Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

El Tribunal Supremo vio el recurso presentado por Born Samnang y Sok Sam Oeuen el 31 de diciembre, y decidió devolver el caso al Tribunal de Apelación para que se reabriera la investigación y dejar a los dos hombres en libertad bajo fianza. Ambos habían sido declarados culpables del homicidio del sindicalista Chea Vichea, cometido en 2004, aunque tenían coartada.

En septiembre, un tribunal de Phnom Penh confirmó el cierre de la investigación sobre el homicidio del sindicalista Hy Vuthy, cometido en 2007, por falta de pruebas.

En abril, una misión de investigación enviada por la Organización Internacional del Trabajo para evaluar los progresos de la investigación iniciada por las autoridades sobre el homicidio de tres sindicalistas concluyó que la falta de una judicatura independiente era una de las principales causas de que el gobierno no pusiera freno a la violencia y los ataques contra sindicalistas.

En una iniciativa que supuso la ruptura del ciclo de impunidad, cinco ex soldados del Jemer Rojo fueron juzgados por participar en 1996 en el secuestro y homicidio de un desminador y su intérprete. Cuatro de ellos fueron declarados culpables y recibieron largas penas de prisión.

Reclusión sin juicio

La policía de Phnom Penh aumentó las redadas nocturnas, en las que practicaba detenciones arbitrarias de mendigos, personas sin techo y personas que trabajaban en la industria del sexo. Según víctimas y testigos, eran habituales las redadas de personas que se dedicaban al comercio del sexo, a las que obligaban a subirse a camiones, a menudo con violencia o amenazas. Muchas detenciones violaron el Código de Procedimiento Penal camboyano y el derecho internacional. Algunas de las personas detenidas fueron trasladadas a centros de «educación» o «rehabilitación» gestionados por el Departamento municipal de Asuntos Sociales, en los que se habían producido violaciones en grupo de mujeres por parte de guardas y al menos tres personas detenidas habían muerto a consecuencia de las palizas recibidas. Los dos centros continuaban funcionando al finalizar el año, pero el gobierno aseguró que quienes permanecían en ellos lo hacían voluntariamente.

Se celebraron varias vistas preliminares en las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. Sin embargo, el primer juicio que se iba a celebrar, el de Kaing Guek Eav (también conocido como Duch) se aplazó hasta 2009, tras decidir la fiscalía que se intentarían ampliar los cargos.

Entre continuas denuncias de corrupción, los integrantes camboyanos del Tribunal y los pertenecientes a la ONU acordaron crear un programa anticorrupción, lo que desembocó en una serie de denuncias de miembros del personal camboyano que afirmaron haber sido obligados a pagar sobornos para conservar sus empleos.

En septiembre, una mujer transgénero presentó ante las Salas Especiales la primera denuncia sobre abusos relacionados con el género –matrimonio forzado y violencia sexual en forma de violación en grupo durante la detención– cometidos durante el periodo de la Kampuchea Democrática.

Al finalizar el año, la Unidad de Víctimas de las Salas Especiales había recibido más de 1.100 solicitudes de particulares, de las que 34 habían sido aceptadas, y cerca de 1.700 denuncias de víctimas.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

No se aprobó el nuevo Código Penal, cuya redacción se había prolongado a lo largo de 14 años. Al concluir el año estaba siendo revisado por el Consejo de Ministros.

Tampoco se aprobó la ley anticorrupción, a pesar de que era una de las principales prioridades de los donantes internacionales de Camboya. En mayo, una coalición de más de 40 ONG presentó una petición en la que figuraban la firma y la huella dactilar de más de un millón de ciudadanos camboyanos y en la que se instaba a la Asamblea Nacional a que aprobase la ley y tomase otras medidas para poner freno a la corrupción.

En septiembre, el primer ministro Hun Sen declaró su intención de garantizar la promulgación de una ley de asociaciones, en parte para aumentar el control sobre la financiación y los objetivos de las ONG. Organizaciones no gubernamentales de todo el país expresaron su honda preocupación porque la ley restringiría aún más sus actividades.

En marzo de 2008 se promulgó una nueva ley contra la trata de personas, que fue objeto de críticas por centrarse en la detención y reclusión de las personas que se dedicaban al comercio del sexo y no en los traficantes.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Camboya en febrero y marzo, y en octubre.

 Camboya: Libertad para los chivos expiatorios del asesinato de dirigente sindical (ASA 23/001/2008)

 Rights Razed – Forced evictions in Cambodia (ASA 23/002/2008)

 Cambodia: Ignoring the rights of Indigenous Peoples (ASA 23/008/2008)

 Cambodia: A risky business – defending the right to housing(ASA 23/014/2008)

Jefe del Estado: Paul Biya

Jefe del gobierno: Ephraim Inoni

Pena de muerte: abolicionista en la práctica

Población: 18,9 millones

Esperanza de vida: 49,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 150/136 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 67,9 por ciento

A finales de febrero estallaron disturbios en varias ciudades, entre ellas la capital política, Yaundé, y la capital económica, Duala. Los manifestantes protestaban por el aumento del coste de la vida, los bajos salarios y los planes del gobierno de enmendar la Constitución para suprimir una disposición que impedía al presidente Paul Biya presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2011.

Decenas de miles de chadianos huyeron al norte de Camerún en febrero cuando grupos políticos armados atacaron la capital de Chad, Yamena.

El 14 de agosto, Nigeria entregó a Camerún la península de Bakassi, rica en petróleo, en aplicación de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 10 de octubre de 2002. Grupos armados al parecer procedentes de Nigeria lanzaron varios ataques contra instalaciones gubernamentales y de seguridad en la península que causaron la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios cameruneses.

Las fuerzas de seguridad usaron habitualmente medios letales de forma excesiva e innecesaria, y no se llevó a cabo ninguna investigación sobre los homicidios ilegítimos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

 A finales de febrero, las fuerzas de seguridad mataron a unas 100 personas al reprimir las protestas violentas en todo el país. Al parecer, algunas víctimas murieron por disparos en la cabeza efectuados a quemarropa. En Duala, según informes, algunas personas se ahogaron al verse obligadas a saltar al río Wouri para no ser alcanzadas por los disparos. Se negó atención médica a muchas personas que sufrieron heridas de bala, y algunas murieron por esa causa.

 El 29 de junio, decenas de reclusos se fugaron de la prisión de New Bell, en Duala. Según informes, guardias penitenciarios y otras fuerzas de seguridad mataron a tiros a 15 de ellos en la ulterior persecución. El día siguiente, René Mireille Bouyam, que vivía junto a la prisión, resultó mortalmente herido por disparos cuando los agentes encontraron a un recluso escondido en su casa. El preso también fue abatido a tiros.

Periodistas que informaban sobre casos de corrupción o criticaban al gobierno se exponían a sufrir arrestos arbitrarios y a ser acusados formalmente de difamación por motivos políticos. En febrero, las autoridades cerraron la emisora de televisión Equinoxe y dos emisoras de radio, Radio Equinoxe y Magic FM. Varios periodistas que informaban sobre las protestas de febrero fueron agredidos por las fuerzas de seguridad. El gobierno permitió a las emisoras que reanudaran sus emisiones en julio, pero Magic FM no pudo hacerlo porque su equipo había sido confiscado y al parecer destruido.

 El 27 de febrero, Eric Golf Kouatchou, camarógrafo de la emisora de televisión Canal 2 International, fue detenido cuando se dirigía a cubrir las protestas en Bonanjo, cerca de Duala. Le confiscaron su equipo y, junto con 36 jóvenes, estuvo detenido y fue golpeado antes de quedar en libertad.

 Marie Noëlle Guichi y Jean-François Channon, del diario Le Messager, fueron detenidos el 3 de junio tras informar de un escándalo de corrupción vinculado a la compra de un avión presidencial defectuoso. Aunque se les concedió la libertad bajo fianza, los dos periodistas corrían el riesgo de ser encarcelados en caso de ser declarados culpables.

 El 15 de octubre, la policía de Yaundé detuvo a tres directores de periódicos que tenían previsto publicar artículos en los que se acusaba al director de una institución educativa de aceptar sobornos. Según informes, Max Mbida, de Le Tenor de l’Info, estuvo detenido varios días. Armand Ondoua, de Le Régional, y Zacharie Flash Diemo, de Le Zénith, permanecían detenidos al finalizar el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban la actuación del gobierno en materia de derechos humanos sufrieron hostigamiento y amenazas.

 Alhadji Mey Ali, presidente del grupo de derechos humanos OS-Civile en la provincia del Extremo Norte, fue detenido el 20 de febrero y juzgado el día siguiente. El Tribunal Superior lo condenó a un año de prisión y al pago de una multa de un millón de francos CFA (casi 2.000 dólares estadounidenses) tras declararlo culpable de difamación criminal.

 Madeleine Afite, de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Actions des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, ACAT-Littoral) recibió amenazas de muerte y su automóvil fue destrozado a principios de marzo tras denunciar abusos durante los disturbios de febrero.

 El 28 de marzo, según informes, un funcionario de la fiscalía de Marua amenazó por teléfono a Abdoulaye Math, presidente del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades. El 3 de abril, guardias de la prisión de Marua impidieron el acceso de Abdoulaye Math a reclusos a los que debía representar en actuaciones judiciales por orden del Tribunal de Apelación.

Libertad de reunión

Las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia, la detención arbitraria y la reclusión ilegal para impedir que activistas políticos de la oposición celebraran reuniones.

 A Mboua Massock ma Batalon lo detuvieron el 16 de febrero en Zoétélé con el fin de impedirle celebrar una concentración pública para pedir la dimisión del presidente. Durante las escaramuzas que tuvieron lugar en la concentración, gendarmes y policías detuvieron a varias personas, entre ellas el hijo de Mboua Massock, Camille Massock, a quien según los informes golpearon duramente. Las personas detenidas quedaron en libertad sin cargos unos días después.

 Paul Eric Kingué, alcalde de la comuna de Njombé-Penja en Nkongsamba, provincia de Litoral, fue detenido el 29 de febrero y acusado de participación en los disturbios y de incitación a la rebelión. Paul Eric Kingué afirmó que lo habían detenido por cuestionar evasiones de impuestos protagonizadas por agricultores franceses y elementos poderosos del gobierno.

Opositores políticos del gobierno fueron detenidos y recluidos arbitrariamente. Entre los afectados figuraban miembros del Frente Socialdemócrata, principal partido de la oposición, y del Consejo Nacional del Camerún Meridional (CNCM), grupo que apoyaba la independencia de las provincias anglófonas.

 Al menos 20 miembros del CNCM, entre ellos Fidelis Chinkwo Ndeh, fueron detenidos en Bamenda el 10 de febrero, y al menos 7 el día siguiente. Al concluir el año, casi 40 miembros del CNCM estaban en espera de juicio por cargos que iban desde vestir camisetas del CNCM hasta incitar a la secesión.

 Al menos 23 miembros de la principal facción del Frente Socialdemócrata estuvieron detenidos sin juicio durante más de dos meses y medio, acusados de matar a Grégoire Diboulé, miembro de una facción disidente del Frente Socialdemócrata, en mayo de 2006. En noviembre, el Tribunal Superior de Yaundé ordenó la libertad incondicional de uno de los detenidos y la libertad provisional de los demás. El líder del Frente Socialdemócrata, John Ni Fru Ndi, también fue acusado formalmente del homicidio pero al finalizar el año no había sido detenido.

Más de 1.500 personas detenidas durante las protestas de febrero fueron sometidas a juicio con inusitada rapidez, con escaso o ningún tiempo para preparar su defensa. Muchos encausados no dispusieron de asistencia letrada, en tanto que a otros no se les dejó tiempo para consultar con sus abogados. Los juicios fueron de carácter sumario. Cientos de encausados fueron condenados a entre tres meses y dos años de prisión. A pesar de una amnistía presidencial decretada en junio, cientos de personas permanecían en la cárcel al terminar el año, porque habían apelado o porque no podían permitirse pagar las multas impuestas por los tribunales.

 Dos músicos y activistas políticos, Pierre Roger Lambo Sandjo (también conocido como Lapiro de Mbanga) y Joe de Vinci Kameni (también conocido como Joe La Conscience), fueron detenidos en marzo y abril, respectivamente, por cantar canciones en las que criticaban al presidente. Joe de Vinci Kameni fue declarado culpable de instigar al pueblo a manifestarse y condenado a seis meses de prisión. Pierre Roger Lambo Sandjo fue declarado culpable de complicidad en los disturbios y condenado a tres años de prisión y una cuantiosa multa. Joe de Vinci Kameni fue uno de los 139 presos liberados en virtud de una amnistía decretada el 16 de junio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El Código Penal castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La homofobia era endémica en la sociedad camerunesa. Continuó regularmente el procesamiento y ulterior encarcelamiento de presuntos gays.

 Dos hombres fueron declarados culpables en marzo de actos homosexuales y condenados a seis meses de prisión y al pago de una multa. Los hombres quedaron en libertad porque ya habían pasado más de seis meses bajo custodia. Habían sido sometidos a exámenes anales humillantes.

 En mayo, la policía de Lomié, provincia Oriental, detuvo a dos mujeres jóvenes como sospechosas de actos homosexuales. Mientras estaban bajo custodia, la policía, según los informes, obligó a las dos mujeres a denunciar a otras cuatro como «cómplices» suyas.

En las prisiones y otros centros de detención se daban habitualmente condiciones antihigiénicas y de hacinamiento. A menudo no se prestaba asistencia médica ni se proporcionaban alimentos. Había menores de edad recluidos junto con adultos y, en ocasiones, hombres recluidos junto con mujeres. Los disturbios y los intentos de fuga eran frecuentes. Los guardias penitenciarios no disponían de medios adecuados ni habían recibido una capacitación apropiada.

 Al menos 10 reclusos murieron y unos 78 resultaron heridos tras declararse un incendio en la prisión de New Bell el 20 de agosto. La prisión de New Bell había sido construida en la década de 1930 para una población reclusa de 700 personas, pero albergaba a casi 4.000.

Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte, aunque no se había tenido noticia de ejecuciones desde 1997. El 20 de mayo se conmutó un número indeterminado de condenas de muerte por cadena perpetua en aplicación de un decreto presidencial.

En diciembre, Camerún se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Las autoridades no permitieron el acceso de Amnistía Internacional al país.

Jefa del Estado: reina Isabel II,

Jefe del gobierno: Stephen Harper

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 33,2 millones

Esperanza de vida: 80,3 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/6 por cada 1.000

Continuó suscitando preocupación que siguiera sin garantizarse la resolución rápida e imparcial de los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el plan de construir un gaseoducto en tierras de Alberta que los lubicon cree seguían reclamando como suyas. La Comisión de Empresas Públicas de Alberta hizo caso omiso de estas inquietudes al aprobar el proyecto en octubre.

En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá ordenó que se investigara una queja sobre la disparidad de los fondos destinados a los organismos de protección de los niños indígenas.

El gobierno siguió afirmando que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá porque este país había votado en contra de su aprobación.

En Ontario avanzaba con lentitud la aplicación de las recomendaciones del informe publicado en 2007 por la Comisión de Investigación de Ipperwash sobre las circunstancias que rodearon el caso de Dudley George, indígena que murió en 1995 por disparos de la policía cuando participaba desarmado en unas protestas por el derecho a la tierra.

La Policía Provincial de Ontario hizo uso excesivo de la fuerza durante unas manifestaciones por el derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk y en sus alrededores en 2007 y 2008.

En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que «[adoptara] las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema» en lo tocante a la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes. El Comité pidió también que se levantaran las restricciones impuestas a los fondos destinados a las labores de promoción, presión e investigación de las organizaciones de mujeres y que se creara un mecanismo de supervisión de las reclusas.

En febrero, tras una resolución adoptada en 2007 por la Corte Suprema de Canadá, el gobierno reformó el sistema del certificado de seguridad de inmigración, que aun así seguía siendo injusto. Cinco hombres sujetos a dicho sistema fueron puestos en libertad –en algunos casos con condiciones de libertad bajo fianza muy restrictivas– mientras continuaban los procedimientos judiciales que se seguían contra ellos. Uno de los hombres, Hassan Almrei, llevaba recluido desde octubre de 2001.

En marzo, la Corte Federal rechazó un recurso contra la práctica de poner bajo custodia de las autoridades afganas, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán. La Corte Federal de Apelación confirmó esta decisión en diciembre.

En octubre se hizo público el informe de una comisión de investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero. En el informe se indicaba que las acciones de los funcionarios canadienses habían contribuido de múltiples formas a violar los derechos de los tres detenidos.

El gobierno siguió negándose a intervenir ante las autoridades estadounidenses en favor de Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de seis.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En junio, alegando defectos de procedimiento, la Corte Federal de Apelación invalidó una resolución adoptada en 2007 por la Corte Federal según la cual el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos vulneraba la Carta de Derechos y el derecho internacional.

Se inició una investigación pública de ámbito provincial sobre la muerte en octubre de 2007, en el aeropuerto internacional de Vancouver, del ciudadano polaco Robert Dziekanski después de que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le dispararan con pistolas Taser (armas de electrochoque). El Departamento de Quejas Públicas de este cuerpo emitió un informe en el que se pedía que se restringiera el uso de este tipo de armas. Cuatro personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser.

En septiembre, la Corte Federal examinó una petición de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado en 1983 a la pena capital en el estado estadounidense de Montana. Ronald Smith impugnaba la nueva política del gobierno canadiense de no solicitar el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países considerados democráticos y respetuosos con el Estado de derecho. Al finalizar el año, la Corte no había adoptado todavía una decisión.

 Canada: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (AMR 20/004/2008)

 La tierra y el modo de vida, amenazados. El pueblo indígena Lubicon Cree de Canadá (AMR 20/006/2008)

 Canada: Unequal Rights: Ongoing concerns about Discrimination against Women in Canada (AMR 20/008/2008)

Jefe del Estado: Idriss Déby Itno

Jefe del gobierno: Yusuf Saleh Abbas

(sustituyó a Nouradine Delwa Kassiré Koumakoye en abril)

Pena de muerte: retencionista

Población: 11,1 millones

Esperanza de vida: 50,4 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 195/180 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 25,7 por ciento