Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Jefe del Estado y del gobierno: Leonel Fernández Reyna

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 9,9 millones

Esperanza de vida: 71,5 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 37/28 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 87 por ciento
En 2008 aumentó el número de presuntos homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad. La población haitiana y dominicana de origen haitiano se enfrentaba a una fuerte discriminación. Según los informes, se registraron numerosos casos de violencia en el ámbito familiar.

Derecho a la salud: VIH/sida

En julio, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/Sida señaló que la epidemia se había estabilizado en la República Dominicana. Advirtió, sin embargo, que el país dependía en exceso de la financiación exterior a la hora de combatirla. Indicó también que la incidencia del VIH entre los residentes de los bateyes (comunidades de personas que trabajan en las plantaciones de azúcar) seguía siendo elevada. Las organizaciones nacionales de la sociedad civil continuaron denunciando la discriminación que sufrían las personas con VIH/sida en el entorno laboral.

Existía una preocupación generalizada por el aumento de la delincuencia violenta y la incapacidad del gobierno para combatirla con eficacia.

Según la Procuraduría General de la República, la policía mató a 298 personas entre enero y agosto, un 72 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Existía la preocupación de que algunos de estos homicidios pudieran ser ilegítimos. En octubre, el secretario de Estado de Interior y Policía calificó de alarmante el número de muertes por disparos de la policía, y pidió que se expulsara del cuerpo a los agentes corruptos y que se mejorara la formación policial. Al no existir un organismo independiente encargado de investigar las denuncias de abusos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, la impunidad siguió siendo la norma.

 El 12 de febrero, una patrulla de la policía mató a cinco presuntos delincuentes durante un «intercambio de disparos» registrado en el Ensanche Isabelita, distrito del este de Santo Domingo. Testigos presenciales aseguraron que dos de los individuos se habían entregado a la policía antes de que ésta disparara contra ellos.

Los informes de la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías, el relator especial sobre el racismo, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial subrayaban sin excepción la discriminación sufrida por las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.

Se siguió utilizando una directiva emitida en 2007 por la Junta Central Electoral de la República Dominicana como pretexto para confiscar los documentos de identidad de miles de dominicanos de raza negra. En la directiva se ordenaba a las autoridades que examinaran con minuciosidad todos los documentos de identidad en el momento de su renovación o inscripción, alegando que en el pasado se habían expedido algunos de forma incorrecta. En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a las autoridades dominicanas a que adoptaran medidas inmediatas para expedir documentos de identidad a todos los dominicanos de origen haitiano.

Según organizaciones locales de derechos humanos, más de 6.000 haitianos fueron expulsados en los primeros seis meses del año. Muchas de estas expulsiones fueron arbitrarias y no cumplían las normas internacionales de derechos humanos. Se recibieron informes según los cuales funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas de seguridad habían infligido malos tratos a personas expulsadas.

Se recibieron numerosos informes sobre agresiones de multitudes a migrantes haitianos, al parecer en represalia por homicidios de ciudadanos dominicanos atribuidos a haitianos.

 El 27 de octubre, una multitud mató a un ciudadano haitiano y a un dominicano de origen haitiano en el municipio sudoccidental de Neiba. La agresión se produjo tras el asesinato de un dominicano, cometido presuntamente por un haitiano. Según los informes, las autoridades locales intervinieron con rapidez, y había una investigación abierta al finalizar el año.

Trata de personas

Según organizaciones de derechos humanos que trabajaban a ambos lados de la frontera entre la República Dominicana y Haití, durante los primeros seis meses del año 1.353 niños y niñas haitianos fueron introducidos de forma ilícita en la República Dominicana, donde se los explotaba obligándolos a realizar labores agrícolas y domésticas y a ejercer la mendicidad, la venta callejera y la prostitución.

Se hostigó e intimidó a trabajadores de los medios de comunicación. En octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana señaló que, entre enero y septiembre, habían agredido o amenazado a 32 periodistas, y que otros 21 habían sido objeto de procedimientos judiciales injustificados debido a sus actividades profesionales.

 El 7 de agosto, en Santiago, mataron a tiros a Normando García, cámara y productor de la emisora de televisión local Teleunión. Anteriormente, a raíz de la emisión de varios programas de investigación sobre la delincuencia en la zona, le habían quemado el automóvil y había recibido amenazas anónimas.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. En julio, el representante del Ministerio Público en la provincia de Santo Domingo calificó de alarmante el nivel de violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Según estadísticas oficiales, entre enero y agosto, 133 mujeres murieron a manos de su pareja o ex pareja. En un informe titulado Ruta Crítica de las Dominicanas Sobrevivientes de Violencia de Género, publicado conjuntamente en junio por varias ONG dominicanas de defensa de los derechos de las mujeres, se revelaba que el sistema judicial convertía otra vez en víctimas a la gran mayoría de las supervivientes de violencia de género. El informe indicaba asimismo que un elevado porcentaje de las víctimas abandonaban los procedimientos judiciales, y subrayaba la falta de personal judicial preparado para tratar el problema.

 Hacer frente a la discriminación en la República Dominicana. Protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y sus descendientes (AMR 27/003/2008)

Jefe del Estado: Paul Kagame

Jefe del gobierno: Bernard Makuza

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 10 millones

Esperanza de vida: 45,2 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 199/173 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 64,9 por ciento

El Frente Patriótico Ruandés seguía dominando todos los niveles de la vida política de Ruanda, desde el ejecutivo hasta la administración local.

El gobierno reaccionaba con hostilidad ante las críticas. Los gobiernos donantes de ayuda estaban atrapados en una relación estrecha con las autoridades ruandesas, y en general no las cuestionaban ni criticaban abiertamente y preferían una política de diplomacia blanda. Sin embargo, algunos gobiernos se mostraron críticos cuando un informe de la ONU reveló que Ruanda apoyaba a un grupo rebelde en el este de la República Democrática del Congo, lo que desembocó en la retirada de la ayuda de Países Bajos y Suecia en diciembre.

El gobierno informó de un importante crecimiento económico en 2008. Los gobiernos donantes aportaban un apoyo considerable; una agencia de desarrollo calculó que aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto nacional provenía de la ayuda exterior. La misma agencia informó de una reducción general de la pobreza, lo que incluía mejoras en materia de salud y educación. Sin embargo, pese a esta reducción general, las personas pobres continuaban marginadas y, según informes, aumentaron las desigualdades entre la élite urbana y los sectores pobres de medios rurales.

Kigali mostraba signos de rápida urbanización, tras la expropiación de terrenos para la reconstrucción urbana. Algunos residentes de Kigali denunciaron que las indemnizaciones que habían recibido eran insuficientes.

La Asamblea Nacional enmendó la Constitución para otorgar inmunidad de procesamiento de por vida a los ex presidentes del país, incluso por delitos de derecho internacional. Otra enmienda redujo el periodo de ejercicio del cargo de los jueces, que pasó de ser vitalicio a durar cuatro años, lo que potencialmente ponía en peligro la independencia del poder judicial.

Las elecciones legislativas de septiembre fueron supervisadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Ruanda, cuyas conclusiones preliminares señalaron la ausencia de auténtico debate político durante el periodo preelectoral y ciertas irregularidades. Los dos principales partidos opositores, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, eran aliados del Frente Patriótico Ruandés. Observadores electorales locales afirmaron que la participación del 98 por ciento del electorado era indicio de coacción. También declararon que los resultados locales otorgaban sistemáticamente al Frente Patriótico Ruandés un porcentaje muy por encima del 95 por ciento, y que los resultados nacionales consolidados que daban al Frente Patriótico Ruandés el 78,9 por ciento se habían rebajado para dar mayor credibilidad a los comicios.

El 5 de agosto de 2008 se publicó el informe de la Comisión Mucyo, establecida por el gobierno de Ruanda en 2006 para investigar el papel desempeñado por Francia en el genocidio de 1994. El informe denunciaba la participación en el genocidio de 33 personalidades políticas y militares francesas, actuales y del periodo investigado. El fiscal general afirmó el 15 de noviembre que las autoridades estaban dispuestas a dictar auto de procesamiento contra 23 de las personas citadas. El informe Mucyo siguió a una investigación iniciada por un juez francés sobre el derribo en 1994 de un avión entre cuyos pasajeros figuraban el presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, y tres ciudadanos franceses. El 17 de noviembre de 2006, el juez francés dictó órdenes de detención internacional contra nueve miembros destacados del Frente Patriótico Ruandés por el derribo del avión. Rose Kabuye, jefa de protocolo del presidente Kagame, fue detenida el 9 de noviembre de 2008 en Fráncfort, Alemania. Fue trasladada a Francia y acusada formalmente de «complicidad en asesinatos en relación con una actividad terrorista».

La libertad de expresión continuaba sometida a graves limitaciones. Los periodistas críticos con el gobierno eran objeto de estrecha vigilancia por parte de las autoridades. En varias ocasiones se impidió a periodistas extranjeros y a periodistas ruandeses que trabajaban para periódicos extranjeros entrar en Ruanda o asistir a actos oficiales.

 El 2 de mayo se impidió a los directores de tres periódicos la entrada en un acto conmemorativo del Día de los Medios de Comunicación Mundiales (jornada que coincidía con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa), por orden de la ministra de Información.

El 18 de agosto, la ministra de Información amenazó con cerrar las emisiones de la BBC y de Voice of America en las lenguas nacionales y acusó a ambas emisoras de mentiras y exageración.

El gobierno seguía controlando estrictamente e imponiendo limitaciones al trabajo relacionado con los derechos humanos. Apenas había espacio para las organizaciones de derechos humanos nacionales que se mostraban críticas con el gobierno, y los defensores y defensoras de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil aplicaban generalmente la autocensura para evitar enfrentamientos con las autoridades.

 Las autoridades impidieron que algunos observadores electorales de una ONG local llevaran a cabo su trabajo. La organización emitió una declaración pública en septiembre en la que denunciaba que el proceso electoral había estado viciado por irregularidades.

Presos de conciencia

El ex ministro Charles Ntakirutinka continuaba en la prisión central de Kigali, cumpliendo una condena de 10 años. Había sido declarado culpable, en un juicio sin garantías, de incitar a la desobediencia civil y de asociación con elementos delictivos.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania, debía concluir todos sus procesos en primera instancia antes del final de 2008 y toda su labor en 2010, de acuerdo con la resolución 1503 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este plazo se reveló inviable, dado que 28 detenidos estaban siendo procesados y 9 acusados estaban en espera de juicio. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de las Salas de Primera Instancia y sus magistrados hasta el 31 de diciembre de 2009.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda rechazó cuatro peticiones del fiscal general de Ruanda para que las causas fueran transferidas a Ruanda, aduciendo que en este país los acusados corrían riesgo de ser sometidos a juicios sin garantías. Las cuatro decisiones citaban informes de que los testigos de la defensa dentro y fuera de Ruanda corrían el riesgo de ser rechazados por su comunidad, maltratados, detenidos, recluidos, golpeados, torturados y en algunos casos asesinados. En este contexto, los jueces presidentes expresaron su preocupación de que se limitase la capacidad de los acusados de citar a juicio a testigos de la defensa.

La ley sobre transferencias de 2007 abolió la pena capital y la sustituyó por cadena perpetua en régimen de aislamiento, pena considerada generalmente una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las resoluciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda establecieron que la aplicación de la cadena perpetua en régimen de aislamiento como castigo impediría la transferencia de los casos a Ruanda. El Parlamento ruandés aprobó el 3 de noviembre una ley que prohibía la reclusión en régimen de aislamiento para los casos objeto de transferencia.

En la cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en junio, el presidente Kagame criticó el abuso de los principios de la jurisdicción universal como respuesta a las órdenes de detención dictadas en Francia y España contra miembros destacados del Frente Patriótico Ruandés. La cumbre de la UA pidió un organismo regulador universal «para revisar o tramitar las denuncias o apelaciones derivadas del abuso del principio de jurisdicción universal» por los Estados.

Tuvieron lugar procedimientos judiciales contra sospechosos de genocidio en Bélgica, Canadá, Francia y Países Bajos. Continuaron las vistas de extradición de sospechosos de genocidio en Suecia, Alemania y Noruega. Se detuvo a un sospechoso de genocidio en Finlandia pero no se sabía con certeza si sería extraditado a Ruanda. Durante el año, Francia denegó una petición de extradición formulada por Ruanda. En Reino Unido, la ministra del Interior resolvió que cuatro sospechosos de genocidio que se hallaban en ese país debían ser extraditados a Ruanda. Todos los sospechosos presentaron recursos.

Al final de diciembre, las prisiones de Ruanda albergaban a 59.532 personas. De éstas, 37.277 habían sido acusadas de genocidio y 22.321 de otros delitos. La mayoría de los detenidos que estaban en espera de juicio permanecían recluidos por delitos comunes, no por cargos relacionados con el genocidio.

La comunidad internacional apoyó al gobierno en las reformas del sistema de justicia, lo que incluía capacitación del personal judicial, capacitación del Colegio de Abogados de Ruanda y desarrollo de sistemas de gestión de la información para las prisiones.

Procedimientos ante tribunales del sistema gacaca

Se calculaba que en octubre había pendientes ante tribunales gacaca unos 10.000 casos de categoría uno, cuyos procedimientos incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Los casos de la categoría uno afectaban a los planificadores, organizadores, instigadores y supervisores del genocidio. De éstos, al menos 6.000 eran casos de violación que habían sido transferidos a la categoría uno en mayo de 2008.

Los juicios con arreglo al sistema gacaca, según los informes, estaban viciados por acusaciones falsas y corrupción. Además, los testigos de la defensa se mostraban reacios a comparecer porque temían que las autoridades formulasen acusaciones falsas en su contra.

 El 21 de enero, un juez del sistema gacaca del sector de Karana fue acusado de intentar sobornar a un testigo de la acusación. El caso estaba en fase de apelación y el acusado había sido condenado a 27 años de prisión.

Continuaban sin enjuiciarse gran parte de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Frente Patriótico Ruandés y el Ejército Patriótico Ruandés antes, durante y después del genocidio.

 En un caso aislado, cuatro ex oficiales del Ejército Patriótico Ruandés fueron juzgados por el homicidio de 13 miembros del clero católico romano en el distrito de Kabgayi en junio de 1994. La investigación fue realizada conjuntamente por la fiscalía ruandesa y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El 24 de octubre, el Tribunal Militar de Kigali condenó a dos capitanes, que se habían declarado culpables, a ocho años de prisión. Los otros dos acusados fueron absueltos.

Ley sobre «ideología del genocidio»

El 1 de octubre se promulgó una nueva ley que penalizaba la «ideología del genocidio» y cuya redacción era imprecisa y ambigua. El delito era punible con entre 10 y 25 años de cárcel. Esta ley podía reprimir potencialmente la libertad de expresión y restringir la capacidad de los acusados para preparar su defensa en los juicios penales.

El gobierno se mostraba hostil hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), cuyos integrantes sufrían hostigamiento e intimidación. En marzo, dos activistas de los derechos de la comunidad LGBT fueron acusadas de falsificar documentos y estuvieron detenidas durante dos semanas tras asistir a una conferencia de LGBT en Mozambique. Las dos mujeres quedaron en libertad posteriormente.

La Asamblea Nacional estaba examinando una enmienda del Código Penal que penalizaría las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

Rumania

Rumania

Jefe del Estado: Traian Băsescu

Jefe del gobierno: Emil Boc

(sustituyó a Călin Popescu-Tăriceanu en diciembre)

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 21,3 millones

Esperanza de vida: 71,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 20/15 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 97,3 por ciento

La Comisión Europea publicó en julio un informe de actualización sobre Rumania en el que instaba a las autoridades rumanas a mejorar el sistema judicial y a reforzar las medidas para hacer frente a la corrupción, especialmente en el ámbito de la administración local.

Las autoridades no dieron respuesta satisfactoria a los llamamientos reiterados de la Comisión Europea y de otras entidades para que se esclarecieran las acusaciones sobre el uso de territorio rumano en el programa de detención secreta, entregas extraordinarias y desaparición forzada dirigido por Estados Unidos.

En febrero de 2008, un alto cargo público rumano afirmó en una entrevista a un medio de comunicación que, en 2004 y 2005, había visto en cinco ocasiones la llegada de un autobús negro a un rincón apartado del aeropuerto de Mihail Kogălniceanu, próximo a Constanza y sujeto a fuertes medidas de vigilancia. Dijo que se habían descargado del autobús unos paquetes que abultaban como presos en posturas encogidas y se habían cargado en un reactor, que a continuación había partido rumbo al norte de África con su carga custodiada por dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Este alto cargo público dijo, además, que era habitual que los pilotos estadounidenses entregaran planes de vuelo falsos, o no entregaran ninguno, y volaran a destinos no declarados.

En febrero, la Comisión Europea manifestó que Rumania no había dado una respuesta completa a la petición del comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Unión Europea de que se realizaran investigaciones judiciales sobre la existencia de centros de detención secreta de la CIA en su territorio. La Comisión Europea volvió a solicitar a Rumania que facilitara información sobre el posible traslado o detención de personas sospechosas de participar en actos terroristas. El presidente Traian Băsescu declaró que no tenía conocimiento de que se hubieran trasladado paquetes sospechosos al aeropuerto de Mihail Kogălniceanu, y señaló que dicho aeropuerto estaba abierto a periodistas rumanos y extranjeros.

El gobierno negó repetidamente toda participación en programas estadounidenses de detención secreta y entrega. Señaló que una comisión de investigación del Senado no había encontrado pruebas de esa participación en una investigación realizada en 2006 y 2007. El informe de esta comisión, gran parte del cual seguía siendo información clasificada, concluía que «las acusaciones formuladas contra Rumania son infundadas». El Senado aprobó el informe en abril de 2008.

En agosto, la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en Rumania (Comité Rumano de Helsinki) presentó varias peticiones de información, entre ellas una a la comisión de investigación del Senado. La comisión respondió en octubre que investigar el propósito de los vuelos que entraban en Rumania no estaba incluido en su cometido, que era «investigar las denuncias relativas a la existencia de centros de detención de la CIA en suelo rumano o de vuelos de aviones contratados por la CIA» sobre territorio rumano. Por esa razón, la comisión no había solicitado ni poseía información sobre el propósito de los vuelos. Asimismo, afirmó que había pedido en mayo a las autoridades competentes que estudiaran la posibilidad de desclasificar cierta información contenida en su informe; al final del año no se había tomado una decisión al respecto.