Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Continuaron los ataques de motivación racial contra personas y organizaciones que trabajaban en favor de los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas de Bolivia. El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó su preocupación sobre la persistencia del racismo en el país. Señaló que las declaraciones racistas –formuladas por algunos partidos políticos, funcionarios de gobiernos regionales y grupos de presión como los comités cívicos, y difundidas por algunos medios de comunicación– estaban afectando a los pueblos indígenas en todas las capas de la sociedad. Tras visitar el país en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el elevado número de familias indígenas guaraníes de la región del Chaco que –en palabras de la propia Comisión– vivían sometidas a un estado de servidumbre análogo a la esclavitud. En febrero y abril, más de 40 personas resultaron heridas al atacar terratenientes y grupos de hombres armados a miembros de la comunidad guaraní de Santa Cruz cuando se estaba procediendo a definir con claridad los títulos de propiedad de las tierras tradicionales de esta comunidad.

 En mayo, un grupo de activistas de la oposición forzaron a simpatizantes indígenas y campesinos del presidente Morales a dirigirse a la plaza mayor de Sucre, en donde los golpearon, les arrancaron las camisas y los obligaron a quemar sus vestimentas y enseñas tradicionales y a corear consignas contra el presidente.

 En septiembre se perpetraron en varias ciudades, sobre todo en Santa Cruz, ataques contra las oficinas de varias ONG que trabajaban en favor de las comunidades indígenas y campesinas. Se destruyeron documentos y material de oficina.

Diecinueve personas, en su mayoría campesinos, fueron abatidas a tiros y otras 53 resultaron heridas durante la escalada de la violencia registrada en septiembre en el departamento de Pando. Los actos de violencia se produjeron en el contexto de la movilización de los grupos campesinos con ocasión del 11 de septiembre. Según los informes, los campesinos retuvieron también de forma temporal a miembros de la prefectura y de los comités cívicos.

En noviembre se hicieron públicos los resultados de las minuciosas investigaciones sobre los homicidios llevadas a cabo por UNASUR y la Defensoría del Pueblo. Según dichas investigaciones, los comités cívicos y la prefectura –en manos de la oposición– habían participado de manera directa en los homicidios al proporcionar vehículos y equipos para bloquear el paso a los campesinos y traer refuerzos. En las investigaciones se ponía de relieve también la falta de intervención de la policía para proteger a los campesinos. La Defensoría del Pueblo y UNASUR llegaron a la conclusión de que los homicidios constituían crímenes de lesa humanidad.

Leopoldo Fernández, prefecto del departamento de Pando, fue detenido el 16 de septiembre por orden del ministro de Gobierno y del ministro de Defensa Nacional. Permanecía bajo custodia al finalizar el año. Suscitaban preocupación los cargos formulados contra él y el hecho de que no se hubiera acusado a nadie más en relación con los homicidios.

Según la Asociación Nacional de la Prensa, entre enero y octubre se registraron 96 casos de agresiones físicas y verbales contra la prensa. En septiembre, grupos de estudiantes universitarios y jóvenes opuestos al gobierno atacaron varios medios de comunicación progubernamentales. Se destruyeron equipos, y varios medios de comunicación suspendieron sus programas debido al temor por su seguridad.

 En febrero murió el periodista Carlos Quispe Quispe, de Radio Municipal Pucarani, La Paz, después de que opositores del alcalde progubernamental de la ciudad le dieran una paliza.

 En octubre, unos 200 miembros del progubernamental Comité Cívico Popular y de un grupo aimara radical, los «Ponchos Rojos», agredieron a unos periodistas delante de la prisión de San Pedro, en La Paz, donde se encontraba recluido el ex prefecto Leopoldo Fernández por los homicidios perpetrados en septiembre en el departamento de Pando. Según algunos testigos, la policía no intervino para proteger a los periodistas.

En octubre se solicitó al gobierno estadounidense la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos ex ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Se acusaba a los tres de participar en actos de genocidio en relación con el homicidio de 67 personas durante unas manifestaciones celebradas en 2003 en El Alto. En Bolivia se notificaron en noviembre a varios ex ministros y oficiales de las fuerzas armadas cargos relacionados con estos homicidios. Sin embargo, suscitaba preocupación el retraso en el comienzo de las vistas orales. También en noviembre se promulgaron leyes en las que se reconocía la responsabilidad del Estado y se preveían indemnizaciones tanto para las personas heridas en los enfrentamientos como para los familiares de los muertos.

 Bolivia: Respetar los derechos humanos, fundamental para detener la escalada de violencia (AMR 18/002/2008)

Jefe del Estado: presidencia de carácter rotativo:

Jefe del gobierno: Nikola Špirić

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 3,9 millones

Esperanza de vida: 74,5 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 15/13 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 96,7 por ciento
Aumentó el uso de la retórica nacionalista en Bosnia y Herzegovina, y el país continuó profundamente dividido en función de la pertenencia étnica. Pese a algunos progresos, continuó la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1992-1995. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero fue objeto de ataques, y las medidas adoptadas por las autoridades para responder a ellos siguieron siendo inadecuadas.

Información general

Los partidos nacionalistas que representaban a las tres naciones constitutivas –musulmanes bosnios (bosniacos), croatas y serbios– seguían sin llegar a un acuerdo político sobre la división administrativa del Estado. Las elecciones municipales que se celebraron en octubre colocaron de nuevo en el poder a los partidos nacionalistas.

La comunidad internacional continuó ejerciendo una considerable influencia sobre la vida política en Bosnia y Herzegovina. En junio se amplió el mandato de la Oficina del Alto Representante por un periodo indefinido. Esta oficina se creó en 1995 como la principal agencia de aplicación de los acuerdos de paz, y recibió el encargo del Consejo de Aplicación de la Paz de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Dayton. El Alto Representante también actuaba como representante especial de la Unión Europea (UE). La fuerza para el mantenimiento de la paz dirigida por la Unión Europea, la EUFOR, con unos 2.200 efectivos, seguía estacionada en el país. La UE también mantuvo su misión de policía en Bosnia y Herzegovina.

En abril, después de varios intentos infructuosos, se introdujo una legislación para la reforma de la policía, una de las condiciones para que Bosnia y Herzegovina pudiera avanzar hacia la integración en la Unión Europea. Gracias a ello, en junio se rubricó el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia continuó juzgando a destacados políticos y altos mandos del ejército inculpados por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de 1992-1995.

 En abril, la Sala de Apelaciones del Tribunal redujo las condenas de Enver Hadžihasanović y Amir Kubura a tres años y medio y dos años, respectivamente. En 2006, ambos habían sido declarados culpables de no haber adoptado las medidas necesarias y razonables para impedir o castigar los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando, entre ellas el destacamento El Mujahedin de voluntarios musulmanes extranjeros del Ejército de Bosnia y Herzegovina. La Sala de Apelaciones concluyó que no se les podía responsabilizar de los crímenes cometidos por el destacamento porque no tenían control efectivo sobre él.

 En julio, la Sala de Apelaciones absolvió a Naser Orić, ex jefe del Ejército de Bosnia y Herzegovina en Srebrenica y áreas colindantes, de todos los cargos de crímenes de guerra. La Sala declaró que, aunque no había duda de que se habían cometido crímenes graves contra detenidos serbios de Bosnia en los dos centros de detención de Srebrenica entre septiembre de 1992 y marzo de 1993, las pruebas presentadas no eran suficientes para atribuir la responsabilidad de esos delitos al acusado.

 En septiembre, la Sala de Primera Instancia condenó a Rasim Delić, ex general del Ejército de Bosnia y Herzegovina, a tres años de cárcel por crímenes cometidos por el destacamento El Mujahedin. Rasim Delić fue declarado culpable de no tomar las medidas necesarias y razonables para impedir y castigar algunos delitos de trato cruel cometidos por el destacamento, aunque fue absuelto del resto de los cargos, incluido el de asesinato. En octubre recurrió la sentencia.

 En junio, Stojan Župljanin, que había sido inculpado por el Tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra croatas de Bosnia y musulmanes de Bosnia, fue detenido en Belgrado y entregado a la custodia del Tribunal en La Haya.

 En julio, Radovan Karadžić –presidente serbio de Bosnia durante la guerra– fue detenido en Belgrado y trasladado a la custodia del Tribunal (véase el apartado sobre Serbia). El Tribunal lo había acusado, entre otros delitos, del cerco de Sarajevo y del asesinato de más de 7.000 musulmanes de Bosnia en Srebrenica.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

Seguía habiendo un gran número de procedimientos por crímenes de guerra abiertos ante tribunales nacionales de todo el país, incluida la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina. La capacidad del sistema judicial nacional para hacerse cargo de los complejos procesos por crímenes de guerra seguía siendo limitada, especialmente dada la cantidad de casos que aún quedaban por juzgar.

 El caso de Mitar Rašević y Savo Todorović se transfirió del Tribunal a la Sala de Crímenes de Guerra. En febrero, los dos acusados fueron declarados culpables y condenados a 8 años y medio y a 12 años y medio de prisión, respectivamente. Habían sido acusados de participar en el establecimiento y mantenimiento de un régimen de castigos y malos tratos contra musulmanes bosnios en un centro de detención de Foča durante la guerra de 1992-1995 y de participar en el establecimiento de un sistema de trabajos forzados en la prisión.

 En abril de 2008, Dušan Fuštar se acogió a un acuerdo de admisión de culpabilidad y la Sala de Crímenes de Guerra lo condenó a nueve años de prisión por asesinato, tortura y detención ilegal de detenidos croatas de Bosnia y musulmanes bosnios en el campo de detención de Keraterm. La acusación se había transferido a la Sala de Crímenes de Guerra desde el Tribunal. Después de que se llegase a un acuerdo con la Fiscalía General de Bosnia y Herzegovina, se modificó el acta de acusación contra Dušan Fuštar y se retiraron algunos cargos (en un principio, Dušan Fuštar estaba incluido en la causa contra Željko Mejakić y otros, véase infra).

 El resto de los acusados –Duško Knežević, Željko Mejakić y Momčilo Gruban– fueron condenados en mayo a 31, 21 y 11 años de cárcel, respectivamente. Los acusaban de asesinato, violación, tortura y detención ilegal de personas en los campos de Keraterm y Omarska.

 Paško Ljubičić, ex jefe de la policía militar de los croatas de Bosnia, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y fue condenado a 10 años de cárcel en abril. Paško Ljubičić había ordenado a sus subordinados la ejecución de 27 civiles bosniacos en la localidad de Busovača. También había dado orden de matar o expulsar a todos los hombres bosniacos de la zona de Ahmići, en Bosnia y Herzegovina, en abril de 1993, una medida que tuvo como consecuencia el asesinato de más de un centenar de civiles.

 En mayo, Željko Lelek –ex agente de policía serbio de Bosnia– fue declarado culpable de participar en operaciones de «limpieza étnica» en el área de Višegrad, en Bosnia y Herzegovina, durante 1992. Fue condenado a 13 años de prisión por cargos de encarcelamiento ilegal, tortura y violación, así como de participar en el traslado forzoso de civiles no serbios, entre otros.

 En julio, 7 de los 11 acusados por el genocidio cometido en la granja de Kravica, cerca de Srebrenica, en julio de 1995, fueron declarados culpables de matar a más de 1.000 musulmanes bosnios y condenados a penas de entre 38 y 42 años de prisión. Los otros cuatro acusados fueron absueltos de todos los cargos.

En las dos entidades semiautónomas –la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina–, los tribunales locales seguían juzgando casos de crímenes de guerra. Las autoridades de la República Srpska empezaron a dar muestras de estar adoptando un enfoque más proactivo; en esta entidad, en 2008 se estaban investigando alrededor de 150 casos.

 El 17 de noviembre, el Tribunal Supremo de la República Srpska condenó en apelación a Milo Govedarica, miembro de la brigada Águilas Blancas, por crímenes de guerra perpetrados contra la población civil del municipio de Gacko.

Anteriormente, en julio, el Tribunal de Distrito de Trebinje había declarado culpable a Milo Govedarica y lo había condenado a siete años y seis meses de prisión por la violación de una mujer bosniaca y por el homicidio del civil Aziz Hasanbegović.

Desapariciones forzadas

Casi 13 años después del final de la guerra seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 13.000 personas.

El Instituto de Personas Desaparecidas comenzó a trabajar a plena capacidad en 2008.

En junio, el Comité Internacional de la Cruz Roja donó su base de datos de personas desaparecidas al Instituto de Personas Desaparecidas, facilitando el establecimiento de un sistema centralizado de información sobre todas las personas desaparecidas en el territorio de Bosnia y Herzegovina.

 En mayo, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina pronunció dos sentencias en una vista relacionada con 230 casos presentados por familias de personas desaparecidas. El Tribunal falló que se había violado el derecho de los demandantes a la vida familiar y privada, así como su derecho a no sufrir un trato inhumano, porque las autoridades estatales no habían iniciado investigaciones sobre la desaparición forzada y la muerte de sus familiares.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Las personas desplazadas durante la guerra de 1992-1995 continuaron volviendo a sus hogares, pero la escala del retorno se redujo considerablemente.

Según el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y Herzegovina, más de 1,2 millones de personas todavía no habían regresado a sus hogares. Las que habían vuelto, a menudo no tenían acceso adecuado a una vivienda. Unas 2.700 familias seguían viviendo en alojamientos colectivos. Algunos de los que regresaron no pudieron recuperar los derechos sobre sus propiedades.

Los retornados pertenecientes a minorías siguieron encontrando dificultades para ejercer sus derechos económicos y sociales, incluido el acceso a servicios médicos y educación. La falta de acceso al empleo, causada en parte por la precaria situación económica del país, pero también por la discriminación, siguió siendo uno de los obstáculos principales para el retorno.

El 20 de noviembre de 2008, el juez Richard Leon, de la Corte Federal de primera instancia del Distrito de Columbia, Estados Unidos, ordenó la liberación de cinco de los seis hombres de origen argelino que habían sido detenidos ilegalmente en Bosnia y Herzegovina y trasladados a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, en 2002. Según el fallo del juez, había pruebas suficientes para mantener al sexto hombre (Belkacem Bensayah) bajo custodia. A pesar de la orden, las autoridades de Bosnia y Herzegovina sólo se mostraron dispuestas a aceptar a tres de los hombres (Mustafa Aït Idir, Boudella el Hadj y Mohammed Nechle) y no adoptaron medidas diplomáticas para liberar a los otros dos. Los tres hombres fueron liberados de Guantánamo y llegaron a Sarajevo el 16 de diciembre.

En junio, la fiscalía del cantón de Sarajevo abrió un proceso judicial contra Zlatko Lagumdžija (ex primer ministro de Bosnia y Herzegovina) y Tomislav Limov (ex ministro del Interior), así como contra otros funcionarios de menor rango por su presunta participación en la detención ilegal y entrega de los seis hombres a la custodia de Estados Unidos.

La Comisión Estatal de Bosnia y Herzegovina para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros continuó con su trabajo. Hasta 1.500 personas que llegaron a Bosnia y Herzegovina durante la guerra de 1992-1995 para realizar labores humanitarias en ONG o para alistarse en el Ejército de Bosnia y Herzegovina adoptaron posteriormente la nacionalidad bosnia. Si se les privaba de ella, estas personas podían ser expulsadas a sus países de origen, donde podrían correr riesgo de sufrir tortura o la pena de muerte.

 Imad al Husein recurrió contra la decisión de privarle de la ciudadanía, y su caso se encontraba pendiente de resolución por parte del sistema judicial de Bosnia y Herzegovina. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que adoptasen medidas provisionales para impedir su expulsión a Siria hasta el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina y durante un periodo de siete días después de la notificación de la sentencia. A pesar de ello, se dictó una orden de expulsión. En octubre, el Tribunal Constitucional pidió que se celebrase un nuevo juicio ante el Tribunal del Estado de Bosnia y Herzegovina. Pese a esta decisión, el 6 de octubre Imad al Husein fue trasladado a un centro para personas en espera de ser expulsadas.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron los malos tratos en las prisiones y por parte de agentes de policía. La impunidad prevalecía debido a la ineficacia del mecanismo de denuncias y a que los fiscales no emprendían investigaciones sobre las denuncias de malos tratos.

Las condiciones de detención no cumplían las normas internacionales. Especialmente preocupantes eran las condiciones en el Anexo Psiquiátrico Forense de la prisión de Zenica, donde los pacientes con problemas de salud mental no recibían asistencia médica adecuada.

La ley de reforma de la policía aprobada en abril no abordaba el problema de la rendición de cuentas policial.

Las medidas adoptadas para combatir la discriminación y la exclusión social de los miembros de las comunidades romaníes seguían siendo insuficientes y aisladas. La coordinación entre las medidas adoptadas por las distintas autoridades era muy escasa.

Según la ONG internacional Save the Children, sólo entre el 20 y el 30 por ciento de los niños romaníes asistía a centros de educación primaria, y sólo entre el 0,5 y el 3 por ciento a centros de educación preescolar.

El Consejo de Ministros del Estado desarrolló planes de acción para la integración de los miembros de la comunidad romaní en las áreas del empleo, los servicios de salud y la vivienda, y en septiembre Bosnia y Herzegovina se unió a la iniciativa Decenio de la Inclusión Romaní.

Las autoridades no protegieron a los organizadores y participantes en el Festival Gay de Sarajevo, que se celebró por primera vez en Bosnia y Herzegovina en septiembre. El evento se clausuró antes de lo previsto, debido a las amenazas de muerte recibidas por los organizadores y a las agresiones contra los participantes. El festival estuvo rodeado de un clima de intimidación debido a la campaña homofóbica por parte de algunos políticos y medios de comunicación de Bosnia y Herzegovina.

En noviembre, la Fiscalía del cantón de Sarajevo inculpó a dos hombres por las agresiones contra los participantes en el festival.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Bosnia y Herzegovina en febrero y diciembre.

 Bosnia y Herzegovina: «Es mejor callar». Malos tratos a manos de la policía y en las prisiones (EUR 63/001/2008)

 Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (EUR 01/003/2008)

Jefe del Estado y del gobierno: Luiz Inácio Lula da Silva

Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes

Población: 194,2 millones

Esperanza de vida: 71,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 32/24 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 88,6 por ciento
En la sociedad brasileña persistían las grandes diferencias en relación con el disfrute de los derechos humanos. Las iniciativas sociales promovidas por el gobierno y los proyectos de desarrollo económico contribuyeron a reducir ligeramente las desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, a pesar de las pequeñas mejoras conseguidas en la reducción de la pobreza, la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza continuaba siendo una de las mayores de la región, y siguieron sin abordarse en gran medida las violaciones de derechos humanos sufridas por millones de personas que vivían en la pobreza. Las comunidades más pobres siguieron estando excluidas de algunos servicios, padeciendo un alto grado de violencia a manos de bandas de delincuentes y sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la policía.

Las comunidades urbanas marginadas continuaron sufriendo las consecuencias de una protección social inadecuada, de políticas de desarrollo urbano discriminatorias y de la ausencia de medidas sobre seguridad pública. Este hecho comportaba a su vez que muchos de sus miembros vivieran confinados en favelas o en infraviviendas y estuvieran sometidos tanto a la violencia de los delincuentes como a los abusos de la policía.

En las zonas rurales se intimidaba a los campesinos sin tierra y a los pueblos indígenas y se los amenazaba con actos de violencia y desalojos forzosos. La expansión agroindustrial y los proyectos de desarrollo públicos y privados agudizaban la arraigada pobreza y discriminación sufrida desde hacía décadas por las comunidades rurales. Éstas veían conculcados habitualmente sus derechos humanos y constitucionales como consecuencia de la falta de acceso a la justicia y a los servicios sociales o de los actos de violencia e intimidación perpetrados por empresas de seguridad privada de carácter irregular que defendían poderosos intereses económicos.

Muchos de quienes defendían los derechos humanos de las comunidades marginadas, como abogados, sindicalistas y activistas comunitarios, eran criminalizados por las autoridades, y amenazados por aquellos cuyos intereses ponían en peligro.

Información general

En octubre se celebraron elecciones municipales en todo el país. La situación en Río de Janeiro, donde los grupos parapoliciales («milicias» formadas por ex policías o agentes fuera de servicio, bomberos y soldados) y las bandas de narcotraficantes controlaban amplias zonas de la ciudad, se consideraba tan inestable que se desplegó al ejército para proteger la seguridad de los candidatos. En noviembre, más de un centenar de personas perdieron la vida y más de 30.000 se quedaron sin hogar como consecuencia de unas inundaciones que asolaron varias zonas del estado de Santa Catarina.

La corrupción siguió minando la prestación de servicios públicos y el acceso a la justicia. En mayo, una investigación de la policía federal puso al descubierto un plan para el desvío de fondos públicos del Banco de Desarrollo de Brasil destinados a servicios contratados por ayuntamientos de los estados de São Paulo, Río, Paraíba y Rio Grande do Norte. En diciembre, como consecuencia de otra investigación sobre corrupción llevada a cabo en el estado de Espírito Santo, la policía federal detuvo al presidente del Tribunal Supremo del estado, a un miembro de la fiscalía y a varios jueces y abogados por su presunta implicación en sobornos judiciales.

Por primera vez se desafió seriamente el largo historial de impunidad de los delitos cometidos por el régimen militar (1964-1985) en Brasil. En julio, el ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, reabrió el debate al señalar que los actos de tortura no eran un delito político y que, por tanto, no se les podía aplicar la Ley de Amnistía promulgada en 1979. El ministro de Defensa y varios miembros de las fuerzas armadas rechazaron estas afirmaciones. En octubre, el Colegio de Abogados de Brasil pidió al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre esta interpretación de la Ley de Amnistía.

En octubre, el coronel retirado del ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra se convirtió en la primera persona declarada culpable en una causa civil por torturas perpetradas durante el gobierno militar. En una decisión controvertida, abogados del gobierno federal, alegando que la Ley de Amnistía impedía su procesamiento, anunciaron que defenderían al coronel Ustra y al ex coronel Audir dos Santos Maciel, acusado junto con él, en otra causa civil promovida por fiscales federales.

En lo referente al escenario internacional, Brasil presentó en abril un informe en virtud del nuevo mecanismo de control del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el examen periódico universal. El gobierno federal aceptó las recomendaciones del Consejo, que incluían la adopción de medidas para reducir el uso excesivo de la fuerza por la policía, la mejora de las condiciones del sistema carcelario y garantías respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos. Al finalizar el año seguía pendiente de ratificación en el Senado y la Cámara de Diputados una propuesta para adecuar la legislación brasileña al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.