Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
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Violencia contra mujeres y niñas Al menos tres mujeres fueron víctimas de presuntos «homicidios por motivos de honor» en Cisjordania y Gaza. En junio, Khouloud Mohammed al Najjar fue golpeada hasta la muerte en la Franja de Gaza por miembros de su familia que la acusaban de «conducta inmoral». Su padre fue detenido. En julio, la policía de la Autoridad Palestina dijo que había detenido en la ciudad cisjordana de Hebrón a un hombre acusado de matar a su hermana para proteger el «honor de la familia». La policía no divulgó el nombre de las personas afectadas. Informes y visitas de Amnistía Internacional Delegados de Amnistía Internacional visitaron Cisjordania y Gaza entre febrero y abril. Territorios Palestinos Ocupados: Las facciones rivales palestinas deben poner fin a la represión de quienes se les oponen (MDE 21/003/2008)
Jefe del Estado: Ilham Aliyev Jefe del gobierno: Artur Rasizade Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 8,5 millones Esperanza de vida: 67,1 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 89/81 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 98,8 por ciento Siguió limitándose gravemente la libertad de expresión. A los periodistas críticos e independientes se los sometía a un hostigamiento constante, y algunos fueron encarcelados por cargos cuestionables en juicios que no respetaron las normas internacionales de justicia. Algunos grupos religiosos sufrían un constante acoso. Libertad de expresión: periodistas Siguió sometiéndose a hostigamiento, agresiones físicas e intimidación a periodistas críticos e independientes, a causa de su actividad periodística. Aunque la difamación y el libelo seguían siendo delitos, se encarceló a varios periodistas acusados de otros delitos aparentemente sin relación con su actividad periodística, como «gamberrismo» o «soborno». Los juicios de los periodistas acusados de esos delitos no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal, y silenciaron de hecho informaciones críticas con el gobierno. Las autoridades no informaron de avances significativos en las investigaciones de numerosos casos de agresiones a periodistas. En el caso del director de periódico Elmar Hüseynov, muerto por disparos en 2005, las autoridades afirmaron que estaban recurriendo a «todas las medidas posibles» para conseguir la extradición de dos ciudadanos georgianos de etnia azerí relacionados con el crimen; según informes, el gobierno georgiano se negaba a extraditarlos debido a su nacionalidad georgiana. Faramaz Novruzoğlu y Sardar Alibeylı, del periódico Nota Bene, fueron condenados a 2 años de prisión y 18 meses de trabajo correctivo, respectivamente, después de informar sobre la presunta corrupción en el Ministerio del Interior. En marzo, Qenimet Zahid, redactor jefe del periódico de oposición Azadlıq (Libertad), fue condenado a cuatro años de cárcel por gamberrismo y agresión. Su abogado afirmó que su juicio no se había desarrollado conforme a las normas internacionales de justicia procesal. Aqil Xalil, corresponsal de Azadlıq, fue víctima de una agresión en febrero, presuntamente a manos de funcionarios locales implicados en la tala ilegal de árboles. Posteriormente, en marzo, unos hombres desconocidos lo asaltaron y lo acuchillaron. Aqil Xalil creía que el ataque se debía a su investigación sobre presuntas transacciones ilegales de tierras. En abril, la Fiscalía General afirmó que Aqil Xalil había sido apuñalado por un amante homosexual, información que fue negada por varias ONG de derechos humanos de Azerbaiyán. En junio, Emin Hüseynov, destacado activista y director del Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas, fue detenido y presuntamente golpeado por la policía. Hubo de ser hospitalizado con fuertes dolores en la cabeza y en el cuello. A finales de agosto, al parecer, tres periodistas fueron golpeados en Naxçivan, un enclave autónomo situado entre Irán y Armenia. Según los informes, miembros de la administración local del pueblo de Nehram golpearon a los corresponsales de Radio Liberty Malahet Nasibova e Ilgar Nasibov y al representante del IRFS Elman Abbasov cuando los periodistas informaban sobre un enfrentamiento entre vecinos de Nehram y la policía local. Los atacantes arrebataron a los periodistas su cámara y otro equipo, y lo destruyeron. Libertad de religión Continuó el hostigamiento de representantes de grupos religiosos o confesiones ajenas a las estructuras oficialmente aprobadas. En agosto, tres personas murieron tras la explosión de una bomba en la mezquita de Abu Bekr, en Bakú. Tras el incidente, se prohibió a los musulmanes el rezo en mezquitas públicas al aire libre. Siguieron recibiéndose informes de afeitado forzado de la barba a manos de la policía. En marzo, Zaur Balaev, pastor baptista condenado en agosto de 2007 a dos años de cárcel por ofrecer resistencia a la autoridad y agresión, fue indultado y liberado. En junio, otro pastor baptista, Hamid Şabanov, fue detenido en Aliabad acusado de posesión de arma de fuego. Su familia y miembros de la comunidad baptista dijeron que el arma había sido colocada expresamente para acusarlo. Su juicio comenzó en julio y al terminar el año aún no había concluido; en noviembre salió de prisión y fue puesto bajo arresto domiciliario. En agosto, las autoridades confiscaron su centro de culto a una comunidad protestante con base en Bakú, sin ofrecer indemnización alguna, a pesar de que la comunidad era la propietaria legal del lugar. En septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación de Said Dadaşbeyli, condenado en diciembre de 2007 a 14 años de cárcel por cargos relacionados con el terrorismo. Said Dadaşbeyli había dirigido una organización religiosa denominada NIMA, a la que las autoridades habían acusado de cooperar con los servicios secretos iraníes. Según su familia y su abogado, la organización sólo realizaba actividades benéficas.
En julio, el Tribunal de Apelaciones de Bakú confirmó las condenas de prisión de Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov, que tenían entre 15 y 16 años cuando fueron detenidos y que en junio de 2007 fueron declarados culpables del asesinato de otro adolescente. No se investigaron sus afirmaciones de que habían confesado a consecuencia de las torturas sufridas. Informes y visitas de Amnistía Internacional Azerbaiyán: Excarcelados cinco periodistas (EUR 55/001/2008) Azerbaijan: Mixed messages on freedom of expression (EUR 55/002/2008) Azerbaiyán: La persecución contra un periódico de la oposición continúa imparable (EUR 55/004/2008) Azerbaiyán: Amnistía Internacional condena la paliza dada a Emin Hüseynov, director de un organismo de vigilancia mediática (EUR 55/005/2008)
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Arthur Hanna Jefe del gobierno: Hubert Ingraham Pena de muerte: retencionista Población: 335.000 Esperanza de vida: 72,3 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 20/14 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 95,8 por ciento
En diciembre, Bahamas ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Policía y fuerzas de seguridad Se tuvo conocimiento de varias denuncias de uso excesivo de la fuerza y de un homicidio ilegítimo cometido por la policía. La ausencia de un organismo independiente encargado de investigar las denuncias de malos tratos por parte de agentes de policía mermaba la confianza en el proceso debido. Patrick Strachan murió en un hospital después de que el 27 de febrero la policía le disparara en el estómago en Wilson Tract. Vecinos de la zona afirmaron que no iba armado cuando la policía le disparó. La policía, por su parte, alegó que la víctima había disparado primero. Al finalizar el año, Amnistía Internacional no tenía conocimiento del estado de la investigación. El 19 de abril, las fuerzas de seguridad hostigaron y maltrataron a Emmanuel McKenzie, presidente de una organización ecologista, durante una batida conjunta efectuada por la policía y el ejército en un acto de recaudación de fondos. Lo esposaron, lo llevaron a rastras hasta un descampado y le apuntaron con un arma de fuego a la cabeza. Algunos otros asistentes al acto sufrieron también golpes y malos tratos. Aunque se presentó una denuncia formal, al finalizar el año no se había iniciado todavía una investigación. Migrantes y solicitantes de asilo Grupos de haitianos residentes en Bahamas pidieron al gobierno de Haití que les ayudara a atajar la discriminación que sufrían en el país. Algunos migrantes cubanos se quejaron también de discriminación y malos tratos en el Centro de Detención de Carmichael, que albergaba a ciudadanos extranjeros acusados de infringir las leyes de inmigración. Violencia contra mujeres y niñas La Ley sobre la Orden de Protección contra la Violencia Intrafamiliar entró en vigor el 1 de diciembre, más de un año después de que fuera aprobada por el Parlamento. En noviembre, el Parlamento aprobó varias modificaciones de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, por las que se aumentaba a cadena perpetua la pena por delitos sexuales graves. Pena de muerte Según la prensa, al menos una persona fue condenada a muerte durante el año. Tras la resolución adoptada en 2006 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, radicado en Reino Unido, que abolía la pena de muerte preceptiva por el delito de asesinato, se revisaron las penas de muerte impuestas a varias personas y se conmutaron por cadena perpetua. Continuó el debate público nacional sobre las ejecuciones, con el primer ministro, el presidente del Colegio de Abogados y el director en funciones de la policía a favor de su reanudación. En diciembre, Bahamas votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Bahamas: Submission to the UN Universal Periodic Review –Third session of the UPR Working Group of the UN Human Rights Council, December 2008 (AMR 14/002/2008) Bahréin Reino de Bahréin Jefe del Estado: rey Hamad bin Isa al Jalifa Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa Pena de muerte: retencionista Población: 766.000 Esperanza de vida: 75,2 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 14/14 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 86,5 por ciento Las autoridades no investigaron debidamente denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos. Se detuvo brevemente a personas críticas con el gobierno y se cerraron varios sitios web. Se ejecutó a una persona. El gobierno indicó que iba a despenalizar ciertos delitos de publicación, a reducir la discriminación de las mujeres en la ley y a introducir otras reformas. Información general En marzo y abril se produjeron de nuevo violentas protestas de miembros de la población chií, mayoritaria en país, contra la discriminación que creían sufrir, especialmente a manos de la policía y las fuerzas de seguridad, y contra la paralización de las reformas políticas emprendidas por el rey en 2001 y 2002. Un policía resultó muerto, y se detuvo a decenas de personas. De éstas, 19 fueron procesadas. Otras 13, que habían sido acusadas de incendio premeditado y disturbios, formaban parte de un grupo al que el monarca concedió un indulto en julio, pero al final del año continuaban detenidas. Según informes, se habían negado a firmar los documentos oficiales en los que se autorizaba su liberación porque consideraban que debían retirarse incondicionalmente todos los cargos contra ellas. Escrutinio internacional y novedades jurídicas En abril se examinó la trayectoria de Bahréin en materia de derechos humanos conforme al sistema del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno contrajo considerables compromisos con respecto a los derechos humanos, como el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, la retirada de las reservas formuladas por Bahréin al ratificar ciertos tratados de derechos humanos, la reforma del derecho de familia y nacionalidad y la aprobación de nuevas leyes para proteger a las trabajadoras domésticas y levantar las restricciones impuestas a la prensa. Tortura y otros malos tratos Varias personas detenidas en relación con protestas violentas ocurridas en los pueblos de Karzajan y Demestan en marzo y abril denunciaron haber sido torturadas y sometidas a otros malos tratos por la policía. Dijeron que las habían tenido recluidas en régimen de incomunicación durante una semana y que en ese tiempo las habían obligado a permanecer de pie durante largos periodos, vendado los ojos y golpeado. Un total de 15 personas detenidas en diciembre de 2007 y acusadas de quemar un vehículo policial y de robar un arma denunciaron haber sido torturadas. Cinco fueron condenadas en julio a entre cinco y siete años de prisión por el Tribunal Penal Superior; a otras seis, les impusieron penas de un año de prisión, aunque se beneficiaron de un indulto real, y las cuatro restantes fueron absueltas. Entre estas últimas figuraba Mohammad Mekki Ahmad, de 20 años, que había pasado 12 días recluido en régimen de incomunicación en el Departamento de Investigación Criminal de Manama, donde afirmó haber sido sometido a torturas como colgarlo, golpearlo y aplicarle descargas eléctricas. En un informe médico solicitado por el Tribunal Penal Superior y que se remitió a éste en abril se señalaba que algunos de los acusados presentaban en el cuerpo marcas que podían haber sido causadas por tortura. El gobierno no ordenó realizar una investigación independiente sobre las presuntas torturas.
El gobierno propuso reformar la Ley de Prensa y Publicaciones de 2002 para eliminar la pena de encarcelamiento por delitos como criticar al rey e «incitar al odio al régimen». El Consejo de la Shura (Consultivo) añadió otras reformas en mayo. Todas las reformas se presentaron a la Cámara de Representantes. En junio, Abdullah Hassan Bu Hassan pasó tres días detenido en relación con sus escritos para The Democrat, publicación de la Sociedad de Acción Nacional Democrática. Ese mismo mes, siete colaboradores del sitio web Awal y del boletín de la Sociedad Islámica Al Wifaq estuvieron detenidos brevemente y fueron acusados de «incitar al odio e insultar al régimen». Se cerraron varios sitios web por contener artículos en los que se criticaba a la familia real y al gobierno. En noviembre, el ministro del Interior anunció, según informes, que se iba a obligar a los ciudadanos bahreiníes, incluidos los parlamentarios y los miembros de ONG, a solicitar autorización con antelación para asistir en el extranjero a reuniones donde se hablara de los asuntos internos de Bahréin, y que quienes no lo hicieran podrían ser encarcelados o multados. Pena de muerte En agosto fue ejecutado un ciudadano de Bangladesh, Mizan Noor Al Rahman Ayoub Miyah, declarado culpable de asesinar a la persona para la que trabajaba. En diciembre, Bahréin se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
Un delegado de Amnistía Internacional visitó Bahréin en octubre y se reunió con autoridades del gobierno, parlamentarios, activistas de derechos humanos, periodistas, personas que habían estado detenidas y profesionales del derecho. En noviembre, un delegado de Amnistía Internacional asistió a una reunión de seguimiento organizada por el gobierno de Bahréin para tratar la cuestión de la aplicación de las recomendaciones formuladas en el periodo de sesiones de abril del examen periódico universal de la ONU. Bangladesh República Popular de Bangladesh Jefe del Estado: Iayudin Ahmed Jefe del gobierno: Fajrudin Ahmed Pena de muerte: retencionista Población: 161,3 millones Esperanza de vida: 63,1 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 68/67 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 47,5 por ciento La Liga Awami logró una aplastante victoria en los comicios del 29 de diciembre, las primeras elecciones parlamentarias en siete años, que se celebraron en un ambiente predominantemente pacífico. Antes de estas elecciones, y a pesar de las reformas institucionales y de la relajación de las medidas de excepción, continuaron las restricciones a la libertad de reunión y asociación, y decenas de miles de activistas políticos fueron detenidos en todo el país cuando, según los informes, intentaban reunirse pacíficamente en las oficinas de sus partidos. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar concentraciones pacíficas, causando lesiones a quienes participaban en ellas. Se calculaba que, sólo durante la primera mitad de año, al menos 54 personas habían muerto en presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y del Batallón de Acción Rápida. No se obligó a nadie a rendir cuentas por estas muertes. Al menos 185 personas fueron condenadas a muerte, y cinco hombres fueron ejecutados. El gobierno provisional potenció las reformas institucionales a lo largo del año. En septiembre entró en vigor la ordenanza para la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. En octubre se promulgó la Ley sobre el Derecho a la Información, que permitía a los ciudadanos solicitar el acceso a información en poder de organismos públicos. Sin embargo, ocho organismos de seguridad estaban exentos de cumplir esta ley salvo cuando la información solicitada estuviera relacionada con corrupción y violaciones de derechos humanos. Información general Al comenzar el año, el gobierno provisional, respaldado por las fuerzas armadas, continuaba aplicando las restricciones establecidas por el estado de excepción, vigente desde el 11 de enero de 2007. El 17 de diciembre se levantó el estado de excepción y apenas dos semanas después, cuando el año tocaba a su fin, se celebraron elecciones, en las que la Liga Awami obtuvo una abrumadora mayoría. Las dudas sobre el compromiso de las autoridades militares de permitir la reanudación del proceso democrático se disiparon con las elecciones parlamentarias celebradas el 29 de diciembre. Dos alianzas políticas –la Liga Awami, encabezada por Hasina Wajed, y el Partido Nacionalista de Bangladesh, dirigido por Jaleda Zía– concurrieron a las elecciones. Quedaba por ver si el nuevo gobierno utilizaría esta oportunidad única para cumplir sus promesas electorales y reforzar la protección de los derechos humanos. Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y se recibieron informes de actos de violencia contra ellas, como palizas, ataques con ácido y muertes a causa de la dote. En marzo, el gobierno anunció modificaciones en el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer a fin de promover aún más la igualdad para las mujeres. Sin embargo, las modificaciones del Plan no siguieron adelante al desencadenar el anuncio una fuerte resistencia por parte de grupos islamistas que convocaron manifestaciones de protesta afirmando que dichas modificaciones eran contrarias a la ley islámica sobre sucesiones. Colonos bangladeshíes continuaban apropiándose de tierras de indígenas jummas que habitaban en Chittagong Hill Tracts. Tres relatores especiales de la ONU –sobre el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas– expresaron preocupación por el hecho de que pudiera haber una campaña sistemática de apoyo al reasentamiento de personas no indígenas en Chittagong Hill Tracts, con el fin de superar en número a las comunidades indígenas locales. En Dacca y otras ciudades importantes se desalojó por la fuerza a miles de personas que vivían en poblados de infraviviendas. Sus hogares fueron demolidos sin que se les proporcionase indemnización o alojamiento alternativo. Los desalojos respondían a órdenes judiciales con las que se pretendía despejar terrenos que solían asignarse a proyectos de desarrollo urbanístico. Entró en vigor la Ordenanza sobre la Lucha contra el Terrorismo. Su ambigua definición de los actos de terrorismo socavaba aún más las salvaguardias contra la detención y reclusión arbitrarias. Las normas sobre garantías procesales seguían debilitadas y se vieron todavía más socavadas por la normativa del estado de excepción, que limitaba el acceso de los acusados al debido proceso judicial. El gobierno continuó recurriendo a las fuerzas armadas, a la policía, al Batallón de Acción Rápida y a otras fuerzas de seguridad para mantener el orden público. El ejército, que llevaba desplegado con este fin desde enero de 2007, se retiró temporalmente a comienzos de noviembre, pero fue desplegado de nuevo el 18 de diciembre y permaneció en esa situación hasta después de las elecciones.
Las restricciones a la libertad de expresión no se aplicaron con rigor y finalmente se eliminaron en noviembre. Aunque en mayo y noviembre se levantaron algunas restricciones a la libertad de reunión y asociación, muchas continuaron vigentes hasta que se revocó el estado de excepción, el 17 de diciembre. En mayo se eliminó la prohibición de celebrar reuniones políticas en lugares cerrados, pero en torno a 30.000 activistas políticos de diversos partidos fueron detenidos, según los informes, cuando se reunieron en las oficinas de sus partidos poco después del anuncio. La policía los mantuvo recluidos durante periodos que oscilaron entre varios días y dos meses antes de dejarlos en libertad sin cargos o bajo fianza tras presentar contra ellos cargos penales que aparentemente no estaban relacionados con los hechos. El 3 de noviembre, el gobierno anunció la eliminación parcial de la prohibición de celebrar concentraciones políticas, que sin embargo siguió aplicándose hasta el 12 de diciembre. Uso excesivo de la fuerza La policía utilizó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos en diversas ocasiones. El 6 de julio agredió a varios centenares de activistas del Partido Nacionalista de Bangladesh que se habían reunido pacíficamente en las instalaciones del hospital universitario Bangabandhu Sheij Mujib a fin de ver cómo un dirigente de su partido que estaba detenido era trasladado desde el hospital para asistir a una vista judicial por cargos de corrupción. Al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas un fotógrafo de prensa que informaba sobre los hechos. El 11 de noviembre, la policía dispersó a palos y culatazos de rifle a miles de activistas de Jamaat-e-Islami en la mezquita de Baitul Mukarram, en Dacca. A pesar de que el gobierno había anunciado el 3 de noviembre que se había levantado la prohibición que impedía la celebración de concentraciones políticas, la policía dijo a los organizadores de la concentración pacífica que la prohibición aún estaba vigente y la dispersó por la fuerza, causando lesiones a no menos de 30 manifestantes.
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