Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil incrementaron sus ataques selectivos contra civiles. Según el Comité internacional de la Cruz Roja, 180 civiles murieron y casi 270 resultaron heridos durante las primeras seis semanas de 2008 en una serie de ataques contra personas, estaciones de ferrocarril y autobuses civiles en Colombo, Dambulla, Kebhitigollewa, Madhu, Okkampitiya, Welli Oya y Anuradhapura.

Los Tigres de Liberación impusieron un riguroso sistema de tránsito que impidió a miles de familias de la región de Wanni trasladarse a zonas más seguras. También intentaron garantizar que las familias regresasen a las zonas controladas por ellos obligando a algunos de sus miembros a quedarse atrás.

Además, castigaban a quienes se resistían al reclutamiento forzoso en sus filas recluyéndolos en centros de detención. En las zonas de la región de Wanni controladas por los Tigres de Liberación aumentó el reclutamiento de niños y niñas.

Las desapariciones forzadas seguían formando parte de una constante de abusos que al parecer estaba ligada a la estrategia gubernamental de contrainsurgencia. Se recibieron informes de desapariciones forzadas en el norte y el este, así como en zonas del país en donde no se habían producido anteriormente, como Colombo y el sur. Muchas de ellas se produjeron en el interior de zonas de alta seguridad y durante las horas del toque de queda.

 Sebastian Goodfellow, conductor de la organización de ayuda Consejo Noruego para los Refugiados, fue visto por última vez el 15 de mayo de 2008. Se sospechaba que había sido secuestrado por un grupo armado que actuaba con el apoyo tácito de las fuerzas de seguridad del gobierno.

En junio y diciembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó preocupación ante la elevada cifra de casos recientes de desapariciones forzadas.

Aplicando la normativa de excepción, las fuerzas de seguridad de Colombo detuvieron a un número cada vez mayor de tamiles en operaciones de acordonamiento y registro. Había más de 1.000 tamiles detenidos sin cargos; algunos llevaban varios años recluidos. En septiembre, la policía ordenó que se registrasen ante las autoridades a todos los tamiles llegados del norte y el este en los últimos cinco años. Los tamiles que poseían documentos de identidad del norte y el este tenían más probabilidades de ser detenidos.

Las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía se estancaron y las causas judiciales no prosperaron, al negarse los testigos a comparecer por temor a las represalias.

En abril, el Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes, encargado de supervisar el trabajo de la última Comisión Presidencial de Investigación sobre 16 casos de graves violaciones de derechos humanos, puso fin a su misión afirmando que la Comisión no había podido investigar los casos de forma efectiva e independiente conforme a las normas internacionales. La Comisión Presidencial de Investigación destacó el hecho de que no existiera un sistema de protección de testigos en funcionamiento.

En julio, durante su examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Sri Lanka rechazó la recomendación, formulada por al menos 10 países, de crear un mecanismo independiente de vigilancia de los derechos humanos, en colaboración con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a pesar del carácter disfuncional del sistema nacional de justicia penal.

 El 7 de octubre, Vinayagamoorthi Muralitharan, también conocido como Karuna, prestó juramento en el Parlamento. Como jefe militar del Tamil Makkal Vidulthalai Pulikal, y anteriormente de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, Karuna era sospechoso de la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra, como secuestro de centenares de adolescentes para utilizarlos como soldados, y de toma de rehenes, tortura y homicidio de cientos de civiles. Estas denuncias no fueron objeto de una investigación oficial.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

El colectivo de periodistas fue víctima de ataques físicos, secuestros, intimidación, hostigamiento y muerte por disparos por parte de miembros de grupos armados y personal del gobierno. Los periodistas y el personal de medios de comunicación en el norte y el este corrieron un especial peligro. Nueve periodistas y trabajadores de los medios de comunicación habían muerto en Jaffna desde 2006.

 El 23 de mayo, Keith Noyar, director de Nation, fue secuestrado en su casa de Colombo, a la que regresó al día siguiente tras haber recibido una paliza. No habló públicamente sobre lo que ocurrió durante el secuestro.

 El 28 de mayo, el periodista Paranirupasingam Devakumar, de 36 años, procedente de Vaddukoddai, Jaffna, murió en Navanthurei a hachazos a manos de unos atacantes no identificados cuando regresaba a su casa desde la ciudad de Jaffna. Paranirupasingam Devakumar había informado sobre abusos cometidos por el Partido Democrático Popular de Eelam; era el último corresponsal televisivo que enviaba noticias desde Jaffna.

 El periodista y preso de conciencia Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam llevaba detenido en Colombo desde el 7 de marzo, al parecer, a causa de unos artículos periodísticos que había escrito sobre la situación de los derechos humanos en la Provincia Oriental. Aunque en un primer momento no se le acusó de ningún delito, en agosto fue imputado formalmente ante el Tribunal Superior de Colombo, en aplicación de legislación antiterrorista, por incitación al odio racial. En diciembre, el Tribunal Supremo falló que la presunta confesión obtenida mientras estaba detenido en el Departamento de Investigación Terrorista había sido voluntaria y era admisible como prueba en su juicio, a pesar de que Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam afirmaba que había confesado tras sufrir tortura y otros malos tratos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban siendo objeto de ataques y amenazas. Grupos nacionales de derechos humanos denunciaron un aumento de las amenazas contra su personal, especialmente contra quienes trabajaban en el norte y el este.

 El 27 de septiembre, el abogado de derechos humanos J.C. Weliamuna y su familia sobrevivieron a un ataque con granadas contra su casa en Colombo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 El gobierno no concedió autorización oficial para que una delegación de Amnistía Internacional visitara el país.

 Sri Lanka: Silenciar la disidencia (ASA 37/001/2008)

 Sri Lanka: Submission to the UN Universal Periodic Review - Second session of the UPR Working Group, 5-16 May 2008 (ASA 37/003/2008)

 Sri Lanka: Más información sobre detención arbitraria: Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam (ASA 37/019/2008)

 Sri Lanka: Los Tigres de Liberación y el gobierno ponen en peligro la vida de miles de desplazados en Wanni (14 de agosto de 2008)

 Sri Lanka: La presencia de Karuna en el Parlamento, una parodia de la justicia (7 de octubre de 2008)

 El gobierno de Sri Lanka debe actuar ya para proteger a 300.000 personas desplazadas (19 de noviembre de 2008)

Jefe del Estado: rey Mswati III

Jefe del gobierno: Barnabas Sibusiso Dlamini

(sustituyó a Absalom Themba Dlamini en octubre)

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 1,1 millones

Esperanza de vida: 40,9

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 121/103 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 79,6 por ciento

El rey refrendó con su firma en agosto la Ley de Represión del Terrorismo, después de un proceso parlamentario en el que se produjeron escasas aportaciones públicas. La definición amplia de «acto terrorista» en la Ley de Represión del Terrorismo incumplía los requisitos de la legalidad. Los delitos introducidos en virtud de la Ley restringían excesivamente una amplia gama de derechos humanos, entre ellos la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad de expresión; la libertad de asociación; y la libertad de reunión. La Ley de Represión del Terrorismo limitaba el papel de los tribunales y autorizaba la detención en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio durante periodos de hasta siete días.

El 19 de septiembre se celebraron elecciones parlamentarias nacionales, basadas en el sistema tradicional tinkhundla. Observadores electorales expresaron preocupación por la credibilidad del proceso; se negó a partidos políticos el reconocimiento formal y el derecho a participar en las elecciones. Estaba pendiente la sentencia en una demanda presentada por la Coalición de Organizaciones Cívicas Preocupadas contra su exclusión de los programas de educación del electorado. Antes de las elecciones tuvieron lugar varias manifestaciones de protesta en gran escala, encabezadas por el movimiento sindical. Después de los comicios, el rey designó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Barnabas Sibusiso Dlamini.

Juicios injustos

El 20 de septiembre, Musa Dlamini y el ciudadano sudafricano Jack Govender murieron mientras colocaban una bomba cerca de una de las residencias del rey. Un tercer hombre, Amos Mbedzi, también de nacionalidad sudafricana, resultó herido y fue detenido. Amos Mbedzi fue presuntamente torturado y después hizo una declaración ante un magistrado mientras aún estaba bajo custodia policial y sin acceso a un abogado. El 24 de septiembre lo acusaron formalmente en virtud de la Ley de Sedición y Actividades Subversivas y de otros dos delitos, y se decretó su ingreso en la prisión de máxima seguridad de Matsapha. Las comparecencias preliminares posteriores se realizaron en la prisión y no ante un tribunal en audiencia pública. Sin embargo, tras ser encarcelado se le permitió el acceso a autoridades consulares, abogados y familiares.

El 15 de noviembre, el presidente del opositor Movimiento Democrático Popular Unido (PUDEMO), Mario Masuku, fue detenido, recluido y acusado formalmente en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo en relación con un discurso que presuntamente había pronunciado en el funeral de Musa Dlamini. La disposición en que se basaban los cargos violaba el principio de legalidad. En diciembre, la acusación agregó un cargo de sedición alternativo. Al terminar el año su juicio no había comenzado.

Al terminar el año no se había juzgado todavía a 16 personas acusadas formalmente en 2006 de traición, y el gobierno no había publicado las conclusiones de una comisión de investigación sobre las denuncias de que los 16 hombres habían sido torturados mientras estaban bajo custodia preventiva.

El 14 de noviembre, el primer ministro declaró que cuatro organizaciones eran «entidades terroristas» en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo: PUDEMO; el Congreso de la Juventud de Suazilandia (SWAYOCO); la Red de Solidaridad con Suazilandia (SNN), radicada en Sudáfrica; y el Ejército de Liberación Popular de Suazilandia (Umbane). La Ley de Represión del Terrorismo limitaba el papel de los tribunales en la revisión de las órdenes de proscripción.

En las semanas siguientes, las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores de los medios de comunicación fueron objeto de vigilancia, hostigamiento y obstruccionismo.

La policía, en aplicación de las facultades que le confería la Ley de Represión del Terrorismo, sometió a interrogatorios prolongados a otros miembros de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Quedaron en libertad sin cargos pero se les advirtió de que serían objeto de nuevos interrogatorios y de posibles cargos.

Policías y otros funcionarios de seguridad siguieron usando fuerza excesiva contra presuntos delincuentes y manifestantes desarmados, entre ellos sindicalistas, miembros del sindicato policial no reconocido, trabajadoras en huelga del sector textil y organizaciones políticas.

Se recibieron persistentes informes de que presuntos delincuentes eran torturados, sobre todo en ciertas comisarías de policía. Las investigaciones no culminaron en el enjuiciamiento de los responsables de estos hechos.

 El 8 de agosto, Musa Gamedze recibió un disparo en la espalda con un arma de alta velocidad disparada por un guarda de la reserva de caza de Mkhaya, propiedad de Big Game Parks, cerca de su domicilio en eSitjeni. Una investigación policial sobre su muerte no se tradujo en acciones contra el presunto responsable. La Ley de Caza permitía que los guardas usaran «fuerza razonable» para detener a presuntos cazadores furtivos, y los guardas de caza gozaban de inmunidad de procesamiento por acciones realizadas en virtud de la Ley. Organizaciones de la sociedad civil exigieron el fin de la impunidad de los guardas de caza y la adopción de medidas para abordar las desigualdades y la pobreza que obligaban a la población rural a practicar la caza furtiva para sobrevivir.

La prevalencia del VIH seguía siendo alta, especialmente entre las mujeres. El Consejo Nacional de Respuesta de Emergencia sobre el VIH/sida señaló que el 34,6 por ciento de las mujeres jóvenes que asistían a clínicas antenatales eran portadoras del VIH. El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaban que la prevalencia entre varones de edades comprendidas entre 15 y 24 años era del 5,9 por ciento, y del 22,6 por ciento entre las mujeres.

Sólo el 40 por ciento, aproximadamente, de las personas que necesitaban terapia antirretroviral para salvar su vida recibían realmente el tratamiento. Sin embargo, ONUSIDA y OMS informaron de que el número de mujeres embarazadas que vivían con el VIH que recibían terapia antirretroviral para prevenir la transmisión maternoinfantil había pasado de menos de 600 en 2004 a 8.772, unas tres quintas partes de las que necesitaban el tratamiento.

Más del 40 por ciento de la población de Suazilandia necesitaba ayuda alimentaria, y aproximadamente el 69 por ciento de las personas vivían con menos de un dólar al día. La pobreza y la falta de alimentos seguían obstaculizando la capacidad de las personas que vivían con el VIH y el sida para acceder a servicios de salud y seguir el tratamiento.

En enero, la jefa de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Abusos a Menores de la policía afirmó que el departamento había investigado más de 700 casos de violación de niños y niñas y más de 460 casos de violación de mujeres en los dos años anteriores. En abril, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) publicó un estudio sobre la violencia contra niñas y mujeres jóvenes que reveló que una de cada tres mujeres entrevistadas habían sufrido abusos sexuales durante su infancia y una de cada cuatro habían experimentado violencia física. La víctima conocía al autor de los hechos en el 75 por ciento de los casos. Menos de la mitad de los incidentes fueron denunciados a las autoridades.

El gobierno no completó la reforma de las leyes sobre el matrimonio y la propiedad. El Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, pendiente desde 2006, no había sido aprobado todavía al terminar el año. La policía se quejó de que la demora en la aprobación de la legislación impedía que los tribunales utilizasen instalaciones especiales para escuchar las declaraciones de testigos vulnerables en casos de violencia sexual.

Pena de muerte

En diciembre, Suazilandia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se habían llevado a cabo ejecuciones desde 1983. En 2008 no se impuso ninguna pena de muerte.

Dos personas continuaban condenadas a muerte.

Jefe del Estado y del gobierno: Kgalema Motlanthe

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 48,8 millones

Esperanza de vida: 50,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 71/60 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 82,4 por ciento

En septiembre, el Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC) retiró su apoyo a Thabo Mbeki, lo que provocó la dimisión de éste como presidente. Tras una votación en el Parlamento, el vicepresidente del ANC, Kgalema Motlanthe, asumió la presidencia y nombró un nuevo gobierno.

En septiembre también, el Tribunal Superior de Pietermaritzburg había invalidado la decisión de formular nuevos cargos de corrupción contra el presidente del ANC, Jacob Zuma, adoptada por la Fiscalía General a finales de 2007. El Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto, pero dictaminó que en la tramitación de la causa se habían registrado reiteradas «injerencias, presiones e influencias políticas». El Tribunal Supremo de Apelaciones examinó en noviembre un recurso contra la resolución del Tribunal Superior, pero al finalizar el año no había dictado todavía la correspondiente sentencia.

Todos estos acontecimientos provocaron una profunda escisión en el seno del ANC y la formación de un nuevo partido político, el Congreso del Pueblo, con vistas a las elecciones generales fijadas para 2009. Según los informes, se registraron incidentes violentos, actos de intimidación y amenazas entre miembros del Congreso Nacional Africano y del Congreso del Pueblo en el curso de mítines públicos y durante las elecciones parciales de ámbito local celebradas en diciembre.

En noviembre, el presidente Motlanthe recibió el informe de una comisión de investigación nombrada por el ex presidente Mbeki con el fin de examinar si el director nacional de la Fiscalía General, Vusi Pikoli, era idóneo para ocupar el cargo. En 2007, el ex presidente Mbeki había suspendido de su cargo a Vusi Pikoli después de que éste hubiera obtenido una orden de detención contra el director nacional de la policía por cargos de corrupción. Aunque en el informe de la comisión se llegaba a la conclusión de que los motivos de la suspensión no tenían ningún fundamento y que Vusi Pikoli debía ser restituido en su cargo, en diciembre el presidente Motlanthe decidió destituirlo y remitió la decisión al Parlamento para que la corroborara de forma definitiva.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En mayo, más de 60 personas perdieron la vida y más de 600 resultaron heridas en una serie de ataques violentos perpetrados por la presunta nacionalidad, etnia o condición de migrantes de las víctimas. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y comunidades, sobre todo en zonas de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y sus alrededores.

Las correspondientes investigaciones preliminares pusieron de manifiesto varios factores coadyuvantes, como los sentimientos xenófobos, la competencia en el acceso a empleo, vivienda o servicios sociales y el impacto de la corrupción. Las investigaciones oficiales no lograron esclarecer el papel desempeñado por la delincuencia o elementos organizados de motivación política en el desencadenamiento de la violencia ni evaluar plenamente la intervención de la policía y su capacidad de respuesta. En diciembre, la Asociación de Refugiados y Migrantes Residentes en Sudáfrica hizo un llamamiento a la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica para que realizara una investigación de los actos de violencia registrados en mayo y expresó su preocupación por que el gobierno no hubiera llevado ante la justicia a los responsables.

Autoridades del gobierno, con la colaboración de organismos humanitarios y organizaciones de la sociedad civil, establecieron «asentamientos seguros» para las personas desplazadas internamente. A partir de julio, sin embargo, la actuación de las autoridades comportó de forma creciente la adopción de medidas que vulneraban las obligaciones con los desplazados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se obstaculizó en ocasiones el acceso a los asentamientos a organizaciones de ayuda humanitaria, jurídica o de otro tipo; en los asentamientos se pusieron en marcha procedimientos acelerados de asilo sin las suficientes garantías procedimentales, lo que acarreó que se rechazara más del 95 por ciento de las solicitudes; y se recurrió a cargos penales, detenciones ilegales y amenazas de expulsión contra personas que se habían negado a seguir los procedimientos administrativos. En ocasiones se infringió la prohibición de las devoluciones y se negó el acceso a abogados a personas desplazadas a las que se había trasladado al centro de deportación de Lindela.

En los asentamientos se redujeron algunos servicios esenciales cuando en gran medida no existían todavía las condiciones necesarias para un retorno seguro y sostenible de los desplazados a sus comunidades de origen. Al mismo tiempo, no era posible repatriar a las personas que huían de zonas de conflicto ni existían programas de reasentamiento para ellas. Las iniciativas de reintegración tuvieron éxito en algunas zonas, pero siguieron perpetrándose de forma esporádica robos, agresiones, violaciones y asesinatos contra personas desplazadas que se beneficiaban de los fondos de asistencia humanitaria destinados a la reintegración.

La crisis política y humanitaria de Zimbabue provocó la huida de miles de personas a Sudáfrica. Sólo entre julio y septiembre se presentaron más de 46.000 solicitudes de asilo. A finales de año, el Ministerio del Interior reconoció que la utilización del sistema de asilo para rechazar y expulsar a personas que habían emigrado por motivos económicos no era una manera adecuada de abordar la crisis.