Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado En abril, el asesor de Asuntos Exteriores, Iftehkar Ahmed Chowdhury, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abordaron la posibilidad de que la ONU participara en iniciativas encaminadas a poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en 1971. Sin embargo, al igual que había ocurrido en el pasado, no se creó ninguna comisión de investigación sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que era el primer paso para buscar la verdad, hacer justicia y ofrecer reparaciones plenas y efectivas a las víctimas. El gobierno no tomó medidas concretas para aplicar la Ley de Delitos Internacionales (Tribunales), de 1973. Ejecuciones extrajudiciales e impunidad Durante la primera mitad del año, la policía y el Batallón de Acción Rápida fueron responsables de al menos 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales, y se creía que en la segunda mitad del año se habían producido decenas de ellas. Ningún miembro de la policía o del Batallón de Acción Rápida fue procesado. Según el gobierno, se llevaron a cabo investigaciones judiciales preceptivas sobre todos los disparos con resultado de muerte efectuados por la policía y el Batallón de Acción Rápida y se halló que estaban justificados. No se hizo público el número de investigaciones judiciales realizadas ni sus conclusiones. El 27 de julio, la policía anunció la muerte de Mizanur Rahman Tulul, médico dirigente de Partido Comunista Purbo Banglar (Facción Bandera Roja) en lo que calificó como un incidente de «fuego cruzado», una expresión utilizada frecuentemente para describir las ejecuciones extrajudiciales. El 26 de julio, la madre de Tulul había informado a periodistas sobre su detención y había hecho un llamamiento público a las autoridades para que protegieran su seguridad.
Al menos 185 personas fueron condenadas a muerte, lo que elevó el número estimado de personas pendientes de ejecución a un mínimo de 1.085. Cinco hombres condenados por asesinato fueron ejecutados, uno en junio y cuatro en diciembre. En diciembre, Bangladesh votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
En enero, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, visitó Bangladesh y se reunió con víctimas de violaciones de los derechos humanos, grupos de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos. Bangladesh: Memorandum to the Caretaker Government of Bangladesh and political parties (ASA 13/001/2008) Bangladesh: Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (ASA 13/006/2008) Bangladesh: Elections present risks and opportunities for human rights (ASA 13/011/2008)
Jefe del Estado: rey Alberto II Jefe del gobierno: Herman Van Rompuy
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 10,5 millones Esperanza de vida: 78,8 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000
Hubo informes constantes de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente durante la expulsión de personas migrantes indocumentadas y de solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido rechazadas. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por las continuas denuncias de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos malos tratos con un elemento racista. En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también había expresado su preocupación por la discriminación y los malos tratos de índole racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el uso excesivo de la fuerza durante las expulsiones. El 26 de abril, Ebenizer Sontsa, solicitante de asilo procedente de Camerún cuya solicitud había sido rechazada, fue inmovilizado por varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante un intento de expulsión en el aeropuerto de Bruselas. Tras las protestas de otros pasajeros por el trato que le estaban dando, se suspendió el proceso de expulsión y se trasladó a Ebenizer Sontsa de regreso al centro de detención de inmigrantes de Merkplas, donde presentó una queja por malos tratos. Volvió a programarse su expulsión para el 9 de mayo, pero Ebenizer Sontsa se suicidó el 1 de mayo. En diciembre, la fiscalía cerró la investigación sobre la muerte de Ebenizer Sontsa. Serge Fosso, uno de los pasajeros que protestaron por el trato infligido a Ebenizer Sontsa, fue apartado del vuelo junto a otros dos pasajeros que también habían protestado, y estuvo 10 horas recluido en una celda en el aeropuerto de Bruselas, donde, según afirmó, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo habían insultado y amenazado, y después lo habían sacado a rastras de la celda con una llave de cabeza, lo que le causó lesiones en el rostro, los brazos, los dedos y la espalda. Serge Fosso presentó una querella criminal en relación con el trato recibido que estaba siendo investigada al finalizar el año. Migrantes y solicitantes de asilo Migrantes en situación irregular realizaron numerosas manifestaciones públicas y huelgas de hambre en protesta por la continua falta de oportunidades para regularizar su condición de migrantes. El 24 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que las condiciones de reclusión de los dos solicitantes de asilo palestinos rechazados que habían estado 11 días detenidos en la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas en febrero de 2003 constituían trato inhumano y degradante. Además, el tribunal resolvió que la prolongación de su detención a pesar de las decisiones judiciales que ordenaban su liberación constituía una violación de su derecho a la libertad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por la detención de solicitantes de asilo y por sus condiciones de reclusión. En octubre, la ministra de Asilo e Inmigración puso en marcha un proyecto piloto en el que las familias con miembros menores de edad ya no estarían recluidas en centros de detención cerrados mientras aguardaban su expulsión de Bélgica; esta medida se aplicaba a migrantes irregulares y a solicitantes de asilo rechazados. No obstante, las familias que solicitaran asilo a su llegada a un aeropuerto seguirían siendo detenidas. Seguridad y medidas antiterroristas El 7 de febrero, el Tribunal de Apelación de Amberes absolvió a dos hombres y dos mujeres, Bahar Kimyongür, Dursun Karatas, Sükriye Akar Özordulu y Zerrin Sari. Estas personas habían sido acusadas de pertenencia o apoyo a una organización terrorista debido a sus vínculos con un grupo de oposición turco, el Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular. El juez consideró que no había pruebas que los relacionasen con conspiraciones terroristas y que en Bélgica ese grupo no era una organización criminal o terrorista. Otras tres personas, entre ellas Fehriye Erdal, fueron absueltas de los cargos relacionados con terrorismo pero declaradas culpables de tenencia de armas de fuego. Sin embargo, el 24 de junio, tras un recurso de apelación interpuesto por el fiscal, el Tribunal de Casación anuló la sentencia de absolución. Al concluir el año, los acusados estaban en espera de un cuarto juicio que se celebraría ante el Tribunal de Apelación de Bruselas en mayo de 2009.
Jefe del Estado y del gobierno: Thomas Boni Yayi Pena de muerte: abolicionista en la práctica Población: 9,3 millones Esperanza de vida: 55,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 147/143 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 34,7 por ciento
Durante el año tuvieron lugar varias manifestaciones contra el elevado costo de la vida en Benín. Los manifestantes protestaban contra el alza de los precios de artículos de primera necesidad, como el maíz y el arroz, así como del cemento y el aceite de cocina. Condiciones de reclusión Las condiciones de reclusión eran muy duras en varias prisiones debido a graves problemas de hacinamiento, en gran medida porque muchos reclusos llevaban años en espera de juicio. Las condiciones no se ajustaban a las normas internacionales, y varios cientos de personas menores de edad estaban recluidas junto con personas adultas. Impunidad Miembros de la guardia presidencial a los que se consideraba responsables del homicidio de dos hombres y de causar lesiones al menos a otros cinco en Ouidah, localidad situada a 35 kilómetros al oeste de la capital, Cotonú, en mayo de 2007 no habían sido juzgados todavía al terminar el año 2008. Se abrió una investigación sobre el caso, pero no se hicieron públicos sus resultados. Pena de muerte En mayo, Benín fue examinado en virtud del mecanismo de examen periódico universal de la ONU y contrajo el compromiso de aplicar una suspensión de las ejecuciones. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal recomendó que Benín ratificase el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Informes y visitas de Amnistía Internacional Un representante de Amnistía Internacional visitó Benín en noviembre. Bielorrusia República de Bielorrusia Jefe del Estado: Alexander Lukashenko Jefe del gobierno: Serguéi Sidorski Pena de muerte: retencionista Población: 9,6 millones Esperanza de vida: 68,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 14/10 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 99,6 por ciento El gobierno siguió ejerciendo un control excesivo sobre la sociedad civil. Aumentó el control del Estado sobre los medios de comunicación y continuaron las restricciones sobre los medios independientes. Se prohibieron algunos actos públicos, se impusieron multas y breves periodos de reclusión a personas que se manifestaban pacíficamente y se hostigó a activistas de la sociedad civil y periodistas. Bielorrusia continuó dictando sentencias de muerte y ejecutando a personas condenadas. Información general La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) envió una delegación de observación a las elecciones parlamentarias celebradas el 28 de septiembre y concluyó que éstas habían distado de cumplir las normas de la OSCE. Aunque hubo algunas mejoras en el acceso de los candidatos de la oposición a los medios de comunicación, la delegación observó que los votantes seguían sin poder hacer una elección informada. El artículo 193.1 del Código Penal continuaba restringiendo los derechos a la libertad de reunión y de expresión. En diciembre de 2005, con antelación a las elecciones presidenciales de marzo de 2006, se había introducido esta ley –que penalizaba la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y las actividades de éstas– mediante decreto presidencial. Hubo señales de un compromiso mayor con la Unión Europea. Tras la liberación a lo largo del año de varias personas de la oposición encarceladas, el 13 de octubre la Unión Europea levantó parcialmente y con carácter provisional la prohibición de viajar que se había impuesto en 2006 a varias autoridades prominentes del gobierno.
Las autoridades siguieron limitando la libertad de reunión al prohibir manifestaciones o emplear la fuerza para dispersarlas, detener a manifestantes pacíficos y acosar a activistas de la sociedad civil y periodistas. Los días 10 y 21 de enero y 18 de febrero, más de 40 personas fueron detenidas y condenadas a penas de reclusión de 15 días como máximo o al pago de multas por participar en las manifestaciones contra el decreto núm. 760, que obligaba a las pequeñas empresas a pagar impuestos muy elevados si no empleaban únicamente a miembros de la unidad familiar. El 25 de marzo, según los informes recibidos, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra unos manifestantes que se habían congregado en la capital, Minsk, para conmemorar el Día de la Libertad, aniversario de la proclamación de la República Popular Bielorrusa en 1918. Alrededor de un centenar de personas que participaban en la manifestación fueron detenidas y posteriormente condenadas al pago de multas o recluidas en detención administrativa. Las autoridades adoptaron medidas sin precedentes contra los periodistas que cubrían la manifestación. Entre las personas detenidas estaba Andrey Lyankevich, periodista gráfico del periódico independiente Nasha Niva, quien informó de que lo habían golpeado. Acusado de organizar y participar en una reunión no autorizada, quedó en libertad el 27 de marzo, aunque la investigación judicial siguió abierta hasta el final del año. Una mujer y un hombre, periodistas de televisión lituanos, sufrieron, al parecer, una paliza a manos de la policía, que además causó destrozos en sus equipos. El 27 de marzo, los Servicios de Seguridad del Estado, todavía llamados KGB, efectuaron registros por todo el país en domicilios de periodistas que trabajaban con medios de comunicación extranjeros. El 31 de marzo, la Unión Europea expresó su «enorme decepción ante la detención de un gran número de participantes, especialmente de personas jóvenes» y condenó el recurso a la violencia para dispersar a manifestantes pacíficos. Dos activistas de la oposición, Andrey Kim y Syarhey Parsyukhevich, fueron acusados posteriormente de agresión a un agente de policía en aplicación del artículo 364 del Código Penal. Andrey Kim fue condenado el 22 de abril a 18 meses de cárcel por ese cargo. Según testigos, en realidad fue un agente de policía quien lo golpeó a él y no al revés. Syarhey Parsyukhevich, dirigente de una organización de pequeños empresarios de la ciudad de Vitebsk, estuvo 15 días en detención administrativa tras la manifestación del 10 de enero. El 24 de abril fue condenado a dos años y medio de cárcel por agresión a un agente de policía cuando estaba bajo custodia, aunque él asegura que dos agentes lo sacaron de su celda y lo golpearon. Grupos locales de derechos humanos afirmaron que las acusaciones contra ellos eran inventadas y que ambos estaban siendo castigados por la expresión pacífica de sus ideas políticas. Los dos quedaron en libertad en agosto por decreto presidencial.
Se denegó el permiso para celebrar actos públicos a activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Estos grupos solicitaron autorización para celebrar pequeños actos callejeros en la ciudad de Gomel y en la capital, Minsk, los días 4 y 10 de mayo, respectivamente, pero en uno y otro sitio la administración local se la denegó. A los activistas de Minsk se les dijo que su acción bloquearía el tráfico, y a los de Gomel que no habían demostrado que estuvieran en condiciones de prestar asistencia médica o garantizar la seguridad necesaria para el evento, o de limpiarlo todo una vez concluido el acto, aunque sí lo habían demostrado en su solicitud. Libertad de expresión El 7 de agosto, el presidente firmó la entrada en vigor de una nueva ley sobre medios de comunicación de masas. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia afirmó que la nueva ley aumentaría considerablemente las restricciones a la libertad de expresión y dificultaría todavía más el trabajo de los medios y de los periodistas. En septiembre no eran más de 30 las publicaciones sociales y políticas independientes que seguían publicándose, y la mitad habían sido excluidas de los sistemas de distribución de propiedad estatal. El representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación expresó su preocupación por el hecho de que esta ley ampliara el derecho del gobierno a amonestar, suspender y cerrar medios de comunicación. La nueva ley también aumentaba las restricciones sobre el registro oficial, prohibía toda financiación procedente del extranjero o de fuentes no reconocidas y facilitaba a los órganos del Estado el cierre de medios de comunicación sin una orden judicial y con un solo aviso. La ley era aplicable a las publicaciones por Internet, y la subdirectora de Administración Presidencial, Natalya Pyatkevich, afirmó que se aplicaría a los sitios web debido a la necesidad de controlar la «desinformación procedente de sitios extranjeros», y añadió que las autoridades se basaban en «la experiencia de China, que había cerrado el acceso a esos sitios en su territorio». En septiembre, el Tribunal del Distrito de Kastrychnitski, en la ciudad de Hrodna, calificó de extremistas una edición del diario independiente Svaboda (Libertad) y varios materiales videográficos, entre ellos la película documental polaca «Lección en bielorruso», tras una solicitud del departamento de distrito de la KGB en Hrodna. El periódico Svaboda había publicado una noticia sobre una manifestación del movimiento juvenil de oposición Frente Maladi contra la acción militar rusa en Osetia del Sur. La información contravenía disposiciones de la Ley para Combatir el Extremismo, ratificada en 2007, según la cual toda organización que resultara culpable de haber promovido el derrocamiento violento del orden constitucional, fomentado la actividad terrorista o incitado al odio racial, nacional o religioso, podía ver ordenado su cierre, y toda publicación calificada de extremista podía ser destruida. La decisión adoptada contra el Svaboda se anuló en la vista de apelación. En noviembre, el mismo tribunal se negó a considerar una solicitud para calificar de extremista el informe de 2004 de la ONG Viasna (Primavera) sobre la situación de los derechos humanos.
El 18 de enero, el Tribunal Municipal de Minsk condenó a Alyaksandr Zdvizhkou, ex director adjunto del periódico Zhoda (Unidad), a tres años de prisión por «incitación a la enemistad o a la discordia racial, nacional o religiosa». Fue condenado por publicar en 2006 unas caricaturas del profeta Mahoma que algunos miembros de la comunidad musulmana consideraban ofensivas y que un diario danés había publicado inicialmente en 2005. El proceso penal comenzó el 22 de febrero de 2006, y el periódico se cerró al mes siguiente. Alyaksandr Zdvizhkou se marchó de Bielorrusia para evitar el procesamiento, pero el 18 de noviembre de 2007 fue detenido cuando regresó para visitar la tumba de su padre. Según informes, el jefe de la comunidad musulmana de Bielorrusia se opuso a la condena impuesta a Alyaksandr Zdvizhkou y al cierre del diario Zhoda. El 22 de febrero, el Tribunal Supremo de Bielorrusia redujo a tres meses la pena de tres años que se le había impuesto. Esta decisión dio lugar a su excarcelación inmediata de la prisión de máxima seguridad en la que estaba recluido. Zmitser Dashkevich, dirigente del Frente Maladi condenado a 18 meses de cárcel en noviembre de 2006 por «participar en una actividad de una organización no gubernamental no reconocida», quedó en libertad el 23 de enero, dos meses antes de lo previsto. En agosto, el presidente Lukashenko liberó a Alyaksandr Kazulin, candidato presidencial en las elecciones de marzo de 2006 que había sido declarado culpable de «vandalismo» y de «organizar actividades colectivas que alteran el orden público» y condenado a cinco años y medio de cárcel en julio de 2006. Pena de muerte Según información publicada en medios de comunicación, cuatro personas fueron ejecutadas en el año. El 5 de febrero se ejecutó a Valery Harbaty, Syarhey Marozaw e Ihar Danchanka, condenados a muerte por varios asesinatos cometidos en la región de Gomel entre 1990 y 2004. El Tribunal Supremo condenó a los tres a morir por fusilamiento el 1 de diciembre de 2006. El 9 de octubre de 2007 se juzgó a Syarhey Marozaw e Ihar Danchanka por otros asesinatos y Syarhey Marozaw fue condenado a muerte de nuevo. Según informes de prensa, los tres solicitaron el indulto al presidente Lukashenko. El secretario general del Consejo de Europa condenó las ejecuciones y acusó a las autoridades bielorrusas de mostrar un «desprecio absoluto» por los valores humanos. El 6 de octubre se ejecutó a Pavel Lenny, condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Gomel por violación y asesinato de un niño. En una conferencia de prensa ofrecida el 9 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo afirmó que solamente una persona había sido condenada a muerte en 2008. El Ministerio del Interior manifestó en octubre que existía un «avance gradual e irreversible hacia la abolición». En diciembre, Bielorrusia se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Una delegada de Amnistía Internacional visitó Bielorrusia en octubre para investigar sobre la pena de muerte. Bolivia República de Bolivia Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Población: 9,7 millones Esperanza de vida: 64,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 64/55 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 86,7 por ciento
Continuaron las tensiones políticas y regionales y el malestar social al aplicar varios departamentos un programa autonomista y rechazar la nueva propuesta de Constitución. En mayo y junio se celebraron referéndums de autonomía en cuatro departamentos, pero la Corte Nacional Electoral los declaró ilegales. En un referéndum revocatorio celebrado en agosto, Evo Morales fue ratificado como presidente de Bolivia con un 67,4 por ciento de los votos. El brote de violencia registrado en septiembre en el departamento de Pando (véase infra) llevó al presidente Morales a declarar un estado de excepción que permaneció en vigor más de dos meses. La comunidad internacional –y en especial la recién creada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)– desempeñó un papel importante en los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica a la crisis política. En octubre, el Congreso aprobó el texto revisado de la nueva Constitución. Estaba previsto que el nuevo texto fuera sometido a referéndum nacional en enero de 2009. Aunque los índices de pobreza seguían siendo elevados –sobre todo entre los pueblos indígenas–, se registraron novedades positivas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellas figuraban programas para mejorar el nivel de alfabetización y de asistencia escolar, paliar la desnutrición, construir más viviendas sociales y proporcionar pensiones de jubilación. Según el Fondo de Población de la ONU, Bolivia seguía siendo el país con el mayor índice de mortalidad materna de toda Sudamérica (alrededor de 290 madres fallecidas por cada 100.000 niños nacidos vivos). |