Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Malos tratos bajo custodia En febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó sobre condiciones de hacinamiento e insultos a los reclusos en los centros penitenciarios visitados en 2006, así como denuncias de malos tratos a manos del personal penitenciario. También el Comité Búlgaro de Helsinki informó de que muchas cárceles aún no reunían las condiciones que establecen las normas internacionales. El 6 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Bulgaria había conculcado la prohibición de trato inhumano o degradante. Nikolai Kirilov Gavazov, acusado de violación, estuvo casi dos años en prisión preventiva, recluido en una celda diminuta sin ventanas en la prisión de Pazardjik, en el centro de Bulgaria. El tribunal decidió también que los siete años que había durado el proceso judicial era un periodo excesivamente largo. Instituciones de salud mental En febrero, tras las visitas efectuadas en 2006 a instituciones de salud mental y asistencia social, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó su profunda preocupación por los trámites de admisión, los malos tratos y las condiciones de vida en las instituciones visitadas. El Comité destacó la falta de personal, de formación del personal y de recursos en esas instituciones, condiciones que habían dado lugar a incidentes violentos, limitación de las posibilidades terapéuticas y provisión insuficiente de programas de rehabilitación. A pesar de que el Comité recomendó en 2002 que se prestara atención a la mejora de las condiciones de vida, éstas seguían siendo inadecuadas. En febrero, tras la emisión por televisión de un documental de la BBC que ponía de relieve las condiciones sumamente precarias imperantes en el hogar infantil de Mogilino, la ministra de Trabajo y Política Social anunció que se iban a cerrar tanto esta institución como otras seis del mismo tipo. Informes y visitas de Amnistía Internacional Bulgaria: Temor de devolución. Temor de tortura o malos tratos. Said Kadzoev (EUR 15/001/2008) Bulgaria: La primera marcha del Orgullo Gay de Sofía necesita protección adecuada (EUR 15/002/2008)
Jefe del Estado: Blaise Compaoré Jefe del gobierno: Tertius Zongo Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 15,2 millones Esperanza de vida: 51,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 183/176 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 23,6 por ciento Más de 300 personas fueron detenidas durante las protestas contra el alza del costo de la vida y más de 80 fueron condenadas a prisión sin tener acceso a un abogado. Detención y reclusión arbitrarias En febrero hubo varias manifestaciones contra el alza del costo de la vida en la capital, Uagadugú, y en Bobo-Diulasso, segunda ciudad del país. Las protestas se tornaron violentas, y los manifestantes destruyeron bienes y arrojaron piedras contra la policía. Las fuerzas de seguridad detuvieron a varios cientos de personas y al menos 80 de ellas fueron condenadas a prisión en marzo sin tener acceso a representación letrada. Nana Thibaut, dirigente del partido de oposición Agrupación Democrática y Popular (Rassemblement démocratique et populaire), fue condenado a tres años de cárcel.
No se tuvo noticia de avances en la investigación del homicidio del periodista Norbert Zongo, cometido en 1998. Derecho a la salud A pesar de que en los dos años anteriores el gobierno había tomado algunas medidas para mejorar el acceso a los servicios de salud materna, incluida la reducción de los honorarios por partos rutinarios, la tasa de mortalidad materna seguía siendo muy elevada. Pena de muerte En febrero, según informes, una persona fue condenada a muerte en Dedugú. Informes y visitas de Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó Burkina Faso en julio. Burundi República de Burundi Jefe del Estado: Pierre Nkurunziza Pena de muerte: retencionista Población: 8,9 millones Esperanza de vida: 48,5 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 178/156 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 59,3 por ciento
En febrero estalló una crisis política al negarse los partidos de la oposición a acudir a la Asamblea Nacional tras la destitución de la vicepresidenta primera de la cámara, Alice Nzomukunda, por el partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). Las divisiones en el seno de CNDD-FDD, que culminaron en expulsiones y defecciones, hicieron que el partido perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional y provocaron una parálisis en el gobierno. En mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, perteneciente a CNDD-FDD, solicitó al Tribunal Constitucional la exclusión de la cámara de 22 ex miembros de CNDD-FDD. El Tribunal resolvió que, con arreglo a la Constitución, los 22 parlamentarios no podían ocupar escaños en la Asamblea Nacional como «independientes». Esta medida se consideró en general anticonstitucional y una grave vulneración de la independencia de la judicatura. Las negociaciones sobre la aplicación del alto el fuego entre el gobierno y el grupo opositor Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) se desarrollaron con lentitud. En abril y mayo tuvieron lugar nuevos enfrentamientos entre las FNL y el gobierno a las afueras de la capital, Bujumbura, y en las provincias occidentales limítrofes. El 10 de junio, las dos partes firmaron el Comunicado de Magaliesberg y se comprometieron conjuntamente a procurar la paz y a negociar el número de puestos que las FNL debían ocupar en instituciones estatales clave. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2008 apenas hizo progresos el Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia, que es el organismo encargado de aplicar el Acuerdo General de Cesación del Fuego firmado en septiembre de 2006. El gobierno rechazó las condiciones de las FNL para la asignación de puestos en la administración civil y en el Parlamento. Las FNL se negaron a eliminar, antes de las elecciones de 2010, la connotación étnica del nombre de su partido político (Palipehutu-FNL), una referencia que según el gobierno vulneraba la Constitución. La desmovilización de las tropas de las FNL sufría demoras. Un anteproyecto de revisión del Código Penal, que incluía importantes disposiciones para la mejora de los derechos humanos –entre ellas el tratamiento de la tortura y la violencia sexual–, estaba en espera de ser debatido en la Asamblea Nacional. La pobreza se agravó debido a los elevados precios de los productos básicos y al alto índice de desempleo. En ciertas zonas rurales la producción agrícola fue baja y limitó el acceso de la población local a los alimentos. El retorno de personas refugiadas también impuso una carga adicional a unos recursos limitados. La proliferación de armas pequeñas, el gran número de combatientes recién desmovilizados y los elevados índices de criminalidad contribuyeron a que reinase una sensación de inseguridad. Homicidios ilegítimos Las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilegítimos de civiles en el contexto de operaciones de seguridad contra las FNL. Las FNL también cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y violaciones. El 5 de mayo, efectivos del ejército entraron en una vivienda familiar de la comuna de Muhuta, provincia de Bujumbura Rural, en la que sospechaban que vivían miembros de las FNL. Según los informes, un soldado abrió fuego y mató a la madre de familia. En junio, tres soldados de las FNL se presentaron en la comuna de Mutimbuzi, provincia de Bujumbura Rural, en busca de nuevos reclutas. Según informes, visitaron a un miembro de una organización juvenil hutu de la localidad, pero éste se negó a ayudarlos. Los soldados arrojaron una granada dentro de la casa y mataron a su esposa. Sistema de justicia El gobierno y la ONU adoptaron medidas para reformar y fortalecer el sector judicial, tales como la construcción y renovación de tribunales de primera instancia, la capacitación de magistrados, el tratamiento del hacinamiento en las instalaciones de detención y la reducción del volumen de casos atrasados. Sin embargo, seguía habiendo problemas importantes. El poder judicial carecía de independencia y estaba influido por el ejecutivo. Se recibieron informes de casos de corrupción. El personal judicial había recibido una capacitación insuficiente y en ocasiones su conocimiento de la ley era escaso. El sistema judicial carecía de medios adecuados y necesitaba recursos económicos y materiales adicionales. La población tenía escasa confianza en el sistema de justicia, y en numerosas ocasiones se tomó la justicia por su mano. Las condiciones de detención seguían siendo deficientes y en las prisiones se daban condiciones de hacinamiento. El acceso a alimentos y atención de la salud adolecía de graves limitaciones y a menudo las personas detenidas estaban recluidas en condiciones sumamente insalubres. Las autoridades penitenciarias gestionaban de forma deficiente la información personal y jurídica sobre las personas privadas de libertad. Había menores de edad recluidos en instalaciones de detención policiales y en prisiones, lo que suponía una violación de los procedimientos de arresto y reclusión. Estas personas se hallaban recluidas junto con detenidos adultos, por lo que estaban expuestas a abusos sexuales y físicos. Muchos detenidos menores de edad permanecían recluidos sin juicio, en condiciones constitutivas de trato cruel, inhumano y degradante y sin acceso a atención de la salud o educación. Una organización internacional calculó que el 80 por ciento de los detenidos menores de edad estaban en espera de juicio. Detención y reclusión arbitrarias Las autoridades recluían con frecuencia a personas sin cargos, violando de este modo el límite máximo legal de custodia de 14 días. Con frecuencia, funcionarios carentes de conocimientos básicos de la ley llevaban a cabo detenciones arbitrarias. Muchas de las personas detenidas arbitrariamente eran sospechosas de apoyar a las FNL. En abril, 782 personas fueron detenidas arbitrariamente tras reanudarse los enfrentamientos entre las FNL y la Fuerza de Defensa Nacional. La policía detuvo a algunas personas por sospechar que simpatizaban con las FNL o apoyaban a esta organización, en muchos casos sin base legal para la detención.
Observadores de la situación de los derechos humanos denunciaron que la Policía Nacional de Burundi era responsable de golpear a personas detenidas y otros ciudadanos. Los integrantes de las fuerzas de seguridad tenían escasos conocimientos de los derechos humanos a pesar de la capacitación permanente que impartían la ONU y organizaciones de derechos humanos locales. Jean Claude Nkunzimana, de la comuna de Kinama, Bujumbura, caminaba hacia su domicilio el 1 de julio cuando cinco agentes de policía que estaban bebiendo en un bar de la zona le dieron el alto. Uno de los agentes le pidió un cigarrillo. Jean Claude Nkunzimana se lo negó y los cinco agentes lo golpearon gravemente. El 9 de junio, un joven fue detenido por fraude en la comuna de Gisozi, provincia de Mwaro. Según los informes, al ser capturado cuando intentaba escapar, siete agentes de policía lo golpearon con las culatas de sus pistolas y le propinaron patadas. Las lesiones que sufrió requirieron tratamiento hospitalario. Violencia contra mujeres y niñas La incidencia de violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas fue alta. Por ejemplo, un centro gestionado por la ONG Médicos sin Fronteras en Bujumbura recibió a un promedio mensual de 131 víctimas de violación en 2008. Aumentó el número de informes de violaciones de niñas, en muchos casos cometidas por maestros. En cambio, la ONU informó de una disminución del número de violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Los autores –que a menudo eran conocidos de la víctima– no temían el enjuiciamiento, y la impunidad siguió siendo la norma. Las mujeres supervivientes de violencia sexual no tenían confianza en el sistema judicial. En muchos casos, las familias de las víctimas llegaban a un «acuerdo amistoso» con el presunto responsable al margen de los tribunales. Una niña de 15 años fue violada por su maestro en la comuna de Kanyosha, Bujumbura, el 20 de marzo. El maestro le había pedido que le llevara un teléfono móvil a su casa. La niña presentó cargos contra el maestro, que fue detenido. Libertad de reunión El gobierno impedía que los partidos de oposición celebrasen reuniones públicas sin autorización previa. Las autoridades encomendaron el cumplimiento de estas decisiones a las administraciones locales, que estaban sometidas a un control creciente y estricto del ejecutivo. El 6 de octubre, el ministro del Interior firmó un decreto ministerial que estipulaba que los partidos de oposición sólo podían celebrar reuniones en momentos determinados; asimismo, exigía a los partidos de oposición que solicitasen formalmente, por escrito, permiso a la administración local para celebrar reuniones. Se concedió a la administración local facultades para denegar tales solicitudes si consideraba que las reuniones podían «alterar el orden y la seguridad pública». Dos destacados partidos de oposición, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD) y el Frente por la Democracia en Burundi (FRODEBU), denunciaron públicamente el decreto y pidieron su retirada. El 11 de noviembre, 21 miembros de la Unión por la Paz y el Desarrollo (UPD-Zigamibanga) fueron detenidos y recluidos por la administración local en la provincia de Ngozi. Se los acusó de celebrar reuniones sin la autorización de las autoridades locales. Libertad de expresión Las autoridades respondieron con una intolerancia creciente a las críticas, y las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno eran tensas. Alexis Sinduhije, presidente del grupo político de oposición Movimiento por la Seguridad y la Democracia, fue detenido y recluido el 3 de noviembre tras celebrar una reunión del partido. El 11 de noviembre fue acusado formalmente de «injurias al jefe del Estado» por poner en entredicho las políticas de desarrollo del presidente. Juvénal Rududura, vicepresidente del sindicato de personal no judicial, fue detenido el 15 de septiembre después de una entrevista radiofónica en la que acusó a personal del Ministerio de Justicia de otorgar cargos a cambio de sobornos. El periodista Jean-Claude Kavumbagu fue detenido el 11 de septiembre y acusado formalmente de difamación. Había afirmado en un artículo que los gastos del viaje del presidente Nkurunziza para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín habían obligado a demorar el pago de los salarios de algunos funcionarios civiles.
El 23 de octubre, el tribunal militar de Muyinga declaró culpables a 15 soldados del homicidio de 31 personas en julio y agosto de 2006. En el juicio se dijo que primero estuvieron detenidas en el campamento militar de Muyinga y después las trasladaron a la orilla del río Ruvubu, donde miembros del Servicio Nacional de Inteligencia las ejecutaron extrajudicialmente. Catorce soldados fueron condenados a entre dos años de prisión y cadena perpetua. El ex jefe de la Cuarta Región Militar, coronel Vital Bangirinama, que según los informes dio las órdenes, había huido del país y no asistió al juicio. Fue declarado culpable in absentia y condenado a muerte. La sociedad civil burundesa y la comunidad internacional acogieron con satisfacción el resultado del juicio como un paso importante en el tratamiento de la impunidad. Justicia transicional El gobierno, junto con la comunidad internacional y la sociedad civil, adoptó escasas medidas para establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un Tribunal Especial para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos durante los conflictos de Burundi. Se fijó para el mes de junio el comienzo de las consultas nacionales que habían de durar 12 meses y se asignaron fondos de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU para este fin. Sin embargo, las reuniones del Comité Tripartito –establecido en noviembre de 2007 para vigilar el desarrollo del proceso y compuesto por delegados de la ONU, del gobierno y de la sociedad civil– se aplazaron, debido sobre todo a la inasistencia de los miembros, que obligó al presidente del Comité a cancelar algunas sesiones. Se fijó el 1 de marzo de 2009 como nueva fecha para el comienzo de las consultas nacionales.
El 24 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi hasta la creación de una «comisión nacional e independiente de derechos humanos». La sociedad civil planteó su preocupación acerca de si el funcionamiento de una futura comisión de derechos humanos sería independiente, sin injerencias ni intimidación por parte de las autoridades. No existía un calendario claro para el establecimiento de la comisión de derechos humanos. Retorno de personas refugiadas Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre regresaron al país 95.050 refugiados burundeses, sobre todo de Tanzania, de los que 30.818 eran refugiados que habían huido en 1972. Se registró un aumento de los conflictos sobre tierras, que afectaron en particular a personas refugiadas que habían salido del país en 1972 y que habían regresado. Los conflictos sobre tierras eran más graves en el sur, en particular en las provincias de Bururi y Makamba. El gobierno creó en 2006 la Comisión Nacional sobre Tierras y Otros Bienes, pero su labor se vio entorpecida por carecer de competencia legal sobre los conflictos y por el número de denuncias. En octubre de 2008, la Comisión había registrado 11.200 conflictos sobre tierras y había resuelto 2.279.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Burundi en noviembre con fines de investigación. Burundi: Submission to the UN Universal Periodic Review: Third Session of the UPR Working Group of the UN Human Rights Council (AFR 16/003/2008) Violación en Burundi: ¡Exijamos justicia ya! (21 de julio de 2008) Camboya Reino de Camboya Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni Jefe del gobierno: Hun Sen Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 14,7 millones Esperanza de vida: 58 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 92/84 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 73,6 por ciento La impunidad, la precariedad del Estado de derecho y las diversas deficiencias del sistema de tribunales continuaban causando una carencia sistémica de protección de los derechos humanos. Los desalojos forzosos, llevados a cabo con la complicidad o la participación directa de autoridades gubernamentales, empobrecieron aún más a miles de ciudadanos y ciudadanas camboyanos que ya vivían en una situación de marginación. Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas comunitarios que defendían las tierras y los recursos naturales fueron encarcelados tras ser acusados de cargos infundados. Se restringió la libertad de expresión y reunión. Información general En octubre, el Banco Asiático de Desarrollo advirtió de la posibilidad de que dos millones de camboyanos hubieran pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a la subida de los alimentos, el combustible y otros artículos a causa de la crisis económica mundial. Esta cifra se sumó a los 4,5 millones de camboyanos, en torno a un tercio de la población, que ya vivían en la pobreza. En julio, el partido gobernante –Partido del Pueblo Camboyano– ganó las elecciones a la Asamblea Nacional. La oposición se había visto debilitada por los conflictos políticos internos y externos y por la intimidación sufrida por votantes, periodistas y activistas. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos sustituyó la figura del representante especial del secretario general de la ONU para los derechos humanos en Camboya por la del relator especial, que tendría un año de duración y conservaría las mismas funciones. El titular del mandato, Yash Ghai, presentó su dimisión lamentando la negativa del gobierno a colaborar con él. En julio, el templo de Preah Vihear, situado cerca de la frontera tailandesa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que provocó un conflicto territorial con Tailandia sobre la propiedad de las tierras colindantes. La tensión se elevó periódicamente, al movilizarse en la zona miles de soldados de ambas partes. En octubre, dos soldados camboyanos murieron abatidos por disparos.
Continuaron los desalojos forzosos consecuencia de conflictos sobre tierras, apropiaciones y proyectos de reurbanización de zonas agroindustriales y urbanas. Miles de personas objeto de desalojo forzoso no tuvieron acceso a un recurso efectivo, incluida la restitución de sus viviendas, tierras y propiedades. A lo largo del año se produjeron al menos 27 desalojos forzosos, que afectaron a unas 23.000 personas, aunque el gobierno lo negó. Las personas ricas y poderosas utilizaron cada vez más el sistema de justicia penal para silenciar a quienes protegían su derecho a una vivienda adecuada y a las comunidades indígenas que protegían sus derechos sobre las tierras y su forma de vida. En torno a 150 activistas del derecho a la tierra y personas afectadas por esos conflictos fueron detenidos a lo largo del año; muchas de esas personas se enfrentaban a procesos por cargos penales falsos. Más de 4.000 familias de Phnom Penh que vivían en torno al lago Boeung Kak se vieron expuestas a convertirse en desplazadas al iniciarse el proceso de relleno del lago. Muchas de las personas afectadas vivían en la pobreza, en viviendas elementales. El relleno, que comenzó el 26 de agosto, no se notificó a las personas que vivían en la zona. Quienes se manifestaron en contra fueron objeto de amenazas generalizadas por parte de autoridades locales y empleados de la empresa.
El periodista Khim Sambor y su hijo fueron víctimas de homicidio el 11 de julio, durante la campaña electoral, tras publicar Khim Sambor un artículo en el diario partidario de la oposición Moneaksekar Khmer (Conciencia Jemer) en el que denunciaba graves actividades ilegales llevadas a cabo por un alto cargo del gobierno cuyo nombre no se mencionaba. El homicidio sembró el temor entre la profesión periodística. Nueve periodistas habían sido víctimas de homicidio desde 1994, pero al finalizar el año nadie había sido procesado por ello. Durante el periodo preelectoral, las autoridades cerraron una emisora de radio independiente por conceder tiempo de emisión a partidos de la oposición, y el director de Moneaksekar Khmer estuvo detenido durante un breve periodo por informar sobre un discurso pronunciado por Sam Rainsy, principal dirigente de la oposición.
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