Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Sistema de justicia y juicios injustos El sistema de justicia penal seguía estando sumamente expuesto a las injerencias políticas. Los tribunales, la Fiscalía Popular y la policía continuaban bajo la supervisión del Partido Comunista Chino. Las autoridades seguían utilizando disposiciones de la legislación penal relativas a la seguridad del Estado y a los «secretos de Estado», amplias y de redacción imprecisa, para silenciar la disidencia y castigar a defensores de los derechos humanos. Muchas de las personas acusadas en aplicación de disposiciones relativas a «secretos de Estado» fueron sometidas a juicios injustos y, en virtud de disposiciones de la legislación sobre procedimiento penal, no gozaron de las protecciones que sí tenían otros acusados en cuanto al acceso a la familia y a asistencia letrada y la celebración de un juicio público. Detención y reclusión arbitrarias Las autoridades intensificaron la utilización de tipos de detención administrativa que permitían a la policía el encarcelamiento sin juicio. Cientos de miles de personas estaban sometidas a estas formas de detención y permanecían en centros como los campos de «reeducación por el trabajo», en donde podían estar recluidas hasta cuatro años sin juicio. Según informes, en los centros secretos de detención del extrarradio de Pekín, conocidos como «cárceles negras», permanecían recluidos miles de peticionarios –personas que habían solicitado a las autoridades centrales un resarcimiento por una amplia variedad de agravios que no habían podido solucionar en el ámbito local– antes de ser devueltos a sus lugares de procedencia. Las personas que se encontraban bajo detención administrativa continuaban corriendo un grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a China la eliminación inmediata de todas las formas de detención administrativa. En junio, Huang Qi, activista de derechos humanos radicado en Sichuan, fue detenido por la policía como sospechoso de «posesión ilegal de documentos clasificados de alto secreto». La razón de su detención no estaba clara, pero al parecer guardaba relación con el hecho de que había ayudado a las familias de cinco alumnos de enseñanza primaria que murieron al desplomarse el edificio de su colegio durante el terremoto que se produjo en Sichuan en mayo. Las familias solicitaban a las autoridades locales una indemnización porque consideraban que la calidad de la construcción era deficiente a causa de la corrupción. Huang Qi permaneció recluido en régimen de incomunicación durante más de 100 días antes de reunirse por primera vez con un abogado en septiembre. En octubre rechazó la oferta de las autoridades de dejarlo en libertad a cambio de que abandonase su trabajo en favor de los derechos humanos. Continuaba recluido sin juicio ni acceso a su familia.
A pesar de las reformas legislativas, continuaba existiendo la tortura en prisiones, comisarías, campos de «reeducación por el trabajo» y otros centros de detención no oficiales. Defensores de derechos humanos, peticionarios, tibetanos, uigures, seguidores de Falun Gong, cristianos y otras personas que practicaban su religión al margen de los canales autorizados por el Estado corrían especial peligro de sufrir tortura y otros malos tratos por parte de las autoridades y de personas no identificadas. Pena de muerte En 2008, las autoridades expresaron su intención de aumentar el uso de la inyección letal al considerar que se trataba de un método de ejecución «más humano» que el pelotón de fusilamiento. Según cálculos de Amnistía Internacional, se impusieron como mínimo 7.000 penas de muerte y se llevaron a cabo no menos de 1.700 ejecuciones. Sin embargo, las autoridades se negaron a dar a conocer las estadísticas sobre penas de muerte y ejecuciones, y la verdadera cifra era sin duda más elevada. En diciembre, China votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
El gobierno mantuvo un estricto control sobre la libertad de expresión. Periodistas y cibernautas corrían peligro de ser hostigados o encarcelados por tratar temas delicados desde el punto de vista político. Aproximadamente 30 periodistas y otras 50 personas continuaban encarcelados por publicar sus opiniones en Internet. Dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, las autoridades crearon «zonas de protesta» en tres parques de Pekín en los que se permitían manifestaciones. Sin embargo, no se tenía constancia de que se hubieran concedido permisos oficiales para celebrar protestas, y las zonas continuaron vacías. Numerosas personas fueron detenidas y quedaron bajo vigilancia tras haber solicitado permiso para protestar. Unos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, las autoridades desbloquearon el acceso a algunos sitios web; sin embargo, muchos otros continuaron bloqueados. En octubre, las autoridades anunciaron que se prorrogaría indefinidamente la normativa promulgada en enero de 2007 que reducía los controles sobre los periodistas extranjeros acreditados en las Olimpiadas. Las autoridades interrogaron y hostigaron a numerosos firmantes de la Carta 08, que proponía un proyecto de reformas políticas y jurídicas fundamentales en China. Al finalizar el año, el firmante Liu Xiaobo continuaba recluido. Libertad de religión Las personas que practicaban su religión al margen de los canales autorizados por el Estado, como cristianos, musulmanes, budistas y otros, eran objeto de hostigamiento y persecución. Las autoridades hostigaban, detenían y a menudo sometían a malos tratos a miembros de casas iglesia cristianas no autorizadas y confiscaban o destruían sus propiedades. Entre quienes sufrían una persecución más implacable por parte del gobierno figuraban los seguidores de Falun Gong. Según informes, miles de ellos fueron detenidos durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos, y centenares fueron encarcelados o sometidos a «reeducación por el trabajo» y otras formas de detención administrativa en donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos que en ocasiones conllevaban la muerte. El 25 de enero, Yu Zhou, conocido cantante de música tradicional, licenciado por la Universidad de Pekín y, según informes, seguidor de Falun Gong, fue detenido en el distrito pekinés de Tongzhou junto con su esposa, Xu Na, poetisa y pintora. El 6 de febrero, autoridades del Centro de Urgencias del distrito de Qinghe informaron a su familia de que Yu Zhou había muerto de diabetes o a causa de una huelga de hambre, aunque la familia sostenía que cuando fue detenido se encontraba bien de salud. El personal del Centro de Urgencias denegó la petición de los familiares de ver el cadáver y de que se le practicase la autopsia. El 25 de noviembre, Xu Na fue condenada a tres años de prisión por «utilizar una organización herética para desvirtuar la aplicación de la ley». Presentó un recurso contra la sentencia y corría peligro de sufrir tortura y otros malos tratos bajo custodia.
Tras los disturbios de marzo, las zonas de China habitadas por población tibetana continuaron totalmente cerradas al escrutinio exterior. Salvo los primeros días, las protestas fueron fundamentalmente pacíficas. Sin embargo, las autoridades informaron de que manifestantes violentos habían matado a 21 personas, y organizaciones tibetanas en el extranjero cifraron el número de tibetanos muertos en más de un centenar. Aunque las autoridades chinas anunciaron que más de un millar de personas detenidas en las protestas habían quedado en libertad, organizaciones tibetanas en el extranjero calculaban que al menos varios cientos de ellas continuaban recluidas al finalizar el año. Resultaba difícil determinar las cifras exactas porque las autoridades negaron el acceso a medios de comunicación y observadores independientes. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, que en algunos casos les acarrearon la muerte. Según informes, importantes monasterios y conventos de monjas continuaban prácticamente incomunicados. Las autoridades reanudaron la campaña de «Educación Patriótica», que exigía la participación de los tibetanos en sesiones colectivas de crítica al Dalai Lama y la firma de denuncias contra él. Miembros tibetanos del Partido Comunista Chino también fueron objeto de esta campaña y, entre otras cosas, se los obligó a que sacaran a sus hijos de colegios de la comunidad tibetana en el exilio en donde recibían educación religiosa. Paltsal Kyab, tibetano de la provincia de Sichuan, murió el 26 de mayo, cinco semanas después de haber sido detenido por la policía en relación con las protestas. Paltsal Kyab tenía 45 años y había participado en una marcha de protesta celebrada el 17 de marzo en el municipio de Charo, en la comarca de Ngaba (en chino: Aba). Su familia no recibió autorización para visitarlo mientras estaba detenido ni tuvo noticias sobre su situación hasta el 26 de mayo, cuando dos dirigentes del municipio de Charo les informaron de su muerte. Al ir a retirar el cadáver, sus familiares hallaron que tenía hematomas y estaba cubierto de ampollas producidas por quemaduras; posteriormente descubrieron que tenía lesiones internas. La policía les dijo que había muerto a causa de una enfermedad, aunque los familiares afirmaron que gozaba de buena salud cuando lo detuvieron.
Aumentó la persecución de la población uigur musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China. Las autoridades utilizaron una serie de hechos violentos, presuntamente vinculados a terroristas, para iniciar una amplia represión. Según medios de comunicación oficiales, casi 1.300 personas fueron detenidas a lo largo del año por terrorismo, extremismo religioso u otros cargos relativos a la seguridad del Estado, y 1.154 fueron imputadas formalmente y estaban pendientes de juicio o habían recibido sanciones administrativas. El 14 de agosto, Wang Lequan, secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, anunció una lucha «a vida o muerte» contra el «separatismo» uigur. Ablikim Abdiriyim, hijo de la activista de derechos humanos exiliada Rebiya Kadeer, continuaba recluido en la prisión de Baijiahu acusado de «separatismo», cargo por el que había sido condenado a nueve años de cárcel en abril de 2007. El 6 de diciembre de ese año, durante la primera visita que se le permitía recibir desde su detención, su familia lo encontró en muy mal estado de salud. Las autoridades de la prisión lo atribuyeron a una enfermedad cardíaca y dieron a entender que podría empeorar aún más si se negaba a «colaborar» o a «admitir su culpabilidad». A pesar de las continuas peticiones de su familia, las autoridades se negaron a dejarlo en libertad condicional para que recibiera tratamiento médico. Las autoridades locales mantuvieron un férreo control sobre las prácticas religiosas, como la prohibición de que empleados del gobierno y menores de 18 años acudieran a rendir culto a las mezquitas. Según informes, 160 niños y niñas uigures de entre 8 y 14 años de edad que vivían y estudiaban en la zona hui musulmana de la provincia de Yunnan fueron detenidos por agentes de policía enviados por el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, trasladados a Urumqi y recluidos en la prisión de Bajiahu. Según los informes recibidos, 10 de ellos quedaron en libertad tras pagar sus progenitores 20.000 yuanes (3.140 dólares estadounidenses). A quienes no podían pagar se les comunicó que sus hijos serían acusados de participar en «actividades religiosas ilegales». Según informes, en 2008 fueron ejecutadas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang un gran número de personas condenadas a muerte, a algunas de las cuales se les había impuesto además una suspensión de la pena de dos años. Según la práctica jurídica interna, las condenas a muerte con dos años de suspensión podían conmutarse por cadena perpetua si las personas mostraban buen comportamiento durante los dos primeros años. Salvo en el caso de un tibetano, la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang continuaba siendo la única región china en donde se ejecutaba a personas por delitos de índole política. Región Administrativa Especial de Hong Kong En julio, decenas de miles de personas se manifestaron para pedir mejoras en los derechos humanos y los medios de vida de la población, así como una participación significativa en la vida política. Libertad de expresión y reunión A decenas de activistas, monjes budistas tibetanos y seguidores de Falun Gong se les negó la entrada en Hong Kong antes del relevo de la antorcha olímpica en mayo y de la celebración de los Juegos Olímpicos, y mientras éstos se estaban desarrollando. Las restricciones impuestas por el gobierno con respecto a las protestas en las sedes de competiciones ecuestres limitaron la libertad de expresión y reunión. Personas refugiadas y solicitantes de asilo A pesar de la colaboración existente entre el gobierno y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, las leyes de inmigración continuaban permitiendo la expulsión de solicitantes de asilo, incluidos los que iban acompañados de menores, antes de que se resolviese su solicitud. En noviembre, el Comité contra la Tortura expresó preocupación ante la ausencia de medidas legales para regular la concesión de asilo y de un procedimiento justo y eficiente de determinación de la condición de refugiado. En julio, el Tribunal de Apelación falló que permitir la detención administrativa de personas sin una explicación clara del proceso y la política de detención constituía una violación del artículo 5 de la Ordenanza de Declaración de Derechos de Hong Kong. A consecuencia del fallo quedaron en libertad cientos de personas detenidas, como solicitantes de asilo y personas que corrían peligro de sufrir tortura si regresaban a sus países de origen.
El Comité contra la Tortura criticó la práctica policial de efectuar automáticamente un registro corporal de todas las personas detenidas. Según cifras oficiales, entre julio y septiembre la policía realizó más de 1.600 registros corporales en los que se obligó a los detenidos a desnudarse. El Comité contra la Tortura instó a que se limitasen los registros corporales a aquellos casos en que estuviesen claramente justificados. Racismo La legislación contra la discriminación racial aprobada en julio no se ajustaba a las garantías establecidas en la Convención Internacional de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la que Hong Kong era Estado Parte. La legislación incluía exenciones para numerosas medidas administrativas del gobierno y para la discriminación basada en la nacionalidad, la ciudadanía y la situación con respecto a la residencia. Violencia contra mujeres y niñas En junio se amplió la Ordenanza sobre Violencia en el Hogar para incluir los abusos de convivientes o ex convivientes y de familiares que no vivían en el mismo lugar. Sin embargo, continuaban sin protección los casos de violencia entre parejas del mismo sexo y de daños a la propiedad. Región Administrativa Especial de Macao Durante un periodo de 40 días comprendido entre octubre y noviembre, las autoridades llevaron a cabo una consulta pública relacionada con un proyecto de ley sobre seguridad nacional que pretendía prohibir los actos de «traición», «secesión», «sedición» y «subversión». En diciembre, el gobierno presentó el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La imprecisión de las definiciones de los delitos podía llevar a que las autoridades hiciesen un uso indebido de la legislación para reprimir el derecho a la libertad de expresión y asociación. Informes y visitas de Amnistía Internacional República Popular de China: El legado de las Olimpiadas de Pekín. Temas y datos. ¡No más ejecuciones! China debe elegir (ASA 17/029/2008) República Popular de China: El legado de las Olimpiadas de Pekín. Temas y datos. ¡Juicios justos para todas las personas! China debe elegir (ASA 17/030/2008) República Popular de China: El legado de las Olimpiadas de Pekín. Temas y datos. ¡Respeto por los derechos de quienes defienden los derechos! China debe elegir (ASA 17/031/2008) República Popular de China: El legado de las Olimpiadas de Pekín. Temas y datos. ¡No a la censura injustificada! China debe elegir (ASA 17/032/2008) República Popular de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. La represión de activistas amenaza el legado olímpico(ASA 17/050/2008) República Popular de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Represión de manifestantes tibetanos (ASA 17/070/2008) República Popular de China: Región Autónoma del Tíbet. Acceso denegado (ASA 17/085/2008) República Popular de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. Promesas incumplidas (ASA 17/089/2008) People’s Republic of China: Briefing for the Committee against Torture in advance of their consideration of China’s fourth periodic report, 3-21 November 2008 (ASA 17/094/2008) People’s Republic of China: Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (ASA 17/097/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Demetris Christofias (sustituyó a Tasos Papadopoulos en febrero) Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 864.000 Esperanza de vida: 79 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 8/6 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 96,8 por ciento Un nuevo gobierno elegido en febrero se comprometió a realizar una serie de reformas políticas destinadas a reforzar el respeto por los derechos humanos. Se destacaron como áreas de mejora los derechos de las personas migrantes y las políticas dirigidas a luchar contra la trata de personas. El Comité sobre Personas Desaparecidas, auspiciado por la ONU, continuó trabajando para exhumar e identificar a las víctimas del conflicto interétnico desaparecidas desde 1963. Persistía la preocupación en relación con dos casos en los que las autoridades no habían llevado a cabo investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales. Información general El primer presidente comunista de Chipre tomó posesión de su cargo tras las elecciones celebradas en febrero. En su campaña electoral, Demetris Christofias se comprometió a resolver durante su mandato de cinco años el conflicto de Chipre y a mejorar las condiciones sociales. En septiembre comenzaron las negociaciones entre los dirigentes de las partes grecochipriota y turcochipriota. Se esperaba que los derechos humanos se contaran entre los temas objeto de discusión. Personas desaparecidas El Comité sobre Personas Desaparecidas, auspiciado por la ONU, siguió supervisando la exhumación, identificación y devolución de restos de personas desaparecidas. A lo largo del año se exhumaron los restos de 93 personas, y los de 39 fueron identificados y devueltos a sus familias. Desde 2004, la cifra total de exhumaciones realizadas era de 466, y la cifra total de personas identificadas cuyos restos fueron devueltos a sus familiares era de 110. Derechos de las personas refugiadas y migrantes En septiembre, el gobierno anunció planes para revisar su política de inmigración, haciendo un énfasis mayor en la integración de los migrantes. La nueva política propuesta también incluía el establecimiento de un plazo máximo de duración para la detención previa a la expulsión. Liberaciones A lo largo del año, las autoridades liberaron a personas que llevaban recluidas en la Prisión Central de Nicosia más de 18 meses en espera de su expulsión. Violencia racista El 18 de diciembre, una niña chipriota de 14 años cuya familia había sido repatriada desde Sudán fue agredida por 40 adolescentes después de que el equipo de balonvolea en el que jugaba hubiera ganado un partido. Según los informes, los jóvenes le propinaron numerosas patadas y puñetazos al tiempo que proferían insultos racistas. La niña hubo de ser hospitalizada con graves lesiones. El ministro de Educación y el estamento político criticaron duramente la agresión, mientras que ONG locales denunciaron irregularidades en la investigación policial del incidente. Violencia contra mujeres y niñas En noviembre, el gobierno abolió la práctica de conceder visados especiales de artista a las personas con ciudadanía extranjera empleadas en espectáculos musicales o de danza. Esta política hacía años que era criticada por organizaciones locales e internacionales, así como por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya que facilitaba la trata de personas para su explotación sexual. Policía y fuerzas de seguridad En mayo, una investigación sobre la muerte en 2006 de Athanasios Nicolaou, un soldado de la Guardia Nacional, concluyó que se había tratado de un suicidio. La familia presentó una solicitud –que el Tribunal Supremo consideró en octubre– para que el caso volviese a ser examinado. El 31 de diciembre, el Tribunal falló que el caso debía reabrirse. En 2007, Amnistía Internacional había expresado su preocupación porque las autoridades no habían investigado la muerte de una forma exhaustiva, imparcial y efectiva. En octubre dio comienzo el juicio de 10 agentes de policía acusados de utilizar fuerza excesiva contra dos estudiantes esposados en diciembre de 2005. Seis de los agentes fueron absueltos de los cargos de tortura y lesiones corporales presentados contra ellos, pero seguían acusados de un total de 34 cargos, entre ellos trato cruel, inhumano o degradante. Otro agente estaba acusado de incumplimiento del deber, y los tres restantes, de aquiescencia.
Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Uribe Vélez Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 46,7 millones Esperanza de vida: 72,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 29/22 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 92,8 por ciento
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