Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Siria continuaba acogiendo a alrededor de un millón de refugiados iraquíes. Se detuvo y se devolvió a Irak a algunos refugiados por no tener en regla los permisos de trabajo o residencia o ser sospechosos de trabajar con organizaciones internacionales. Siria acogía también a unos 500.000 refugiados palestinos, residentes desde hacía mucho tiempo en el país. Seguía habiendo decenas de miles de desplazados internos sirios por la persistencia de la ocupación israelí del Golán.

Los solicitantes de asilo ahwazíes (árabes iraníes) continuaban expuestos a ser devueltos a Irán.

 El 27 de septiembre, Masoumeh Kabi fue devuelta a Irán junto con sus cinco hijos, de entre 4 y 14 años. Quedaron detenidos nada más llegar allí.

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó Siria en febrero y marzo para examinar la situación de los refugiados iraquíes y reunir datos sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en Irak.

 Irak: Retórica y realidad. La crisis de la población refugiada iraquí (MDE 14/011/2008)

 Syria: Repressing dissent – pro-democracy activists on trial in Syria (MDE 24/024/2008)

Jefe del Estado del Gobierno Federal de Transición:

Jefe del gobierno del Gobierno Federal de Transición:

Jefe de la República de Somalilandia: Dahir Riyaale Kahin

Pena de muerte: retencionista

Población: 9 millones

Esperanza de vida: 47,1 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 196/186 por cada 1.000

La violencia insurgente contra el Gobierno Federal de Transición, radicado en Baidoa, y las fuerzas aliadas etíopes, iniciada en diciembre de 2006, se prolongó a lo largo de todo el año. Tanto los ataques de las fuerzas insurgentes como las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por el Gobierno Federal de Transición y las tropas etíopes acarrearon abusos masivos y generalizados contra los derechos humanos de la población civil. Entre los abusos figuraban detenciones arbitrarias, violaciones y otras formas de tortura, y ataques contra zonas civiles de un carácter posiblemente indiscriminado y desproporcionado. El Gobierno Federal de Transición no logró establecer estructuras de gobernanza, fue incapaz de proteger a la población civil de Mogadiscio y perdió el control de la mayor parte del centro y el sur del país, incluidas las ciudades de Kismayo y Beletweyne y las localidades portuarias de Merka y Barawa.

La Alianza para la Nueva Liberación de Somalia, creada en 2007 en Eritrea por ex dirigentes de la Unión de Tribunales Islámicos, ex miembros del Parlamento Federal de Transición y otros opositores del Gobierno Federal de Transición, se escindió en dos facciones: una de ellas se estableció en Yibuti y la otra permaneció en Eritrea. Ambas facciones insistían en que las tropas etíopes se retiraran de Somalia.

En un ataque aéreo efectuado en mayo en la localidad meridional de Dusamareb –el quinto, según los informes, realizado por Estados Unidos en Somalia desde principios de 2007– resultaron muertos Aden Hashi Ayro, dirigente de Al Shabab, y un número indeterminado de civiles, y se destruyeron bienes de carácter civil.

Después de la sustitución a finales de 2007 del primer ministro Mohamed Gedi por Nur Hassan Hussein y el nombramiento de un nuevo representante especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdullah, renació la esperanza de que, a pesar de la persistencia del conflicto armado, se registraran avances en lo tocante a la conclusión del conflicto y la consolidación de las estructuras de gobierno. En abril se iniciaron unas negociaciones entre el Gobierno Federal de Transición y la facción de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia establecida en Yibuti. En octubre, ambas partes firmaron un acuerdo formal que incluía planes para un alto el fuego, un reparto del poder y una retirada gradual de las tropas etíopes, la cual se inició en noviembre. En una reunión celebrada en octubre en Yibuti, representantes del Gobierno Federal de Transición y de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia pidieron también la creación de una comisión encargada de investigar los abusos contra los derechos humanos perpetrados en Somalia.

El presidente Abdullahi Yusuf dimitió en diciembre tras una serie de enfrentamientos públicos con el primer ministro y un intento frustrado de destituir a éste. Adan Mohamed Nuur Madobe, presidente del Parlamento, asumió el cargo de presidente interino.

Grupos armados de Puntlandia y de otras regiones de Somalia secuestraron más de 40 barcos cerca de la costa, entre ellos uno de nacionalidad ucraniana que transportaba armas pequeñas y 33 tanques blindados. Al finalizar el año, al menos 15 barcos y centenares de tripulantes seguían en poder de los piratas, que pedían cuantiosas sumas de dinero por su liberación. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea emprendieron acciones para aumentar la eficacia de las operaciones contra la piratería.

Al finalizar el año, los efectivos de la Misión de Apoyo a la Paz en Somalia de la Unión Africana (AMISOM), compuestos casi a partes iguales por soldados de Uganda y Burundi, ascendían a unos 3.200, cuando el número autorizado por la Unión Africana y la ONU era de 8.000. Nigeria, Ghana y Sudáfrica aún no habían proporcionado a AMISOM las tropas que habían prometido. Estas fuerzas siguieron careciendo de un mandato para proteger a la población civil y eran en gran medida ineficaces. Con ocasión del comienzo de la retirada de las tropas etíopes del territorio somalí, Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU renovaron sus llamamientos para que esta organización enviara por fin una misión de paz al país.

Según los informes, todos las partes implicadas en el conflicto de Somalia, varios países vecinos y otros agentes violaron el embargo de armas impuesto por la ONU.

Conflicto armado

Los combates librados por las fuerzas del Gobierno Federal de Transición y las tropas aliadas etíopes contra Al Shabab y otras milicias insurgentes siguieron cobrándose la vida de numerosos civiles, con más de 16.000 civiles muertos desde enero de 2007. Había más de 1,2 millones de somalíes desplazados internamente en el sur y en el centro del país y centenares de miles de refugiados en países vecinos como Kenia. Al perpetrar crímenes de guerra, como homicidios intencionales de civiles y posibles ataques discriminados y desproporcionados contra zonas civiles, todas las partes en el conflicto vulneraron el derecho internacional humanitario. El 19 de abril, tras irrumpir en la mezquita de Al Hidya, en Mogadiscio, fuerzas etíopes mataron a 21 personas y retuvieron durante algunos días a más de 40 menores de edad. En 2008, al tiempo que las tropas etíopes seguían perpetrando abusos contra civiles, se registró un aumento significativo de los ataques deliberados contra trabajadores de ayuda humanitaria y defensores locales de los derechos humanos por parte de Al Shabab y otras milicias.

Defensores de los derechos humanos, trabajadores de ayuda humanitaria y periodistas seguían corriendo peligro de sufrir ataques de todas las partes involucradas en el conflicto, en especial de las milicias armadas. Con frecuencia eran víctimas de amenazas, disparos, secuestros y homicidios. Sólo entre enero y septiembre de 2008 perdieron la vida más de 40 trabajadores de ayuda humanitaria y defensores locales de los derechos humanos. Los detractores de los grupos armados corrían un gran peligro, a pesar de los esfuerzos mediadores llevados a cabo por dirigentes religiosos y jefes de clanes locales.

A pesar de los enormes riesgos acarreados por el conflicto y la anarquía, grupos de la sociedad civil de sólida trayectoria siguieron trabajando en favor de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la democratización del país.

 El 14 de abril, dos profesores británicos, Daud Hassan Ali y Rehana Ahmed, y dos kenianos, Gilford Koech y Andrew Kibet, de la Escuela de Educación Comunitaria de Hiran, resultaron muertos durante un ataque perpetrado por milicias de Al Shabab en Beletweyne.

 El 22 de junio, unos hombres armados sin identificar mataron en Beletweyne a Mohamed Hassan Kulmiye, activista por la paz del Centro de Investigación y Desarrollo. La víctima murió tras recibir varios balazos en la cabeza.

 El 9 de julio, dos hombres mataron a tiros a Ali Jama Bihi, activista por la paz y mediador entre las milicias de los clanes Darod y Hawiye, cuando salía de una mezquita de Galkayo después de rezar sus plegarias matutinas.

Inseguridad: personal de ayuda humanitaria

Los trabajadores locales e internacionales de ayuda humanitaria sufrieron la peor oleada de violencia desde principios de la década de 1990, es decir, tras el derrocamiento del gobierno de Siad Barre. A menudo resultaba difícil identificar a los responsables, y las víctimas solían mostrarse poco dispuestas a denunciar los abusos por temor a represalias. Algunos organismos de ayuda humanitaria se mostraban remisos a la hora de denunciar las terribles condiciones en las que tenían que trabajar por temor a que no les permitieran el acceso a las personas desplazadas internamente ni a otros colectivos vulnerables necesitados de ayuda urgente.

 El 7 de enero, unos hombres sin identificar mataron a tiros a Isse Abdulkadir Haji, empleado de la Fundación ZamZam, en Yaaqshiid, un barrio de Mogadiscio.

 El 28 de enero murieron cerca de un hospital de Kismayo el cirujano Victor Okumu, el especialista en logística Damien Lehalle y el chófer de ambos, Abdi Ali Bidhaan, tras la detonación de una bomba colocada al borde de una carretera con el presunto fin de volar su automóvil, que ostentaba un logotipo de Médicos sin Fronteras.

 El 17 de mayo, unos hombres enmascarados mataron a Ahmed Moalim Bario, director de la ONG Horn Relief, cuando se disponía a entrar en su domicilio de Kismayo.

 El 2 de julio, unos hombres mataron a tiros a Sheij Ibrahim, presidente del Comité de Ayuda a los Huérfanos Somalíes, cuando volvía a su domicilio de Mogadiscio tras una visita al mercado de Bakara.

 El 6 de julio mataron a tiros a Osman Ali Ahmed, director del Programa de la ONU para el Desarrollo en Somalia, cuando salía de una mezquita de Mogadiscio después de rezar sus oraciones vespertinas. Un hermano suyo resultó herido también en el atentado.

 El 15 de agosto mataron en Dinsur, localidad del sur de Somalia, a Abdulkadir Diad Mohamed, empleado del Programa Mundial de Alimentos, y a su chófer.

 El 5 de noviembre, unos hombres armados sin identificar secuestraron a cuatro empleados de la ONG Action contre la Faim y a dos pilotos en Dusamareb, localidad del sur de Somalia.

 El 9 de noviembre, Mohamed Osman, funcionario de la ONG Mercy Corps, fue víctima de homicidio en Jamame, Bajo Juba.

En 2008, según los informes, se detuvo a menos periodistas y la duración de las detenciones fue menor, pero este hecho se debió al parecer a una combinación de varios factores, como una capacidad menor para practicar detenciones por parte de las autoridades del Gobierno Federal de Transición, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, y una autocensura mayor de los propios periodistas. Los informes indicaban también que algunos grupos islamistas habían intentado mejorar sus relaciones con la prensa, pero los periodistas que seguían ejerciendo su trabajo en Somalia continuaron sufriendo actos de intimidación, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias a manos de todas las partes implicadas en el conflicto y de bandas armadas. Unos 30 periodistas somalíes permanecieron detenidos entre 4 y 115 días, y a lo largo de 2008 los profesionales del sector fueron víctimas de 30 amenazas de muerte, dos homicidios y varios ataques con resultado de lesiones, sin que dispusieran de cauces para llevar a los responsables ante la justicia.

 El 10 de enero, en Puntlandia, unos hombres armados atacaron a Abdikheyr Mohamed Jama, presentador de radio Galkayo, y lo hirieron gravemente disparándole en la boca.

 El 7 de mayo mataron a tiros en Kismayo a Nasteh Dahir Farah, periodista de la BBC y dirigente del Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes.

Al finalizar 2008 había más de 1,2 millones de somalíes desplazados internamente, incluidos 870.000 desde el comienzo de 2007. Otros llevaban desplazados más tiempo, entre ellos, miembros de grupos minoritarios. Centenares de miles de personas desplazadas internamente siguieron huyendo de Mogadiscio por el corredor de Afgooye.

Además, al final de 2008, centenares de miles de somalíes habían intentado encontrar refugio (y en algunos casos asilo) en lugares como Kenia, Yibuti, Somalilandia y Yemen. A pesar de que la frontera con Kenia siguió oficialmente cerrada a los refugiados somalíes, el hacinamiento en los campos de Dabab, situados al otro lado de la línea fronteriza, alcanzó proporciones enormes.

La situación en Somalilandia de los somalíes desplazados del sur del país continuó siendo complicada, ya que, mientras que para los organismos internacionales eran desplazados internos, para el gobierno de Somalilandia eran refugiados. Ni los organismos internacionales ni el gobierno de Somalilandia estaban en condiciones de proporcionarles la ayuda requerida para cubrir sus necesidades básicas.

Los refugiados y migrantes somalíes que trataban de llegar a Yemen por vía marítima se enfrentaban a unas condiciones muy peligrosas, y a menudo se recibieron informes según los cuales traficantes de seres humanos habían arrojado a personas al mar para escapar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley yemeníes. Centenares de somalíes y etíopes murieron en el golfo de Adén al tratar de huir de Somalia a través de Puntlandia.

Sistema de justicia y Estado de derecho

A escala nacional, Somalia no tenía estructuras de gobierno efectivas ni un sistema de justicia operativo. El plan emprendido por el Programa de la ONU para el Desarrollo con objeto de poner en pie un Estado de derecho no estaba en condiciones de facilitar el apoyo necesario para establecer de manera efectiva centros de detención, tribunales y medios encaminados a aumentar la capacidad policial. No mejoraron de forma sensible las condiciones en materia de derechos humanos como resultado del plan, ni tampoco se ejerció la supervisión suficiente.

Las autoridades de Somalilandia y Puntlandia detuvieron a varias personas en relación con los atentados suicidas con explosivos ocurridos en octubre. En Somalilandia se detuvo a un activista de derechos humanos del sur de Somalia que se encontraba de visita y un destacado periodista local, pero ambos quedaron en libertad al cabo de pocos días.

Pena de muerte y ejecuciones extrajudiciales

Según los informes, las autoproclamadas autoridades locales de Kismayo ejecutaron a varias personas condenadas a muerte, por ejemplo el 22 de abril, cuando fusilaron a un hombre acusado de asesinato. Las autoridades de las facciones de Al Shabab mataron de forma ilegítima a varios hombres acusados también de asesinato.

El 26 de noviembre, en Baidoa, dos hombres fueron ejecutados sin juicio previo y un tercero murió bajo custodia policial tras un atentado con granadas en el que perdieron la vida 10 personas, entre ellas un oficial de las fuerzas armadas del Gobierno Federal de Transición.

 El 27 de octubre, en Kismayo, unos 50 hombres lapidaron públicamente a Aisha Ibrahim Duholow, de 13 años, hasta causarle la muerte. Un tribunal islámico la había declarado culpable de «adulterio» después de que la niña –a quien no se facilitó durante el juicio asistencia letrada– denunciara ante las autoridades locales que tres hombres la habían violado. Ninguno de ellos fue procesado.

Las autoridades de Puntlandia anunciaron que castigarían con la pena de muerte los actos de piratería en la zona, pero según los informes no se llevó a cabo ninguna ejecución.

Somalilandia

La República de Somalilandia, que se independizó de Somalia en 1991, siguió tratando de conseguir el reconocimiento internacional. Funcionarios del gobierno amenazaron con expulsar a alrededor de 24 periodistas que a finales de 2007 se habían refugiado en Hargeisa tras huir de Mogadiscio, pero la amenaza no se cumplió finalmente. Se calculaba que Somalilandia albergaba a decenas de miles de somalíes desplazados que huían de la violencia imperante en el sur y el centro de Somalia.

La paz y seguridad relativas reinantes en Somalilandia se vieron alteradas en octubre como consecuencia de unos atentados suicidas perpetrados en Hargeisa contra instalaciones de la ONU, la residencia del presidente y la misión comercial etíope. En los atentados murieron más de 20 personas y más de 30 resultaron heridas.

Estaba previsto que se celebraran elecciones generales en 2008, pero se aplazaron hasta marzo de 2009, es decir, hasta antes de las elecciones locales.

El gobierno de Somalilandia mantenía comités de seguridad regionales y nacionales que, según los informes, llevaban a cabo detenciones y reclusiones ilegales. Los defensores de los derechos humanos siguieron denunciando casos en los que las autoridades obstaculizaban las actividades de la sociedad civil vulnerando la libertad de expresión y reunión.

Continuaron las tensiones en torno a las zonas fronterizas reclamadas como propias por la región somalí semiautónoma de Puntlandia. Millares de civiles procedentes de Las Anod, localidad reivindicada por las dos partes, siguieron desplazados como consecuencia de los intensos combates que se registraron a finales de 2007 entre fuerzas de Somalilandia y Puntlandia y que concluyeron con el control de la zona por Somalilandia.

 Somalia: Journalists under attack (AFR 52/001/2008)

 Somalia: Los grupos armados deben dejar de amenazar y atacar a personal humanitario (AFR 52/009/2008)

 Inseguridad mortal. Ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en Somalia (AFR 52/016/2008)

 Somalia (Somalilandia/Puntlandia): Amnistía Internacional condena los atentados con explosivos de Hargeisa y Bossaso (AFR 52/018/2008)

 Somalia: Una oportunidad para que la comunidad internacional garantice rendición de cuentas y justicia (AFR 52/019/2008)

 Somalia/Etiopía: Libertad para los menores detenidos en el asalto contra la mezquita de Al Hidya (23 de abril de 2008)

 Somalia: La niña lapidada tenía 13 años (31 de octubre de 2008)

Jefe del Estado y del gobierno: Mahinda Rajapaksa

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 19,4 millones

Esperanza de vida: 71,6 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 14/12 por cada 1.000

En enero, el gobierno se retiró oficialmente del acuerdo de alto el fuego firmado con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en 2002 y la Misión de Vigilancia de Sri Lanka salió del país. Apenas había información independiente sobre la situación en las zonas de conflicto, ya que estaba restringido el acceso de los medios de comunicación, la ONU y los organismos de ayuda humanitaria.

En mayo, Sri Lanka no fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Conflicto armado

En julio, el conflicto se trasladó a la región nororiental de Wanni, provocando el desplazamiento de más de 300.000 personas, en su mayoría tamiles, entre las que había 30.000 niños. Estas personas quedaron atrapadas entre el avance de las fuerzas de seguridad srilankesas y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, que limitaban sus posibilidades de salir de la zona y las utilizaban como reserva forzosa de reclutas y mano de obra.

El 9 de septiembre, el gobierno ordenó que la ONU y las ONG abandonasen la región de Wanni. Sin embargo, a partir del 29 de ese mes permitió que algunos miembros del personal internacional de la ONU acompañasen a las caravanas con alimentos que se dirigían a la región de Wanni, aunque el acceso de ayuda humanitaria continuó siendo sumamente limitado. A causa de esas restricciones, la población desplazada sufrió enormes privaciones, como falta de refugios y acceso limitado a alimentos y atención médica. Decenas de miles de familias se vieron obligadas a vivir al raso durante la estación lluviosa de noviembre.

El gobierno también mantuvo cerrada la carretera A9, única ruta terrestre a la península de Jaffna. El cierre limitó gravemente el acceso a la ayuda humanitaria por parte de la población civil de Jaffna.

El gobierno recurrió cada vez más a grupos armados aliados para llevar a cabo su estrategia de contrainsurgencia. En junio, durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó preocupación por el hecho de que el gobierno dependía en gran medida de grupos paramilitares para mantener el control en el este, y en menor grado en Jaffna, e hizo constar que había indicios de que estos grupos eran responsables de ejecuciones extrajudiciales.

El grupo Tamil Makkal Vidulthalai Pulikal, que actuaba en las provincias orientales, continuó llevando a cabo homicidios ilegítimos, toma de rehenes para pedir rescate, reclutamiento de niños y niñas y desapariciones forzadas.

Según informes, el Partido Democrático Popular de Eelam, que actuaba en la península de Jaffna, y la Organización Popular de Liberación de Eelam Tamil, que actuaba en el distrito de Vavuniya, fueron responsables de homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas.