Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Siguieron recibiéndose informes de brutalidad policial, uso de fuerza excesiva y violencia sexual a manos de la policía.

 En agosto, personal de seguridad y agentes de la policía atacaron violentamente a ocho periodistas que cubrían reuniones del Partido Popular de Sierra Leona y del Congreso de Todo el Pueblo, y a simpatizantes de ambos grupos. Se inició una investigación después de que la Sociedad de Iniciativas Democráticas y la Asociación de Periodistas de Sierra Leona pidiesen al gobierno que llevase a los responsables de la violencia ante la justicia, pero al finalizar el año no se habían presentado resultados concluyentes.

Sistema judicial

No se registraron avances significativos para reducir las demoras excesivas en los juicios penales y abordar los casos de detención sin juicio por periodos prolongados a causa de aplazamientos sucesivos y autos de prisión preventiva.

 En abril, 11 hombres declarados culpables de traición que recurrieron su sentencia condenatoria en enero de 2005 comparecieron finalmente ante un tribunal. Aunque se determinó que no había lugar a la acusación, no quedaron en libertad hasta noviembre.

Los tribunales seguían experimentando falta de materiales y personal, con sólo 19 magistrados y 13 fiscales para todo el país.

El gobierno aprobó un plan para implementar las leyes de género de 2007, en concreto la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Registro de Matrimonios y Divorcios Consuetudinarios y la Ley de la Sucesión. Se distribuyeron ejemplares de las leyes de género y a lo largo de 2008 se celebraron sesiones de formación con la participación de mujeres, líderes tradicionales y líderes religiosos. A pesar de que las leyes entraron en vigor en 2007, los índices de violencia sexual y de género y de violencia intrafamiliar siguieron siendo muy elevados. Se avanzó muy poco en la reducción de la incidencia de la mutilación genital femenina.

En noviembre, 10 hombres que habían sido condenados a muerte por traición fueron excarcelados tras revocarse en apelación sus sentencias condenatorias. Se trataba del cabo Daniel Sandy, soldado Issa Kanu, capitán Hindolo Trye, Alhajie Kamanda, Abdulia Taimu Tarawally, Richard Sellu Bockerie, Alhaji Mohamed Kondeh, Alhagie Kargbo, Ibrahim Koroma y Kai Mattia.

En mayo se aprobaron tres nuevas condenas de muerte para Tahimu Sesay, Gibrilla Dumbuya y Mohamed Tarwalie. Los tres fueron declarados culpables de matar a un hombre a golpes.

Al concluir 2008 había 13 personas condenadas a muerte, 3 de ellas mujeres.

En agosto, grupos de la sociedad civil presionaron infructuosamente a la Comisión de Revisión Constitucional para que aboliese la pena de muerte.

En diciembre, Sierra Leona se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó Sierra Leona en marzo y abril.

Jefe del Estado: S. R. Nathan

Jefe del gobierno: Lee Hsien Loong

Pena de muerte: retencionista

Población: 4,5 millones

Esperanza de vida: 79,4 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 4/4 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 92,5 por ciento

Continuaron las medidas restrictivas y las demandas civiles por difamación contra activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación extranjeros y objetores de conciencia. El clima de temor y autocensura disuadió a la población singapuresa de participar plenamente en los asuntos públicos.

 En septiembre, el Tribunal Superior falló que la revista Far Eastern Economic Review había difamado al primer ministro Lee Hsien Loong y al ministro mentor Lee Kuan Yew en un artículo sobre el dirigente de la oposición Chee Soon Juan publicado en 2006. El editor de la revista fue condenado a pagar daños y perjuicios.

 Se iniciaron acciones legales contra el diario Wall Street Journal Asia por denunciar que el poder judicial no era independiente.

 En septiembre, Gopalan Nair, autor de un blog, fue condenado a tres meses de cárcel por criticar la forma en que un juez había instruido una causa relacionada con dirigentes de la oposición.

 En octubre, Chee Soon Juan, que ya estaba en bancarrota, y el activista Chee Siok Chin fueron obligados a pagar 610.000 dólares de Singapur (414.000 dólares estadounidenses) a dirigentes del gobierno en concepto de daños y perjuicios. Posteriormente fueron condenados a la cárcel por desacato al tribunal, cuya actuación durante su juicio habían criticado. Al haberse declarado en bancarrota no podían optar a un escaño en el Parlamento ni salir del país sin autorización.

El gobierno suavizó las restricciones a la libertad de reunión pública (en lugares designados para ello), pero continuó imponiendo restricciones a los medios de comunicación y a las manifestaciones pacíficas.

 Se prohibió la película One Nation Under Lee, que mostraba cómo el ex primer ministro controlaba diversas instituciones gubernamentales.

 Un total de 18 activistas fueron imputados por celebrar marchas de protesta no autorizadas contra el elevado coste de la vida.

Singapur no ofrecía protección básica a las personas extranjeras que trabajaban en el servicio doméstico (jornada laboral oficial, salario mínimo y acceso a prestaciones laborales). La Ley de Empleo de Trabajadores Extranjeros continuaba excluyendo a las personas que trabajaban en el servicio doméstico.

En torno a 23 presuntos activistas islámicos continuaban recluidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Seguía suscitando preocupación el peligro de sufrir tortura y otros malos tratos después de la detención. A cinco hombres que quedaron en libertad se les impusieron órdenes de restricción.

Al menos cinco hombres condenados por asesinato se enfrentaban a su ejecución inminente.

El gobierno no ofreció información detallada sobre la aplicación de la pena de muerte, como el número de ejecuciones llevadas a cabo y de condenas a muerte impuestas y la nacionalidad, edad y circunstancias personales de las personas ejecutadas.

En febrero de 2008, Singapur presentó y firmó una declaración de desvinculación donde expresaba su desacuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

En diciembre, el gobierno votó en contra de una segunda resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Libertad de religión

Un total de 26 hombres y mujeres testigos de Jehová continuaban encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. A lo largo del año fueron detenidas otras cinco personas que alegaron objeción de conciencia.

Jefe del Estado: Bachar el Asad

Jefe del gobierno: Mohamed Naji al Otri

Pena de muerte: retencionista

Población: 20,4 millones

Esperanza de vida: 73,6 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 20/15 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 80,8 por ciento

Siria mejoró las relaciones diplomáticas con Francia y la UE, y acordó además reestablecerlas con Líbano. El gobierno entabló nuevas conversaciones indirectas con Israel.

El 26 de octubre, fuerzas estadounidenses atacaron un edificio en Al Sukkariyah, localidad próxima a la frontera de Siria con Irak. Las autoridades sirias informaron de que habían muerto ocho civiles. Un portavoz militar estadounidense dijo que se estaba llevando a cabo una investigación, pero no se hicieron públicos los resultados.

En un informe del 19 de noviembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica manifestó que no había podido determinar la naturaleza de una edificación de Siria destruida en un ataque israelí en septiembre de 2007.

Se detuvo por motivos políticos a cientos de personas, decenas de las cuales fueron consideradas presos de conciencia. Centenares de presos políticos más, incluidos también presos de conciencia, continuaron privados de libertad, entre ellos al menos dos, Ziad Ramadan y Bahaa Mustafa Joughel, que se encontraban recluidos sin juicio desde 2005. Decenas de personas se enfrentaron a juicios ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, el Tribunal Penal o el Tribunal Militar, ninguno de los cuales respetaba las normas internacionales sobre juicios justos.

 Kamal al Labwani, preso de conciencia que cumplía ya una pena de 12 años, fue condenado a tres años más por el Tribunal Militar de Damasco el 23 de abril por «emitir noticias falsas o exageradas que podrían afectar a la moral del país», acusación formulada a raíz de unas observaciones que había hecho presuntamente en su celda de la prisión.

 En agosto se detuvo a Nabil Khlioui y al menos a 12 presuntos islamistas más, en su mayoría de la localidad de Deir ez Zor. Al menos 10 de ellos continuaban recluidos en régimen de incomunicación y sin cargos ni juicio al final del año.

 El 15 de agosto fue detenido Meshal al Tammo por sus actividades como portavoz del grupo ilegal Corriente del Futuro Kurdo. Estuvo 12 días recluido en régimen de incomunicación y fue acusado de «querer provocar la guerra civil o combates sectarios», de «conspiración» y de tres delitos más que era habitual imputar a activistas kurdos. Si era declarado culpable, podía ser condenado a muerte.

 El 29 de octubre, el Tribunal Penal de Damasco declaró a 12 activistas partidarios de la democracia culpables de «debilitar el sentimiento nacional» y «emitir noticias falsas o exageradas que podían afectar a la moral del país». Cada uno de ellos fue condenado a 30 meses de prisión por su relación con la Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático, coalición de partidos políticos no autorizados, organizaciones de derechos humanos y activistas partidarios de la democracia pertenecientes a todo el espectro político. Entre el 9 de diciembre de 2007 y el 30 de enero de 2008 fueron detenidos la doctora Fedaa al Horani, los ex presos de conciencia Akram al Bunni y Riad Seif y nueve personas más. Estuvieron recluidos inicialmente en régimen de incomunicación, situación en la que al menos a ocho de ellos les dieron puñetazos en la cara, patadas y bofetadas y les obligaron a firmar confesiones falsas.

 El 7 de agosto, Aref Dalilah, ex decano de la Facultad de Economía de Alepo, quedó en libertad inesperadamente en virtud de una amnistía presidencial. Había cumplido 7 años de prisión, gran parte de ellos en régimen de aislamiento, del total de 10 a los que había sido condenado por su participación en la denominada «Primavera de Damasco», movimiento pacífico en favor de la democracia. Su salud se había ido deteriorando progresivamente.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias anunció en mayo que la detención de Musab al Hariri era arbitraria, porque en su juicio se habían incumplido en gran medida las normas internacionales de justicia procesal. Había sido detenido con 15 años de edad, recluido en régimen de incomunicación durante más de dos años y, según informes, torturado. Posteriormente, en junio de 2005, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado lo condenó a seis años de prisión por pertenecer a la organización prohibida Hermandad Musulmana, aunque no había ninguna prueba de ello. A pesar del anuncio del Grupo de Trabajo de la ONU, las autoridades no tomaron medidas para poner remedio a la situación de Musab al Hariri.

También en mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU anunció que había determinado que el encarcelamiento de Anwar al Bunni, Michel Kilo y Mahmoud Issa era arbitrario, porque habían sido condenados por ejercer legítimamente su derecho a la libertad de expresión y porque sus juicios habían distado mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal. El abogado Anwar al Bunni había sido condenado a cinco años de prisión en abril de 2007 por su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, mientras que a Michel Kilo y Mahmoud Issa les habían impuesto una condena de tres años de prisión en mayo de 2007 por su participación en la Declaración de Beirut-Damasco, petición firmada por unos 300 ciudadanos sirios y libaneses para solicitar la normalización de las relaciones entre ambos países. El 15 de diciembre, el Tribunal de Apelación anuló la decisión, tomada en noviembre, de dejar en libertad a Michel Kilo y Mahmoud Issa.

El Grupo de Trabajo de la ONU declaró igualmente en mayo que consideraba arbitrario el encarcelamiento de siete hombres condenados en juicios sumamente injustos por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. Dos de ellos, Maher Isber Ibrahim y Tareq al Ghorani, habían sido condenados a siete años de prisión, y los demás, a cinco, en junio de 2007 por formar parte de un grupo juvenil de debate y publicar en Internet artículos en favor de la democracia.

Se sometió a detención arbitraria y reclusión en régimen de incomunicación a personas que habían sido absueltas de participación en actos terroristas o que estaban relacionas con otras presuntamente implicadas en tales actos.

 Basel Ghalyoun, devuelto a Siria por las autoridades españolas tras haberlo absuelto el Tribunal Supremo de España de participación en los atentados con explosivos perpetrados en 2004 en trenes de Madrid, fue detenido a su llegada, el 22 de julio. Al final del año continuaba recluido en régimen de incomunicación.

 Muhammad Zammar, víctima de una presunta entrega ilegal a Siria realizada por las autoridades estadounidenses, continuó en prisión, cumpliendo una pena de 12 años que le había sido impuesta por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a pesar de haber sido declarada arbitraria su detención por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias en junio de 2007.

 Dos mujeres, Usra al Hussein y Bayan Saleh Ali, detenidas el 31 de julio y el 4 de agosto, respectivamente, en el pueblo de Al Otayba, situado al este de Damasco, se hallaban todavía recluidas al final de 2008. Las autoridades no explicaron el motivo de su detención, pero algunas fuentes sugirieron que guardaba relación con sus intentos de comunicarse con una organización internacional para hablar de las condiciones de reclusión del esposo de Usra al Hussein, Jihad Diab, en la base militar estadounidense de Guantánamo.

Desapariciones forzadas e impunidad

Siguió sin conocerse la suerte de unas 17.000 personas, en su mayoría islamistas, que habían sido víctimas de desaparición forzada a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, y de centenares de libaneses y palestinos que habían sido recluidos en Siria o secuestrados en Líbano por fuerzas sirias o milicias libanesas y palestinas. En agosto, los presidentes libanés y sirio hicieron una declaración conjunta en la que prometían examinar la suerte de personas desaparecidas en Siria y Líbano.

 En marzo, Milad Barakat, libanés encarcelado en Siria durante 16 años, fue devuelto a su país, aparentemente muy traumatizado. Detenido por funcionarios de seguridad libaneses en 1992, había sido entregado a las autoridades sirias, que lo condenaron a 15 años de prisión por combatir contra el ejército sirio.

El 30 de septiembre, el gobierno dictó el Decreto Legislativo núm. 69, por el que se concedía inmunidad procesal a los miembros de los servicios de seguridad política, policía y aduanas por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones excepto en el caso de que la comandancia general militar dictara una orden contra ellos.

Se produjeron atentados anónimos. El 12 de febrero, Imad Mughniyah, presunto alto mando del grupo libanés Hezbolá, murió al estallar un vehículo bomba en Damasco. El 2 de agosto mataron a tiros en Tartus al general de brigada Mohammad Suleiman, alto cargo de las fuerzas de seguridad, que según informes era el principal interlocutor sirio del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El 27 de septiembre, la explosión de un vehículo bomba cerca de un edificio de las fuerzas de seguridad en Damasco mató a 17 personas, 16 de ellas civiles. La televisión pública emitió el 6 de noviembre las «confesiones» de los presuntos responsables, que no habían sido llevados aún a juicio al final de 2008.

En el curso de unos disturbios que estallaron el 5 de julio en la prisión militar de Sednaya, cerca de Damasco, la policía militar mató, según informes, al menos a 17 reclusos y a 5 personas más. No quedaron claras las circunstancias de la violencia ni la suerte de todos los presos, pues las autoridades no comunicaron si habían investigado los homicidios, no proporcionaron ninguna información sobre las personas muertas o heridas ni permitieron posteriormente ninguna visita a la prisión ni a los reclusos.

El 14 de octubre, miembros de las fuerzas de seguridad dispararon contra personas desarmadas en Al Mishrefeh, cerca de Homs, y mataron a Sami Matouq y Joni Suleiman. El fiscal militar anunció una investigación, pero al final del año no se habían hecho públicos los resultados. Según informes, el 20 de octubre unos desconocidos estuvieron manipulando las pruebas en el lugar donde se habían producido los homicidios, por lo que aumentó el temor de que toda investigación que se llevara cabo resultara inútil.

Libertad de expresión

La libertad de expresión y los medios de comunicación de todas las clases siguieron estando estrictamente controlados por el Estado. Se utilizaban leyes punitivas contra quienes expresaban su disidencia.

 Tariq Biasi, autor de blogs, fue condenado el 11 de mayo a tres años de prisión por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por los cargos de «debilitar el sentimiento nacional» y «difundir noticias falsas». Había publicado en un sito web unos comentarios en los que criticaba a los servicios de seguridad. Detenido en julio de 2007, había pasado 10 meses en prisión preventiva.

 Habib Saleh, activista partidario de la reforma y ex preso de conciencia, fue detenido en mayo y estuvo recluido en régimen de incomunicación durante tres meses, tras lo cual compareció ante el Tribunal Penal de Damasco por cargos como «debilitar el sentimiento nacional» y «querer provocar la guerra civil o combates sectarios». Las acusaciones tenían su origen en unos artículos de Internet en los que pedía reformas del Estado y democracia. Si era declarado culpable, podía ser condenado a muerte.

 Karim Arabji, autor de blogs, estaba siendo juzgado ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado por el cargo de «difundir noticias falsas». Al parecer, había moderado el foro juvenil de Internet www.akhawia.net. Según informes, tras su detención, en junio de 2007, había sido recluido en régimen de incomunicación por un largo periodo, durante el cual fue torturado y sometido a otros malos tratos.

 El 8 de diciembre se informó de que Fuad Shurbaji, redactor jefe de una pequeña cadena privada de televisión, había sido declarado culpable de «calumnia» y «difamación» de un funcionario de los medios de comunicación estatales y condenado a tres días de prisión.

Se siguió sometiendo a tortura y otros malos tratos a detenidos. En los tribunales se admitían como prueba confesiones obtenidas bajo coacción. Se tuvo noticia de siete muertes causadas posiblemente por abusos sufridos bajo custodia. Las autoridades no hicieron nada para investigar las denuncias de tortura.

Según informes, al menos 29 mujeres fueron víctimas de homicidios cometidos en nombre del «honor». A los responsables de este tipo de muertes se les continuaban imponiendo, si eran procesados, leves condenas previstas en el Código Penal. Las personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres hacían campaña para conseguir mejor protección contra la violencia de género y el fin de la discriminación jurídica de las mujeres. En julio, las autoridades dijeron que se estaba formando una comisión para elaborar una ley contra la trata.

Los miembros de la minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población, continuaron sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricción del uso de la lengua y la cultura kurdas. Decenas de miles de kurdos sirios seguían siendo en la práctica apátridas, a los que se negaba, por ello, el acceso igualitario a los derechos económicos y sociales.

El 10 de septiembre, las autoridades dictaron el Decreto Legislativo núm. 49, por el que se restringía aún más el derecho a una vivienda y a la propiedad en las zonas fronterizas, incluidas las de la frontera del noreste, de población predominantemente kurda.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Seguía habiendo ONG de derechos humanos activas, aunque no estaban autorizadas oficialmente. Los defensores de los derechos humanos continuaban sufriendo hostigamiento. Se prohibió viajar al extranjero al menos a 20 defensores de los derechos humanos, entre ellos los abogados Muhannad al Hassan y Razan Zeitouneh.

Continuó en vigor la pena de muerte para una amplia variedad de delitos. Se ejecutó al menos a una persona, declarada culpable de asesinato, el 1 de abril, y siete más fueron condenadas a muerte por tráfico de drogas.

En diciembre, Siria votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.