Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Serbia Sistema de justicia: crímenes de guerra Siguieron los enjuiciamientos en la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado. En junio, en la primera causa remitida a Serbia por el Tribunal, se declaró a tres miembros del grupo paramilitar Avispas Amarillas culpables de la tortura y el homicidio de al menos 25 civiles bosniacos en 1992 en la zona bosnia de Zvornik y se los condenó a sendas penas de 15, 13 y 3 años de cárcel. En septiembre, al estimar los recursos presentados por dos miembros del grupo paramilitar Escorpiones, condenados en abril de 2007 por el asesinato en 1995 de seis civiles de Srebrenica, el Tribunal Supremo de Serbia rebajó de 20 a 15 años la pena impuesta a uno de ellos y ordenó que se volviera a juzgar al otro, condenado a cinco años de cárcel. En septiembre comenzó el juicio contra cuatro integrantes del grupo paramilitar Escorpiones acusados de haber asesinado en marzo de 1999, en Podujevo/ë, a 14 miembros de la familia Gashi y causado graves lesiones a 5 niños de esta misma familia que habían logrado sobrevivir al ataque. En 2005 se había condenado a Saša Cvjetan por estos delitos. En octubre, el fiscal de crímenes de guerra serbio, Vladimir Vučkević, visitó Albania con el propósito de investigar una serie de denuncias según las cuales miembros del Ejército de Liberación de Kosovo habían secuestrado a más de 300 serbios durante 1999 y los habían trasladado a Albania. La directora de la Fiscalía General de Albania no concedió su autorización, afirmando que en una investigación efectuada por el Tribunal no se habían encontrado pruebas que corroboraran las afirmaciones según las cuales se había trasladado a los serbios a Albania para extraerles los órganos y venderlos. En noviembre se prestaron los últimos testimonios en el juicio contra 17 militares subalternos acusados de haber asesinado en 1991 a civiles y prisioneros de guerra croatas en una hacienda próxima a la localidad croata de Ovčara. El Tribunal Supremo había anulado en 2006 las condenas impuestas anteriormente a 14 de ellos. Siguió el juicio contra ocho ex agentes de policía acusados de haber asesinado en marzo de 1999 a 48 personas de etnia albanesa –en su mayoría miembros de una misma familia– en la localidad kosovar de Suva Reka/Suharekë. Desde el comienzo del proceso en octubre de 2006 habían declarado más de 100 testigos. Continuaron las actuaciones judiciales contra tres agentes de policía acusados de haber asesinado en julio de 1999 a los tres hermanos Bytiçi –ciudadanos estadounidenses de etnia albanesa– en Kosovo.
En la región de Sandžak, las disputas entre partidos políticos y grupos islamistas rivales siguieron provocando actos de violencia, como la quema de una mezquita próxima a la localidad de Novi Pazar. A lo largo del año continuó el juicio iniciado en enero contra 15 hombres de la región de Sandžak –al parecer, seguidores del movimiento religioso wahhabí– acusados en septiembre de 2007 de conspirar contra la seguridad y el orden constitucional de Serbia y de tenencia ilegal de armas y explosivos.
No se produjeron avances en las investigaciones sobre los malos tratos infligidos a reclusos de la prisión de Niš durante una protesta registrada en diciembre de 2006; uno de ellos había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas. Una ONG, el Comité Leskovac de Derechos Humanos, presentó dos demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con tres casos de tortura. Siguieron recibiéndose denuncias de malos tratos a reclusos de etnia albanesa. Continuaron recibiéndose informes sobre malos tratos perpetrados por la policía, en algunos casos contra periodistas y miembros de la comunidad romaní. En noviembre, en su análisis del informe presentado por Serbia con arreglo a las obligaciones contraídas en virtud de la Convención contra la Tortura, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades serbias a que adecuaran la definición de tortura contenida en el Código Penal a la formulada en la Convención y a que crearan un mecanismo independiente de supervisión.
En agosto, tras el fallecimiento de Ranko Panić como consecuencia de las heridas sufridas durante una manifestación celebrada el 29 de julio en Belgrado contra la detención de Radovan Karadžić, se apartó de sus cargos a seis agentes de policía por haber hecho uso excesivo de la fuerza. Las investigaciones no habían concluido todavía. Discriminación de la comunidad romaní Al asumir en junio la presidencia del Decenio de la Inclusión Romaní, Serbia anunció como prioridad legalizar los asentamientos romaníes e impedir la discriminación en el ámbito educativo, por ejemplo, introduciendo en julio el romaní como lengua optativa en las escuelas. Sin embargo, los romaníes seguían sin poder trabajar en la administración central y local y solían ser víctimas de desalojos o de otros actos discriminatorios en relación con su derecho a disponer de una vivienda adecuada. Vecinos romaníes de la calle belgradense de Bokeljska siguieron manifestándose en contra del derribo de sus viviendas, situadas en terrenos propiedad de la empresa Adok, que proyectaba construir en ellos un nuevo complejo residencial. Vecinos del barrio de Ovča, en la periferia de Belgrado, se manifestaron en contra de la reubicación en los nuevos apartamentos de familias romaníes del asentamiento de Gazela, situado bajo el puente de la autopista que conduce a la capital.
Destacados políticos y medios de comunicación amenazaron en febrero a Nataša Kandić, directora de la ONG Centro de Derecho Humanitario, por haber asistido a la ceremonia de declaración de independencia de la Asamblea de Kosovo. Durante octubre y noviembre, una campaña mediática desencadenada contra Sonja Biserko, directora del Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Serbia, dio origen a manifestaciones ante las oficinas de esta ONG. Según los informes, algunas personas se apostaron delante del domicilio de Sonja Biserko después de que sus datos personales aparecieran en Internet. Las campañas contra ambas mujeres se caracterizaron por los insultos misóginos.
Organizaciones no gubernamentales indicaron que solían retrasarse los trámites para facilitar medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y que aquéllas a menudo no se imponían en casos de violencia reiterada. Los fiscales no solían entablar acciones penales y, cuando lo hacían, los jueces no imponían las penas previstas en las leyes. Kosovo Rendición de cuentas de la comunidad internacional Los miembros de la UNMIK responsables de haber perpetrado en el pasado violaciones de derechos humanos en Kosovo seguían sin rendir cuentas de sus actos. En octubre, la Unión Europea acordó que los ciudadanos estadounidenses que participaran en la EULEX no serían responsables ante la Unión Europea de las violaciones de derechos humanos que pudieran cometer. Sesenta y dos casos seguían pendientes de resolución por el Grupo Consultivo de Derechos Humanos, creado en marzo de 2006 para reparar actos y omisiones de la UNMIK. En junio, el Grupo Consultivo admitió a trámite una denuncia presentada por familiares de Mon Balaj y Arben Xheladini, a los que policías rumanos de la UNMIK cuya identidad se desconocía habían matado durante una manifestación celebrada en febrero de 2007, pero el representante especial del secretario general de la ONU impugnó la decisión. En su primera resolución, adoptada en noviembre, el Grupo Consultivo dictaminó que la policía de la UNMIK no había investigado el asesinato de Remzije Canhasi, perpetrado en el año 2000. En noviembre, después de que en unas diligencias civiles iniciadas en 2004 se llegara a la conclusión de que efectivos británicos habían causado lesiones a Muhamed Biçi de manera deliberada e injustificada en 1999, el Ministerio de Defensa británico lo indemnizó con 2,4 millones de libras esterlinas. En noviembre, en sus observaciones finales sobre el informe presentado por la UNMIK acerca de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Kosovo, el comité de la ONU encargado de la vigilancia del cumplimiento del Pacto recomendó a la UNMIK que incluyera éste en la lista de normas internacionales aplicables en dicho territorio. La Asamblea de Kosovo siguió sin nombrar un defensor del pueblo a pesar de que el mandato del designado por la comunidad internacional había expirado en 2005. Juicios injustos En febrero, la UNMIK suspendió las acciones judiciales iniciadas contra Albin Kurti, presidente de la ONG Vetëvendosje! (Autodeterminación), acusado de organizar una manifestación en febrero de 2007 y de participar en ella. La UNMIK consideraba que la actuación de la fiscalía parecía estar politizada y que el juicio celebrado ante un grupo de seis magistrados internacionales demostraba la falta de independencia del poder judicial. Seis abogados se habían negado a defender a Albin Kurti y éste había intentado que le reconocieran el derecho a defenderse personalmente. Impunidad: crímenes de guerra Los fiscales y jueces internacionales que seguían en la UNMIK avanzaban con lentitud en la tramitación de los 1.560 casos de crímenes de guerra que según los cálculos quedaban por resolver. En agosto, la UNMIK señaló que se habían iniciado procedimientos judiciales en siete casos y que sólo uno de ellos no era un recurso o un nuevo juicio relacionado con una causa anterior. Según la UNMIK, los fiscales internacionales estaban investigando también 47 casos. Seguían siendo un motivo de preocupación las medidas de protección destinadas a los testigos. En octubre se acusó formalmente a Marko Simonović y a otras tres personas del asesinato en Pristina de cuatro personas de etnia albanesa en junio de 1999. En noviembre, el secretario general de la ONU indicó que el Departamento de Justicia de la UNMIK había establecido una serie de directrices para permitir acceder a los sumarios penales a los fiscales de la EULEX, que se habían quejado en repetidas ocasiones de que no estaban disponibles los expedientes relacionados con crímenes de guerra. Seguían impunes la mayoría de los casos de secuestro y desaparición forzada. Se iniciaron investigaciones sobre seis casos comunicados por Amnistía Internacional a la policía de la UNMIK. Continuaba sin conocerse el paradero de unas 1.918 personas, entre ellas albaneses, serbios y miembros de otras minorías. La Oficina de Personas Desaparecidas y Medicina Legal llevó a cabo 73 exhumaciones y recuperó los restos de 53 personas. Permanecían sin identificar 437 cadáveres exhumados.
A partir de marzo disminuyó la intensidad y frecuencia de la violencia interétnica, pero persistieron a pequeña escala los actos de intimidación y acoso contra minorías. En octubre se efectuaron disparos contra seis serbokosovares desplazados internamente que se encontraban visitando sus casas en Dvoran/ë, pueblo situado en el término municipal de Suva Reka/Suharekë; posteriormente se detuvo a un albanokosovar por este incidente. En noviembre, policías de la UNMIK golpearon a Ali Kadriu, desplazado interno de etnia albanesa, cuando intentaba regresar a Suvi Dol/Suhadol, en el norte de Mitrovica/ë, para reconstruir su casa; miembros de la comunidad serbia lo habían amenazado con anterioridad. Se incendiaron comercios de albaneses tras un ataque perpetrado el 29 de diciembre por personas de etnia albanesa contra una patrulla del Servicio de Policía de Kosovo integrado por efectivos pertenecientes a diversas etnias y el apuñalamiento, al día siguiente, de un muchacho serbio de 16 años. Siguieron impunes la mayoría de los actos de violencia interétnica registrados en el pasado. En julio, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) indicó que sólo se habían emprendido acciones judiciales en 400 de los 1.400 casos denunciados a la policía tras el brote de violencia étnica producido en marzo de 2004, en el que 19 personas habían resultado muertas y más de 900 heridas. Se aplazaron algunos juicios porque los testigos, incluidos agentes de policía, no comparecieron ante el tribunal o formularon declaraciones contradictorias. Las penas impuestas no estaban en consonancia con la gravedad de los delitos. En junio se declaró culpable a Florim Ejupi del atentado con explosivos perpetrado en febrero de 2001 contra un autobús de la línea Niš Express cerca de Podujevo/ë, en el que murieron 11 serbios y 22 resultaron gravemente heridos. Se lo condenó a 40 años de cárcel por asesinato, intento de asesinato, terrorismo, originar una situación de peligro generalizado, discriminación racial y de otro tipo y tenencia ilegal de material explosivo. No se registraron avances tras la detención en 2007 de un hombre de etnia albanesa sospechoso de haber participado en el asesinato de 14 serbios en Staro Gračko en julio de 1999; según los informes, se intimidó a algunos testigos.
Serbios y albaneses seguían sufriendo discriminación en las zonas donde eran minoría. La Ley de Lenguas se aplicaba de forma incoherente y no se hacía respetar la Ley contra la Discriminación promulgada en 2004. El gobierno elaboró un plan de acción basado en las medidas recomendadas en 2005 por el Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Se excluyó a los miembros de las minorías no serbias de las consultas efectuadas sobre la Constitución de Kosovo. Según los informes, aproximadamente un tercio de los romaníes, ashkalíes y egipcianos de Kosovo no estaban inscritos en el Registro Civil y tampoco como residentes habituales, lo que les impedía recuperar la posesión de sus viviendas. Muchos menores de edad, sobre todo niñas, no estaban matriculados o dejaban con frecuencia la escuela. Numerosas familias no podían costearse la asistencia médica. Alrededor de 700 romaníes seguían desplazados en campos situados en el norte del distrito de Mitrovica/ë, en algunos casos en lugares donde la contaminación por plomo perjudicaba gravemente su salud.
Al contrario de lo que se temía, los serbios y otras personas de etnia no albanesa no huyeron de Kosovo tras la declaración de independencia de este territorio, pero a lo largo del año se registraron pocos retornos. Alrededor de 445 personas desplazadas internamente regresaron a sus hogares, entre ellas 107 serbokosovares. Al finalizar el año, varios Estados miembros de la Unión Europea habían indicado que se devolvería a Kosovo a personas que se encontraban bajo protección temporal. La OSCE informó de que no había recursos disponibles para la reintegración de las personas repatriadas. En septiembre, por ejemplo, en el municipio de Klina/Kline no se disponía de medios para reconstruir la casa de una pareja romaní devuelta por Alemania. Muchas otras personas no estaban en condiciones de regresar a sus hogares como consecuencia del retraso acumulado en la tramitación de los 29.000 casos de reclamación de bienes –derivados de la guerra de 1999– y de las 11.000 resoluciones pendientes de aplicación en esta materia. Violencia contra mujeres y niñas En julio se adoptó un nuevo Plan de Acción para Combatir la Trata de Personas. Se estimaba que en noviembre había 98 bares o clubes envueltos en actividades de prostitución forzada, aunque según los informes los tratantes trasladaban a las mujeres a casas particulares o las ponían a trabajar en servicios de acompañantes para evitar que las descubrieran. El Servicio de Policía de Kosovo informó de que se había producido un aumento de las personas víctimas de trata dentro del territorio. Se procesaba a pocos responsables, pero seguía deteniéndose a mujeres objeto de trata por ejercer la prostitución. En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU puso de relieve el alto índice de violencia intrafamiliar en Kosovo, el reducido porcentaje de procesamientos y condenas y la falta de asistencia y protección adecuada a las víctimas.
Kosovo (Serbia): Debe reconducirse el fracaso de la misión de la ONU en el ámbito de la justicia (EUR 70/001/2008) Serbia: Submission to the UN Universal Periodic Review (EUR 70/006/2008)
Jefe del Estado y del gobierno: Ernest Bai Koroma Pena de muerte: retencionista Población: 6 millones Esperanza de vida: 41,8 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 290/264 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 34,8 por ciento
En febrero, el presidente presentó un Plan Estratégico sobre Salud Infantil y Reproductiva destinado a reducir las tasas de mortalidad infantil y materna en un 30 por ciento para 2010. Países donantes de ayuda comprometieron fondos para abordar la mortalidad materna durante los próximos 10 años. El primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Sierra Leona, publicado en julio, se ocupaba de una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, como la brutalidad policial y el uso de fuerza excesiva, así como numerosos casos de detención prolongada sin cargos. El informe se centraba especialmente en los derechos de las mujeres y de las niñas, destacando las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, así como la violencia sexual y de género, incluida la mutilación genital femenina. En julio se celebraron elecciones a los consejos locales. Las mujeres que se presentaron como candidatas fueron objeto de acoso y recibieron amenazas de violación y muerte por parte de miembros de la comunidad. En total, el 13 por ciento de los candidatos a ocupar un escaño en los consejos eran mujeres. A lo largo del año se registraron enfrentamientos violentos entre jóvenes partidarios del Partido Popular de Sierra Leona, del Movimiento Popular por el Cambio Democrático y del Congreso de Todo el Pueblo. En enero, cuatro personas murieron en esos enfrentamientos en Port Loko y 11 casas fueron incendiadas. En junio, julio y agosto se produjeron nuevos episodios de violencia política entre estos grupos. En julio se desplegó un contingente del ejército en el distrito de Kenema antes de las elecciones como medida precautoria. Se recibieron informes de disturbios en varios distritos, a consecuencia de los cuales se retiraron 71 candidatos de un total de 1.324. La Ley Anticorrupción de 2000 fue sustituida por una nueva Ley Anticorrupción de 2008. En febrero, el gobierno aprobó una nueva estrategia nacional contra la corrupción. Como parte de ella, la Comisión Anticorrupción estableció un departamento de investigación, inteligencia y enjuiciamiento. En noviembre, tres altos cargos públicos fueron acusados de varios delitos en virtud de la nueva Ley. En enero, el gobierno creó una Comisión de Revisión Constitucional. La Comisión planteó 136 enmiendas a la Constitución de 1991, en su mayoría no relacionadas con los derechos humanos, que debían ser aprobadas mediante referéndum. En octubre, la Oficina Integrada de la ONU para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL) sustituyó a la Oficina Integrada de la ONU en Sierra Leona (UNIOSIL). Los derechos humanos y las cuestiones de género seguirían siendo las prioridades de la oficina. En julio, el Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz aprobó la asignación de más de 17 millones de dólares estadounidenses para proyectos de reforma social en Sierra Leona. Tribunal Especial para Sierra Leona En enero se reanudó el juicio contra Charles Taylor en La Haya. Se enfrentaba a 11 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona, incluidos homicidios ilegítimos, violación y uso de niños y niñas soldados. Al terminar el año el fiscal había finalizado su alegato. Se presentaron los argumentos de la defensa en las causas contra Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao, miembros del Frente Revolucionario Unido. A finales de 2008 aún no se habían dictado las sentencias. En febrero, la Cámara de Apelaciones confirmó las sentencias dictadas originalmente en los casos de los miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas Alex Tamba Brima (50 años de prisión), Ibrahim Bazzy Kamara (45 años de prisión) y Santigie Borbor Kanu (45 años de prisión). La causa contra Moinina Fofana y Allieu Kondewa, miembros de las Fuerzas de Defensa Civil, concluyó en mayo. La Cámara de Apelaciones duplicó las condenas originales y los condenó a 15 y 20 años de cárcel, respectivamente.
A lo largo del año varios periodistas fueron objeto de hostigamiento y algunos fueron detenidos. En febrero, Jonathan Leigh, director ejecutivo del periódico The Independent Observer, fue detenido y acusado de difamar al ministro de Transportes y Aviación. Quedó en libertad bajo fianza y posteriormente se retractó de sus artículos. En marzo, Sylvia Blyden, del periódico The Awareness Times, fue detenida y acusada de «ridiculizar al presidente». Fue puesta en libertad el mismo día. En mayo, las autoridades amenazaron al periódico The New Vision con acciones judiciales si no se retractaba de algunos artículos considerados críticos con el gobierno. En octubre, Emmanuel Saffa Abdulai, director de la Sociedad de Iniciativas Democráticas, y John Baimba Sesay, jefe de información de la sociedad, recibieron amenazas de muerte telefónicas de carácter anónimo todos los días durante un mes. Habían publicado un informe sobre las condiciones en que la prensa realizaba su trabajo en Sierra Leona. Varios miembros del personal del periódico New Vision que publicaron un artículo sobre dicho informe en septiembre también recibieron amenazas de muerte. Justicia transicional A pesar de que en febrero el presidente se comprometió a implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, a lo largo del año no se produjeron avances significativos. No se adoptó ninguna medida para crear un comité de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. Se amplió el mandato de la Comisión Nacional para la Acción Social, encargada del programa de reparaciones. Se encomendó a este organismo supervisar el establecimiento de un Fondo Especial para Víctimas de Guerra. Asimismo, se reconstituyó el Grupo Especial sobre Reparaciones bajo la nueva denominación de Comité Conductor sobre Reparaciones, con una representante de una ONG entre sus miembros.
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