Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

En diciembre, Reino Unido ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU dio a conocer en octubre sus observaciones finales en relación con Reino Unido, en las que afirmaba: «[S]i bien el Comité toma nota de que la pobreza infantil se ha reducido en los últimos años, le preocupa que la pobreza es un problema muy grave que afecta a todas las partes de Reino Unido, incluidos los territorios de ultramar, y es particularmente grave en Irlanda del Norte, donde parece que más del 20 por ciento de los niños viven en la pobreza de manera persistente. También preocupa al Comité que la estrategia del gobierno no está suficientemente orientada a esos grupos de niños en una situación de pobreza más grave y que el nivel de vida de los niños nómadas es particularmente bajo». Y añadía: «El Comité destaca que un nivel adecuado de vida es fundamental para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de un niño y que la pobreza infantil también incide en las tasas de mortalidad infantil, el acceso a la salud y la educación y la calidad de la vida cotidiana de los niños».

 Delegados de Amnistía Internacional realizaron tareas de observación en procedimientos judiciales celebrados a lo largo del año en Inglaterra, que incluyeron impugnaciones de órdenes de control, recursos contra órdenes de expulsión con garantías diplomáticas, y parte de la investigación del pesquisidor sobre la muerte de Jean Charles de Menezes. Además, una delegación de la organización visitó Irlanda del Norte.

 UK: Amnesty International’s briefing on the Counter-Terrorism Bill 2008 (EUR 45/010/2008)

 UK: Briefing to the Human Rights Committee (EUR 45/011/2008)

 Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (EUR 01/003/2008)
República Centroafricana

República Centroafricana

Jefe del Estado: François Bozizé

Jefe del gobierno: Faustin Archange Touadéra

(sustituyó a Elie Doté en enero)

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 4,4 millones

Esperanza de vida: 43,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 178/145 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 48,6 por ciento

El primer ministro Elie Doté dimitió en enero, tras amenazarlo la Asamblea Nacional con un voto de censura. Lo sustituyó Faustin Archange Touadéra.

El gobierno firmó acuerdos de paz con varios grupos políticos armados como preludio de una conferencia nacional, conocida como Diálogo Global Nacional y convocada con el fin de allanar el terreno para la reconciliación nacional y la estabilidad política y para crear las condiciones para celebrar elecciones generales en 2010. Los acuerdos culminaron en la firma de un acuerdo general de paz en junio. En febrero, el gobierno de Benín liberó a dos jefes de grupos armados a petición del gobierno de la República Centroafricana. Abakar Sabone y Michel Djotodia estaban recluidos en la capital de Benín, Cotonú, desde noviembre de 2006. En octubre, el gobierno puso en libertad a 12 presuntos miembros de grupos políticos armados.

El ex presidente Ange-Félix Patassé, el ex ministro de Defensa Jean-Jacques Demafouth y varios jefes de grupos armados regresaron del exilio en noviembre y diciembre para participar en la conferencia nacional que comenzó el 8 de diciembre, presidida por el ex presidente de Burundi, Pierre Buyoya. La conferencia terminó el 20 de diciembre con una resolución que contemplaba la formación de un gobierno de unidad nacional encargado de preparar las elecciones generales.

A pesar de los acuerdos de paz, continuaron los informes de enfrentamientos esporádicos entre fuerzas gubernamentales y grupos políticos armados. Fuerzas gubernamentales y de oposición atacaron a civiles sospechosos de apoyar a sus respectivos oponentes, y mataron o hirieron a muchos de ellos, además de destruir o saquear sus propiedades. Decenas de miles de personas seguían desplazadas internamente como consecuencia de la violencia.

Al menos 200 miembros de la fuerza militar de la Unión Europea (EUFOR) y 3 funcionarios militares de enlace de la Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) fueron desplegados en la República Centroafricana para proteger a la población civil y al personal de ayuda humanitaria en el noreste del país. En septiembre se ampliaron los mandatos de la EUFOR y la MINURCAT hasta marzo de 2009. En julio, la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) sustituyó a la Fuerza Multinacional de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (FOMUC) por la Misión para la Consolidación de la Paz en África Central (MICOPAX), al mando de un jefe de la República Democrática del Congo. Se incorporaron a MICOPAX 120 soldados cameruneses.

En el marco de la implementación del acuerdo general de paz, el Parlamento aprobó en septiembre una ley de amnistía general que abarcaba los delitos cometidos por el gobierno y las fuerzas políticas armadas entre el 15 de marzo de 2005, cuando llegó al poder el presidente François Bozizé, y el 13 de octubre de 2008, fecha de promulgación de la ley por el presidente. Aunque la amnistía no debía abarcar los delitos cometidos entre octubre de 2002 y marzo de 2003, concedía inmunidad a varios dirigentes políticos y militares del conflicto armado de 2002-2003. Entre ellos figuraban el ex presidente Ange-Félix Patassé, que estaba en el poder durante ese periodo, su ex ministro de Defensa, Jean-Jacques Demafouth, y el ex asesor presidencial de seguridad Martin Koumtamadji. La ley de amnistía no impedía que la Corte Penal Internacional incoase procesamientos por delitos previstos en el derecho internacional.

A finales de febrero y principios de marzo, varios cientos de hombres armados, al parecer miembros del Ejército de Resistencia del Señor, secuestraron a más de 100 hombres, mujeres, niños y niñas en el este de la República Centroafricana. Estos hombres, que al parecer procedían del noroeste de la República Democrática del Congo, también violaron a mujeres y niñas y destruyeron o saquearon propiedades. Aunque algunas víctimas fueron puestas en libertad o lograron escapar, se creía que más de 100 continuaban en poder del Ejército de Resistencia del Señor en diciembre. Se temía que las mujeres y niñas pudieran haber sido utilizadas como esclavas sexuales y que los hombres y niños hubieran pasado a ser combatientes.

A mediados de diciembre, las autoridades de Uganda anunciaron que sus fuerzas, apoyadas por tropas de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, habían emprendido operaciones militares contra el Ejército de Resistencia del Señor. Se temía que muchos niños y niñas y otros civiles secuestrados con anterioridad o en fechas recientes por el Ejército de Resistencia del Señor podían perder la vida durante los enfrentamientos.

Justicia internacional

Jean-Pierre Bemba, ex jefe de un grupo armado y figura política de la República Democrática del Congo, fue detenido en Bélgica el 24 de mayo y transferido a la custodia de la Corte Penal Internacional. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte había dictado una orden de detención secreta por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos violación, cometidos en la República Centroafricana por miembros de su grupo político armado a finales de 2002 y principios de 2003. En diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares aplazó a enero de 2009 el examen de la validez de los cargos contra Jean-Pierre Bemba y ordenó su prisión preventiva.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos o recibieron amenazas por sus actividades profesionales.

 Faustin Bambou fue detenido en enero tras publicar su periódico, Les Collines de l’Oubangui, un artículo en diciembre de 2007 en el que se afirmaba que ministros del gobierno habían malversado fondos destinados a pagar atrasos salariales de empleados públicos. Después de un juicio sin las debidas garantías, el 28 de enero lo condenaron a seis meses de prisión. Fue puesto en libertad el 23 de febrero tras serle concedida una amnistía por el presidente Bozizé.

 En junio, un hombre no identificado que afirmó ser miembro de las fuerzas de seguridad dijo a Nganatoua Goungaye Wanfiyo, abogado y dirigente de la Liga Centroafricana de Derechos Humanos, que corría peligro de ser víctima de un atentado o incluso de homicidio. Las fuerzas de seguridad, según los informes, sospechaban que realizaba gestiones para que la Corte Penal Internacional investigara y procesara al presidente Bozizé. Nganatoua Goungaye Wanfiyo fue detenido arbitrariamente y estuvo recluido un día en septiembre. Lo culparon de dificultar la marcha de un convoy presidencial aunque no lo acusaron formalmente de ningún delito. Murió en un accidente de tráfico a finales de diciembre.

Los activistas de derechos humanos Bernadette Sayo y Erick Kpakpo recibieron amenazas de muerte anónimas por su trabajo en apoyo de víctimas de las atrocidades del conflicto armado de 2002 y 2003 que buscaban justicia.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes de que personas recluidas en varios centros de detención y prisiones de todo el país habían sufrido tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Algunos detenidos, a quienes funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley calificaban de recalcitrantes, estuvieron encadenados y privados de agua y alimentos durante varios días consecutivos. Algunos detenidos permanecieron más de dos semanas sin que se les permitiera bañarse.

No se permitió el acceso a atención médica de personas detenidas que se pusieron enfermas mientras estaban bajo custodia o que resultaron heridas como consecuencia de palizas. Al menos en un caso, en Bouar, algunos detenidos estuvieron recluidos en una celda sin ventanas y cerrada de forma permanente, donde utilizaban a modo de retrete un balde que se vaciaba cada dos días. Entre los centros de detención donde se cometieron estos abusos figuraban los ubicados en Bossangoa y Bouar, en el norte, y la Oficina Central para la Represión del Bandidaje en la capital, Bangui.

Homicidios ilegítimos

Durante todo el año se recibieron informes de que fuerzas gubernamentales y miembros de grupos armados habían cometido homicidios ilegítimos de civiles sospechosos de apoyar a sus respectivos oponentes. Los responsables gozaban de impunidad. Al menos en un caso, ocurrido en marzo, fuerzas gubernamentales desfilaron por las calles en Bouar con cabezas humanas recién cortadas que según dijeron eran de bandidos. No se tenía constancia de que las autoridades hubieran adoptado medidas contra las fuerzas gubernamentales supuestamente implicadas en homicidios ilegítimos.

Fuerzas gubernamentales llevaron a cabo detenciones arbitrarias sin la autoridad de un funcionario judicial y tuvieron bajo custodia a algunas personas durante periodos superiores a las 48 horas permitidas por el Código de Procedimiento Penal del país.

 El 12 de enero, un agente de la Guardia Presidencial detuvo a Vincent Tolngar, alcalde de la ciudad de Markounda, en el norte del país, como sospechoso de advertir a la población local que huyera antes de la llegada de la Guardia Presidencial. Vincent Tolngar estuvo detenido primero en Bossangoa y después lo trasladaron a Bossembélé. Quedó en libertad sin cargos ni juicio el 7 de febrero.

Decenas de presuntos hechiceros, en su mayoría mujeres, permanecían bajo custodia sin perspectivas de ser juzgados o quedar en libertad. Algunas de estas personas estaban recluidas en las prisiones de Ngaragba y Bimbo, en Bangui. Al terminar diciembre, algunas llevaban detenidas sin juicio tres o más años.

Jefe del Estado: Václav Klaus

Jefe del gobierno: Mirek Topolánek

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 10,2 millones

Esperanza de vida: 75,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/4 por cada 1.000
El gobierno siguió sin implementar disposiciones adecuadas contra la discriminación. La comunidad romaní continuó siendo discriminada, especialmente en el acceso a la vivienda, la educación y la salud, y siguió recibiendo amenazas de agresión por parte de grupos de extrema derecha. Existían motivos de preocupación en relación con el trato inhumano y degradante dispensado a personas con discapacidad mental.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

No se promulgó una legislación integral contra la discriminación que incluyese asistencia letrada a las víctimas y mecanismos de vigilancia efectivos. En mayo, el presidente vetó una legislación contra la discriminación alegando, según informes aparecidos en la prensa, que era «innecesaria, contraproducente y de mala calidad, y su impacto [...] muy cuestionable». Ello a pesar de que el gobierno se había comprometido a introducir una ley que garantizase el derecho a la igualdad de trato y la protección contra la discriminación, de acuerdo con las directivas de la Unión Europea.

La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación por parte de funcionarios públicos y ciudadanos particulares en el acceso a la educación, la vivienda, la salud y el empleo. Hubo grupos de extrema derecha que atacaron localidades en las que vivían comunidades romaníes marginadas; las autoridades siguieron utilizando un lenguaje racista contra los romaníes.

 En agosto, cuatro clientes romaníes y el personal no romaní de un bar de la localidad de Rokycany fueron agredidos por un grupo de unos 15 jóvenes. Al parecer, el personal del bar fue atacado porque estaba sirviendo a clientes romaníes. La policía checa negó que el ataque hubiera tenido una motivación racial. Cinco hombres fueron enjuiciados por delitos menores de alteración del orden, conducta delictiva e intención de causar lesiones. Este resultado fue denunciado por residentes locales romaníes, que lo calificaron de abiertamente racista. En los días posteriores al incidente, en las calles aparecieron panfletos de contenido antirromaní. La tensa situación que se vivió en Rokycany indujo a varios romaníes a pedir asilo fuera del país.

 El 17 de noviembre, manifestantes vinculados al grupo de extrema derecha Partido Obrero corearon eslóganes antirromaníes en una concentración en Litvínov. Según los informes, unos 500 manifestantes armados con piedras, petardos y cócteles molotov se enfrentaron a la policía cuando intentaban acceder al barrio de Janov, habitado mayoritariamente por romaníes. Doce personas fueron detenidas. El Partido Obrero había intentado organizar manifestaciones similares contra la comunidad romaní en Litvínov el 4 y el 18 de octubre, y también el 29 de noviembre, pero las autoridades locales las habían prohibido. El ministro del Interior presentó en noviembre una propuesta para ilegalizar este grupo extremista que fue aprobada por el gobierno. El 24 de noviembre se solicitó al Tribunal Supremo Administrativo la disolución del Partido Obrero. Tras los sucesos de Litvínov, el relator especial de la ONU sobre el racismo declaró el 20 de noviembre que «ese tipo de actos revelan que en el corazón de la Europa moderna existen graves y arraigados problemas de racismo y discriminación contra los romaníes que deben abordarse de la forma más enérgica y con las herramientas del Estado de derecho». El 13 de diciembre, el Partido Obrero convocó otra concentración en Litvínov. Unos 100 manifestantes de extrema derecha, incluidos residentes locales, fueron dispersados por agentes de la policía montada y antidisturbios.

 En abril, la fiscalía de Ostrava acusó de difamación a Jiří Jizerský, ex vicealcalde de Ostrava, y a Liana Janáčková, senadora y ex alcaldesa del distrito, por realizar declaraciones racistas contra los romaníes en 2006. Sin embargo, el Senado no levantó a Liana Janáčková la inmunidad parlamentaria, lo que impidió su procesamiento.

Educación

Continuó la práctica de segregar al alumnado romaní en escuelas para menores con dificultades de aprendizaje, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en noviembre de 2007 que esa práctica constituía una discriminación ilegal. Dos ONG –el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y el Fondo para la Educación de la Población Romaní– denunciaron en noviembre que muchos niños y niñas romaníes seguían asistiendo a escuelas especiales con programas de estudios inferiores. El informe mostraba que, tras los cambios legislativos introducidos a partir de 2005, en virtud de los cuales la categoría de «escuelas especiales» para niños con discapacidades mentales leves había sido sustituida por la de «escuelas prácticas», se seguía ofreciendo al alumnado el mismo programa de estudios reducido, limitando sus oportunidades educativas y de empleo. El informe también mostraba que la proporción de niños y niñas romaníes en estas escuelas seguía siendo desproporcionadamente elevada.

El Ministerio de Educación reconoció a lo largo del año los defectos del sistema y adoptó algunas medidas preliminares para abordarlos.

Vivienda

La comunidad romaní sufrió discriminación racial y fue objeto de políticas de segregación deliberada en algunos municipios. En abril, en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del examen periódico universal, las ONG checas Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos y Vida Juntos y la sección checa de Peacework Development Fund afirmaron que «a menudo se obliga a los romaníes a residir en guetos segregados, con infraviviendas no aptas para ser habitadas». El estudio señalaba que las prácticas discriminatorias en los mercados de alquiler, tanto público como privado, significaban que a menudo los romaníes no encontraban una vivienda, incluso cuando podían presentar garantías económicas.

En enero se creó la Agencia para la Inclusión Social de las Comunidades Romaníes, encargada de poner en práctica proyectos piloto en 12 localidades con el fin de mejorar la situación de las comunidades romaníes socialmente excluidas.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

En marzo, en el informe nacional elaborado para el examen periódico universal, las autoridades checas reconocieron que algunas esterilizaciones de mujeres romaníes realizadas en el pasado no se habían ajustado estrictamente a la ley y a las directrices del Ministerio de Salud. Sin embargo, no consideraban que estos casos hubieran estado «motivados por una discriminación racial o nacional».

 Iveta Červeňáková, que en 2008 tenía 32 años, fue esterilizada ilegalmente sin su consentimiento en 1997 después de dar a luz a su segunda hija mediante cesárea. En noviembre, el Tribunal Superior de Olomouc anuló una decisión de 2007 del Tribunal Regional de Ostrava en la que se condenaba al hospital municipal de Ostrava al pago de una indemnización de 500.000 coronas checas (unos 26.000 dólares estadounidenses) y a disculparse por haber conculcado los derechos de la paciente. La sentencia fue anulada porque había expirado el plazo de prescripción de tres años establecido para ese delito, y el hospital sólo fue obligado a disculparse.

Tortura y otros malos tratos: salud mental

En enero, el canal de televisión británico BBC One emitió unas imágenes rodadas con cámara oculta sobre el uso de «camas-jaula» para jóvenes aquejados de graves discapacidades físicas y psíquicas en varios hogares sociales. Seguían utilizándose camas con dispositivos de inmovilización para pacientes psiquiátricos. Al concluir 2008, las autoridades todavía no habían anunciado intención alguna de abolir el uso de «camas con red», a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió la eliminación de esta práctica en abril. Durante la primera mitad del año, el Defensor de los Derechos Humanos realizó visitas sin previo aviso a instituciones psiquiátricas. Las visitas revelaron que en unidades psiquiátricas geriátricas se estaban utilizando camas con dispositivos de inmovilización, no sólo en situaciones de riesgo elevado, sino también como solución a largo plazo.

El 28 de junio, en Brno, alrededor de 500 activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero participaron en el primer desfile del Orgullo Gay de la República Checa. A pesar de que las autoridades de la ciudad prohibieron dos contramanifestaciones, unos 150 manifestantes de extrema derecha se congregaron para protestar contra el desfile. Varios contramanifestantes fueron detenidos.

En octubre, el Parlamento checo reconoció la Corte Penal Internacional. La decisión se produjo después de que el Senado checo diera su visto bueno formal en julio, 10 años después de la aprobación original del Estatuto de Roma. La República Checa era el único país miembro de la Unión Europea que no había ratificado el Estatuto, aunque sus representantes lo habían firmado en abril de 1999. La decisión del Parlamento todavía debía ser ratificada por el presidente de la República.

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó la República Checa en noviembre.

 Eastern Europe: Eighth session of the UN Human Rights Council, 2-20 June 2008: Review of the Czech Republic, Poland and Romania under the Universal Periodic Review: Amnesty International’s reflections on the outcome (EUR 02/001/2008)

 Oral statement on the outcome on the Czech Republic under the Universal Periodic Review (IOR 41/025/2008)

 UN Human Rights Council Eighth Session, 2-18 June 2008: Compilation of statements by Amnesty International (including joint statements and public statements) (IOR 41/034/2008)

República del Congo

República del Congo

Jefe del Estado: Denis Sassou-Nguesso

Jefe del gobierno: Isidore Mvouba

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 3,8 millones

Esperanza de vida: 54 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 112/89 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 84,7 por ciento