Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

La Constitución establecía el islam como religión oficial del Estado, pero garantizaba la libertad de conciencia. Según informes, en medio de indicios de expansión de las iglesias cristianas evangélicas en el país, las autoridades ordenaron el cierre de decenas de templos de la Iglesia Protestante de Argelia. El ministro del Patrimonio y Asuntos Religiosos negó que se hubieran cerrado iglesias «autorizadas».

Al menos 12 personas cristianas o que habían abjurado del islam para convertirse al cristianismo fueron procesadas por infringir la Ordenanza 06-03, promulgada en febrero de 2006 para regular otras religiones aparte del islam. Esta norma criminalizaba el uso de incitación, coacción y otros medios de «seducción» para convertir a musulmanes a otra religión, así como las actividades religiosas no reguladas por el Estado. Según informes, se impusieron condenas de prisión condicional y multas a algunas de las personas procesadas.

 Habiba Kouider, cristiana conversa del islam, fue detenida en marzo al encontrar la policía ejemplares de la Biblia en su bolso. Fue acusada de «practicar una fe distinta del islam sin autorización». Su juicio se suspendió en mayo, y según informes, funcionarios judiciales le dijeron que se retirarían los cargos contra ella si abrazaba de nuevo el islam.

 En junio fueron juzgados en Tiaret por infringir presuntamente la Ordenanza 06-03 seis hombres. Dos negaron ser adeptos al cristianismo y resultaron absueltos; los demás fueron declarados culpables y condenados a prisión condicional y a pagar una multa.

Otras personas fueron acusadas de «denigrar el dogma o los preceptos del islam».

 En septiembre se juzgó en dos causas distintas a 10 hombres por romper públicamente el ayuno durante el mes santo de Ramadán. Seis resultaron absueltos tras apelar contra las condenas de cuatro años de prisión y las fuertes multas que les había impuesto un tribunal de primera instancia de Biskra. Los otros fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una multa por un tribunal de Beir Mourad Rais, aunque la pena de cárcel se redujo a dos meses de prisión condicional en apelación en noviembre.

Derechos de las personas migrantes

Millares de personas, argelinas y de otras nacionalidades, en su mayoría de países del África subsahariana, intentaron migrar a Europa desde Argelia. A centenares de ellas las interceptaron cuando intentaban hacerlo por mar.

El 25 de junio, el Parlamento aprobó la Ley 08-11, que regulaba la entrada, estancia y circulación de extranjeros en Argelia. En el caso de los extranjeros contra los que el Ministerio del Interior hubiera dictado orden de expulsión, la Ley permitía suspender ésta para que pudieran apelar contra ella, pero concedía a los gobernadores atribuciones para ordenar expulsiones sin derecho alguno de apelación si consideraban que los extranjeros habían entrado en el país o residían en él ilegalmente. Esta disposición aumentaba el riesgo de que se llevaran a cabo expulsiones colectivas y arbitrarias. Asimismo, la Ley preveía el establecimiento de centros de «espera» para migrantes irregulares donde éstos podían quedar sujetos a detención indefinida, y prescribía severas penas para los responsables de tráfico ilícito de personas y otros individuos que ayudaran a extranjeros a entrar o permanecer en Argelia de manera irregular.

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que prescribía penas más severas para la introducción ilegal de migrantes y tipificaba como delito penado con hasta seis meses de cárcel la salida ilegal de Argelia.

El gobierno no tomó ninguna medida para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990, en el que se creía que la cifra de víctimas de homicidio ascendía a 200.000 personas.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a reformar los artículos 45 y 46 del Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), de 2006, que concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y permitía el castigo de las víctimas y sus familiares, los defensores de los derechos humanos y otras personas que criticaran la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.

Desapariciones forzadas

Las autoridades no habían investigado aún la suerte de millares de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada.

En mayo, un alto cargo manifestó que 5.500 familias de personas sometidas a desaparición forzada habían aceptado recibir una indemnización, pero que otras 600 se habían negado, insistiendo en que les dijeran la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Posteriormente, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dijo que el 96 o el 97 por ciento de las familias de los desaparecidos habían aceptado la indemnización, pero no dio más información. Según la Ley 06-01, los familiares de los desaparecidos podían solicitar una indemnización si presentaban un certificado oficial de defunción de éstos. Algunas familias denunciaron haber sido presionadas para que solicitaran el certificado.

Se siguió sometiendo a hostigamiento a familias de víctimas que pedían verdad y justicia.

 No hubo avances en la resolución de la desaparición de Salah Saker, profesor detenido por agentes del Estado en 1994. En agosto, su esposa, Louisa Saker, presidenta de la Asociación Nacional de Familias de Desaparecidos de la Provincia de Constantina, perdió un recurso que había presentado contra la decisión de las autoridades judiciales del Tribunal de Constantina de rechazar su denuncia de la desaparición de su esposo. En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Constantina confirmó una sentencia condenatoria dictada contra ella por haber participado en una «marcha desarmada» no autorizada en relación con una manifestación pacífica celebrada en 2004 por familias de víctimas de desaparición forzada. Le habían impuesto una multa condicional. Louisa Saker recurrió el fallo. Otras dos personas acusadas junto con ella y juzgadas in absentia habían sido condenadas a un año de prisión y a pagar una multa.

Pena de muerte

Se condenó a muerte a centenares de personas, en la mayoría de los casos por acusaciones de terrorismo, pero las autoridades mantuvieron en la práctica una moratoria de las ejecuciones. Muchas de las personas condenadas eran presuntos miembros de grupos armados, que habían sido juzgados y declarados culpables in absentia.

En diciembre, Argelia copatrocinó una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la policía judicial, entre enero y junio de 2008 se recibieron 4.500 denuncias de violencia y acoso a mujeres. Se creía que la cifra real era mucho más alta.

En noviembre se aprobaron cambios constitucionales entre los que figuraba una disposición para la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

En su informe de 2008, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer elogió los avances realizados en Argelia con respecto a los derechos de las mujeres, pero criticó que las autoridades no hubieran abordado adecuadamente la violencia y la discriminación contra ellas. La relatora instó a las autoridades a investigar la violencia sexual durante el conflicto interno, indemnizar a las supervivientes y poner a los responsables a disposición judicial.

 Algeria: Briefing to the Committee against Torture (MDE 28/001/2008)

 Argelia: Amnistía Internacional condena los atentados cometidos en Issers y Bouira (MDE 28/006/2008)

Argentina

República Argentina

Jefa del Estado y del gobierno: Cristina Fernández

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 39,9 millones

Esperanza de vida: 74,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 17/13 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 97,2 por ciento
A lo largo del año se registraron algunos avances en el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pero se produjeron también algunos retrocesos. Hubo huelgas y manifestaciones generalizadas. Varios agentes de policía fueron juzgados por homicidios ilegítimos de manifestantes y presuntos delincuentes. Las condiciones de reclusión, sobre todo las de las personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, siguieron siendo motivo de preocupación.

Información general

En marzo, un decreto oficial por el que se elevaba el impuesto que gravaba la exportación de cereales provocó en todo el país huelgas y cortes de carreteras. En julio, el gobierno lo anuló después de que el Senado rechazara un proyecto de ley para ratificarlo.

Se recibieron informes sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas en los que agentes de policía y guardias de seguridad privados habían hecho uso excesivo de la fuerza. Los desalojos continuaron a pesar de la ley de emergencia aprobada en 2006 sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, en la que se pedía la suspensión de las órdenes de desalojo hasta que se llevara a cabo una revisión y un registro de la tenencia de las tierras ocupadas por dichas comunidades.

En noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales en el que se negaba a las personas que no formaran parte de un sindicato reconocido como tal por el gobierno el derecho a representar a los trabajadores. En la decisión se subrayaba la necesidad de adecuar la ley a las normas internacionales de derechos humanos.

En agosto, el Senado derogó el Código de Justicia Militar de 1951, lo que comportó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y el establecimiento de un nuevo sistema para el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas ante tribunales ordinarios. En septiembre, Argentina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Tras visitar Argentina en julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que se habían dictado más de 20 sentencias contra autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que seguían abiertos un millar de procedimientos penales. Sin embargo, varios presuntos responsables murieron sin testificar en causas clave, y se recibieron informes sobre amenazas a testigos y defensores de los derechos humanos.

 En abril –en la que habría de ser la primera sentencia en su género– se condenó a Osvaldo Rivas y a María Cristina Gómez a sendas penas de 8 y 7 años de cárcel por la «apropiación» de María Eugenia Sampallo, hija de una pareja que había sido víctima de desaparición forzada en 1977. El ex capitán del ejército que robó a la niña y la entregó a la pareja fue condenado en abril a 10 años de prisión.

 En abril, un tribunal acusó a siete oficiales de las fuerzas armadas de «apropiación ilegal» de bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo mientras sus madres permanecían detenidas. En julio se formularon cargos contra Jorge Rafael Videla, ex jefe de la junta militar, por un motivo análogo.

 En abril, hombres sin identificar secuestraron en Buenos Aires a Juan Evaristo Puthod, superviviente de varios centros de detención clandestinos, testigo judicial y defensor de los derechos humanos. Lo liberaron al cabo de 28 horas, después de interrogarlo sobre sus actividades en materia de derechos humanos.

 En julio, cinco ex oficiales de las fuerzas armadas, entre ellos el ex general Luciano Benjamín Menéndez, fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, la tortura y el asesinato de cuatro activistas políticos en 1977. A otros tres se les impusieron penas de cárcel más cortas. El referido Luciano Menéndez y el ex gobernador provincial Domingo Antonio Bussi fueron condenados en agosto a cadena perpetua por haber sido «coautores mediatos» de la desaparición forzada del senador de Tucumán Guillermo Vargas Aignasse en 1976.

 En julio, un tribunal condenó a dos ex agentes de policía a cadena perpetua por su implicación en la «Masacre de Fátima», ocurrida en agosto de 1976 y en la que 30 hombres y mujeres fueron secuestrados y retenidos en Buenos Aires antes de ser ejecutados extrajudicialmente.

 Continuaron las investigaciones sobre los casos de cinco ex oficiales de la Armada acusados de haber participado en la «Masacre de Trelew», acaecida en 1972 y en la que 16 presos fueron abatidos a tiros al tratar de huir de la penitenciaría federal de Trelew.

 Tras ser extraditado a Argentina en marzo desde España, el ex oficial de la Armada Ricardo Antonio Cavallo fue acusado en julio de la desaparición forzada del escritor Rodolfo Walsh, ocurrida en 1977.

 Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz –ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires–, siguió en paradero desconocido. No se lo había visto desde septiembre de 2006.

 En diciembre, investigadores forenses anunciaron el descubrimiento de miles de fragmentos óseos y de un paredón de fusilamiento con 200 impactos de bala en el cuartel del destacamento de policía de Arana, cerca de Buenos Aires. Era la primera vez que se encontraba una fosa común de grandes dimensiones en un antiguo centro de detención clandestino. Se ha iniciado el proceso de identificación de los restos.

Policía y fuerzas de seguridad

Se acusó a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y conflictos sobre tierras. Se juzgó a varios agentes por homicidio ilegítimo.

 En junio y julio se condenó a varios agentes de policía por su implicación en el homicidio injustificado de Jonathan Oros, cometido en Mendoza en enero de 2007, y en el del manifestante Carlos Fuentealba, cometido en Neuquén, provincia de Neuquén, en abril de 2007.

Condiciones de reclusión

Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones y el hacinamiento de las cárceles y los centros de detención, así como sobre las torturas y los malos tratos infligidos en estos establecimientos. En julio, un juez ordenó la «inmediata clausura» de dos pabellones del Centro de Recepción La Plata, que albergaba al parecer a más de 50 personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, y calificó las condiciones de «inhumanas».

Jefe del Estado: Sergue Sarkisian

Jefe del gobierno: Tigran Sarkisian

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 3 millones

Esperanza de vida: 71,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 36/31 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 99,4 por ciento

El 1 de marzo, la policía utilizó fuerza excesiva en la capital, Ereván, para disolver las protestas que se sucedían desde que se publicaron los resultados de las elecciones presidenciales del 19 de febrero en las que Sergue Sarkisian, hasta entonces primer ministro y estrecho colaborador del presidente saliente Robert Kocharian, fue el ganador oficial. Al menos 10 personas murieron, entre ellas dos agentes de policía, y más de 350 resultaron heridas, incluidos unos 58 agentes. Según informes, la policía utilizó porras, barras de hierro, balas trazadoras, gas lacrimógeno y dispositivos de energía conducida. Las autoridades declararon el estado de excepción ese mismo día.

En junio se creó una comisión parlamentaria para investigar, en el plazo de tres meses, los sucesos de marzo. A mediados de octubre, la comisión solicitó una ampliación de su mandato por dos meses más para poder incorporar los resultados de un segundo grupo de investigación.

Detención y reclusión arbitrarias

Decenas de opositores fueron detenidos tras la violencia desatada el 1 de marzo, entre ellos numerosas personalidades relacionadas con Levon Ter-Petrosian, el principal rival de Sergue Sarkisian, así como miembros del partido de la oposición República. Según los informes, algunos de los detenidos sufrieron golpes o malos tratos bajo custodia policial. Al concluir el año, muchos seguían en detención preventiva. El Consejo de Europa expresó reiteradamente su preocupación por la duración excesiva de la investigación oficial sobre los sucesos de marzo, y por el encarcelamiento continuado, en algunos casos sin juicio, de decenas de partidarios de la oposición. El 19 de diciembre comenzó el juicio contra siete de los detenidos.

El 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó enmiendas a la legislación en materia de reuniones públicas, unas enmiendas que facultaban a las autoridades locales para prohibir reuniones públicas. Tras el levantamiento del estado de excepción, se recibieron informes continuados de detenciones y hostigamiento por parte de agentes de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos que se reunían en lugares públicos en el centro de Ereván. Después de que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa expresaran sus motivos de preocupación, el 22 de abril las autoridades armenias aceptaron abolir o revisar las enmiendas de marzo. Sin embargo, las autoridades municipales de Ereván siguieron prohibiendo algunas manifestaciones convocadas por la oposición.

Se acosó a periodistas y medios informativos que cubrían las actividades de la oposición. La falta de precisión con la que estaban redactadas las restricciones a la libertad de expresión dotaba a las autoridades de amplios poderes para restringir a los medios independientes o de oposición. Varios medios de oposición denunciaron el cierre de sitios web, y varios periódicos vieron denegado el permiso para publicar algunas ediciones. El Club de Prensa de Ereván, el Comité para la Protección de la Libertad de Expresión, Internews, el Club de Prensa Asparez de la ciudad de Giumri y la organización pública Femida expresaron su preocupación porque, si el gobierno continuaba demorándose en conceder licencias de emisión, la pluralidad de los medios de comunicación se vería menoscabada.

 En agosto, varios desconocidos agredieron a Lusineh Barseghian, periodista del diario Haykakan Zhamanak. Más adelante, ese mismo mes, Hratch Melkumian, director en funciones del servicio armenio de Radio Free Europe/Radio Liberty recibió una paliza en el centro de Ereván. Según los informes, al concluir el año no había habido progresos en la investigación de estas agresiones.

 El canal de televisión independiente Gala TV, con sede en Giumri, sufrió un acoso constante tras emitir discursos pronunciados por Levon Ter-Petrosian durante la campaña electoral. El 19 de marzo se le impuso una multa de casi 27 millones de drams (unos 87.700 dólares estadounidenses) por presunta evasión de impuestos; según informes, la suma se pagó con aportaciones privadas. En abril, Gala TV recibió la orden de desalojar el espacio que ocupaba en la torre de televisión de Giumri, lo que lo obligó a interrumpir las emisiones temporalmente.

Hubo varios ataques contra opositores y activistas de derechos humanos que no se investigaron con prontitud o exhaustivamente. El 21 de mayo, Mikael Danielian, destacado activista de derechos humanos y director de la ONG de derechos humanos Asociación Armenia de Helsinki, recibió un disparo a quemarropa realizado con una pistola de aire comprimido. Según informes, el autor del disparo fue un ex líder de un partido político. Mikal Danielian no resultó herido de gravedad. El 28 de mayo, Arsen Kharatian, dirigente del Movimiento Juvenil Democrático de Armenia, fue atacado en Ereván por varios desconocidos y hubo de ser hospitalizado con graves lesiones en la cabeza. El 25 de junio, dos desconocidos agredieron en Ereván a Narek Hovakimian, miembro del movimiento juvenil Hima y de la coalición de oposición Aylentrank (Alternativa). Al concluir el año no se había procesado a ninguna persona por estos ataques.

Siguió encarcelándose a testigos de Jehová por sus creencias. A 1 de septiembre, 77 jóvenes se encontraban en prisión por negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia. Las autoridades seguían sin introducir una alternativa genuinamente civil al servicio militar obligatorio, a pesar de los compromisos contraídos, y los militares continuaban supervisando el servicio civil alternativo.

Los testigos de Jehová afirmaron tener problemas adicionales cuando eran liberados, debido a que las autoridades se negaban a concederles el certificado de cumplimiento del servicio militar, sin el cual era más difícil obtener documentos tan importantes como el pasaporte o el permiso de residencia en el país.

También se recibieron denuncias de agresiones físicas contra testigos de Jehová, entre ellas algunas presuntamente perpetradas por partidarios del grupo religioso dominante en Armenia. Al parecer, estas agresiones se investigaron con lentitud o no se investigaron en absoluto.

Al parecer, más de la cuarta parte de las mujeres en Armenia habían sido golpeadas alguna vez por algún familiar, y alrededor de dos tercios habían sufrido abusos psicológicos, aunque las autoridades no impidieron, investigaron ni castigaron la violencia contra las mujeres. No existían estructuras ni recursos adecuados para combatir la violencia contra las mujeres. A principios de año varias casas refugio gestionadas por ONG habían cerrado debido a la falta de financiación; una de ellas volvió a funcionar en septiembre. Un anteproyecto de ley sobre violencia intrafamiliar, promovido por la ONG Centro de Derechos de las Mujeres de Armenia, fue sometido al debate público.

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Armenia en febrero, julio y noviembre.

 Armenia: Temor por la libertad de conciencia y de religión: violaciones de los derechos de los testigos de Jehová (EUR 54/001/2008)

 Armenia: Sin orgullo y en silencio. Violencia sexual y doméstica contra las mujeres (EUR 54/005/2008)

Jefa del Estado: reina Isabel II,