Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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La población civil fue víctima de desapariciones forzadas, y algunas personas sufrieron detenciones ilegales, reclusiones arbitrarias y tortura o malos tratos. Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron intimidación y hostigamiento. Niñas y niños fueron secuestrados y reclutados como soldados. La situación de seguridad seguía siendo sumamente inestable en el este del país. Miles de personas fueron desalojadas de sus casas por la fuerza sin consulta previa y no se les proporcionó alojamiento alternativo ni indemnización. Información general El 14 de febrero, el presidente Déby declaró el estado de excepción, que restringía drásticamente la libertad de circulación y expresión. El decreto se renovó el 29 de febrero hasta el 15 de marzo. El 15 de abril, el presidente Déby nombró un gobierno encabezado por el primer ministro, Yusuf Saleh Abbas. El 23 de abril, cuatro miembros de la oposición fueron nombrados ministros. Chad y Sudán se acusaron mutuamente de apoyar a los oponentes de la otra parte. En mayo, Chad cerró su frontera con Sudán, y después Sudán rompió relaciones diplomáticas con Chad. En noviembre, tras la mediación de Libia, los dos gobiernos restablecieron las relaciones diplomáticas. En el este del país continuaron los combates esporádicos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados chadianos, al igual que la violencia entre comunidades, especialmente entre los grupos étnicos tama y zaghawa. La inseguridad, caracterizada por violaciones y homicidios, afectó a la población. El personal humanitario internacional que trabajaba en la región corría el riesgo de sufrir actos de bandidaje, en particular secuestros de vehículos y robos a mano armada. En la región oriental de Chad había más de 290.000 personas refugiadas procedentes de la región sudanesa de Darfur y más de 180.000 personas internamente desplazadas. Grupos armados chadianos y sudaneses utilizaban los campos de refugiados y desplazados internos para reclutar combatientes. Se recibieron informes sobre venta de armas en el interior de los campos de refugiados y de los emplazamientos para desplazados internos del este del país. El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta el 15 de marzo de 2009 el mandato de la Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT). Al término de 2008, la MINURCAT tenía representantes en Yamena, el este de Chad y Bangui, en la República Centroafricana. En septiembre comenzó el despliegue de un contingente chadiano entrenado por la MINURCAT. El mandato de la operación militar de la Unión Europea conocida como EUFOR en el este de Chad y el norte de la República Centroafricana se amplió hasta marzo de 2009. El 31 de marzo, el presidente Déby indultó a seis miembros de la organización benéfica francesa El Arca de Zoé a los que se había declarado culpables en 2007 del secuestro de 103 niños y niñas. Un tribunal de Yamena los había condenado a ocho años de prisión con trabajos forzados. Fueron trasladados a Francia, donde un tribunal falló que la legislación francesa impedía el cumplimiento de la pena de trabajos forzados, y la condena fue sustituida por ocho años de cárcel. En octubre, Chad exigió a Francia el pago de una indemnización a las familias de los niños y niñas, pero al terminar el año 2008 Francia no había efectuado pago alguno.
El 31 de enero, grupos armados de oposición lanzaron una gran ofensiva contra Yamena. Durante dos días, intensos combates asolaron la ciudad. Al menos 700 civiles perdieron la vida y centenares resultaron heridos. Más de 50.000 personas huyeron al vecino Camerún. El ataque fue obra de una coalición integrada por tres grupos armados: la Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo (Union des forces pour la Démocratie et le Développement, UFDD), la Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo-Fundamental (Union des Forces pour la Démocratie et le Développement-Fondamentale, UFDD-Fondamentale), y la Agrupación de Fuerzas por el Cambio (Rassemblement des Forces pour le Changement, RFC). En septiembre se hizo público el informe de la Comisión Nacional de Investigación designada por el gobierno para investigar la violencia. El documento concluía que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos se cometieron cuando los grupos armados ya habían abandonado la ciudad, y recomendaba el establecimiento de un comité de seguimiento para implementar sus recomendaciones. En septiembre, el presidente Déby creó un comité de seguimiento compuesto únicamente por ministros del gobierno. Organizaciones de la sociedad civil reclamaron un comité más independiente.
Las autoridades se negaron a revelar el paradero de algunos hombres desaparecidos tras ser detenidos por fuerzas gubernamentales. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de más de 14 oficiales del ejército y civiles detenidos en abril de 2006 bajo la sospecha de participar en un ataque contra Yamena en 2006. Seis miembros del grupo étnico tama detenidos en Guéréda en noviembre de 2007 continuaban desaparecidos. Harun Mahamat, sultán del departamento de Dar Tama, detenido junto con los seis hombres, quedó en libertad el 3 de mayo tras ser trasladado a una instalación militar de Yamena. La Comisión Nacional de Investigación no estableció el paradero del dirigente opositor Ibni Oumar Mahamat Saleh, detenido el 3 de febrero por fuerzas gubernamentales. La Comisión dijo que probablemente había muerto.
Personal de seguridad y soldados detuvieron y recluyeron a civiles, en especial después del ataque contra Yamena. Tres dirigentes de la oposición –el ex presidente Lol Mahamat Choua, Ngarlegy Yorongar e Ibni Oumar Mahamat Saleh– fueron detenidos por las fuerzas de seguridad el 3 de febrero. Lol Mahamat quedó en libertad más tarde y Ngarlegy Yorongar reapareció en Camerún. Ibni Oumar Mahamat Saleh desapareció (véase supra).
Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y medios letales innecesarios contra civiles. Al menos 68 seguidores y seguidoras de Sheij Ahmet Ismael Bichara y cuatro gendarmes perdieron la vida el 29 de junio en Kouno, al abrir fuego indiscriminadamente los gendarmes cuando intentaban detener a Sheij Ahmet Ismael Bichara, que según informes había amenazado con lanzar una yihad (guerra santa). Lo detuvieron más tarde junto a cinco ayudantes suyos y lo trasladaron a un centro de detención de Yamena.
Fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente a civiles tras el ataque contra Yamena. Algunos cadáveres, entre ellos el de Adam Bachir Abeldielil, fueron recuperados en la orilla del río Chari. Se denunciaron homicidios similares en el este del país. El gobierno no adoptó medida alguna para poner a disposición judicial a los sospechosos de los homicidios. Doungous Ngar fue detenido por las fuerzas de seguridad el 5 de febrero, y al día siguiente se encontró su cuerpo en el depósito de cadáveres de un hospital de Yamena. Había sido detenido en su lugar de trabajo por soldados que lo acusaron de robar una motocicleta, lo ataron de pies y manos y lo introdujeron en un vehículo militar. Adam Hassan y Bineye Mahamat, comerciantes de Farcha, un suburbio de Yamena, fueron detenidos el 23 de febrero por unos soldados que los acusaron de apoyar a la oposición armada. Los golpearon y los arrojaron al vehículo de los soldados. Sus cadáveres aparecieron en la orilla del río Chari. Violencia contra mujeres y niñas Las niñas y las mujeres jóvenes seguían siendo víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Niñas desplazadas eran violadas cuando se arriesgaban a salir de los campos donde residían. Se denunciaron algunas violaciones cometidas por soldados chadianos tras el ataque contra Yamena, a menudo en el contexto de registros domiciliarios en busca de armas y productos robados. Continuó la práctica de la mutilación genital femenina y se imponían matrimonios forzados, incluso en los campos para personas refugiadas e internamente desplazadas. El 21 de mayo, una mujer de 55 años de edad, madre de cinco hijos, fue violada por tres soldados gubernamentales que custodiaban un punto de paso de una trinchera excavada alrededor de Yamena para proteger la ciudad de ataques armados. La mujer huyó después a Camerún para escapar del estigma social. Desalojos forzosos El gobierno ordenó la demolición de miles de viviendas en Yamena, dejando a decenas de miles de personas sin hogar, en aplicación de un decreto presidencial de 22 de febrero. El consejo municipal de Yamena afirmó que las casas destruidas se habían construido sin autorización en terrenos de propiedad oficial. El gobierno no garantizó la consulta previa con los propietarios y tampoco les ofreció viviendas alternativas ni indemnizaciones. Personas refugiadas y desplazadas internamente Al término de 2008, Chad acogía a casi 250.000 personas refugiadas de Darfur en 12 campos. Más de 13.000 refugiados entraron en Chad durante el año, huyendo de los combates en Sudán. Había más de 180.000 chadianos internamente desplazados. Unas 50.000 personas refugiadas procedentes de la República Centroafricana seguían viviendo en el sur de Chad. Pena de muerte En agosto, un juez chadiano declaró culpable y condenó a muerte al ex presidente exiliado Hissène Habré y a 11 dirigentes de la oposición armada, entre ellos Timane Erdimi, líder de la Agrupación de Fuerzas por el Cambio, y Mahamat Nouri, líder de la Alianza Nacional. El tribunal los declaró culpables in absentia de delitos contra «el orden constitucional, la integridad territorial y la seguridad» de Chad. Niños y niñas soldados El ejército y los grupos armados chadianos seguían reclutando y utilizando niños y niñas soldados. Según la ONU, entre 7.000 y 10.000 niños y niñas servían en grupos armados y en el ejército chadiano. En el este del país, grupos armados sudaneses –los Toro Boro y el Movimiento Justicia e Igualdad– reclutaban niños y niñas de los campos de personas refugiadas. El Frente Unido por el Cambio Democrático (Front Uni pour le Changement Démocratique) chadiano también reclutó niños y niñas en campos de refugiados y desplazados internos.
Los periodistas seguían siendo objeto de intimidación, hostigamiento y detención. Periodistas que informaban sobre el conflicto en el este del país o sobre las relaciones con Sudán eran acusados de ser «enemigos del Estado». No se toleraban las críticas hacia las autoridades, y algunos periodistas se vieron obligados a huir del país. Durante el estado de excepción, un decreto presidencial restringió la libertad de prensa y aumentó las penas que podían imponerse a los periodistas. El decreto continuó en vigor cuando se levantó el estado de excepción en marzo. El 16 de enero, la policía detuvo a Maji-maji Oudjitan, coordinador de programas de FM Liberté, y cerró esta emisora de radio, que volvió a abrir el 27 de mayo por orden del nuevo primer ministro. El director de la emisora, Djekourninga Kaoutar Lazare, estuvo detenido del 16 al 22 de enero. El 16 de febrero se retiró la credencial a Sonia Roley, corresponsal de Radio France Internationale (RFI) y única representante de medios internacionales que permanecía en el país, que se vio obligada a salir de Chad.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, ataques y detenciones. El 28 de julio, el ministro del Interior ordenó el cierre de la Asociación Chadiana de Víctimas de Represión y Delitos Políticos. El 31 de julio, el presidente de la organización, Clément Abaïfouta, fue detenido, acusado de incitar al odio étnico, falsificación y uso de documentos falsificados. Quedó en libertad el 1 de agosto pero siguió sufriendo actos de hostigamiento. Deouzoumbé Daniel Passalet, presidente de Derechos Humanos sin Fronteras, fue detenido el 9 de enero tras hacer comentarios sobre la desaparición forzada de un funcionario gubernamental. En febrero pasó a la clandestinidad. Abusos cometidos por grupos armados En el este de Chad, varios grupos armados chadianos y sudaneses sometieron a la población civil a homicidios, violaciones, reclutamiento de niños y niñas y secuestros para exigir rescate. También atacaron a trabajadores humanitarios. Durante 2008 continuaron en el este del país los homicidios ilegítimos de civiles cometidos por grupos armados. También murieron personas en enfrentamientos entre comunidades, especialmente entre miembros de los grupos étnicos tama y zaghawa. Muchos de estos homicidios tuvieron lugar en abril, sobre todo en Guéréda. En julio estalló la violencia entre los grupos étnicos moro y dajo en Kerfi, en el este de Chad. Un alto dirigente moro murió en los enfrentamientos y miles de dajos se vieron obligados a huir de la zona. En abril, Ramadan Djom, conductor de la ONG británica Save the Children, murió a manos de hombres armados cerca de la frontera de Sudán. El 1 de mayo, Pascal Marlinge, director de la organización en Chad, murió por disparos efectuados por hombres armados entre Farchana y Hajir Hadid, cerca de la frontera de Sudán. Bandidos armados secuestraban a niños y niñas para exigir rescate, y los mataban si sus padres no pagaban. Informes y visitas de Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó Chad en mayo. Double misfortune: The deepening human rights crisis in Chad (AFR 20/007/2008) Chad: Las fuerzas de seguridad matan a 68 personas al ir a detener a un líder espiritual musulmán (AFR 20/006/2008) Chile República de Chile Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Población: 16,8 millones Esperanza de vida: 78,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 95,7 por ciento
Durante todo el año tuvieron lugar manifestaciones –en ocasiones de carácter violento– sobre temas como la educación, los derechos de los pueblos indígenas y el alza del coste de la vida. Al finalizar el año se debatía en el Congreso un proyecto de ley para adecuar la legislación nacional al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad visitó en agosto varias prisiones chilenas. Observó en ellas algunas buenas prácticas, pero condenó el uso de fuerza excesiva en los castigos, un grado de hacinamiento sin precedentes en las prisiones estatales y la prestación inadecuada de servicios básicos en los centros de detención de menores. El 15 de septiembre, tras retirar una polémica declaración interpretativa, Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes. Continuó la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resolvían con prontitud. Siguieron denunciándose violaciones de derechos humanos. En abril, el gobierno puso en marcha el Pacto Social por la Multiculturalidad, un marco político para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Matías Valentín Catrileo Quezada, estudiante mapuche de 23 años, murió el 3 de enero como consecuencia de los disparos recibidos durante una manifestación de protesta sobre el derecho a la tierra celebrada en la comuna Vilcún, región de La Araucanía. Tras las contradicciones iniciales de la autopsia y las investigaciones forenses, se confirmó que le habían disparado en la espalda. Al finalizar el año, un miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile acusado de los disparos se encontraba en libertad condicional bajo fianza a la espera de ser juzgado por el cargo de «violencias innecesarias causando la muerte». En noviembre, en Temuco, un fiscal regional presentó cargos contra tres estudiantes vinculados con la causa mapuche –uno de ellos de 16 años– en virtud de una ley antiterrorista promulgada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Los cargos guardaban relación con su presunta participación en un ataque con cócteles molotov perpetrado contra la policía. El gobierno había asegurado en repetidas ocasiones que no apoyaba la aplicación de la legislación antiterrorista a casos relacionados con las protestas de indígenas. Justicia e impunidad Según cifras oficiales, seguían vigentes 1.125 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990); 3.195 ya habían sido sujetos a investigación. Al finalizar 2008, un total de 245 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido condenados en relación con 115 casos. En varios casos destacados se produjeron resoluciones y novedades importantes. En marzo se condenó a 24 ex altos cargos de la policía militar por el secuestro, asesinato y tortura de 31 personas en Osorno en octubre y noviembre de 1973. Las penas oscilaban entre cadena perpetua y cuatro años de cárcel. En junio, Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue declarado culpable de los homicidios del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats González y de su esposa, cometidos en 1974 en Argentina mediante la detonación de una bomba colocada en los bajos de su automóvil. El juez añadió dos cadenas perpetuas y 20 años de cárcel a las penas que Manuel Contreras estaba cumpliendo ya en prisión. Otros siete ex agentes de la DINA y dos civiles fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel. En octubre, el general retirado Arellano Stark, en su calidad de jefe de la Caravana de la Muerte, fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el homicidio de cuatro presos políticos perpetrado en 1973. A otros cuatro oficiales se les impusieron penas de entre cuatro y seis años de cárcel. La condena de Arellano Stark fue la primera relacionada con los 72 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en el norte de Chile. En noviembre se confirmó que el ex general no ingresaría en prisión por motivos de salud. Se presentaron cargos contra 19 oficiales de la Armada –algunos de ellos todavía en activo– en relación con el secuestro del sacerdote Miguel Woodward. Todos quedaron en libertad bajo fianza. Las investigaciones confirmaron que Miguel Woodward había muerto en 1973 tras ser torturado y que había permanecido recluido en el buque de la Armada Esmeralda, que seguía formando parte de la marina chilena. La jueza encargada del caso recibió amenazas, y algunos testigos fueron hostigados al entrar en la sala del tribunal. En julio fue detenido en España Alfonso Podlech, ex fiscal militar de Temuco. Se había emitido contra él una orden de detención internacional por su implicación en las desapariciones de cuatro ciudadanos italochilenos, entre ellas la del sacerdote Omar Venturelli, ocurrida en 1973. Alfonso Podlech fue extraditado posteriormente a Italia, donde al finalizar el año seguía en prisión preventiva. Policía y fuerzas de seguridad Se acusó a la policía de infligir malos tratos a detenidos y hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Durante una manifestación celebrada el 21 de mayo en Valparaíso, un carabinero a caballo golpeó en la cara al fotógrafo Victor Salas con un bastón de metal. Los golpes produjeron al fotógrafo una grave pérdida de visión con consecuencias duraderas. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se pudo identificar al responsable, y otras investigaciones posteriores no arrojaron resultados concluyentes.
En noviembre, la secretaria general de Amnistía Internacional visitó Chile y se reunió con la presidenta Bachelet y altos cargos de su gobierno. Recomendaciones de Amnistía Internacional al Gobierno de Chile (AMR 22/009/2008) Chile: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU. Quinto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, mayo de 2009 (AMR 22/010/2008) China República Popular de China Jefe del Estado: Hu Jintao Jefe del gobierno: Wen Jiabao Pena de muerte: retencionista Población: 1.336,3 millones Esperanza de vida: 72,5 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/34 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 90,9 por ciento Los Juegos Olímpicos de Pekín provocaron un aumento de la represión en todo el país, al endurecer las autoridades el control sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, minorías étnicas, profesionales de la abogacía y periodistas. Tras las protestas y los disturbios que comenzaron en marzo en Lhasa, en un primer momento el gobierno detuvo a más de un millar de personas. Al finalizar el año, centenares de ellas continuaban recluidas o en paradero desconocido. Las autoridades utilizaron una serie de incidentes violentos presuntamente vinculados a terroristas para iniciar una amplia represión contra la población uigur en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. La tortura y otros malos tratos continuaban siendo prácticas generalizadas. Las autoridades mantenían un férreo control sobre la difusión de información, bloquearon el acceso a numerosos sitios web, y hostigaron y encarcelaron a periodistas y cibernautas por la expresión pacífica de sus ideas. Además, durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos utilizaron con mayor frecuencia formas punitivas de detención administrativa, especialmente a través del sistema de «reeducación por el trabajo», para silenciar las voces críticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos Las personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación continuaban en grave peligro de sufrir hostigamiento, arresto domiciliario, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos. Los familiares de activistas de derechos humanos, incluidos menores de edad, estuvieron cada vez más en el punto de mira de las autoridades y, entre otras cosas, fueron objeto de arresto domiciliario durante periodos prolongados y de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También corrieron peligro los abogados que se hicieron cargo de casos delicados. A algunos les retiraron la licencia para ejercer su profesión, mientras que otros perdieron su empleo. Hubo abogados que recibieron advertencias concretas de las autoridades para que no aceptasen casos delicados, como los correspondientes a seguidores de Falun Gong y a tibetanos detenidos durante los disturbios en las zonas tibetanas. Chen Guangcheng, asesor jurídico y activista invidente, continuaba sufriendo malos tratos en prisión. Cumplía una pena de cuatro años y tres meses de cárcel impuesta tras intentar que las autoridades locales de Shandong rindiesen cuentas por realizar esterilizaciones y abortos forzados a fin de que se cumpliesen las cuotas de nacimientos. Su esposa, Yuan Weijing, continuó sufriendo hostigamiento por parte de la policía, especialmente durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín, y siguió sometida a una estricta vigilancia policial.
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