Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Desapariciones forzadas Se avanzó muy poco en la investigación del paradero de más de 2.000 personas desaparecidas desde la guerra de 1991-1995, aunque en 2007 el Comité Internacional de la Cruz Roja traspasó a las autoridades croatas toda la responsabilidad en relación con la investigación de estas desapariciones. La impunidad en relación con las desapariciones forzadas seguía siendo un problema grave debido a que las autoridades croatas no realizaron investigaciones exhaustivas ni llevaron a los responsables ante la justicia.
Se incrementó el número de agresiones físicas y de asesinatos de periodistas. En la mayoría de los casos, las víctimas eran periodistas que investigaban crímenes de guerra y actividades de la delincuencia organizada. Ivo Pukanić, propietario del semanario croata Nacional, y su colega Niko Franjić murieron en Zagreb al explotar una bomba colocada en un automóvil. Según los informes, su homicidio tuvo que ver con las investigaciones que había realizado su publicación sobre las actividades de la delincuencia organizada en la ex Yugoslavia. Se abrió una investigación y el gobierno anunció medidas especiales para luchar contra las estructuras del crimen organizado. En febrero y noviembre, el periodista Drago Hedl, testigo de cargo en el juicio de Branimir Glavaš, recibió amenazas de muerte después de escribir artículos sobre la participación de éste en asesinatos de serbocroatas en la ciudad de Osijek durante la guerra de 1991-1995. El presunto autor del incidente de noviembre fue identificado y al concluir el año no había finalizado el proceso contra él. En noviembre colocaron una falsa bomba bajo el automóvil de Hrvoje Appelt, al parecer, por su investigación del contrabando de carburante en el que, según los informes, estaban implicadas estructuras de la delincuencia organizada de otros países del sureste de Europa. En junio, Dušan Miljuš, periodista del diario croata Jutarnji List, fue brutalmente golpeado por desconocidos delante de su domicilio de Zagreb, tras publicar artículos sobre la relación entre los políticos y las actividades empresariales ilícitas. En abril, el periodista Željko Peratović recibió dos amenazas de muerte en su blog. La policía y la Fiscalía del Estado investigaron una de las amenazas, pero los resultados de la investigación no se hicieron públicos. Al parecer, la otra amenaza de muerte no se investigó.
Las autoridades croatas seguían sin abordar el problema de las personas que habían residido en viviendas sociales y que habían perdido su derecho de tenencia durante la guerra, muchas de ellas serbocroatas. En junio se aprobó un Plan de Acción sobre la aplicación de los programas de ayuda a la vivienda, pero las ONG serbocroatas no estaban de acuerdo con las cifras oficiales sobre el número de personas incluidas en los programas. Según los informes, muchos de los solicitantes potenciales no pudieron presentar sus solicitudes debido a la brevedad de los plazos. Los serbocroatas retornados continuaban teniendo problemas para acceder al empleo, incluido el empleo público.
Los niños y niñas romaníes seguían sufriendo discriminación en la educación dado que las autoridades no habían desarrollado e implementado una estrategia significativa para mejorar su acceso a ella. En algunas escuelas seguía siendo un problema la segregación del alumnado romaní. Las autoridades no ofrecían enseñanza en las lenguas habladas por los romaníes, lo que limitaba el progreso de algunos alumnos de esta etnia. El uso de asistentes de etnia romaní era esporádico y el índice de participación de niños y niñas romaníes en los programas de educación preescolar era muy bajo.
Croacia seguía siendo un país de origen y tránsito de mujeres objeto de trata con fines de explotación sexual. Cada vez más, durante los meses de verano, Croacia era el destino de mujeres objeto de trata procedentes de otros países del sureste de Europa, para ser utilizadas en la industria del turismo. En enero entró en vigor una nueva Ley de Extranjería que preveía la concesión de permisos de residencia temporales por razones humanitarias a personas objeto de trata. La ley proporcionaba a adultos y menores de edad un periodo de reflexión de 30 y 90 días, respectivamente.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Croacia en febrero. En abril, una delegación de alto nivel realizó otra visita. Croatia: Set of recommendations to combat impunity for war crimes (EUR 64/004/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Raúl Castro Ruz Pena de muerte: retencionista Población: 11,3 millones Esperanza de vida: 77,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 7/6 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 99,8 por ciento
En febrero, el Parlamento nombró a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado, nombramiento que llevaba aparejada la jefatura del Estado y del gobierno. Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no había prevista una fecha para su ratificación. Cinco años después de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la detención y condena –en marzo de 2003– de 75 presos de conciencia, Cuba y la UE reanudaron sus relaciones de manera oficial. La UE levantó sus sanciones diplomáticas e inició un diálogo con las autoridades cubanas sobre diversas materias, entre ellas los derechos humanos. Durante el primer semestre del año empezaron a introducirse reformas económicas en el sector agrícola. Sin embargo, los estragos causados por varios huracanes obstaculizaron las iniciativas reformistas del gobierno. Según fuentes oficiales, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia de los huracanes, y el país sufrió pérdidas valoradas en casi mil millones de dólares estadounidenses en el ámbito de la producción agrícola. Por primera vez se permitió a los ciudadanos cubanos adquirir teléfonos móviles y ordenadores para uso personal, pero siguió restringido el acceso a Internet. En octubre, por decimoséptimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, respaldada por 185 países, en la que se pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba. Efectos del embargo estadounidense El embargo estadounidense y diversas medidas conexas continuaron repercutiendo de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos. Siguieron estando muy restringidas las reunificaciones familiares y la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos. La aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense limitaba también la capacidad del gobierno cubano para comprar a socios comerciales de Cuba productos tales como alimentos, suministros médicos y materiales de construcción. Sin embargo, se permitió a Cuba comprar a Estados Unidos alimentos básicos por un valor de 530 millones de dólares estadounidenses, pagaderos en efectivo y por adelantado. Libertad de expresión y asociación Siguió restringida la libertad de expresión. Todos los medios de comunicación continuaron bajo control del Estado. Los periodistas de agencias de noticias independientes y alternativas siguieron sufriendo hostigamiento e intimidación en forma de vigilancia y breves detenciones por parte de agentes de seguridad. Continuó sin permitirse la legalización de los grupos políticos de oposición y de numerosas asociaciones civiles y profesionales. En diciembre, las autoridades cubanas detuvieron por un breve periodo a más de 30 personas, a las que impidieron celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en La Habana. En junio detuvieron al periodista Carlos Serpa Maceira, de la agencia de noticias Sindical Press, en su domicilio de La Habana. Lo acusaron de promover «actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba». Unos funcionarios le ordenaron que dejara de trabajar como periodista si no quería ser devuelto a su ciudad natal. Luego lo dejaron en libertad. En julio, las autoridades impidieron a decenas de disidentes participar en diversos actos que se iban a celebrar en La Habana, entre ellos una reunión del grupo civil Agenda para la Transición y un acto organizado por la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba en conmemoración del Día de la Independencia estadounidense. A algunos de ellos se les impidió desplazarse a la capital, a otros se les impidió salir de su domicilio en La Habana, y unos 30 fueron detenidos por la policía y puestos en libertad unas horas después o al día siguiente. Presos de conciencia Al finalizar el año seguían recluidos 58 presos de conciencia, encarcelados por el simple hecho de haber expresado sus opiniones políticas. En febrero se excarceló a cuatro presos de conciencia por motivos de salud, pero se les ordenó que abandonaran el país. Se recibieron informes de actos de hostigamiento e intimidación contra presos de conciencia y presos políticos por parte tanto de guardias de prisiones como de otros reclusos. Sistema de justicia Se siguió utilizando el sistema judicial –en concreto, el cargo de «peligrosidad»– para hostigar a disidentes políticos opuestos al gobierno cubano. Hubo muchos casos de periodistas, disidentes políticos y detractores del gobierno que fueron detenidos durante 24 o 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos. En agosto, Gorki Águila, músico del grupo Porno Para Ricardo, fue detenido en La Habana y acusado de «peligrosidad», porque en sus letras criticaba al gobierno. El 29 de agosto, el tribunal retiró el cargo de «peligrosidad», pero declaró a Gorki Águila culpable del delito menor de desobediencia civil y lo condenó a pagar una multa.
En abril, el presidente Raúl Castro anunció que casi todas las penas de muerte se conmutarían por cadena perpetua. En 2008 no hubo ejecuciones. En diciembre, Cuba se abstuvo por segunda vez en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Cuba: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU. Cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, febrero de 2009 (AMR 25/002/2008) Cuba: Cinco años de más; el nuevo gobierno debe liberar a los disidentes encarcelados (18 de marzo de 2008)
Jefa del Estado: reina Margarita II Jefe del gobierno: Anders Fogh Rasmussen Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 5,5 millones Esperanza de vida: 77,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000
En abril, la ministra para Asuntos de Personas Migrantes y Refugiadas e Integración encomendó a un grupo de trabajo el estudio de las formas posibles de expulsar a ciudadanos extranjeros que se considerase que representaban una amenaza para la seguridad nacional. El grupo de trabajo debía considerar si Dinamarca tenía que solicitar y confiar en «garantías diplomáticas» para expulsar a personas a países donde corrieran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura u otros malos tratos. El grupo de trabajo se creó en respuesta a los casos de K.S. y S.C., ambos de nacionalidad tunecina y residentes en Dinamarca, que fueron arrestados en febrero junto a un ciudadano danés. Los tres eran sospechosos de participar en una presunta conspiración para matar a uno de los dibujantes responsables de las controvertidas viñetas del profeta Mahoma publicadas por un diario danés en septiembre de 2005. El ciudadano danés fue puesto en libertad poco después de su detención. Se anularon los permisos de residencia de los dos ciudadanos tunecinos y se cursó una orden de expulsión contra ellos basada en que se los consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Ambos fueron recluidos en espera de la ejecución de la orden de expulsión. En agosto, según informes, K.S. se marchó de Dinamarca voluntariamente con rumbo desconocido. En octubre, la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados concluyó que S.C. se enfrentaba a un peligro cierto de tortura u otros malos tratos si era expulsado a Túnez, y resolvió que la expulsión no podía seguir adelante. Como consecuencia, S.C. fue puesto en libertad. El gobierno señaló que seguiría trabajando para expulsarlo, lo que incluía pedir garantías a las autoridades tunecinas sobre el trato que recibiría a su regreso y apoyarse en ellas para la expulsión, si así lo recomendaba el grupo de trabajo. Policía y fuerzas de seguridad El sistema de resolución de denuncias contra la policía no garantizaba un recurso efectivo frente a los malos tratos. Muy pocas denuncias –entre 5 y 8 de cada 1.000– eran mantenidas después por los fiscales regionales, y el número de denuncias que desembocaba en la formulación de cargos contra miembros de la policía era aún menor. En 2006, la ministra de Justicia había encargado a un comité que examinara el sistema actual de denuncias y propusiera posibles cambios. A finales de 2008 el comité no había publicado su informe.
En noviembre se promulgó nueva legislación que imponía más restricciones al permiso de «residencia tolerada» que se concedía a los ciudadanos extranjeros contra quienes se había dictado una orden de expulsión pero no era posible ejecutarla. Eso incluía a personas cuyo retorno al país de origen, según la Junta Danesa de Apelaciones para los Refugiados, no era seguro. En noviembre había, al parecer, 18 personas en situación de «residencia tolerada», entre ellas el ciudadano tunecino citado como S.C. La nueva legislación exigía que estas personas residieran en los centros designados para albergar a solicitantes de asilo y que se presentaran diariamente a la policía en todos los casos, salvo circunstancias excepcionales. La legislación aumentaba a un año el periodo máximo de cárcel que se podía imponer en caso de incumplimiento de estas exigencias. Al menos 11 ciudadanos iraquíes fueron objeto de devolución a Irak a pesar de las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Algunos solicitantes de asilo que habían sufrido tortura u otros malos tratos no recibieron tratamiento médico adecuado en Dinamarca. Violencia contra mujeres y niñas Hubo falta de protección jurídica y de resarcimiento para las mujeres sobrevivientes de violación. Sólo una de cada cinco violaciones denunciadas a la policía dio lugar a una declaración de culpabilidad. El 60 por ciento de los casos en que se formularon acusaciones no llegó a juicio por falta de pruebas. La legislación establecía una posible reducción de la pena por violación si la víctima y el autor contraían matrimonio o establecían una unión civil. Las relaciones sexuales sin consentimiento mutuo en que la víctima se encontraba en una situación vulnerable, por ejemplo a causa de una enfermedad o intoxicación, no se consideraban violación a menos que se pudiera demostrar que el agresor era el responsable directo del estado de la víctima.
Police accountability mechanisms in Denmark (EUR 18/001/2008) Ecuador República de Ecuador Jefe del Estado y del gobierno: Rafael Vicente Correa Delgado Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 13,5 millones Esperanza de vida: 74,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 29/21 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 91 por ciento
La Asamblea Constituyente, que puso en marcha el proceso de reformas en noviembre de 2007, aprobó en julio un anteproyecto de Constitución. La propuesta de Carta Magna otorgaba mayores atribuciones al presidente y daba al gobierno un mayor control sobre la distribución de la tierra y las empresas extractoras. Reconocía la plurinacionalidad de Ecuador y concedía a las comunidades locales el derecho a ser consultadas sobre los planes mineros y petroleros. Al finalizar el año seguía debatiéndose un proyecto de ley sobre la industria minera, en medio de las protestas de grupos de la sociedad civil que temían que otorgase demasiado poder a las grandes empresas mineras en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. La Comisión de la Verdad, establecida en mayo de 2007 para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), empezó a recibir los primeros testimonios en febrero de 2008, y en septiembre hizo público un informe provisional. El ex presidente Febres Cordero falleció en diciembre. Entre las personas que murieron durante una operación militar realizada en marzo por las fuerzas de seguridad colombianas en territorio ecuatoriano se encontraba Raúl Reyes, segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (véase el apartado sobre Colombia). Empresas extractoras y derechos humanos En un informe publicado en agosto, el relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas expresó su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos e indicó que seguiría monitoreando los casos de conflicto ambiental entre empresas petroleras transnacionales y comunidades indígenas o locales. Esther Landetta Chica, defensora del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, recibió entre mayo y julio varias amenazas de muerte anónimas porque se había hecho eco de la preocupación social por las posibles consecuencias negativas de las actividades mineras irregulares en la provincia de Guayas. En marzo, la Asamblea Constituyente amnistió a varios centenares de personas privadas de libertad, la mayoría detenidas en el contexto de las manifestaciones en favor del medio ambiente. Entre ellas figuraban 37 personas detenidas en diciembre de 2007 en la localidad de Dayuma, provincia de Orellana, después de que el gobierno declarara el estado de emergencia para atajar las protestas contra determinadas operaciones petrolíferas. Se retiraron los cargos contra algunas personas detenidas que habían sido acusadas de terrorismo, entre ellas la prefecta provincial Guadalupe Llori. Sin embargo, ésta siguió en prisión durante casi 10 meses por el cargo de peculado (fraude). En septiembre quedó en libertad tras ser absuelta de todos los cargos. En noviembre, el gobierno retiró la polémica concesión otorgada a la empresa minera canadiense Copper Mesa Mining Corporation (antes Ascendent Copper). Esta y otras decisiones similares de retirar concesiones mineras se adoptaron después de que la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente aprobaran en abril un Mandato Minero encaminado a proteger a las poblaciones locales y al medio ambiente de los efectos negativos de la minería.
En sus observaciones finales sobre Ecuador –hechas públicas en noviembre– el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia ejercida contra las niñas en el entorno escolar. Subrayaba también la persistencia de un alto nivel de pobreza y exclusión social entre las mujeres indígenas y de ascendencia africana, que encontraban obstáculos a la hora de acceder a la educación y a la asistencia médica y participar en los procesos de toma de decisiones. El Comité instó a Ecuador a que, con el fin de combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, elaborara y aplicara una estrategia global que contara con recursos adecuados y dedicados exclusivamente a este fin. Expresó también su preocupación por el elevado índice de mortalidad materna. Señaló que el aborto era la segunda causa más importante de mortalidad materna y que, al estar insuficientemente documentado, se desconocía la magnitud del problema de los abortos inseguros y sus efectos sobre dicha mortalidad. Libertad de expresión Aumentó la tensión entre el gobierno y algunos sectores de los medios de comunicación. Entre las empresas embargadas por el Estado en julio para hacer frente a las deudas que habían contraído como consecuencia de un escándalo bancario, se encontraban dos cadenas de televisión. Se despidió a los directores de los programas informativos de ambas cadenas y se los sustituyó por personas nombradas por el gobierno, con la consiguiente preocupación de que el Estado impusiera la línea editorial. En junio, un juez ordenó que se archivara la causa seguida contra Francisco Vivanco Riofrío, redactor jefe del periódico La Hora, por «desacato» al presidente Correa, cargo formulado por la publicación de un editorial crítico con el gobierno en marzo de 2007.
La policía hizo en ocasiones uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias y malos tratos, en especial contra miembros de comunidades indígenas y minorías étnicas. El 13 de abril, agentes de policía detuvieron a 23 afroecuatorianos en el parque La Carolina de Quito, según los informes, porque les pareció que tenían una «actitud sospechosa». A algunos los mantuvieron detenidos varios días antes de dejarlos en libertad sin cargos. El ministro de Gobierno se disculpó posteriormente. Tras examinar en julio el informe presentado por Ecuador, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por este hecho. En febrero, tres agentes de policía acusados de haber matado en enero de 2007 a Paúl Alejandro Guañuna Sanguña, un muchacho de 17 años, fueron condenados a sendas penas de 20 años de cárcel. |