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Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos


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C. Agresiones, detenciones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas


  1. La Relatoría Especial recibió información sobre amenazas proferidas en contra de la periodista Jineth Bedoya433, del diario colombiano El Tiempo, quien en el pasado fue víctima de tortura y graves abusos por parte de presuntos paramilitares cuando reportaba sobre el tráfico de armas en la Cárcel Modelo de Bogotá. El 11 de enero una de las fuentes de la periodista habría recibido un mensaje que decía: “[d]ígale a Jineth Bedoya que deje de publicar y denunciar esas cosas porque ella sabe lo que le puede pasar”434. Bedoya es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2000. El 9 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación al proceso de tres paramilitares435. El 20 de septiembre de 2012, la Fiscalía declaró que la prescripción no se aplicará al proceso por caracterizar los hechos como un crimen de lesa humanidad, en vista de que se produjeron dentro de un contexto sistemático y generalizado de violencia contra periodistas436. La periodista cuenta con un sistema de protección.




  1. El 26 de enero, en el barrio Villa Turbay, Medellín, los equipos periodísticos de Teleantioquia, Telemedellín, RCN Televisión y Caracol TV se encontraban cubriendo el sepelio de un joven de 18 años asesinado en un bus, cuando un grupo de hombres, sin identificarse, les habría exigido a los camarógrafos que dejaran de grabar y a los periodistas que se retiraran del lugar437. Asimismo, el 28 de enero un camarógrafo del canal Teleantioquia que hacía un registro en el barrio Los Alcázares, de la ciudad de Medellín, habría sido amenazado por un sujeto, que le advirtió “váyase de aquí si no quiere que lo ‘pele’. Si vuelve por aquí, ya sabe lo que le pasa”438.




  1. El 20 de febrero los periodistas Jeorgi [o Georgi] Alexander Pabón Martínez, reportero gráfico del semanario La Noticia y Alejandro Cabarcas, camarógrafo de RCN Televisión, habrían sido agredidos y amenazados mientras cubrían una explosión ocurrida en una planta donde se carga asfalto439.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que algunos periodistas habrían sido víctimas de agresiones en el contexto de la movilización de campesinos productores de café en los departamentos de Huila y Tolima. Así por ejemplo, algunas organizaciones periodísticas denunciaron que varios comunicadores habrían sido afectados por granadas lacrimógenas lanzadas por agentes de la fuerza pública durante las protestas440.




  1. La Relatoría recibió información que indica que el 28 de febrero el periodista y columnista Germán Uribe habría sido golpeado, amordazado y atado de pies y manos por desconocidos que entraron a su residencia en la población de Subachoque, departamento de Cundinamarca. A raíz de la agresión, el periodista habría resuelto dejar de publicar sus columnas de opinión en la revista Semana y en el portal Rebelión y abandonar su vivienda, como medida de seguridad. Sus columnas se caracterizaban por ser críticas del gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe441.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que en marzo el periodista Juan Manuel Escobar, editor judicial de la emisora Ondas de Ibagué y corresponsal del canal El Tiempo en Tolima, habría sido amenazado por una persona vinculada al tráfico de drogas en Colombia. Las amenazas habrían ocurrido luego de que el periodista reportara sobre conflictos vinculados al control de la distribución de drogas en barrios de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima442.




  1. La Relatoría fue informada que el 7 de marzo el periodista Juan David Betancur, director del periódico El Panamericano y periodista de Radio Litoral y Radio La Ribereña de Antioquia, habría recibido una carta bomba en su casa en la ciudad de Dabeiba, departamento de Antioquia. El paquete también contenía una carta amenazante que advertía que no informara más sobre corrupción gubernamental o sobre las actividades de un ex miembro del grupo guerrillero FARC. El periodista ha sufrido otros atentados por su trabajo periodístico443.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que el periodista Yesid Toro Meléndez, redactor del diario Q’Hubo en Cali, habría recibido amenazas tras la reedición de su libro “Complot para matar al Diablo”, por lo que se habría visto obligado a abandonar la ciudad444.




  1. El 1 de mayo dos personas habrían disparado contra el vehículo del jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, en la vía que conduce de Ibagué a Bogotá445. Calderón ha indagado sobre presuntas irregularidades en un Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, en donde militares condenados por violaciones a los derechos humanos gozarían de diversos privilegios. Semana ha publicado varios artículos denunciando estas irregularidades; el último de ellos, titulado “Tolemaida Tours”, fue publicado el 13 de abril, dos semanas antes del ataque contra Calderón446. El atentado fue denunciado por el Presidente Santos y otros altos mandos del Gobierno y se habría brindado medidas de protección al periodista mientras se realice la investigación correspondiente447. En la comunicación enviada a la CIDH de fecha 10 julio de 2013, el Estado de Colombia aportó información sobre las medidas adoptadas. En este sentido, el Estado informó que la Unidad Nacional de Protección había otorgado medidas urgentes de protección a favor del periodista, incluyendo “un esquema duro de protección”. El Estado también señaló que una investigación de los hechos fue iniciada a cargo de la Fiscalía 51 Especializada de Derechos Humanos448.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que ocho periodistas habrían sido amenazados de muerte a través de un mensaje firmado por el Grupo Anti-restitución de Tierras, distribuido el 6 de mayo en Valledupar, departamento del Cesar. En el mensaje se informaba a los periodistas que tenían 24 horas para salir de la ciudad y se les advertía que si continuaban “metiendo sus narices” en los casos relacionados con la restitución de tierras, serían las próximas víctimas449. Los periodistas amenazados habrían sido Herlency Gutiérrez, de RCN Radio, Jaime José Daza, de Maravilla Stereo, Damaris Rojas, de Al Día, Renier Asprilla, de El Heraldo, Katia Ospino, de UNO y CM&, Óscar Arzuaga, de Radio Guatapuri, Ubaldo Anaya Flórez, de TV RPT y Martín Mendoza, de Caracol Televisión y El Pilón. Todos ellos habrían reportado sobre el tema de la restitución de tierras a familias que fueron desplazadas durante el conflicto armado450. A raíz de estos hechos, el comandante de la Policía del Cesar informó que se impartieron “instrucciones precisas a las unidades de protección y vigilancia, así como a las unidades de inteligencia, para conocer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad” de los periodistas451.




  1. El 9 de mayo un equipo periodístico de Noticias RCN, integrado por Javier Patiño, Pedro Ruíz, José Goyeneche, Luís Bergaño y Alex Gerchar, habría sido agredido por un grupo de jóvenes mientras cubrían un operativo de la Policía en contra de presuntos contrabandistas, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá. Los agresores habrían prendido fuego al vehículo del canal y habrían tirado piedras contra los periodistas452. Ese mismo día, dos periodistas del periódico Q´hubo, habrían resultado heridos luego de que el vehículo en el que se transportaban fuera atacado por varias personas mientras reportaban sobre un homicidio en Cali453.




  1. El 15 de agosto, en Armenia, Quindío, el periodista Giovanny Andrés Bejarano, del diario Extra, habría sido agredido por un presunto miembro de la Policía, cuando pretendía fotografiar supuestos excesos en el uso de la fuerza por parte del oficial contra un individuo durante una requisa en un evento celebrado en el Parque Sucre de Armenia. El policía habría fracturado la mano del reportero, intentando quitarle su cámara fotográfica454.




  1. El 24 de agosto, en Neiva, departamento de Huila, un periodista y un camarógrafo habrían sido agredidos por dos presuntos militares durante la cobertura de un operativo de la Policía Metropolitana de Neiva455.




  1. El 11 de octubre desconocidos habrían irrumpido en el domicilio del columnista Renson Said Sepúlveda. El periodista denunció el hecho en su columna en el diario La Opinión como un acto de intimidación por sus opiniones críticas sobre política, corrupción y crimen en la región456.




  1. El 28 de octubre habría circulado en el departamento de Arauca un comunicado firmado por el “Mando político militar estratégico del frente de guerra oriental” de la guerrilla del ELN en el cual se acusa a medios de comunicación y en particular al diario La Voz del Cinaruco de ser la voz de los militares. También se insulta a los periodistas del medio y se los acusa de hacer apología a la guerra y la mentira. El comandante de la Policía en Arauca, habría informado que las autoridades habrían emprendido acciones para proteger a los funcionarios y periodistas mencionados en el comunicado457.




  1. La Relatoría Especial fue informada de la existencia de un plan para asesinar al periodista Gonzalo Guillén y a los periodistas y analistas Claudia López, León Valencia y Ariel Ávila. Según informó el 13 de mayo el director de la Unidad Nacional de Protección, organismo de seguridad del Orden Nacional adscrito al Ministerio del Interior, esa dependencia habría constatado la existencia del plan458. A raíz de la amenaza, los periodistas y analistas habrían abandonado el país temporalmente459. Los cuatro comunicadores y analistas han realizado investigaciones y denuncias sobre el paramilitarismo en Colombia y el conflicto armado, y sobre los presuntos nexos entre el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, con una banda criminal liderada por narcotraficantes y contrabandistas. El 12 de octubre el gobernador fue detenido en el marco de una investigación por su presunta vinculación en varios homicidios460.




  1. En una comunicación del 22 de octubre de 2013, el Estado de Colombia informó a la Relatoría Especial que Guillén, Ávila y Valencia forman parte del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por lo que cuentan con escoltas, conductores y vehículos blindados461.




  1. En comunicación de 2 de diciembre de 2013 el Estado informó que “ha reconocido públicamente y lamenta los casos donde los agresores [de los periodistas] fueron miembros de la Policía Nacional”. Indicó que, por ejemplo, en el caso de la fotógrafa Ana María García462, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Luis Eduardo Martínez, ofreció disculpas públicas a la periodista en nombre de la Institución. En esa oportunidad el General Martínez habría afirmado: “[e]ste hecho no solo indigna a todas las mujeres y al país sino que es indignante para la Policía como Institución […]. Es un desprestigio para la labor de la Policía Nacional”, según informó el Estado463.




  1. Por otra parte, el Estado recordó que los periodistas son parte de la estrategia institucional para la Protección de Poblaciones Vulnerables464.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


D. Agresiones contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales


  1. El 20 de junio, en Tibú, departamento Norte de Santander, un equipo periodístico de la oficina de prensa del movimiento Marcha Patriótica y un equipo de Prensa Rural habrían sido atacados por personas vestidas de civil, que según lo reportado portaban escudos de identificación de la Policía para impedirles que les grabara465. También el 20 de junio, en Tibú, el periodista Milton Henao del canal venezolano Telesur habría sido agredido por presuntos agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quienes habrían intentado impedirle que grabara lo que ocurría en las manifestaciones466.




  1. El 22 de junio periodistas de los medios Prensa Rural, iTV Canal de Independencia y Cine Latina, habrían sido detenidos y fotografiados por presuntos miembros de la Policía. Estos hechos se presentaron cuando se movilizaban con una comisión de verificación de derechos humanos en el marco de las protestas campesinas en la región del Catatumbo467.




  1. El 16 de julio en el municipio de Tibú, Norte de Santander, el camarógrafo del canal televisivo RCN, Richard Gálvez, habría sido herido como resultado de la explosión de un artefacto, presuntamente lanzado por un grupo de manifestantes durante un enfrentamiento con agentes de la Fuerza Pública, en el marco de las protestas de campesinos de la región del Catatumbo468.




  1. El 18 de julio, en Tibú, Norte de Santander, presuntos funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) habría agredido a la periodista Verónica Luna, de Prensa Rural y le habría arrebatado sus equipos de trabajo, sustraído las memorias y además la habrían ultrajado física y verbalmente469.




  1. El 21 de julio, el periodista Éder Narváez Sierra, quien trabaja para medios alternativos de Caucasia y como Consejero Departamental de los Medios de Comunicación del Bajo Cauca- Caucasia ante el Instituto de Cultura de Antioquia, habría sido agredido por presuntos miembros del ESMAD cuando se encontraba cubriendo el paro minero en Caucasia, región del Bajo Cauca, Antioquia. Según denunció el reportero, mientras registraba con su cámara supuestos abusos cometidos contra un joven, los presuntos agentes lo habrían golpeado e insultado varias veces y le habrían quitado y borrado la memoria de su celular. El periodista, que se encontraba identificado con su chaleco de prensa, habría sufrido una lesión en su cabeza y debió ser asistido en un hospital470.




  1. El 27 de julio, el periodista Fred Emiro Núñez de la Agencia Prensa Rural habría sido agredido por presuntos agentes del ESMAD, en el municipio de Tibú, Norte de Santander y habría sufrido graves lesiones en una mano y en la cabeza471.




  1. El 12 de agosto, un grupo de periodistas de la región del Bajo Cauca, departamento de Antioquia, habría decidido interrumpir sus actividades periodísticas durante tres días como protesta por los ataques sufridos durante la cobertura de los hechos relacionados al paro minero. Según denunciaron en un video, habrían sido diez los comunicadores agredidos por manifestantes y por la fuerza pública mientras realizaban su labor periodística472.




  1. El 19 de agosto, en la región del Bajo Cauca, departamento de Antioquia, siete periodistas de la emisora Caucasia Estéreo habrían sido amenazados a través de mensajes de texto, supuestamente por no apoyar el paro minero473.




  1. El 19 de agosto, en el departamento del Valle del Cauca, seis periodistas de la Red de Medios Alternativos Populares (REMAP) habrían sido detenidos y agredidos por presuntos agentes de seguridad estatales mientras cubrían las protestas. Las reporteras Lorna Bierman y Milena Ricaurte habrían sido golpeadas y les habrían sustraído la cámara de grabación, el teléfono celular y otras pertenencias. Los periodistas Camilo García Reyes, Alexander Escobar, Fabián Passos y Steven Ospina habrían sido agredidos y detenidos aun cuando se habrían identificado como periodistas. Según denunciaron, los agentes se habrían apoderado de sus equipos de trabajo y pertenencias474.




  1. El 19 de agosto, en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, presuntos agentes del ESMAD y oficiales de la policía habrían agredido y retenido a la defensora de Derechos Humanos María José Villota y a Manuel David Santacruz Ramos, ambos miembros de la oficina de prensa de la Universidad de Nariño475.




  1. El 19 de agosto, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, una corresponsal de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-ACPP) – habría sido amenazada y agredida verbalmente por un presunto miembro del Ejército Nacional476.




  1. El 20 de agosto, en Salamina, departamento de Caldas, el periodista Omar Vera, director del periódico El Turbión, habría sido retenido por un presunto miembro de la Policía Nacional, cuando fotografiaba supuestas agresiones contra manifestantes por parte de la policía. El periodista habría sido forzado a subir a un vehículo de la policía y se le habría ordenado que borrara las fotografías, a lo que el reportero se habría negado. Además los oficiales habrían obligado al periodista Manuel Jiménez, de Proyecto Medios Libres, quien se encontraba junto a Vera en su vehículo, a que borrara la memoria de su cámara477.




  1. El 20 de agosto, en el municipio Cajibío, departamento del Cauca, el corresponsal de Noticias RCN, Carlos Andrés Gómez, habría sido agredido por presuntos manifestantes, quienes le habrían arrebatado su equipo de trabajo478.




  1. El 29 de agosto, durante las protestas ocurridas en la ciudad de Medellín, habrían sido agredidos por presuntos agentes del ESMAD y de la Policía periodistas de los medios Blu Radio, EFE, Hora 13, El Colombiano y ADN. El periodista Byron García, de la emisora Blu Radio, habría sido herido por una bomba de aturdimiento presuntamente lanzada por agentes del ESMAD479. El fotógrafo de la agencia de noticias EFE, Luis Eduardo Noriega, habría sido golpeado en la cara por un presunto policía vestido de civil480. El periodista Oscar Montoya, del noticiero Hora 13, habría sido herido en la cabeza como consecuencia de agresiones cometidas por presuntos miembros de la Policía481. El reportero gráfico Esteban Vanegas, del diario El Colombiano, denunció que habría sido agredido por presuntos miembros de la Fuerza Pública, quienes lo habrían empujado y le habrían lanzado piedras, y habrían intentado quitarle su cámara482. También habrían sido agredidos el periodista Víctor Vargas del diario ADN483.




  1. La Personería de Medellín habría emitido un comunicado expresando su “rechazo a los actos de violencia ocurridos en la ciudad” durante el paro nacional del 29 de agosto. En el comunicado, el Personero realiza “un llamado a la fuerza pública para que se respete el derecho a la vida, integridad, libertades y funciones de periodistas y defensores de Derechos Humanos, en particular de los representantes de esta Entidad que realizan el acompañamiento e interlocución en el terreno; y que se vieron seriamente afectados por algunos integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)” y solicitó que los hechos sean investigados y que se realicen las acciones disciplinarias pertinentes por las autoridades competentes484.




  1. También el 29 de agosto, en la ciudad de Bogotá, una periodista y un camarógrafo de Contagio Radio habrían sido agredidos por presuntos agentes de la ESMAD mientras cubrían las manifestaciones485.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que en octubre, en el marco de la movilización de pueblos indígenas de Colombia “Minga Social Indígena y Popular”, varios comunicadores indígenas habrían sido agredidos mientras reportaban lo que sucedía en las protestas. El 15 de octubre habría circulado un panfleto, presuntamente de la autoría de un grupo paramilitar, con amenazas de muerte contra líderes y comunicadores de las comunidades indígenas que participaban de las movilizaciones486. El 17 de octubre tres periodistas indígenas, Adolfo Conejo Sánchez, Dora Muñoz y Enrique Quintero, en el departamento del Cauca, habrían sido agredidos por presuntos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)487. El 21 de octubre el periodista comunitario Daniel Maestre Villazón, habría sufrido el robo de tres computadoras portátiles y otros equipos de trabajo donde almacenaba información488.




  1. El 20 de septiembre de 2013 la Relatoría Especial envió una carta al Estado manifestando su preocupación por estos hechos de violencia cometidos contra periodistas en el ejercicio de su profesión y solicitando información sobre las situaciones reportadas y sobre las medidas que habría tomando el Estado para garantizar la seguridad de las y los periodistas y comunicadores. El 22 de octubre el Estado informó sobre las actividades de la Unidad Nacional de Protección y la Sub Unidad para investigar casos de periodistas, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, señaló que considera de altísima importancia que los periodistas adelanten sus labores en un ambiente de seguridad y afirmó que tiene una política de tolerancia cero frente a crímenes cometidos contra periodistas489.




  1. En comunicación de 2 de diciembre de 2013 el Estado informó que “ha reconocido públicamente y lamenta los casos donde los agresores [de los periodistas] fueron miembros de la Policía Nacional”490. Por otra parte, el Estado recordó que los periodistas son parte de la estrategia institucional para la Protección de Poblaciones Vulnerables. No obstante, indicó que se presentan “dificultades” para la defensa de sus derechos ya que en algunos casos no se identifican visiblemente o adoptan riesgos extraordinarios.




  1. La Relatoría Especial también se refirió en su carta a las agresiones registradas contra comunicadores del movimiento Marcha Patriótica. En relación a estos hechos, es oportuno indicar que preocupan a la Relatoría Especial los señalamientos contra movimientos sociales, en los que se los vincula con grupos armados ilegales y que sugieren que tras sus manifestaciones públicas existen intereses “oscuros”.




  1. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”491. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información492. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados493. Las autoridades deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las periodistas, condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los responsables, tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH494. También es de especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática495.

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