Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Tortura, otros malos tratos y uso excesivo de la fuerza Continuaron los informes sobre malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Muchas de las víctimas pertenecían a la comunidad romaní. Un hombre de etnia romaní, Ion Boacă, y su hijo de 15 años denunciaron haber sufrido lesiones a manos de unos agentes de policía y gendarmería locales que habían irrumpido en su domicilio en el pueblo de Clejani, departamento de Giurgiu, en agosto. Los agentes golpearon a Ion Boacă con un arma en el rostro y dispararon una bala de caucho contra su hijo. Un niño y una niña, de dos y cuatro años, perdieron el conocimiento cuando la policía disparó botes de gas lacrimógeno al interior de la vivienda. El 4 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rumania no había llevado a cabo una investigación adecuada sobre las denuncias de malos tratos infligidos por la policía a Constantin Stoica. Este muchacho romaní, de 14 años –a quien representaban las ONG Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y Romani CRISS–, resultó herido durante un enfrentamiento en abril de 2001 entre agentes encargados de hacer cumplir la ley y personas de etnia romaní ante un bar en el pueblo de Giulia. Los agentes lo derribaron al suelo y le dieron golpes y patadas en la cabeza, a pesar de que él les dijo que lo habían sometido recientemente a una operación quirúrgica en la cabeza. Según informes médicos realizados después del ataque, Constantin Stoica quedó gravemente discapacitado como consecuencia de la paliza. Además, el tribunal consideró que la conducta de los agentes había tenido claras motivaciones racistas. En diciembre de 2008, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre su visita a Rumania en junio de 2006 en el que señalaba que un elevado porcentaje de las personas detenidas entrevistadas había denunciado «uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante la detención, o malos tratos durante los interrogatorios posteriores». El gobierno rumano no modificó la legislación sobre el uso de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ponerla en consonancia con las normas internacionales pertinentes. Las autoridades no reaccionaron ante las conclusiones de una investigación realizada por la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) sobre la muerte de dos hombres y las lesiones graves causadas a otra persona durante una manifestación celebrada el 10 de febrero de 2007 en Pristina, Kosovo. La investigación de la UNMIK había establecido que tales muertes y lesiones ocurrieron como consecuencia del uso indebido de balas de caucho obsoletas por miembros de la Unidad de Policía Constituida rumana. Al final del año no se había declarado culpable a nadie de las muertes; la investigación seguía abierta.
Varias ONG nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Recursos Jurídicos y Save the Children-Rumania, expresaron su continua preocupación por el hecho de que el ingreso de pacientes, sus condiciones de vida y el trato que recibían en muchos hospitales e instituciones psiquiátricas seguían conculcando las normas internacionales de derechos humanos. Las autoridades rumanas reconocieron en mayo que las medidas destinadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad aún eran insuficientes, que la falta de personal en las instituciones y organizaciones que atendían a las personas con discapacidad era grave, y que el personal carecía de formación especializada. En su informe de diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación por los procedimientos de ingreso en las instituciones psiquiátricas y los hogares asistenciales. El Comité hizo hincapié en que estas instituciones solían operar con fondos y recursos muy escasos y en que se habían recibido informes de condiciones inadecuadas, así como de actividades limitadas de esparcimiento y al aire libre. El Comité informó también sobre casos de muerte por desnutrición grave en el hogar asistencial de la localidad de Nucet en 2004 y 2005, y pidió garantías a las autoridades de que se investigarían debidamente todos los casos de muerte en instituciones psiquiátricas y otros servicios sociales para adultos menores de 40 años en los que no se hubiera diagnosticado una enfermedad mortal. Discriminación de la comunidad romaní Continuó muy extendida y arraigada la discriminación contra personas de etnia romaní, tanto por parte de funcionarios públicos como de la sociedad en general. Las autoridades rumanas no adoptaron las medidas adecuadas para combatir la discriminación y poner fin a la violencia contra la comunidad romaní. En septiembre, el Tribunal Superior de Casación y Justicia falló que la expresión «gitano apestoso», empleada por el presidente Traian Băsescu al referirse a un periodista en mayo de 2007, era discriminatoria. No obstante, el tribunal no impuso sanción alguna porque el comentario se había hecho en una conversación privada. La comunidad romaní seguía sin tener igualdad de acceso a la educación, la vivienda, la asistencia médica y el empleo. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado en mayo con ocasión del examen periódico universal, Rumania reconocía que la comunidad romaní se enfrentaba a la inseguridad económica y estaba especialmente expuesta a diversas formas de discriminación. El informe señalaba también que la comunidad romaní estaba sujeta a políticas que en la práctica podían haber dado lugar a su segregación, especialmente en el ámbito de la educación. El 2 de octubre, Istvan Haller, miembro del Consejo Nacional para Combatir la Discriminación, se declaró en huelga de hambre en protesta por la persistente pasividad del gobierno rumano para adoptar las medidas que había prometido tras los graves atentados contra las comunidades romaníes de Hãdãreni, Plăieşii de Sus y Casinul Nou a principios de la década de 1990. Al menos cinco personas resultaron muertas y 45 viviendas fueron destruidas durante los actos multitudinarios de violencia. Las autoridades locales no intervinieron, o incluso participaron activamente en los ataques, mientras cientos de personas se quedaban sin hogar. Tras las sentencias dictadas sobre estos casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005 y 2007, el gobierno rumano se comprometió a poner en marcha proyectos comunitarios de desarrollo destinados a mejorar las condiciones de vida y las relaciones entre grupos étnicos. Entre las medidas previstas estaba la creación de infraestructuras, incluidas viviendas para las personas cuyos hogares habían sido destruidos, así como medidas contra la discriminación, educativas y otras medidas sociales. Pero el gobierno no cumplió sus compromisos. Istvan Haller puso fin a la huelga de hambre el 9 de octubre tras recibir garantías del gobierno de que no pondría trabas a la financiación del proyecto Hãdãreni, y de la decisión de las autoridades de poner en marcha los proyectos comunitarios de desarrollo en Plăieşii de Sus y en Casinul Nou.
En su informe de mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el examen periódico universal, el gobierno rumano reconoció que el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguía siendo víctima de prejuicios y actitudes discriminatorias. En febrero, el Senado introdujo una enmienda a la definición jurídica de la familia que en la práctica proscribía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La enmienda modificó una ley de 1953 relativa al matrimonio «entre cónyuges»; la nueva ley establecía que el matrimonio tenía lugar «entre un hombre y una mujer». El 24 de mayo, alrededor de 200 activistas pro derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero marcharon por Bucarest en un Desfile del Orgullo fuertemente custodiado por la policía, desafiando los intentos de grupos religiosos y ultraderechistas de que se prohibiera este acto anual. Informes y visitas de Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó Rumania en octubre. Eastern Europe: Eighth session of the UN Human Rights Council, 2-20 June 2008: Review of the Czech Republic, Poland and Romania under the Universal Periodic Review: Amnesty International’s reflections on the outcome (EUR 02/001/2008)
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Cuthbert Montraville Sebastian Jefe del gobierno: Denzil L. Douglas Pena de muerte: retencionista Esperanza de vida: 70 años Población adulta alfabetizada: 97,8 por ciento
Se reanudaron las ejecuciones tras haber estado suspendidas durante 10 años. El 19 de diciembre fue ahorcado Charles Elroy Laplace, condenado a muerte el 30 de marzo de 2006 por el homicidio de su esposa, ocurrido en 2004. Según una declaración del primer ministro, la Corte de Apelaciones rechazó el 29 de octubre la notificación de un recurso por haberse presentado fuera de plazo. Suscitó preocupación no saber con exactitud si se habían agotado de forma adecuada todos los recursos de apelación ni si se había respetado el derecho del condenado a solicitar una amnistía, un indulto o la conmutación de la pena. Al anunciar la ejecución ante la Asamblea Nacional, el primer ministro definió la pena de muerte como «una medida para disuadir a nuestros conciudadanos de quitar la vida a otra persona». El apoyo a la reanudación de las ejecuciones aumentó en general como consecuencia de un recrudecimiento de la delincuencia violenta. Según noticias de prensa, ocho personas seguían condenadas a muerte. En diciembre, San Cristóbal y Nieves votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
San Cristóbal y Nieves: La ejecución es un acto vergonzoso (AMR 59/001/2008) Senegal República de Senegal Jefe del Estado: Abdoulaye Wade Jefe del gobierno: Cheij Hadjibou Soumaré Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 12,7 millones Esperanza de vida: 62,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 120/108 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 39,3 por ciento No se observaron avances en el proceso de paz en la región meridional de Casamancia, y la población civil sufrió ataques esporádicos. La policía reprimió a personas que se manifestaban contra el alza de los precios. Medios informativos y periodistas independientes sufrieron hostigamiento y algunos periodistas fueron detenidos. No comenzó la investigación esperada desde hacía tiempo en el caso del ex presidente chadiano Hissène Habré. Información general Cuatro años después de la firma del acuerdo general de paz de 2004 no se habían registrado avances en el proceso de paz en el sur de Casamancia, donde la población civil seguía siendo víctima de las minas terrestres y de los ataques esporádicos de combatientes separatistas. En abril, varios dirigentes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia (Mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC) se reunieron en un intento de reunificar el movimiento separatista. Al terminar el año no se habían superado las divisiones entre los brazos armados y civiles. Uso excesivo de la fuerza En diciembre, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes que protestaban por las malas condiciones de vida de la región minera de Kedugú (situada 700 km al sudeste de Dakar) después de que las protestas se volvieran violentas y se dañaran e incendiaran edificios y otros bienes gubernamentales. Los agentes, que usaron munición real, mataron al menos a una persona, Sinad Sidibé, e hirieron a varias. En los días que siguieron a las protestas, las fuerzas de seguridad arrestaron y torturaron a decenas de personas, que al final del año seguían recluidas sin juicio. Muchas otras pasaron a la clandestinidad para huir de la oleada de detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad. Libertad de reunión En marzo, agentes de policía disolvieron una manifestación prohibida contra el alza de los precios de productos básicos como el arroz, el aceite, la leche y el jabón. La policía utilizó porras y gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes y también agredió a periodistas que cubrían la manifestación. Al menos 24 hombres, entre ellos dos directivos de grupos de defensa de los consumidores, Muammar Ndao y Jean-Pierre Dieng, así como un dirigente de la oposición, Talla Sylla, estuvieron detenidos durante breves periodos. Libertad de expresión Se atacó a medios de comunicación y periodistas independientes en un intento de reprimir la libertad de expresión y las críticas contra el presidente Abdoulaye Wade. En marzo, la policía allanó una emisora de televisión privada que había emitido imágenes de la policía golpeando a manifestantes durante la protesta contra el alza de los precios. En septiembre, El Malick Seck, editor del diario 24 Heures Chrono, fue condenado a tres años de cárcel por publicar un artículo en el que se implicaba al jefe del Estado en actividades de blanqueo de dinero. El periódico fue suspendido durante tres meses. Abusos cometidos por grupo armado Individuos que se proclamaron miembros del MFDC atacaron y secuestraron a civiles en Casamancia, al parecer para castigarlos por entrar en tierras que consideraban su territorio. El MFDC negó toda participación en estos ataques. En mayo, 16 hombres que cosechaban frutos secos en Tampe, localidad situada a 15 kilómetros al este de Ziguinchor, principal ciudad de Casamancia, fueron atacados por individuos que se proclamaron miembros del MFDC que les ataron las manos y les cortaron la oreja izquierda.
Algunas personas sufrieron detención arbitraria, hostigamiento y discriminación debido a su presunta participación en conducta sexual consensual con personas del mismo sexo. En febrero, nueve hombres y una mujer fueron detenidos tras condenar los medios de comunicación una fiesta en la que algunas de estas personas fueron fotografiadas. Comentarios que se pudieron leer más tarde en Internet pedían que se matara a los hombres. En consecuencia, varias personas tuvieron que huir del país. En agosto, un ciudadano belga y su ayudante doméstico senegalés fueron condenados a dos años de prisión por «matrimonio homosexual y actos contra la naturaleza». Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia. Justicia internacional: Hissène Habré A pesar de la eliminación de los últimos obstáculos legales para una investigación criminal, la investigación del caso de Hissène Habré no comenzó durante 2008. En abril, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional por la que se introducía legislación con efectos retroactivos para los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y la tortura que permitiría someter a juicio al ex jefe del Estado de Chad, que vivía exiliado en Senegal. En mayo se designó un juez coordinador con el cometido de organizar el juicio. El 16 de septiembre, víctimas chadianas presentaron una denuncia adicional. Las autoridades senegalesas afirmaron que no existían más obstáculos para el juicio salvo la falta de fondos, pero no adoptaron ninguna medida adicional a pesar de la ayuda económica de la Unión Europea. En agosto, Hissène Habré fue condenado a muerte in absentia en Chad. Grupos de derechos humanos insistieron en que esta declaración de culpabilidad en Chad se basaba en cargos diferentes y no debía tener repercusiones en el procesamiento en Senegal. Informes y visitas de Amnistía Internacional Senegal: Submission to the UN Universal Periodic Review (AFR 49/004/2008) Serbia República de Serbia (incluida Kosovo) Jefe del Estado: Boris Tadić Jefe del gobierno: Mirko Cvetković
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 9,9 millones Esperanza de vida: 73,6 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 14/13 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 96,4 por ciento En Serbia se registraron avances en la detención de presuntos delincuentes acusados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (en adelante el Tribunal) y en el enjuiciamiento de crímenes de guerra por tribunales nacionales. En Serbia y Kosovo persistieron la discriminación contra las comunidades minoritarias y la impunidad por los actos de violencia interétnica. La Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) no abordó la impunidad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la comunidad internacional ni la de los crímenes de guerra cometidos en Kosovo, incluidos secuestros y desapariciones forzadas. Pocos refugiados regresaron voluntariamente a Kosovo. Información general En febrero, ante la falta de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la Propuesta Integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo (Plan Ahtisaari), Kosovo declaró de forma unilateral su independencia de Serbia. Al finalizar el año, 53 Estados habían reconocido la independencia de Kosovo. Después de firmar en abril un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia, la Unión Europea indicó en noviembre que podría otorgar la condición de candidato a este país en 2009 siempre y cuando siguiera cooperando con el Tribunal. En mayo se celebraron elecciones anticipadas como consecuencia de las profundas disensiones políticas existentes en el seno de la coalición gobernante en torno a temas como la integración en la Unión Europea. Tras complejas negociaciones, el presidente Tadić, del Partido Democrático, formó en julio un gobierno de coalición con el Partido Socialista de Serbia, la formación política del ex presidente Slobodan Milošević. En noviembre, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la petición formulada por Croacia de demandar a Serbia por actos de genocidio.
Tras la declaración de independencia de Kosovo, tuvieron lugar actos de protesta en toda Serbia. El serbokosovar Zoran Vujović perdió la vida como consecuencia de un incendio provocado en la embajada de Estados Unidos en Belgrado durante la celebración de una manifestación multitudinaria. Según los informes, se perpetraron más de 200 ataques contra bienes de personas de etnia albanesa, la mayoría de ellos en Voivodina. Se destruyeron también comercios regentados por miembros de la comunidad gorani. Pocos responsables fueron puestos a disposición judicial. Tras la independencia de Kosovo, en el norte de este territorio, de mayoría serbia, miembros de la comunidad serbokosovar organizaron manifestaciones de protesta, en ocasiones violentas, contra instalaciones de la UNMIK, entre ellos puestos fronterizos y el edificio del tribunal de la UNMIK en el norte de Mitrovica/ë, ocupado en marzo por representantes de la judicatura serbia. Durante una operación de la UNMIK para recuperar el control del tribunal, muy criticada en el propio seno de la misión, murió un policía ucraniano de la UNMIK y 200 personas resultaron heridas de gravedad. En los meses siguientes, funcionarios serbios del Servicio de Policía de Kosovo presentaron su dimisión y el gobierno de Belgrado, que trataba de establecer estructuras paralelas en las zonas serbias de Kosovo, instó a otros empleados públicos a hacer lo mismo. En junio, la Asamblea de Kosovo aprobó una Constitución en la que no se establecían instituciones de derechos humanos efectivas ni se garantizaban los derechos de las mujeres y de las minorías no serbias. Con arreglo a lo establecido en el Plan Ahtisaari, la Asamblea aprobó también una serie de leyes para asumir el control legal de las competencias reservadas anteriormente a la UNMIK. Aunque no estaba en condiciones de desempeñar sus funciones administrativas, la UNMIK permaneció en Kosovo en virtud de la resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de la ONU. En noviembre, tras unas negociaciones con Pristina y Belgrado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un plan de remodelación de la UNMIK con el fin de garantizar la neutralidad de la misión respecto al estatuto de Kosovo. Esta medida permitió que la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX), prevista en el Plan Ahtisaari y autorizada en febrero por la Unión Europea, asumiera en diciembre la responsabilidad de dirigir una parte de las fuerzas internacionales de policía y de investigar y enjuiciar crímenes de guerra sin resolver. En los municipios del norte, donde Serbia no reconocía la autoridad de la misión de la Unión Europea, la policía, la justicia y las aduanas seguían siendo en teoría competencia de la UNMIK. Existía el temor de que esta situación comportase de hecho la partición de Kosovo. En octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó la petición formulada por Serbia de solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Justicia internacional: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia En junio se detuvo en Pančevo a Stojan Župljanin, ex jefe del Servicio de Seguridad serbobosnio, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina. En julio, el líder serbobosnio Radovan Karadžić fue detenido en Belgrado, donde vivía bajo una identidad falsa. Posteriormente fue entregado a la custodia del Tribunal. Estaba acusado de genocidio y de complicidad en actos de genocidio, entre ellos el asesinato de más de 7.000 hombres y niños bosniacos (musulmanes bosnios) en 1995 en Srebrenica. Se lo acusaba también de operaciones de exterminio, asesinatos, homicidios deliberados, persecuciones, deportaciones, actos inhumanos y otros delitos cometidos contra civiles no serbios en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995. En abril, Ramush Haradinaj, ex primer ministro de Kosovo y ex dirigente máximo del Ejército de Liberación de Kosovo, fue absuelto junto con Idriz Balaj de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos tratos crueles, torturas, violaciones y asesinatos perpetrados contra albaneses, serbios y romaníes en 1998. Lahi Brahimaj fue declarado culpable de tratos crueles y torturas y condenado a seis años de cárcel. La sala de primera instancia del Tribunal señaló que estaba resultando muy difícil conseguir que declararan los 100 testigos de cargo: a 34 se les concedieron medidas de protección y a 18 tuvo que enviárseles órdenes de citación para que comparecieran. En diciembre se declaró a dos ex funcionarios públicos culpables de desacato al Tribunal por intentar influir en un testigo protegido. Continuó el juicio contra seis altos cargos políticos, policiales y militares serbios coacusados de crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra en Kosovo. Siguieron también las acciones judiciales emprendidas contra Vojislav Šešelj, máximo dirigente del Partido Radical Serbio, acusado de la persecución y deportación de ciudadanos no serbios en Croacia y Bosnia y Herzegovina.
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