Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

 En octubre, una delegación de Amnistía Internacional solicitó visados para viajar a Angola, pero aún no las había recibido al terminar el año. No se ofrecieron razones de la demora ni se indicó cuándo se concederían los visados. La última visita de Amnistía Internacional al país tuvo lugar en febrero de 2007.

 Angola: Briefing for election monitors (AFR 12/002/2008)

 Angola: Briefing for the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 41st session, 3-21 November 2008 (AFR 12/010/2008)

Jefe del Estado y del gobierno: rey Abdulá bin Abdulaziz

Pena de muerte: retencionista

Población: 25,3 millones

Esperanza de vida: 72,2 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 26/17 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 82,9 por ciento

El gobierno aumentó su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. En enero, una delegación oficial compareció por primera vez ante el comité de la ONU encargado de examinar el primer informe que presentaba Arabia Saudí sobre su aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En febrero, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó por primera vez el país.

Se detuvo y encarceló a activistas de derechos humanos y a personas que habían expresado pacíficamente críticas al gobierno. Otras personas detenidas en años anteriores continuaron en prisión.

 Matrouk al Faleh, profesor universitario y activista de derechos humanos detenido en mayo, fue recluido sin cargos ni juicio en la prisión de Al Hair de Riad, donde se le negó el acceso a un abogado. Las autoridades no explicaron el motivo de su detención, pero ésta se produjo poco después de que escribiera un artículo en el que criticaba las duras condiciones de reclusión de dos hermanos suyos, Abdullah al Hamid e Issa al Hamid, en la prisión de Buraida. Los hermanos Al Hamid, ambos presos de conciencia, cumplían penas de seis y cuatro meses de cárcel, respectivamente, impuestas tras haber sido declarados culpables de «incitación a protestar» en 2007 por apoyar una manifestación pacífica celebrada ante la prisión de Buraida por familiares de personas recluidas allí por motivos políticos y sin juicio. Los dos quedaron en libertad tras cumplir sus condenas.

 Shaij Nasser al Ulwan, detenido en 2004 o 2005 en Buraida por negarse, según informes, a dictar una fetua, continuó recluido sin cargos ni juicio y sin medios efectivos de resarcimiento. Según los informes, pasaba gran parte del tiempo en régimen de incomunicación y aislamiento.

 El preso de conciencia Fouad Ahmad al Farhan, autor de blogs en Internet detenido en diciembre de 2007, aparentemente por criticar al gobierno, estuvo recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Dhahban, de Yidda, hasta abril, cuando quedó en libertad.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades adoptaron una amplia variedad de medidas represivas en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. La legislación prescribía severas penas para los delitos de terrorismo, pero su redacción era muy general e imprecisa y abarcaba el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y otras actividades legítimas. Este hecho se veía exacerbado por el secretismo del sistema judicial, que fomentaba la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos.

Las autoridades detuvieron a centenares de personas por razones de seguridad, entre ellas algunas que habían sido devueltas de Irak, Pakistán o Yemen. Millares más detenidas en años anteriores continuaron recluidas prácticamente en secreto. La mayoría llevaban mucho tiempo sometidas a régimen de incomunicación para su interrogatorio y se les negaba el acceso a abogados, la asistencia médica y las visitas de sus familias desde hacía meses o años. A ninguna de ellas se le había permitido impugnar la legalidad de su detención. El gobierno manifestó que muchas de estas personas se hallaban recluidas para su «reeducación». En abril, las autoridades dejaron en libertad a 32 ex detenidos de Guantánamo que habían sido recluidos en Arabia Saudí tras haber sido devueltos por las autoridades estadounidenses en 2007. Al menos 24 más continuaban recluidos al concluir el año.

 El 28 de febrero fueron detenidos en un puesto de control ocho ciudadanos bahreiníes que habían hecho una corta visita a Arabia Saudí. Estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y aislamiento hasta el 12 de julio, fecha en que quedaron en libertad sin cargos ni juicio.

El reducido número de personas detenidas por motivos de seguridad que fueron llevadas ante los tribunales fueron sometidas a juicios secretos y manifiestamente injustos, consistentes en algunos casos en breves vistas ante un grupo de tres interrogadores, no necesariamente jueces, que les preguntaban por confesiones u otras declaraciones que habían hecho al ser interrogados durante su reclusión en régimen de incomunicación. Según informes, a las personas que fueron declaradas culpables les impusieron penas de flagelación, además de condenas de prisión.

En octubre, el gobierno anunció el establecimiento del Tribunal Penal Especial para juzgar a más de 900 personas acusadas de delitos penados con la muerte, como asesinato y atentado con explosivos, pero no dio más explicaciones. Se esperaba que entre los acusados figuraran ocho hombres que en 2007 habían aparecido en la televisión saudí «confesando» haber planeado atentados terroristas, delito penado con la muerte. Los ocho habían permanecido mucho tiempo en régimen de incomunicación y tal vez habían sido torturados. Cinco –Abdullah y Ahmed Abdel Aziz al Migrin, Khaled al Kurdi, Mohamed Ali Hassan Zein y Amir Abdul Hamid Al Sadi– eran ciudadanos saudíes; dos –Ali Issa Umar y Khalid Ali Tahir–, chadianos, y el otro –Muhammad Fatehi Al Sayyid–, egipcio. Al concluir el año no se tenía la seguridad de que hubiera comenzado ya algún juicio ante el Tribunal Penal Especial.

Algunas personas condenadas por delitos contra la seguridad continuaron encarceladas tras haber cumplido sus condenas.

 Majed Nasser al Shummari, que había cumplido una condena de tres años de prisión en 2005, continuaba encarcelado. Había sido condenado en un juicio secreto celebrado en Riad y durante el cual no contó con asistencia letrada, por cargos relacionados con una visita que había hecho a Afganistán.

Las mujeres seguían siendo objeto de grave discriminación en la ley y en la práctica y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar y otras formas de violencia a pesar de haber mejorado la cooperación del gobierno con los órganos internacionales que se ocupan de los derechos de las mujeres. Entre otros aspectos de su situación que eran motivo de preocupación figuraba el hecho de que siguieran subordinadas a los hombres en el derecho de familia, se les negara la igualdad de oportunidades en el empleo, se les siguiera prohibiendo conducir vehículos o viajar solas y, a diferencia de los hombres saudíes, en caso de estar casadas con extranjeros, no pudieran transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Tras su visita a Arabia Saudí, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer señaló que se habían producido avances en el acceso de las mujeres a la educación, pero dijo que había recibido numerosas denuncias de discriminación y violencia contra mujeres, también a manos de la policía religiosa.

El comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al examinar la aplicación de este tratado por Arabia Saudí, observó con preocupación que, tal como se aplicaba, el concepto de custodia masculina respecto de las mujeres (mehrem), limitaba gravemente los derechos de éstas, en particular en lo referente al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la sucesión, la propiedad, la elección del lugar de residencia, la educación y el empleo. También señaló el alto índice de violencia en el ámbito familiar y la falta de procesamientos a este respecto. El gobierno dijo que se estaba elaborando una ley contra este tipo de violencia.

En agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo oficial, instó al gobierno a tomar medidas para poner fin a la práctica del matrimonio infantil. En septiembre, anunció la apertura en Riad de un departamento de asuntos de la mujer para investigar abusos contra mujeres, niños y niñas.

Derechos de las personas migrantes

Se cometían con impunidad abusos generalizados contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes en algunos casos organizaron manifestaciones para protestar contra el impago de sus salarios, sus malas condiciones de vida y de trabajo y la negativa de sus empleadores a renovarles el visado.

Muchas personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, soportaban condiciones sumamente abusivas, en las que les hacían trabajar hasta 18 horas diarias, en algunos casos pagándoles muy poco o ningún salario. Los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico carecían de toda protección en la legislación laboral saudí, por lo que en la práctica no tenían apenas posibilidades de obtener reparación por abusos o explotación de sus empleadores.

 Según informes, en julio, las autoridades del aeropuerto impidieron que la persona para la que trabajaba Ela Adoul Madouky, trabajadora doméstica indonesia, la obligara a tomar un vuelo a su país, porque era patente que estaba enferma y necesitaba atención hospitalaria. Los médicos que la atendieron dijeron que ya la habían tratado anteriormente por malnutrición severa y lesiones externas, como quemaduras y cortes. Ela Adoul Madouky dijo que las personas para las que trabajaba la golpeaban y le daban sólo pan para comer.

Las autoridades violaban los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En algunos casos, las tenían prácticamente presas, y en otros, las devolvían a países donde estaban expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

 Alrededor de 80 iraquíes se hallaban recluidos en un campo vallado y vigilado cerca de Rafha. Habían huido de Irak en 1991 y en ningún caso se les había concedido asilo ni dado la oportunidad de llevar una vida normal en Arabia Saudí.

 Unos 28 eritreos que habían pedido asilo en Arabia Saudí en 2002 se encontraban bajo custodia cerca de la ciudad de Yizan. Se les seguía negando el acceso a los tribunales.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica generalizada, llevada a cabo con impunidad. En las denuncias solían mencionarse métodos como propinar a las víctimas fuertes palizas con palos, aplicarles descargas eléctricas, colgarlas del techo, darles puñetazos, impedirles dormir e insultarlas.

 Según informes, en marzo, tres hombres de nacionalidad chadiana –Muhammad Hamid Ibrahim Sulayman, Hassan Bashir y Muhammad Salih– fueron declarados culpables de robo y condenados a la amputación de la mano derecha sobre la base de confesiones que presuntamente habían hecho tras ser golpeados durante una prolongada detención en régimen de incomunicación.

 Un hombre que había estado recluido sin cargos en varias prisiones entre 2003 y 2006 contó a Amnistía Internacional en 2008 que le habían aplicado descargas eléctricas, lo habían recluido en régimen de aislamiento durante cuatro meses y le habían tenido encadenado durante tres semanas en una pequeña celda sin aire acondicionado en épocas de calor extremo.

La flagelación era preceptiva por diversos delitos, y los tribunales continuaron haciendo uso frecuente de ella como pena principal o complementaria. Se impusieron condenas de amputación por robo.

 En enero, tras una amplia campaña de ámbito local e internacional, se anularon en virtud de un indulto real las condenas de flagelación impuestas a una superviviente de violación conocida como «la muchacha de Al Qatif» y a su compañero.

 En febrero, Bilal Bin Muslih Bin Jabir al Muwallad y Ahmad Hamid Muhammad Sabir, de 15 y 13 años, respectivamente, en el momento del delito, fueron condenados a recibir 1.500 y 1.250 latigazos. Junto con otros cinco varones, habían sido declarados culpables de diversos robos y agresiones perpetrados en Medina. Los otros cinco hombres fueron condenados a muerte (véase infra). Al concluir el año, la causa seguía en el Tribunal de Casación de La Meca para su revisión.

Continuó aplicándose ampliamente la pena de muerte tras juicios sumarios y secretos. Raras veces se permitía a los acusados contar con asistencia letrada, y podían ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño. Como en años anteriores, la pena capital se utilizó de manera desproporcionada contra personas pobres, incluidos muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de Asia y África, y contra mujeres. En abril, Amnistía Internacional recibió imágenes filmadas en secreto de la decapitación en público de un jordano condenado por delitos de drogas.

Al menos 102 personas, 39 de las cuales eran extranjeras, fueron ejecutadas en 2008. Muchas habían sido condenadas por delitos no violentos, como delitos relacionados con drogas, «sodomía», blasfemia y apostasía. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en público.

 En enero, los padres de Moeid bin Hussein Hakami, decapitado en 2007, dieron el inaudito y audaz paso de presentar una demanda ante las autoridades por la ejecución de su hijo. El muchacho tenía 13 años en el momento del delito y 16 cuando fue decapitado. No se avisó con antelación a sus padres de la ejecución ni se les comunicó, según informes, su lugar de enterramiento.

 En febrero, cinco jóvenes fueron condenados a muerte en Medina por diversos atracos y agresiones, delitos que el juez consideró que constituían «corrupción en la tierra». Todos habían sido recluidos en régimen de incomunicación tras su detención, en 2004, y sometidos, al parecer, a palizas para obligarlos a confesar. Dos de ellos –Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al Muwallad, ciudadano saudí, e Issa Bin Muhammad Umar Muhammad, chadiano– tenían 17 años en el momento de los presuntos delitos.

 En febrero, un tribunal admitió la apelación de Rizana Nafeek, joven trabajadora doméstica de Sri Lanka que había sido condenada a muerte en 2007 por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. Se ignoraba el resultado de la apelación.

 En abril, Sultan Kohail, de 17 años, fue condenado a recibir 200 latigazos y a un año de prisión por un tribunal sin competencia para imponer la pena de muerte. El cargo formulado contra él guardaba relación con la muerte de un muchacho en una pelea ocurrida en el patio de su colegio. Tras presentarse una apelación, la causa se remitió a otro tribunal para que se celebrara un nuevo juicio. El nuevo tribunal había juzgado al hermano mayor de Sultan Kohail por el mismo cargo y lo había condenado a muerte, por lo que se temía que también le impusiera a él la pena capital a pesar de ser menor de 18 años en el momento del delito.

En diciembre, Arabia Saudí votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

 Amnistía Internacional intentó una vez más que se le permitiera visitar Arabia Saudí para realizar investigaciones sobre la situación de los derechos humanos, pero el gobierno se negó.

 Affront to justice: Death penalty in Saudi Arabia (MDE 23/027/2008)

 Saudi Arabia: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review (MDE 23/029/2008)

Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika

Jefe del gobierno: Ahmed Uyahiya

(sustituyó a Abdelaziz Beljadem en junio)

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 34,4 millones

Esperanza de vida: 71,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 34/30 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 69,9 por ciento

Según informes de prensa, entre 60 y 90 civiles fueron víctimas de homicidio como consecuencia de la continuación de la violencia política, muchos de ellos en atentados con explosivos de los que se responsabilizó un grupo autodenominado Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico. Decenas de presuntos miembros de grupos armados murieron en escaramuzas y operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. Cabía la posibilidad de que algunos hubieran sido ejecutados extrajudicialmente.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó al gobierno que tomara medidas para combatir la impunidad, investigara todos los casos presentes y pasados de tortura (incluidos los de desaparición forzada y violación) y garantizara que las iniciativas antiterroristas de Argelia cumplían las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno no hizo nada al respecto.

El 12 de noviembre, el Parlamento aprobó una reforma de la Constitución que eliminaba la imposibilidad de ocupar la presidencia durante más de dos mandatos, preparando así el terreno para que Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999, resultara elegido por tercera vez en las elecciones presidenciales, previstas para abril de 2009.

Las autoridades, en especial el órgano de inteligencia militar conocido como Departamento de Información y Seguridad (DRS), continuaron recluyendo a presuntos terroristas en régimen de incomunicación, con lo que quedaban expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos. Entre los detenidos hubo varios ciudadanos argelinos devueltos desde otros Estados.

 Rabah Kadri, ciudadano argelino devuelto de Francia en abril, fue detenido, según informes, a su llegada y recluido en régimen de incomunicación por el DRS durante 12 días, al cabo de los cuales quedó en libertad sin cargos.

 Durante 2008 fueron devueltos a Argelia siete hombres detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo. Todos fueron detenidos a su llegada y recluidos en régimen de incomunicación por periodos de entre 8 y 13 días. Tras ser puestos en libertad, quedaron sujetos a control judicial por presunta pertenencia a grupos terroristas en el extranjero. Seguía habiendo 14 ciudadanos argelinos detenidos en Guantánamo.

Continuó sometiéndose a juicios injustos a personas sospechosas de actividades subversivas o terroristas. A algunas se les negó el acceso a abogados durante su detención preventiva. Los tribunales aceptaron como prueba, sin realizar ninguna investigación, «confesiones» que los acusados afirmaron haber hecho bajo tortura o coacción.

 En enero, las autoridades de la prisión militar de Blida reconocieron por primera vez la detención de Mohamed Rahmouni, que llevaba ya seis meses recluido. Aunque era civil, se preveía que sería juzgado ante un tribunal militar de Blida acusado de terrorismo. No se le permitió el acceso a su abogado, que intentó en vano verlo al menos seis veces.

 En julio se aplazó indefinidamente el juicio de Malik Mejnoun y Abdelhakim Chenoui por presunta pertenencia a un grupo armado terrorista y por el asesinato del cantante Lounes Matoub. Ambos hombres, que llevaban más de nueve años recluidos sin cargos, parte de ellos en secreto y en régimen de incomunicación, continuaban en prisión al final del año. Los dos aseguraban haber sido torturados bajo custodia, pero las autoridades no habían ordenado realizar ninguna investigación, aun cuando Abdelhakim Chenoui había dicho que su «confesión», que implicaba a Malik Mejnoun, había sido obtenida con coacción.

 Al menos 30 personas recluidas por cargos de terrorismo en la prisión de El Harrach dijeron que habían sido golpeadas brutalmente por los guardias en febrero tras negarse a volver a sus celdas en protesta por la transformación de la zona que tenían asignada para la oración. No se investigaron las denuncias.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a que garantizaran que ninguna persona permanecía recluida una vez cumplido el plazo máximo de detención preventiva, investigaran los informes sobre centros secretos de detención y pusieran todos los centros de detención del DRS bajo el control de la administración penitenciaria civil y las autoridades judiciales.

Libertad de expresión

Periodistas y defensores de derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento. Se procesó a algunos, acusados de difamación y otros delitos por criticar a instituciones o cargos públicos.

 En abril, el abogado de derechos humanos Amine Sidhoum fue declarado culpable de desacreditar a la judicatura por unos comentarios atribuidos a él que se habían publicado en 2004 en un artículo de prensa. El tribunal le impuso una condena condicional de seis meses y una multa. Tras confirmar un tribunal de apelación la condena en noviembre, la causa se remitió al Tribunal Supremo en virtud de recursos presentados tanto por el fiscal como por Amine Sidhoum.

 En octubre, Hassan Bourras, periodista del diario El Bilad, fue condenado a dos meses de prisión y a pagar una multa tras confirmar el Tribunal de Apelaciones de Saida la sentencia condenatoria dictada contra él por difamación con motivo de un artículo suyo sobre presunta corrupción en la ciudad de El Bayadh. Quedó en libertad bajo fianza en espera de otra posible apelación.

 Hafnaoui Ghoul, periodista y activista de derechos humanos de la sección de Djelfa de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, se enfrentaba a cuatro procedimientos judiciales distintos por difamación y desacato como consecuencia de denuncias presentadas por cinco funcionarios de la gobernación de Djelfa por unos artículos que había publicado en el periódico Wasat sobre mala gestión y corrupción. Las acusaciones guardaban también relación con denuncias del periodista sobre centros secretos de detención y tortura.