres años en campos penitenciarios donde eran sometidas a trabajo forzado, tortura y otros malos tratos. Cientos de norcoreanos viajaron a Tailandia a través de China para intentar establecerse en un tercer país. La mayoría se dirigió a Corea del Sur, donde se le concedía la ciudadanía, pero muchas de esas personas tenía dificultades para adaptarse a la vida en ese país y, según informes, algunas sufrían trastorno de estrés postraumático. Un número cada vez mayor migró a otros países, fundamentalmente europeos. El 2 de diciembre, las autoridades de Myanmar detuvieron por entrada ilegal a 19 hombres y mujeres norcoreanos, entre los que había un niño de siete años, que intentaban cruzar la frontera con Tailandia. Se temía que el gobierno myanmaro los devolviese a Corea del Norte. Condiciones de reclusión Las personas recluidas en campos y centros penitenciarios eran obligadas a realizar trabajos que requerían un gran esfuerzo físico, como extraer piedras y talar árboles en zonas montañosas, a menudo durante turnos diarios de 10 horas o más y sin días de descanso. Los guardas golpeaban a los presos de quienes sospechaban que estaban mintiendo, a los que no trabajaban con la rapidez suficiente o a los que olvidaban la letra de canciones patrióticas. Otras formas de castigo consistían en obligar a los presos a realizar ejercicio, a sentarse inmóviles durante periodos prolongados y a sufrir críticas humillantes en público. La combinación de trabajo forzado intenso, alimentación insuficiente, palizas, falta de atención médica y condiciones de vida antihigiénicas hacía que los internos se pusiesen enfermos o muriesen bajo custodia o poco después de quedar en libertad.
El gobierno continuó ejecutando mediante ahorcamiento o fusilamiento. Según los informes recibidos se llevaron a cabo ejecuciones como medida disuasoria en casos de delitos políticos y económicos. En febrero, las autoridades norcoreanas ejecutaron públicamente a 15 personas por cruzar ilegalmente la frontera con China; según informes, las ejecuciones pretendían servir de advertencia para otras personas. En diciembre, Corea del Norte votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Corea del Norte continuó con su política generalizada de desapariciones forzadas iniciada en la Guerra de Corea (1950-1953). Familiares norcoreanos de presuntos disidentes desaparecieron al aplicar las autoridades el principio de «culpables por asociación». Las autoridades continuaron negándose a reconocer que llevaban a cabo desapariciones forzadas. Sin embargo, en agosto las autoridades norcoreanas accedieron a reabrir las investigaciones sobre la suerte y el paradero de varias personas de nacionalidad japonesa que llevaban desaparecidas desde la década de 1970.
El gobierno controló férreamente los medios de comunicación y restringió gravemente las prácticas religiosas. Según informes, autoridades locales detuvieron a personas por ver vídeos surcoreanos o poseer teléfonos móviles no autorizados. Escrutinio internacional El gobierno continuó negando el acceso a observadores independientes de derechos humanos. En diciembre, la Asamblea General de la ONU expresó honda preocupación por la negativa de Corea del Norte a reconocer el mandato del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Corea del Sur República de Corea Jefe del Estado: Lee Myung-bak (sustituyó a Roh Moo-hyun en febrero) Jefe del gobierno: Han Seung-soo (sustituyó a Han Duck-soo en febrero) Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 48,4 millones Esperanza de vida: 77,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/5 por cada 1.000
Desde mayo hasta primeros de junio se celebraron casi a diario vigilias con velas, en las que participaron decenas de miles de personas, para protestar contra la reanudación de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos. Durante las protestas, mayoritariamente pacíficas, algunos agentes de policía golpearon a participantes con escudos y porras, dispararon cañones de agua a escasa distancia y no permitieron que los manifestantes detenidos recibieran atención médica. Hubo participantes que sufrieron lesiones como fractura de huesos, conmoción cerebral, ceguera temporal y perforación de tímpanos. Derechos de las personas migrantes En septiembre, el gobierno anunció su intención de expulsar antes de 2012 a aproximadamente la mitad de los trabajadores migrantes en situación irregular, en torno a 220.000 personas. El número de casos de trato cruel, inhumano y degradante a trabajadores migrantes durante las detenciones aumentó durante la oleada represiva. En noviembre, en torno a 280 funcionarios de inmigración y agentes de policía hicieron redadas en fábricas y ciudades dormitorio de Maseok, provincia de Gyeonggi, en donde al menos 110 trabajadores migrantes regulares e irregulares fueron aprehendidos indiscriminadamente en masa. A una trabajadora no se le permitió ir al aseo y la obligaron a orinar en público. Un trabajador que se rompió una pierna cuando intentaba escapar fue posteriormente esposado y obligado a esperar durante cinco horas antes de permitirle acudir al hospital. En mayo, el gobierno expulsó al nepalí Torna Limbu y al bangladeshí Abdus Sabur, presidente y vicepresidente respectivamente del Sindicato de Migrantes Seúl-Gyeonggi-Incheon, a pesar del llamamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que se suspendiese la expulsión hasta que pudiese investigar las denuncias de que habían sido golpeados por funcionarios de inmigración durante su detención. Suscitó preocupación el hecho de que los dos hombres estuvieran en el punto de mira precisamente a causa de sus actividades sindicales. Libertad de expresión, reunión y asociación Movimiento sindical Según la Confederación de Sindicatos Coreanos, más de 30 fábricas registraron protestas a causa del empleo en condiciones irregulares. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza contra trabajadores irregulares en huelga que protestaban porque el salario que recibían por el mismo trabajo era inferior al de los trabajadores regulares. También se enfrentaban a la pérdida de sus empleos después de dos años, ya que así sus empleadores podían evitar regularizar su situación conforme a lo establecido en la Ley de Contratación Laboral de 2007. Independencia de los medios de comunicación Los presidentes y directores generales de Korean Broadcasting System (KBS), Korean Broadcasting Advertising Corporation, Arirang TV, Sky Life y Yonhap Television Network (YTN) fueron sustituidos por partidarios del gobierno. Tras las protestas contra su nombramiento como nuevo presidente de la YTN, Ku Bon-hong, ex asesor del presidente Lee Myung-bak, demandó a 12 periodistas sindicalistas y despidió a 6 periodistas por «interferir en la empresa».
La policía encarceló al menos a 408 objetores de conciencia, en su mayoría Testigos de Jehová, por negarse a realizar el servicio militar obligatorio. Esta importante disminución de la cifra de objetores encarcelados en comparación con los 733 de 2007 se debió sobre todo a que no se celebraron las vistas de las causas, al estar prevista la introducción de una alternativa al servicio militar en 2009. Sin embargo, ante la falta de apoyo de la opinión pública, el Ministerio de Defensa suspendió el proyecto en diciembre. Lee Gil-joon, que cumplía el servicio militar como agente de policía antidisturbios, fue condenado a un año y medio de prisión por desobedecer órdenes y no regresar al servicio al negarse a utilizar la violencia para dispersar a manifestantes durante las vigilias con velas.
En 2008 se cumplieron 60 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional. En diciembre había al menos nueve personas detenidas por cargos imprecisos relacionados con dicha ley. El 26 de agosto, la policía detuvo a siete activistas de la Liga de Trabajadores Socialistas de Corea, entre los que se encontraba el profesor universitario Oh Se-chul, por violación de los artículos 3 (formar grupos contrarios el Estado) y 7 (elogiar y mostrarse favorable a grupos contrarios al Estado) de la Ley de Seguridad Nacional. El Tribunal Central de Distrito de Seúl rechazó las órdenes de detención presentadas por la fiscalía alegando que las pruebas eran insuficientes. El 14 de octubre, la fiscalía presentó de nuevo una orden de detención contra Oh Se-chul, pero el tribunal volvió a rechazarla por falta de pruebas.
En 2008 se presentaron un total de 364 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Se concedió asilo a 36 personas y protección humanitaria a 22. Fueron rechazadas 79 solicitudes. La falta de recursos de las oficinas de inmigración era motivo de honda preocupación, ya que el atraso en la tramitación de las solicitudes de asilo afectaba a más de 1.200 casos. Violencia contra mujeres y niñas En enero, el presidente electo Lee Myung-bak declaró que no exigiría a Japón que se disculpase por las atrocidades que cometió durante la Segunda Guerra Mundial. En octubre, el Parlamento surcoreano aprobó una resolución en la que pedía justicia para las supervivientes del sistema de esclavitud sexual puesto en marcha por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Continuó la suspensión no oficial de las ejecuciones en Corea del Sur. Al finalizar el año había 58 personas condenadas a muerte. En marzo se paralizó el Proyecto de Ley Especial para la Abolición de la Pena de Muerte. La Asamblea Nacional presentó dos nuevos proyectos de ley sobre la abolición de la pena capital. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Corea del Sur en marzo, en julio y en octubre y noviembre. Policing the candlelight protests in South Korea (ASA 25/008/2008)
Jefe del Estado: Laurent Gbagbo Jefe del gobierno: Guillaume Soro Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 19,6 millones Esperanza de vida: 47,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 192/173 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 48,7 por ciento Las elecciones presidenciales que tenían que haberse celebrado en 2005 volvieron a aplazarse debido a demoras en la inscripción de votantes y en el desarme de combatientes. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió que las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz debían permanecer en el país hasta después de celebrarse las elecciones presidenciales, y prorrogó el embargo de armas y las sanciones selectivas. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar a personas que se manifestaban contra el alza del costo de la vida. Tanto el gobierno como las fuerzas de oposición continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, cuyas principales víctimas eran las mujeres, y los actos de hostigamiento y agresión física, perpetrados sobre todo en los controles de carretera, siguieron estando muy extendidos. Información general Continuó en el poder el gobierno de coalición formado por partidarios del presidente Laurent Gbagbo y encabezado por Guillaume Soro, secretario general de las Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles), coalición de grupos armados que controlaba el norte del país desde septiembre de 2002. Sin embargo, no se alcanzaron los principales objetivos que se fijaban en el acuerdo de paz de Uagadugú de 2007. Pese a algunos esfuerzos, no se completó el proceso de desarme de los miembros de las Fuerzas Nuevas y de creación de un ejército integrado. Además, los procesos de identificación y de registro de votantes se vieron dificultados por los ataques lanzados por una organización estudiantil vinculada al presidente Gbagbo. Los estudiantes saquearon los centros de registro, robaron equipos informáticos y se apoderaron de certificados de nacimiento. En octubre, las elecciones presidenciales se aplazaron por cuarto año consecutivo. En octubre, dos personas fueron declaradas culpables de verter residuos tóxicos mortales en Abiyán en 2006 y condenadas a 20 y 5 años de prisión. Directivos de Trafigura, la compañía multinacional neerlandesa responsable del barco que había transportado los residuos al país, eludieron el procesamiento tras llegar a un acuerdo económico con el gobierno marfileño, al parecer a cambio de inmunidad procesal. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más el embargo de armas y de las exportaciones de diamantes, así como las sanciones a algunas personas a las que se consideraba obstáculos para la paz, tales como la prohibición de viajar y la congelación de activos. El Consejo de Seguridad subrayó que estas medidas se revisarían cuando se celebrasen elecciones presidenciales abiertas, libres, limpias y transparentes. Uso excesivo de la fuerza En marzo y abril, la policía antidisturbios dispersó a varios cientos de manifestantes que habían bloqueado vías públicas y quemado neumáticos en Abiyán, la capital económica del país, para protestar contra el alza de los precios de los alimentos básicos. La policía utilizó granadas de gases lacrimógenos y fuego real. Dos hombres murieron y más de 10 personas resultaron heridas, entre ellas algunas vendedoras. Un estudiante de 16 años murió tras recibir en la cabeza el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la comuna de Yopougon, Abiyán. Según los informes, un hombre de 24 años recibió tres disparos en la cabeza en la comuna de Port-Bouet, cerca de Abiyán. El Ministerio del Interior afirmó que se habían abierto investigaciones sobre los homicidios, pero al terminar 2008 no parecía que se hubiera acusado formalmente ni procesado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad.
Continuaron los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, tanto en la zona en poder de las fuerzas gubernamentales como en la zona del norte del país controlada por las Fuerzas Nuevas. La mayoría de los presuntos autores no fueron enjuiciados o quedaron en libertad poco después de ser detenidos. En abril, una niña de 14 años fue violada y asesinada por cuatro integrantes de las Fuerzas Nuevas en la localidad de Katiola, una zona en poder de las Fuerzas Nuevas. Nadie rindió cuentas por este crimen. Unos días más tarde, en la misma población, una mujer fue agredida sexualmente y después violada por un integrante de las Fuerzas Nuevas que fue detenido, estuvo recluido durante unos días y quedó en libertad. En septiembre, dos niñas fueron violadas en Duekoué (en el oeste del país) por seis hombres que llevaban pistolas y formaban parte de un grupo armado, presuntamente miembros de una milicia progubernamental. Al terminar 2008 ninguno de los autores había sido detenido. No se adoptaron medidas para proporcionar reparación o acceso a atención de la salud a las innumerables mujeres y niñas víctimas de violaciones y agresiones sexuales cometidas por combatientes y civiles vinculados a ellos desde 2002, cuando estalló el conflicto armado.
Las fuerzas de seguridad cometieron con frecuencia abusos para obtener dinero mediante extorsión en los puntos de control y durante las inspecciones de documentos de identidad. En febrero, Lanciné Bamba, conductor de autobús, murió por disparos efectuados por un miembro del Centro de Mando de las Operaciones de Seguridad (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, CECOS) tras haberse negado a entregar dinero en un control. En octubre, un miembro del CECOS fue declarado culpable del asesinato y condenado a tres años de cárcel.
Combatientes y partidarios de las Fuerzas Nuevas cometieron abusos contra los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y extorsión generalizada. Prevaleció un clima de impunidad debido a la inexistencia de un sistema judicial efectivo en el norte. En septiembre, más de 50 hombres fueron detenidos en la zona de Vavoua y Séguéla, según informes porque pusieron objeciones a la destitución de Zakaria Koné, un jefe militar de las Fuerzas Nuevas. Los detenidos fueron enviados a Bouaké, el baluarte de las Fuerzas Nuevas, donde según informes estaban recluidos ilegalmente.
Costa de Marfil: Silencio e impunidad, únicas respuestas a la violencia sexual contra las mujeres (AFR 31/002/2008) Croacia República de Croacia Jefe del Estado: Stjepan Mesić Jefe del gobierno: Ivo Sanader Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 4,6 millones Esperanza de vida: 75,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 8/7 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 98,1 por ciento A pesar de que los juicios por crímenes de guerra cometidos por miembros del Ejército Croata y de la policía croata contra personas serbocroatas y miembros de otras minorías durante la guerra de 1991-1995 progresaban con lentitud, el país continuó avanzando hacia su plena integración en la Unión Europea. Aumentaron las agresiones físicas y los actos de intimidación contra periodistas. Información general En noviembre, en el informe periódico de progreso sobre Croacia, la Comisión Europea afirmó que Croacia estaría en condiciones de completar las negociaciones para su adhesión al concluir 2009, y que su integración en la Unión Europea se produciría como muy tarde en 2011. Tras las elecciones de noviembre de 2007, en enero la Unión Democrática Croata formó un gobierno de coalición con el apoyo del Partido Campesino Croata, el Partido Social Liberal Croata y el Partido Democrático Serbio Independiente. Un representante parlamentario de la comunidad romaní formó parte de la coalición gobernante. En julio, Croacia firmó los protocolos de adhesión a la OTAN y el proceso de ratificación siguió adelante. En enero se estableció la oficina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Zagreb, en sustitución de la Misión de la OSCE en Croacia, que había funcionado desde 1996. El cometido de la oficina era vigilar los juicios por crímenes de guerra e informar sobre la aplicación de los programas de vivienda para las personas retornadas.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia continuó juzgando importantes casos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de 1991-1995 en Croacia. En marzo comenzó el juicio de tres generales del Ejército Croata: Ante Gotovina, Ivan Čermak y Mladen Markač. Se los acusó de responsabilidad de mando en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Operación Tormenta entre agosto y noviembre de 1995. El fiscal del tribunal expresó sus graves motivos de preocupación en relación con la falta de cooperación por parte de las autoridades croatas, incluido el ocultamiento deliberado de documentos militares en relación con la Operación Tormenta. En mayo, cuando regresó a Croacia, Vladimir Gojanović, testigo de cargo en el caso contra los tres generales del Ejército Croata, recibió amenazas presuntamente procedentes de miembros de asociaciones de veteranos de guerra. El 28 de mayo, un grupo de 20 hombres intentó agredirlo frente a la Universidad de Šibenik, pero la policía lo impidió. En febrero, la viceprimera ministra visitó a los tres generales del Ejército Croata en el centro de detención del Tribunal, gesto que fue interpretado por algunos como un signo de apoyo tácito del gobierno.
El poder judicial croata juzgó varios casos de crímenes de guerra perpetrados por subordinados. Sin embargo, según un informe de la oficina de la OSCE en Zagreb, el origen étnico de las víctimas y de los perpetradores continuó influyendo en el enjuiciamiento de los casos de crímenes de guerra. En la gran mayoría de las causas, las víctimas eran de etnia croata y los autores, miembros del Ejército Popular Yugoslavo o de grupos paramilitares serbios. Siguieron sin investigarse la mayoría de los crímenes de guerra cometidos por el Ejército Croata y sus fuerzas de policía, y prevalecía la impunidad para los autores. A pesar de que en 2003 se habían creado salas especializadas en crímenes de guerra en cuatro tribunales locales, en 2008 sólo se enjuiciaron dos casos, ambos por crímenes de guerra cometidos contra serbocroatas. La gran mayoría de los casos de crímenes de guerra seguían siendo enjuiciados en los tribunales locales de las comunidades donde se habían cometido los presuntos crímenes. En algunos casos los testigos se negaron a declarar porque temían por su seguridad. En el tribunal local de Zagreb continuó el proceso contra Branimir Glavaš –actualmente miembro del Parlamento– y otras seis personas, acusadas de detención ilegal, tortura y homicidios contra la población civil serbocroata en Osijek en 1991. Branimir Glavaš también fue acusado de no haber impedido que sus subordinados detuvieran, sometieran a malos tratos y mataran a civiles en 1991, y de haber participado directamente en algunos de los crímenes en su calidad de jefe militar local. El juicio se volvió a iniciar varias veces, la última en noviembre de 2008, después de que el juez no celebrase una sola vista en más de tres meses. En otras ocasiones, las vistas se habían aplazado cuando el acusado o sus representantes legales no comparecieron ante el tribunal, por motivos de salud o porque no estaban satisfechos con la forma en que el juez llevaba el caso. El 24 de noviembre, uno de los acusados, Ivica Krnjak, abandonó la sala en señal de protesta porque el tribunal había resuelto que estaba en condiciones de ser enjuiciado. La vista tuvo que ser aplazada. En junio, Branimir Glavaš reveló públicamente en una emisora de televisión local de Osijek la identidad de uno de los testigos protegidos. El tribunal local de Zagreb juzgó a dos ex generales del Ejército Croata, Mirko Norac y Rahim Ademi. En mayo, el tribunal absolvió a Rahim Ademi de todos los cargos. Mirko Norac fue declarado culpable de algunos de los delitos que se le imputaban y condenado a siete años de cárcel. Su causa había sido transferida a la jurisdicción de Croacia por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 2005. Los acusados eran sospechosos de haber cometido crímenes de guerra –como asesinatos, trato inhumano, saqueo y destrucción arbitraria de propiedad–, contra civiles y prisioneros de guerra serbocroatas durante operaciones militares en 1993. El gran número de testigos que no quisieron declarar, algunos de ellos porque temían por su seguridad, suscitó preocupación. En octubre, el fiscal jefe del Estado recurrió la sentencia en relación con los dos acusados. |