Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Conflicto armado interno En los 12 meses previos a julio de 2008, más de 1.492 civiles murieron como consecuencia del conflicto, frente a los 1.348 del mismo periodo en 2007. Más de 182 personas fueron víctima de desapariciones forzadas durante los 12 meses previos a julio de 2008, frente a los 119 del mismo periodo en 2007. El 26 de mayo, las FARC mataron al indígena Óscar Dogirama Tequia en el municipio de Riosucio, departamento del Chocó. Lo acusaban de ser un informante del ejército. En octubre, con ocasión de las manifestaciones multitudinarias de indígenas que tuvieron lugar en el departamento del Cauca dentro del marco de las protestas a escala nacional en favor del derecho a sus tierras y en contra de los abusos contra los derechos humanos, se denunció que la policía antidisturbios (ESMAD) se había excedido en el uso de la fuerza y que algunos manifestantes se habían comportado de forma violenta. Decenas de manifestantes y de miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, y se recibieron informes sobre la muerte de varios manifestantes. Se produjo en todo el país una oleada de homicidios y amenazas contra dirigentes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que en algunos casos habían participado de manera activa en campañas sobre el derecho a la tierra. Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aída Quilcué, resultó herido de muerte por disparos de tropas del ejército en circunstancias controvertidas, cuando se dirigía en un vehículo a la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, el 16 de diciembre. Edwin Legarda iba a buscar a su esposa, que regresaba de Ginebra tras participar en una reunión sobre Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 14 de octubre, un grupo de paramilitares mató en la Zona Humanitaria de Caño Manso –una de las diversas comunidades creadas por la población local para defender su derecho como civiles a no verse implicados en el conflicto– a Walberto Hoyos Rivas, dirigente de la comunidad afrodescendiente asentada en la cuenca del río Curvaradó, en el departamento del Chocó. Walberto Hoyos Rivas había tratado de que se protegiera el derecho de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva de tierras de la cuenca del río Curvaradó, y había sobrevivido a un atentado en 2007. Cuando lo mataron, estaba previsto que prestara testimonio en el juicio contra dos paramilitares implicados en el homicidio de otro dirigente comunitario. Aumentó de manera notable el número de nuevos casos de desplazamiento forzado: de 191.000 en la primera mitad de 2007, a 270.000 en el mismo periodo de 2008. El sur del país se vio afectado en especial como consecuencia de los persistentes combates entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Las personas desplazadas por el conflicto tenían que afrontar una discriminación y una marginalización muy arraigadas, lo que dificultaba aún más su acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Grupos guerrilleros y paramilitares reclutaron a niños y niñas por la fuerza. Las fuerzas de seguridad utilizaron a menores de edad como informantes, en contra de la directiva emitida en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la que se prohibía el empleo de menores de 18 años para obtener información. El 12 de febrero, el gobierno aceptó por fin el mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, pero expresó algunas reservas sobre su aplicación a los actos de violencia sexual. En abril, el gobierno promulgó el Decreto 1290, por el que se establecía un programa para que las víctimas de abusos perpetrados por los grupos guerrilleros y paramilitares pudieran recibir del Estado indemnizaciones económicas. Sin embargo, el decreto no contemplaba la restitución de las tierras robadas ni otras formas de reparación, ni tampoco reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Al finalizar el año, el Congreso no había votado todavía un proyecto de ley sobre reparaciones a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, aprobado en noviembre por una comisión parlamentaria. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el proyecto de ley –muy suavizado por la mayoría progubernamental en la comisión– era discriminatorio tal como estaba redactado en ese momento.
El homicidio de decenas de jóvenes en Soacha, cerca de la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, el homicidio de estos jóvenes –presentados falsamente por las fuerzas armadas como «guerrilleros muertos en combate»– se llevó a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. Como consecuencia del escándalo, en octubre fueron destituidos de las fuerzas armadas 27 oficiales, incluidos 3 generales, y en noviembre el comandante en jefe del Ejército, el general Mario Montoya, que había estado relacionado con violaciones de derechos humanos, tuvo que dimitir. El presidente Uribe señaló que los homicidios de Soacha no los investigaría la justicia militar –que solía reclamar la jurisdicción sobre este tipo de causas y luego las archivaba sin haberlas investigado en profundidad–, sino los tribunales civiles. En los 12 meses previos a julio de 2008, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 296 personas, frente a las 287 del mismo periodo en 2007. El sistema de justicia militar reclamó la jurisdicción sobre muchas de estas causas. En noviembre, durante una visita a Colombia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que en Colombia las ejecuciones extrajudiciales eran al parecer sistemáticas y generalizadas. Grupos paramilitares Los grupos paramilitares siguieron actuando, a pesar de las declaraciones oficiales según las cuales todos los paramilitares se habían desmovilizado en el marco de un proceso patrocinado por el gobierno que se puso en marcha en 2003. Los paramilitares continuaron matando a civiles y perpetrando otras violaciones de derechos humanos, en ocasiones con el respaldo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. En los 12 meses previos a julio de 2008 se les atribuyeron alrededor de 461 homicidios, frente a los 233 del mismo periodo en 2007. El 14 de junio, miembros de la organización paramilitar Autodefensas Campesinas de Nariño entraron en San José de la Turbia, en el municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño y, tras advertir a la comunidad que había fuerzas navales en la zona y que colaboraban con ellas, llamaron a Tailor Ortiz. Cuando éste levantó la mano, los paramilitares dijeron: «A éste lo matamos ya». Acto seguido, tras atarlo y dispararle en la cabeza, afirmaron: «Cada vez que vengamos vendremos por alguien más». Entre 2006 y 2008, las autoridades exhumaron de 1.441 fosas los cadáveres de unas 1.778 personas que habían sido víctima de desapariciones forzadas a manos de los paramilitares. Al finalizar 2008, sólo se habían identificado y devuelto a sus familiares los restos de cerca de 300 víctimas. Las exhumaciones adolecieron de graves defectos, lo que dificultó la identificación tanto de las víctimas como de los responsables de su muerte. Las fuerzas de seguridad siguieron empleando a paramilitares supuestamente desmovilizados en labores operativas y de inteligencia, a pesar de la prohibición, establecida en 2007, de estas actividades.
Más de 130.000 víctimas de actos de violencia perpetrados por paramilitares presentaron solicitudes oficiales de reparación en virtud del proceso de Justicia y Paz. Este proceso permitía a los paramilitares que habían depuesto las armas beneficiarse de penas de cárcel notablemente más reducidas a cambio de confesiones de violaciones de derechos humanos y reparaciones para las víctimas. Sin embargo, el 90 por ciento de los paramilitares, al no poder ser incluidos en el proceso, eludieron la acción de la justicia. Continuaron los homicidios y las amenazas contra las víctimas que debían testificar en los juicios, y muchos paramilitares no colaboraron plenamente con los tribunales de Justicia y Paz y, en concreto, no devolvieron las tierras de las que se habían apropiado indebidamente. Esta circunstancia siguió minando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En mayo se extraditó a Estados Unidos a 15 dirigentes paramilitares nacionales para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas. Su extradición se produjo después de que el gobierno colombiano alegara que no habían cumplido los requisitos establecidos en el proceso de Justicia y Paz. El gobierno estadounidense mantuvo en todo momento que los investigadores colombianos tendrían acceso a los paramilitares extraditados. Sin embargo, siguió siendo motivo de preocupación la posibilidad de que la extradición socavara las investigaciones que se estaban llevando a cabo en Colombia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y sobre los posibles vínculos de éstos con políticos y otros cargos públicos colombianos. En mayo, la Corte Constitucional resolvió que el programa de protección aplicado por el gobierno a las víctimas y los testigos que participaban en el proceso de Justicia y Paz incumplía la obligación constitucional e internacional del Estado de impedir la discriminación y la violencia contra las mujeres. Escándalo de la «parapolítica» Se siguió investigando a alrededor de 70 miembros del Congreso por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, muchos legisladores renunciaron a sus escaños, asegurándose así de que la responsabilidad de las investigaciones pasara de la Corte Suprema de Justicia a las delegaciones locales de la Fiscalía General de la Nación, con lo que aumentó el riesgo de manipulación política. Algunos legisladores vieron sus causas archivadas, pero la Corte Suprema declaró culpables a otros y los condenó a penas de cárcel. El escándalo agravó las tensiones entre el gobierno y la Corte Suprema. El gobierno afirmó que la actuación de la Corte se debía a motivos políticos, mientras que ésta acusó al ejecutivo de tratar de entorpecer las investigaciones. La mayoría de los legisladores implicados en el escándalo eran miembros de la coalición progubernamental. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Iván Velásquez, magistrado de la Corte Suprema encargado de coordinar la investigación de la «parapolítica». Tales medidas imponían al gobierno una serie de obligaciones en torno a la seguridad del magistrado.
Las FARC y el ELN siguieron matando a civiles y perpetrando secuestros. En los 12 meses previos a julio de 2008 se atribuyeron a los grupos guerrilleros más de 166 homicidios de civiles, frente a los 214 del mismo periodo en 2007. Dos muchachos de 12 y 14 años murieron el 16 de enero, presuntamente a manos de las FARC, en el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo. Las casas de sus familias fueron también incendiadas. Los homicidios se cometieron al parecer en represalia por la negativa de los muchachos a unirse al grupo guerrillero. El uso de minas terrestres por parte de los grupos guerrilleros fue un fenómeno generalizado. En 2008, más de 45 civiles y 102 miembros de las fuerzas de seguridad murieron, y 160 y 404, respectivamente, resultaron heridos, por la explosión de este tipo de minas. El 27 de junio, tres niños indígenas del resguardo (reserva) de Las Planadas Telembí, en el municipio de Samaniego (departamento de Nariño), murieron al pisar unas minas colocadas por las guerrillas. Se perpetraron varios atentados con bomba en centros urbanos –algunos de ellos atribuidos a las FARC por las autoridades–, cuyas principales víctimas fueron civiles. Las autoridades colombianas responsabilizaron a las FARC de la detonación de un artefacto explosivo en Ituango, departamento de Antioquia, el 14 de agosto. Como consecuencia de la explosión, 7 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en una zona de la ciudad en la que se estaba celebrando una fiesta. El grupo guerrillero negó la autoría del atentado. En marzo, tropas colombianas atacaron una base de las FARC en Ecuador y mataron a «Raúl Reyes», número dos del grupo. La operación provocó un deterioro de las relaciones entre Colombia y los países vecinos. El gobierno colombiano señaló que la información recuperada del ordenador de «Raúl Reyes» tras la incursión militar había revelado la existencia de una «red de apoyo» a las FARC en varios países europeos, así como los nombres de algunos políticos colombianos vinculados con el grupo guerrillero. El máximo dirigente de las FARC, «Manuel Marulanda», murió también en marzo, aunque por causas naturales.
La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, debido sobre todo a la presión internacional, se registraron progresos de forma sostenida en varias investigaciones relevantes. Algunos de los casos en los que se produjeron avances fueron el homicidio a manos del ejército y paramilitares de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en febrero de 2005, y el homicidio por el ejército de 10 agentes de la policía judicial, un informante de la policía y un civil, ocurrido en mayo de 2006 en Jamundí, departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, en la mayoría de estos casos los avances fueron escasos o nulos a la hora de determinar las responsabilidades en la cadena de mando.
Se produjo un aumento de los homicidios de sindicalistas y de las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo en torno al 6 de marzo, con ocasión de las manifestaciones organizadas en Colombia y en el extranjero para protestar por las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad. La responsabilidad de estos ataques se atribuyó a los paramilitares. Al menos 46 sindicalistas murieron de forma violenta en 2008, frente a los 39 de 2007; cerca de 12 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron de forma violenta en 2008, una cifra similar a la registrada en 2007. El 20 de septiembre, dos hombres armados a bordo de una motocicleta mataron a tiros a Ever González en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca. Ever González, dirigente campesino de la organización no gubernamental CIMA, se había señalado por tratar de sacar a la luz pública las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en ese departamento. El presidente Uribe formuló una vez más declaraciones que ponían en entredicho la legitimidad del trabajo sobre derechos humanos. En noviembre, tras la publicación de unos informes sobre Colombia por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el mandatario colombiano acusó a Amnistía Internacional de «ceguera», «fanatismo» y «dogmatismo». También acuso públicamente al director para las Américas de Human Rights Watch de ser «defensor» y «cómplice» de las FARC. Secuestros y toma de rehenes Entre los rehenes que recuperaron su libertad en 2008 después de años de cautiverio en poder de las FARC, la más destacada fue la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes fueron liberados en una operación militar llevada a cabo el 2 de julio. La operación resultó polémica, ya que uno de los militares que participaron en la acción llevaba un emblema de la Cruz Roja, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario. El 4 de febrero y el 20 de julio, millones de personas se manifestaron en Colombia y en todo el mundo para protestar por los secuestros de las FARC. Las FARC y el ELN seguían teniendo en su poder a centenares de rehenes. Continuó disminuyendo el número de secuestros: en 2008 se registraron 437, comparados con los 521 de 2007. Las bandas criminales fueron responsables de la mayor parte de los secuestros registrados en 2008. Los secuestros específicamente relacionados con el conflicto se atribuyeron en su mayoría a los grupos guerrilleros. Violencia contra mujeres y niñas Todas las partes implicadas en el conflicto siguieron sometiendo a mujeres y niñas a abusos sexuales y a otras formas de violencia. Según los informes, los grupos guerrilleros obligaron también a mujeres combatientes a abortar o tomar anticonceptivos, violando así sus derechos reproductivos. El 24 de septiembre, unos hombres armados mataron a tiros a Olga Marina Vergara, dirigente de la coalición de mujeres Ruta Pacífica de las Mujeres, en su domicilio de Medellín. Su hijo, su nuera y su nieto de cinco años murieron también en el atentado. El hecho coincidió con la publicación de un nuevo informe de la coalición sobre la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. El 14 de abril, la Corte Constitucional dictó una sentencia sobre los derechos de las mujeres desplazadas como consecuencia del conflicto. En él se establecía un vínculo explícito entre desplazamiento y violencia sexual, y se llegaba a la conclusión de que el conflicto había tenido un impacto desproporcionado entre las mujeres. Se pedía también al gobierno que pusiera en marcha 13 programas específicos para proteger a las mujeres desplazadas como consecuencia del conflicto. Ayuda militar estadounidense La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2008 a unos 669,5 millones de dólares. Unos 543 millones del monto total procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores, y 235 de estos 543 millones se asignaron a proyectos sociales y económicos. Los 307 millones restantes se destinaron a las fuerzas de seguridad, y de ellos el 30 por ciento dependía del cumplimiento por las autoridades colombianas de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Este reparto supuso una continuación de la tendencia a corregir el desequilibrio existente en la ayuda estadounidense entre los fondos destinados a fines socioeconómicos y los asignados a seguridad. En agosto, el Congreso estadounidense autorizó el pago de la última parte de los 55 millones de dólares destinados a las fuerzas armadas en el ejercicio fiscal de 2006, retenidos en abril de 2007 a causa de la preocupación que habían suscitado las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. También en agosto, el Congreso retuvo la cesión de otros 72 millones de dólares de los fondos destinados a las fuerzas armadas en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 por los mismos motivos. Según los informes, como consecuencia de los homicidios de Soacha, el Departamento de Estado estadounidense vetó a tres unidades militares, imposibilitándolas así de recibir ayuda militar de Estados Unidos.
En el informe sobre Colombia publicado en febrero por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se señalaba que, aunque se habían registrado algunas mejoras, «la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación». Respecto a la lucha contra la impunidad, se afirmaba que «los problemas estructurales de la administración de justicia colombiana persisten». Se expresaba también la preocupación por la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por las violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario perpetradas por los grupos guerrilleros. Asimismo, se ponían de relieve los vínculos entre algunos miembros de las fuerzas armadas y lo que en el informe se denominaban «nuevos grupos armados ilegales». El representante del secretario general de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos visitó Colombia en noviembre y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria lo hizo en octubre. En diciembre, en virtud del mecanismo del examen periódico universal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizó el historial de Colombia en materia de derechos humanos. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Colombia en febrero, marzo, abril, junio, julio y octubre. «¡Déjennos en paz!». La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia (AMR 23/023/2008) Colombia: Ingrid Betancourt recobra la libertad (AMR 23/024/2008) Colombia: Amnistía Internacional condena el atentado con bomba (AMR 23/030/2008) Colombia: No más homicidios de activistas por el derecho de indígenas y afrodescendientes a la tierra (AMR 23/038/2008) Corea del Norte República Popular Democrática de Corea Jefe del Estado: Kim Jong-il Jefe del gobierno: Kim Yong-il Pena de muerte: retencionista Población: 23,9 millones Esperanza de vida: 66,8 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 62/62 por cada 1.000
En junio, Corea del Norte envió al Ministerio de Asuntos Exteriores chino una lista de sus recursos nucleares como parte del proceso de desnuclearización de la península coreana. En octubre, tras acceder Corea del Norte a facilitar el pleno acceso a sus instalaciones nucleares, el gobierno de Estados Unidos la retiró de su lista de países que apoyaban el terrorismo. En noviembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que expresaba honda preocupación por las violaciones de derechos humanos que se cometían en Corea del Norte.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), millones de personas sufrieron el azote del hambre a una escala que no se había visto en diez años. Mujeres, niños y ancianos eran los más vulnerables. La producción de alimentos disminuyó bruscamente y se redujeron las importaciones de estos productos. Según informes se bloquearon las llamadas telefónicas de larga distancia para evitar que se difundiese información sobre la escasez de alimentos. En junio, un estudio del PMA y la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre 53 comarcas de 8 provincias señaló que casi el 75 por ciento de los hogares norcoreanos habían reducido el consumo de alimentos. La mayoría de las familias dejaron de tomar alimentos ricos en proteínas y vivían a base de cereales y verduras. Muchas personas se vieron obligadas a buscar alimentos silvestres pobres en nutrientes y causantes de problemas digestivos. Según el PMA y la FAO, una de las principales causas de malnutrición en los niños menores de cinco años era la diarrea causada por el aumento en el consumo de ese tipo de alimentos. A pesar de que la escasez de alimentos alcanzó niveles críticos, el gobierno no garantizó un nivel mínimo esencial. Debido a lo tensas que eran las relaciones entre ambos países, Corea del Norte no pidió ayuda a Corea del Sur, uno de sus principales donantes de arroz y fertilizantes durante los años anteriores. |