Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Más de cinco partidos políticos declararon su intención de presentar candidatos presidenciales en las elecciones generales previstas para 2009. Era creencia general que el presidente Denis Sassou-Nguesso, que había regresado al poder en octubre de 1997, sería el candidato de la coalición gobernante, encabezada por el Partido Congoleño del Trabajo (Parti congolais du travail, PCT). Los partidos políticos de oposición solicitaron una comisión electoral independiente, pero al terminar el año su petición no había sido satisfecha. En agosto, varios partidos políticos de la oposición se retiraron de la Comisión Nacional para la Organización de las Elecciones. Exigían garantías de que las elecciones de 2009 serían limpias, de que todos los partidos políticos tendrían igual acceso a los medios de comunicación, de que los organismos públicos encargados de organizar las elecciones serían imparciales y de que se aprobaría una nueva ley por la que se establecería una comisión electoral independiente.

La coalición gobernante obtuvo una abrumadora mayoría de escaños en las elecciones locales y municipales celebradas en junio. Sin embargo, detractores del gobierno acusaron a las autoridades de organizar de forma deficiente las elecciones, afirmando que la participación había sido de sólo el 25 por ciento del electorado.

El gobierno anunció un programa de desmovilización, desarme y reintegración de combatientes pertenecientes al antiguo grupo armado Consejo de Resistencia Nacional. En septiembre, el gobierno anunció que había destruido 500 armas y decenas de miles de balas y explosivos capturados a excombatientes de la oposición armada o entregados por éstos.

En julio hubo disturbios en Pointe-Noire, durante el funeral de Thystère Tchicaya, dirigente de Unión por la Democracia y el Progreso Social. Algunos manifestantes causaron destrozos en bienes privados y públicos y profirieron insultos contra el presidente Nguesso. Varias decenas de personas fueron detenidas y al menos 35 estuvieron bajo custodia hasta diciembre.

Casi 40 ex miembros de las fuerzas de seguridad y civiles fueron juzgados en junio por el cargo de poner en peligro la seguridad del Estado. La mayoría habían sido detenidos a principios de 2005, cuando se acusó a un grupo de gendarmes de robar armas de la gendarmería de Bifouiti, al sur de Brazzaville. Otros, entre los que había civiles y un coronel del ejército retirado, habían sido detenidos en Pointe-Noire en relación con una presunta conspiración para dar un golpe de Estado. Diez de los encausados no comparecieron ante el tribunal, en unos casos porque vivían en el extranjero y en otros porque se les había concedido la libertad provisional y no se les había informado de la fecha del juicio. Cuando terminó el juicio, el 27 de junio, el tribunal declaró a la mayoría de los acusados culpables de poner en peligro al Estado y los condenó a un máximo de tres años y medio de cárcel, periodo que coincidía con el tiempo que habían pasado bajo custodia o en libertad provisional. Los que estaban bajo custodia, como el capitán Bertin Pandi Ngouari, presunto jefe de la conspiración, y el coronel del ejército retirado Serge André Mpassi, quedaron en libertad de forma inmediata después del juicio. Algunas de las personas juzgadas y liberadas afirmaron que habían sufrido tortura y otras formas de malos tratos durante los meses siguientes a su detención en 2005.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas recibieron amenazas o fueron detenidos y recluidos por llevar a cabo sus respectivas actividades.

En enero, la policía de Brazzaville amenazó con clausurar el grupo de derechos humanos Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos si no desistía de hacer declaraciones públicas que las autoridades consideraban de carácter político. El Observatorio había pedido con anterioridad el aplazamiento de las elecciones locales hasta que se hubiera creado una comisión electoral independiente y se hubiera establecido un registro electoral fiable.

 Christian Perrin, periodista y jefe de información de la emisora de televisión «Télé pour tous» en Pointe-Noire, fue detenido el 21 de julio y estuvo recluido durante 24 horas. Después fue acusado formalmente de incitación a la violencia. El cargo guardaba relación con la información que la emisora había ofrecido sobre los disturbios del 7 de julio y con las críticas al gobierno formuladas por miembros de un partido político opositor en un programa de televisión. En agosto, el Tribunal Superior de Pointe-Noire lo declaró culpable y lo condenó al pago de una multa.

 Gilbert Tsonguissa Moulangou, miembro del partido político Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS), fue detenido y recluido en diciembre tras intervenir en una reunión en Brazzaville. Durante la reunión había presentado un vídeo con un mensaje de un dirigente de la UPADS que vivía en el exilio tras haber sido condenado a 20 años de prisión en 2001. En el mensaje se criticaba al gobierno y a facciones de la UPADS. Gilbert Moulangou fue acusado formalmente de poner en peligro la seguridad del Estado y de difundir información falsa. Al terminar el año continuaba recluido sin juicio.

Detención, reclusión y malos tratos de presuntos alborotadores

Varias decenas de personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidas el 7 de julio o poco después de esa fecha, tras los disturbios que estallaron en Pointe-Noire durante el funeral de Thystère Tchicaya. Según los informes, algunas de las personas detenidas e inicialmente recluidas por miembros de las fuerzas de seguridad recibieron golpes y sufrieron otras formas de malos tratos. Uno de los detenidos, Sylvestre Guy Poaty, fue golpeado mientras estaba bajo custodia policial y murió en un hospital el 19 de julio. Otro detenido, Sita Ndombet, ciudadano de la República Democrática del Congo, fue víctima de desaparición forzada tras ser sacado de la cárcel por miembros de las fuerzas de seguridad. Autoridades gubernamentales afirmaron que había huido. Al terminar el año seguía sin conocerse su paradero.

Después de numerosas peticiones de liberación de los presuntos alborotadores formuladas por dirigentes políticos de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos, el ministro de Justicia declaró en la televisión el 16 de diciembre que la fiscalía había perdido interés en procesarlos. Al menos 35 personas de este grupo que continuaban bajo custodia quedaron en libertad sin juicio el 18 de diciembre.

Reclusión prolongada sin juicio de solicitantes de asilo

Tres solicitantes de asilo procedentes de la República Democrática del Congo detenidos en marzo de 2004 continuaban bajo la custodia de los servicios de seguridad militar sin cargos ni juicio. En el momento de su detención, Germain Ndabamenya Etikilome, Médard Mabwaka Egbonde y Bosch Ndala Umba fueron acusados de espiar para la República Democrática del Congo, pero nunca se los acusó formalmente de ningún delito. Las autoridades no revelaron por qué los tres continuaban recluidos sin cargos ni juicio.

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó el país en julio.

Jefe del Estado: Joseph Kabila

Jefe del gobierno: Adolphe Muzito

(sustituyó a Antoine Gizenga en octubre)

Pena de muerte: retencionista

Población: 61,2 millones

Esperanza de vida: 45,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 208/186 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 67,2 por ciento

Profesionales de la salud, docentes y funcionarios civiles protagonizaron huelgas prolongadas para protestar por las bajas remuneraciones y el impago de salarios.

Se registraron disturbios violentos en varias zonas del país, incluida la provincia del Bajo Congo, donde unas 100 personas perdieron la vida en el curso de operaciones policiales en febrero y marzo.

En abril, el gobierno firmó un acuerdo sobre minería e infraestructuras por valor de 9.000 millones de dólares estadounidenses con un consorcio de empresas chinas. Las acusaciones de que el Estado estaba vendiendo a bajo precio los recursos minerales de la República Democrática del Congo provocaron un abandono masivo del Parlamento por los parlamentarios en mayo. Al mismo tiempo, el brusco descenso de los precios mundiales de los minerales amenazaba con dejar sin ingresos a decenas de miles de personas que trabajaban en las zonas mineras del país.

Se registraron algunas novedades positivas, como la liberación de un gran número de personas detenidas por motivos políticos en julio y la aprobación de una ley nacional sobre la protección de la infancia en junio.

Conflicto armado

A pesar del acuerdo de paz firmado en enero, en agosto se reanudaron los intensos combates en Kivu Septentrional entre un grupo armado, Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), y el ejército nacional, Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC).

En una gran ofensiva lanzada en octubre, el CNDP capturó extensas zonas de la provincia y avanzó hasta llegar a unos kilómetros de la capital provincial, Goma. El grueso de los efectivos de las FARDC huyeron, y en su camino mataron, violaron y saquearon indiscriminadamente, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Kanyabayonga. Al terminar el año, la resistencia armada al CNDP era obra sobre todo de grupos de milicias mayi-mayi, en general progubernamentales, que en ocasiones actuaban en connivencia con el grupo insurgente ruandés Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR).

Los combates desembocaron en una nueva crisis en las relaciones entre los gobiernos de la República Democrática del Congo y Ruanda. El gobierno congoleño acusaba a Ruanda de brindar apoyo al CNDP, y el gobierno ruandés acusaba al ejército congoleño de colaborar con el FDLR. Un informe divulgado en diciembre por el Grupo de Expertos de la ONU confirmó en gran medida ambos conjuntos de denuncias.

En octubre, un nuevo grupo armado, el Frente Popular para la Justicia en el Congo (FPJC), lanzó ataques en el distrito de Ituri, provincia Oriental, contra posiciones del ejército y poblados cerca de la capital del distrito, Bunia. El FPJC afirmaba reunir en sus filas a miembros de antiguos grupos armados de Ituri que se sentían abandonados por las promesas incumplidas del gobierno sobre desmovilización y reintegración.

En el distrito de Haut-Uélé, provincia Oriental, los ataques del Ejército de Resistencia del Señor ugandés contra centros civiles se intensificaron durante todo 2008. El Ejército de Resistencia del Señor era responsable de homicidios ilegítimos, violaciones, secuestro sistemático de cientos de niños y niñas e incendio de casas en el territorio de Dungu. A mediados de diciembre comenzó una ofensiva militar de fuerzas gubernamentales de Uganda, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur contra posiciones del Ejército de Resistencia del Señor en la República Democrática del Congo. En una aparente represalia, el Ejército de Resistencia del Señor atacó varias ciudades y poblados de la región a finales de diciembre, y perpetró el homicidio ilegítimo de unos 500 civiles, secuestró a centenares y obligó a desplazarse a aproximadamente 50.000 personas.

Las fuerzas de seguridad del gobierno no protegían a la población civil en las zonas de conflicto y eran a su vez responsables de muchas violaciones de derechos humanos, como homicidio de civiles, violación y tortura. La protección de la población civil en el este seguía dependiendo por completo de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC), ya escasas de recursos, con unos 17.000 efectivos. Aunque intervenía de forma habitual para proteger las vidas de civiles, la MONUC era incapaz de proteger a la población civil en todas las circunstancias y no intervino para poner fin a la matanza ocurrida en Kiwanja, Kivu Septentrional, en noviembre. El 20 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó reforzar temporalmente la MONUC con unos 3.000 efectivos de mantenimiento de la paz adicionales. Al terminar el año eran cada vez más numerosas las peticiones de despliegue de una fuerza militar de la Unión Europea en Kivu Septentrional.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados congoleños y extranjeros cometieron cientos de homicidios ilegítimos. Todas las fuerzas atacaron deliberadamente a la población civil. Se recibieron informes de algunos posibles homicidios políticos, a menudo perpetrados por hombres vestidos con uniforme militar. Entre las víctimas estaban Aimée Kabila, media hermana repudiada del presidente Joseph Kabila, que murió por disparos en su domicilio de Kinshasa en enero, y el político opositor Daniel Botheti, asesinado en Kinshasa en julio.

Una investigación de la ONU concluyó que unas 100 personas, en su mayoría miembros del grupo político-religioso Bunda dia Kongo, perdieron la vida durante operaciones policiales en la provincia del Bajo Congo en febrero y marzo. La investigación culpó del elevado número de víctimas mortales al uso excesivo de la fuerza y en algunos casos a ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. El gobierno, que sostuvo que sólo habían muerto 27 personas, no investigó las denuncias ni abrió procedimientos penales contra los presuntos responsables. Otra investigación de la ONU reveló que el 16 y 17 de enero, fuerzas del CNDP perpetraron el homicidio ilegítimo de al menos 30 civiles en los alrededores de Kalonge, en Kivu Septentrional.

 Según se afirmó, la noche del 5 al 6 de noviembre, fuerzas del CNDP mataron a decenas de civiles, en su mayoría varones adultos, en registros casa por casa en Kiwanja, Kivu Septentrional. Testigos presenciales afirmaron que a las víctimas, a quienes describieron como «padres jóvenes y recién casados», las sacaron de sus hogares y las mataron a tiros o puñaladas. Estos homicidios parecían ser una represalia por un ataque anterior de fuerzas mayi-mayi contra la localidad.

Persistieron los elevados índices de violación y otras formas de violencia sexual en toda la República Democrática del Congo, de forma especial en el este del país, donde combatientes de grupos armados y soldados gubernamentales eran los principales responsables. Muchas mujeres y niñas sufrieron violación en grupo, fueron violadas más de una vez o estaban retenidas en situación de esclavitud sexual. La mayoría de las víctimas no recibían atención médica ni psicosocial. La mayoría de los violadores quedaban impunes y las mujeres y niñas vivían con miedo a represalias si denunciaban la violación o incluso si buscaban tratamiento médico.

 Una joven de 16 años estuvo cautiva en un campamento del ejército en Kivu Septentrional durante varios días de febrero y fue violada todas las noches por un oficial. Su madre se presentó en la puerta del campamento para pedir su liberación, pero los soldados no le permitieron la entrada.

Niños y niñas soldados

Se calculaba que entre 3.000 y 4.000 niños y niñas continuaban sirviendo en grupos armados en 2008. Según los informes, muchos niños y niñas también servían en el ejército, aunque las FARDC habían puesto fin oficialmente al reclutamiento infantil en 2004. Los programas de protección de la infancia y de reintegración en la comunidad de la ONU y de las ONG para ex niños y niñas soldados seguían adoleciendo de escasez de recursos.

Hubo nuevos reclutamientos de niños y niñas por parte de grupos armados en Kivu Septentrional y en algunas otras zonas. En ocasiones el reclutamiento forzoso se hacía en grupos. Los niños y niñas desmovilizados también se veían afectados. El ejército también utilizó a niños como porteadores durante las operaciones de combate en Kivu Septentrional en septiembre y octubre. Según informes, el Ejército de Resistencia del Señor secuestró al menos a 160 niños en varios poblados del territorio de Dungu.

 Según el testimonio de un ex niño soldado, dos jóvenes que habían intentado escapar de un grupo armado en Kivu Septentrional a principios de 2008 fueron golpeados delante de otros reclutas infantiles. Los sacaron de un foso en el suelo y el jefe dio la orden de golpearlos. Dos soldados y un capitán los arrojaron al fango y les propinaron patadas y golpes con palos hasta que murieron.

Al terminar el año había más de 1,4 millones de personas internamente desplazadas como consecuencia del conflicto en Kivu Septentrional, y otras 30.000 se habían visto obligadas a huir a Uganda. La mayoría de las personas desplazadas se trasladaban a zonas cercanas a Goma, bajo el control del gobierno. Sin embargo, decenas de miles que estaban en zonas menos seguras continuaban fuera del alcance de la asistencia humanitaria al terminar el año. El estado de salud de muchas de las personas desplazadas era muy delicado después de días o semanas de huida.

Se recibieron informes de brotes de cólera y otras enfermedades infecciosas en varios campos para personas internamente desplazadas. Los niveles de protección en los campos eran a menudo deficientes, y se tuvo noticia de violaciones, tiroteos y robos en varios emplazamientos para desplazados internos. Las fuerzas beligerantes no respetaban el carácter civil de los campos para personas internamente desplazadas.

 El 4 de junio, un ataque lanzado presuntamente por las FDLR contra un campo de desplazados internos en Kinyandoni, Kivu Septentrional, se saldó con la muerte de al menos tres civiles.

 Un joven de 16 años declaró que lo habían reclutado por la fuerza para combatir para el CNDP en el campo para desplazados internos en territorio de Masisi a principios de 2008.

En octubre, el CNDP destruyó, según informes, campos para desplazados internos en torno a la localidad de Rutshuru, y obligó a las personas residentes en los campos a abandonarlos.

Los servicios de seguridad gubernamentales y los grupos armados cometían de forma asidua actos de tortura y malos tratos, dirigidos en particular contra presuntos opositores políticos. Entre los métodos utilizados figuraban las palizas, el apuñalamiento, la suspensión de rejas o barrotes de ventanas y la violación bajo custodia.

Las fuerzas de seguridad del Estado practicaban de forma habitual detenciones arbitrarias, sobre todo de funcionarios militares o policiales con presuntas afiliaciones con el opositor Movimiento de Liberación del Congo (MLC) y su líder, Jean-Pierre Bemba Gombo, o de personas sospechosas de apoyar al CNDP. Muchos detenidos estaban recluidos en régimen de incomunicación durante semanas o meses bajo custodia no oficial del ejército o de los servicios de inteligencia.

Las condiciones en la mayoría de los centros de detención y prisiones eran deficientes y constituían trato cruel, inhumano o degradante. Se recibieron con frecuencia informes de muertes de presos a causa de malnutrición o de enfermedades tratables.

En julio, el gobierno ordenó la liberación de 258 detenidos militares y civiles de la prisión central de Kinshasa. Los detenidos llevaban largos periodos recluidos sin juicio de forma ilegítima, algunos desde 2004, como sospechosos de delitos contra la seguridad del Estado. Aunque bien recibidas, las liberaciones no parecían seguir ningún proceso judicial organizado ni transparente. Un gran número de detenidos por motivos políticos seguían privados de libertad.

Fuerzas de seguridad del gobierno y grupos armados hicieron objeto de agresiones físicas, secuestros, amenazas de muerte y otras formas de intimidación a defensores y defensoras de los derechos humanos. Muchos defensores y defensoras se veían obligados a esconderse o huir debido al conflicto en Kivu Septentrional. Otros eran atacados por su intervención en casos de derechos humanos de gran resonancia.

Persistía la impunidad en la inmensa mayoría de los casos de delitos relacionados con los derechos humanos, y sólo se puso a disposición judicial a un reducido número de militares de baja graduación. Los procesamientos se veían menoscabados por las frecuentes fugas (al menos 250 en 2008) de prisiones y centros de detención.

Cuatro ex jefes militares o dirigentes de grupos armados congoleños estaban bajo custodia de la Corte Penal Internacional (CPI) en espera de juicio. Un quinto fue objeto de una orden de detención de la Corte.

Mathieu Ngudjolo Chui fue detenido por las autoridades de la República Democrática del Congo y entregado a la CPI en febrero. Estaba acusado, junto con Germain Katanga, detenido en 2007, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del ataque de un grupo armado contra el poblado de Bogoro, en Ituri, en febrero de 2003.

Jean-Pierre Bemba Gombo, senador de la República Democrática del Congo, presidente del MLC y ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, fue detenido en Bélgica en mayo en virtud de una orden de detención de la CPI y trasladado a la Corte. Fue acusado de delitos cometidos en la República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003, cuando fuerzas del grupo armado MLC presuntamente llevaron a cabo violaciones sistemáticas y otros abusos contra civiles.

En noviembre se levantó la suspensión temporal de las actuaciones contra un cuarto detenido, Thomas Lubanga Dyilo, la primera persona detenida por la CPI en marzo de 2006. La suspensión se había impuesto en junio, después de que la sala de primera instancia de la CPI sostuviera que la ocultación de pruebas potencialmente exculpatorias por parte de la acusación violaba el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías.

En abril, la Corte levantó el secreto sobre una orden de detención dictada en agosto de 2006 contra Bosco Ntaganda por los crímenes de guerra de reclutamiento y uso en hostilidades de personas menores de 15 años entre julio de 2002 y diciembre de 2003, cuando era alto jefe militar de un grupo armado de Ituri. Bosco Ntaganda continuaba en libertad y seguía siendo jefe del Estado Mayor del CNDP en Kivu Septentrional.

Los tribunales militares condenaron a muerte durante el año al menos a 50 personas, entre las que había civiles. No se recibieron informes de ejecuciones.

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el país en febrero y noviembre.

 Democratic Republic of Congo: Open Letter to the Minister of Defence and Minister of Justice and Human Rights. Death in detention of Major Yawa Gomonza (AFR 62/004/2008)

 República Democrática del Congo: Kivu Septentrional. Guerra sin fin contra las mujeres y los menores (AFR 62/005/2008)

 República Democrática del Congo: Crisis en Kivu Septentrional (AFR 62/014/2008)

 República Democrática del Congo: Carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el refuerzo del embargo de armas a la República Democrática del Congo (AFR 62/016/2008)