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Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos


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I. Otras situaciones relevantes


  1. El 23 de abril la cuenta de la red social Twitter de la agencia periodística The Associated Press (AP) habría sido suspendida tras sufrir un ataque informático. Hackers habrían publicado en la cuenta de AP un tuit falso en el que supuestamente la agencia informaba sobre explosiones en la Casa Blanca. A causa del ataque la cuenta habría estado suspendida unas 15 horas942.


13. Grenada


  1. La Relatoría Especial expresa preocupación por la aprobación del Proyecto de Ley sobre Delitos Electrónicos [Electronic Crimes Bill], el 9 de septiembre por el Parlamento de Grenada. La nueva legislación criminalizaría, entre otras conductas, el envío de mensajes a través de sistemas o dispositivos electrónicos que sean “ofensivos” o tengan un carácter “amenazante” y los penalizaría con multas de hasta 100.000 dólares del caribe oriental (unos US$ 37.000.00) y hasta un año de prisión. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la ambigüedad de la ley, así como el alcance de su aplicación, el cual se extendería a cualquier persona en cualquier país, cuando las acciones tipificadas tuviesen “un efecto en la seguridad de Grenada o sus nacionales”943.


14. Guatemala
A. Avances


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el Gobierno de Guatemala publicó en idioma K’iche’ la Ley de Acceso a la Información Pública. La iniciativa sería parte de acciones para la “promoción de la transparencia y auditoría social de las instituciones”. La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, dijo que la iniciativa constituye un “paso importante” porque “permitirá a los ciudadanos que hablan [K’iche’] conocer y exigir mejores resultados y disminuir los niveles de corrupción”. Según lo informado, la Ley sería traducida en cuatro idiomas más y la intención del Gobierno es alcanzar el total de las 22 lenguas reconocidas en el país944.




  1. Según información recibida por la Relatoría Especial, el Gobierno de Guatemala estaría en la fase inicial de diseño o creación de un programa de protección de periodistas en situación de riesgo. Según la información recibida, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, habría reiterado en mayo de 2013, en presencia de UNESCO y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, un compromiso ante las asociaciones de periodistas departamentales y del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) “[p]ara formular e implementar a la brevedad posible el Programa de Protección a Periodistas en calidad preventiva”945. En agosto de 2013, el Presidente de la República habría nuevamente reiterado su compromiso y afirmado que el Estado estaba estudiando la creación de una instancia de protección al trabajo y a la vida de los periodistas946.




  1. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado aportó información actualizada sobre las medidas adoptadas para la creación de un programa de protección a periodistas. El Estado informó que el Presidente Otto Pérez Molina, conjuntamente con la Vicepresidenta Ingrid Baldetti Elias, presentó el “Plan para la Protección a Periodistas”. En este sentido, el Estado informó que el Plan cuenta “con una estructura de coordinación entre el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR), el Ministerio Público (MP), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y organizaciones de periodistas, la cual será dirigida por la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República”. El Estado informó que el Plan atendería “las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”947. En dicha comunicación, el Estado también aportó copia del documento “Propuesta de Programa de Protección al Periodista”, de fecha de 28 de noviembre de 2013, en el cual se propone, entre otros, disposiciones generales sobre la organización del programa, los órganos que lo compondrían, el proceso de solicitud de protección, las medidas de protección que podrían ser adoptadas y las formas de financiamiento del programa948.




  1. Asimismo, en una comunicación enviada por el Estado de Guatemala el 22 de abril de 2013, la Relatoría Especial fue informada sobre los programas de protección existentes en el país949. En ese sentido, el Estado indicó que el Servicio de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, reglamentado por el Decreto 70-96 del Congreso de la República, da cobertura, entre otros, a “periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su función informativa”950. El Servicio de Protección está constituido dentro de la organización del Ministerio Público y tiene como función principal brindar protección a personas expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales951. El Estado guatemalteco también informó sobre la existencia de la Unidad Coordinadora de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales, la cual fue creada en 2004, accedió al rango de Departamento en el 2008 y actualmente tiene el status de Dirección. El órgano es responsable de “coordinar con las instituciones del Organismo Ejecutivo encargadas de otorgar e implementar las medidas de protección hacia las personas que solicitan medidas cautelares, provisionales y de seguridad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatores del Sistema Universal […] o mecanismos nacionales, con el objeto de garantizar su efectivo cumplimiento”952. Por otra parte, el Estado indicó que ha sido requerido “para la protección en 48 casos de periodistas”. De estos casos, el 83% corresponden a llamamientos o acciones urgentes de los Relatores del sistema de Naciones Unidas y el 16% del sistema de protección cautelar del Sistema Interamericano. Según el Estado, solamente uno de los casos corresponderían a una solicitud bajo un sistema nacional de protección953. Mas aún, el Estado informó que: “[l]a experiencia en protección para periodistas y comunicadores sociales, así como el grado de aceptación de los mecanismos por ellos se refleja en que se han adoptado en 3 casos protección personal o servicio de escoltas que constituye un 6%, mientras que en 9 casos aceptó protección perimetral que significa el 18% y finalmente en 37 casos que constituye el 76% los periodistas y comunicadores sociales no consideraron oportuno ninguno de los esquemas954.




  1. El Estado añadió que el alto porcentaje de periodistas que se niegan a recibir algún esquema de protección “continúa siendo un reto para el Estado de Guatemala y de allí la necesidad de crear un programa de protección, que permita ofrecer otros esquemas de seguridad acordes con la actividad o el rol que desempeñan, sin que signifique una limitante a la misma”955.




  1. El 9 de octubre la jueza Raquel Perdomo, titular del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala habría condenado a seis meses de prisión conmutables al ex ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, por haber amenazado a la periodista Sofía Menchú, reportera de elPeriódico956. El 7 de marzo la periodista había sido víctima de intimidaciones por parte del exministro, debido a investigaciones y artículos publicados en torno a la relación entre un militar retirado sentenciado por la muerte del obispo Juan José Gerardi y autoridades del Sistema Penitenciario. Según denunció elPeriódico, la reportera habría sido advertida por el exministro de que ya no debía publicar notas relacionadas con el exmilitar y le había recomendado a la periodista “que se encomendara mucho a Dios” para que no le pasara nada957.




  1. En referencia a estos hechos el Estado de Guatemala informó, en comunicación de 24 de diciembre de 2013, que “al recibir la denuncia el Ministerio Público realizó diversas actividades investigativas entre ellas, copia de video, fotograma, entrevistas y testimonios de compañeros de trabajo, amigos de la periodista, además de medios de prueba documental. Se realizaron peritajes psicológico, lingüístico y un análisis de intercomunicación; con dichos medios de prueba se logró la sentencia condenatoria” del exfuncionario “por el delito de amenazas”958.




  1. El 17 de octubre el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal condenó a dos empleados de una empresa minera a dos años de prisión conmutables, por amenazar a cinco periodistas en noviembre de 2012, durante la cobertura de protestas contra el proyecto minero. Según la información recibida, el Juzgado los halló culpables de los delitos de “coacción y amenazas”, por lo cual deberán pagar aproximadamente 3 dólares por cada día de prisión suspendida y deberán suministrar un resarcimiento económico a los periodistas959.


B. Asesinatos


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento sobre crímenes contra periodistas en los que no existe aun una clara conexión con el ejercicio de la labor informativa. En este sentido, la Relatoría Especial considera fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión. El 20 de marzo fue asesinado el periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte, corresponsal del periódico Nuestro Diario, en la ciudad Pedro de Alvarado, departamento de Jutiapa. Según la información recibida, el periodista no habría sido amenazado960. El 7 de abril, también en el departamento de Jutiapa, fue asesinado el periodista Luis Alberto Lemus Ruano, director de Radio Stereo Café, dueño del canal de cable Café TV y vicepresidente de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos961. El 6 de agosto fue asesinado el periodista Luis de Jesús Lima, locutor de radio La Sultana y director de la radio revista Somos Zacapa, en el departamento de Zacapa962. El 19 de agosto fue encontrado en el departamento de Suchitepéquez el cuerpo del periodista Carlos Alberto Orellana Chávez, ex director de Radio Victoria ‘La Venadita’ y conductor de dos programas de noticias en el canal de televisión por cable Óptimo 23 y ex alcalde del municipio de Mazatenango963.




  1. En relación a estos hechos, en comunicación de 24 de diciembre de 2013 el Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial que se han realizado diversas actividades investigativas, orientadas a esclarecer los hechos, tales como: “[d]ocumentación de las escenas de los crímenes con fotografía y planimetría; recolección de evidencias en los lugares de la comisión de los asesinatos para proceder a efectuar las pruebas periciales tales como balística, trayectoria balística, dactiloscopía, declaraciones de posibles testigos, de compañeros de trabajo, familiares del periodista; diligencias de recolección y análisis de desplegado de llamadas telefónicas; recorrido de rutas y vigilancia para investigación de campo rendidos por investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y de la División Especializada en Investigación Criminal, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses; información de instituciones como Dirección General de Control de Armas y Municiones, Superintendencia de Administración Tributaria, Tribual Supremo Electoral, Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Criminal de la Policía Nacional Civil, entidades bancarias, entre otras, que ha permitido trazar líneas de investigación. Además se ha recabado información de otros casos y hechos que han ocurrido en el sector periodístico con el objeto de obtener información de otros testigos, similitudes en los hechos y medios para su análisis científico, cotejo de evidencias; los cuatro asesinatos se encuentran en fase de investigación”964.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


C. Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas


  1. El 3 de abril, la reportera Alejandra Cano y el camarógrafo Juan Rodríguez, de Telecentro 13, habrían sido intimidados en medio de un enfrentamiento entre vendedores informales y la policía municipal, en Ciudad de Guatemala. El vehículo que conducían los reporteros habría sido destruido965.




  1. El 11 de abril, los reporteros Henry Bin, de Emisoras Unidas, Andrea Orozco, de Prensa Libre y Álvaro Interiano, de Prensa Libre, habrían sido agredidos por parte de agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y del personal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), durante un acto público del gobierno en el municipio de Mixco. Según la información recibida, los incidentes se habrían iniciado cuando los reporteros insistieron en formular algunas preguntas al presidente, por lo que los agentes de seguridad los habrían empujado y agredido. Posteriormente el presidente Otto Pérez Molina habría lamentado las agresiones y habría dado órdenes al jefe de la SAAS para que algo así no volviera a ocurrir966.




  1. En referencia a estos hechos, el Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial, en comunicación de 24 de diciembre de 2013, que el 12 de abril el Ministerio Público inició de oficio una investigación en virtud de la publicación del medio Prensa Libre titulada “Agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad agreden a la prensa”, donde se denunció el incidente y se nombró a dos miembros del personal de seguridad como los presuntos responsables de las agresiones. El Estado indicó que “[e]l Ministerio Público recabó medios de investigación tales como el informe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República —SAAS—, mediante el cual se remite un listado de las personas que estaban asignadas a la seguridad del Señor Presidente de la República de Guatemala del día 11 de abril de 2013” y “se identificó a los posibles responsables”, sin embargo, “la —SAAS— informó que los sindicados no laboran para dicha institución” y que uno de ellos “figura en la base de datos como personal de apoyo y que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional”. El Estado afirmó que “[n]o se ha contado con el apoyo por parte de los agraviados a efecto de poder acreditar las posibles lesiones, agravios sufridos y demás información relevante para el caso, a pesar de haber sido citados y convocados a la Unidad Fiscal en reiteradas oportunidades”967.




  1. El 24 de abril el corresponsal de Prensa Libre, Álexander Coyoy, junto a otro reportero de la televisión local, habrían sido intimidados por un auxiliar fiscal del Ministerio Público y dos presuntos agentes de la Policía Nacional Civil cuando cubrían una exhumación en el cementerio de Pajapita en el departamento de San Marcos. Según la información recibida, el auxiliar fiscal habría ordenado a los policías que los expulsaran del cementerio, por lo que ambos periodistas habrían abandonado el lugar y continuado con su trabajo periodístico desde afuera. Sin embargo, el fiscal habría enviado de nuevo a los policías, quienes los habrían interrogado y les habrían requerido sus datos personales. Luego, el fiscal habría expresado que no permitiría la toma de fotos ni de video968. El Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial, en comunicación de 24 de diciembre de 2013, que en virtud de que el caso no habría sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, “no se cuenta con información”969.




  1. El 18 de mayo el periodista Carlos Alberto Salgado, editor del Semanario El Defensor en Retalhuleu, habría denunciado haber recibido amenazas de muerte en su teléfono móvil. El periodista habría indicado que éstas podrían deberse a publicaciones del medio sobre funcionarios del gobierno local970. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que, según el Ministerio Público, “[e]n virtud de que el hecho fue realizado por medio de telefonía se solicit[ó] la autorización judicial para requerir información de la empresa relacionada, quien informó sobre llamadas entrantes y salientes, e indicó que no cuentan con registros”971.




  1. El 30 de mayo la reportera Julissa Gutiérrez, del noticiero ‘Súper Informativo’, de Radio Súper, habría sido agredida por un individuo que sería sentenciado por delitos de femicidio, en el departamento de Huehuetenango. La reportera cubría el proceso judicial contra el procesado y se encontraba siguiendo el tema en el Tribunal de Femicidio de Huehuetenango cuando el detenido, aun estando custodiado por un policía, la habría atacado y golpeado en varias partes del cuerpo972.




  1. El 8 de junio el periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, habría sido amenazado por el alcalde de San Lorenzo, departamento de Suchitepéquez. Según la información recibida, las amenazas habrían surgido a raíz de una publicación de abril de 2013 que informaba sobre presuntas irregularidades cometidas por la municipalidad en el manejo de fondos públicos973. Según reportó Prensa Libre, el funcionario le habría dicho: “[y]o estoy en el poder y tengo el dinero necesario para tomar acciones contra vos; en cambio vos no tenes nada, así que atenete a las consecuencias”974. El 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que el Ministerio Público “hizo la solicitud de antejuicio en contra del Alcalde mencionado, quien por su cargo goza de inmunidad”975.




  1. A partir del 13 de junio, el corresponsal de Siglo 21 y Al Día, Otoniel Esaú Rivera Rivera y la corresponsal de Nuestro Diario, Irma Elizabeth Tzi Yat, habrían sido objeto de amenazas de muerte a raíz de su cobertura sobre la detención de supuestos violadores en el departamento de Alta Verapaz. Ambos periodistas habrían interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público976. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que el caso “se encuentra en investigación” y que diversas diligencias fueron realizadas, tales como la documentación de la escena del crimen y el dictamen pericial lingüístico “que determina la existencia de amenazas contra los periodistas”. Asimismo, el Estado informó que “[s]e tienen individualizados a quienes amenazaron en forma directa y se está en proceso de identificación de los posibles responsables de amenazar a través de Facebook”977.




  1. Asimismo, Tzi Yat habría denunciado continuar recibiendo amenazas y agresiones en relación a su trabajo periodístico978. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que se han realizado una serie de diligencias en el marco de las investigaciones de las amenazas que habría sufrido la periodista por un agente de la Policía Nacional Civil. Según el Estado, tales diligencias incluyen la documentación de la escena del delito con fotografía y planimetría; la solicitud de realización de una evaluación psicológica a la periodista y la obtención de un informe sobre las faltas en las que ha incurrido el agente investigado979.




  1. El 14 de julio en el municipio La Democracia, Huehuetenango, dos reporteros del diario Al Día y del noticiero Telecentro 13, habrían sido amenazados por presuntos policías con los rostros cubiertos, cuando cubrían allanamientos para la captura de los supuestos responsables del asesinato de ocho policías. Los presuntos policías los habrían amenazado con armas de fuego, les habrían quitado sus equipos de trabajo y habrían borrado el material registrado980. El 24 de diciembre 2013, el Estado informó que los hechos no habrían sido puestos “en conocimiento del Ministerio Público”981.




  1. El 17 de julio el presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Sololá y corresponsal del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Alfonso Guárquez, habría recibido amenazas a través de mensajes de texto anónimos. Guarquez habría presentado una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)982.




  1. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el periodista y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, habría denunciado que personas que se habrían identificado como agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y de la Policía Nacional Civil (PNC) se habrían presentado en su domicilio los días 9 y 10 de agosto, con una supuesta orden de allanamiento983. El periodista habría denunciado que los operativos eran actos de intimidación por el trabajo periodístico del medio que preside984. La Relatoría fue informada de que el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habría negado durante una conferencia de prensa que los oficiales hubiesen intentado ingresar al domicilio del periodista y aseguró que el operativo consistió en un relevo de escoltas ya que el periodista contaba con medidas cautelares985.




  1. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado señaló que el 9 de agosto de 2013 el periodista Rubén Zamora fue informado que la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) no podría seguir brindándole protección, de conformidad con el Decreto Número 50-2003 y que “se le continuará protegiendo por medio de la División de Protección a Personas y Seguridad —DPPS— de la Policía Nacional Civil”. En este sentido, el Estado informó que el 9 de agosto de 2013, integrantes de la SAAS, la DPPS y del Ministerio de Gobernación se apersonaron “a la residencia del beneficiario y de su familia, para comunicarle o notificar el cambio de dependencia que se haría cargo del servicio de protección tipo escolta”. Según el Estado, la esposa del periodista “fue informada del procedimiento y al momento que se le iba a entregar la carta firmada por el señor Presidente de COPREDEH, ella aceleró intempestivamente su vehículo. Razón por la cual se le depositó copia de la misma en el buzón de su residencia”. El Estado informó que la diligencia fue suspendida y reprogramada para el 10 de agosto. Según el Estado, el 10 de agosto de 2013 se realizó el cambio del servicio de protección986.




  1. El 12 de agosto el periodista Fredy Rodas, corresponsal de la radio Sonora es la Noticia, habría sido interceptado cuando se dirigía a su vivienda por desconocidos que le habrían disparado al menos tres veces en el rostro y en la espalda. El periodista habría resultado herido gravemente en un ojo y habría sido trasladado a un hospital987. La Relatoría Especial fue informada de que la policía habría capturado al presunto responsable988. En comunicación de 24 de diciembre de 2013 el Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial que “se han efectuado diversas diligencias para esclarecer el hecho y están encaminadas a sustentar las pruebas respectivas, cuyos resultados positivos, se traducen en la aprehensión” de dos individuos “sindicados de cometer el hecho delictivo”989.




  1. La Relatoría Especial fue informada sobre las amenazas y agresiones que habrían sufrido los periodistas Aroldo Marroquín, de Prensa Libre y Esner Gómez Navarro, de Nuestro Diario, por parte de presuntos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el 25 de agosto990. Según la información recibida, estos hechos habrían sido rechazados por las autoridades y además un subinspector de la Policía estaría siendo investigado por las amenazas y su destitución estaría bajo consideración991. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado aportó información actualizada sobre las investigaciones. En este sentido, informó que una serie de diligencias habrían sido realizadas para aclarar los hechos, tales como “la documentación de la escena del crimen con fotografía y planimetría, entrevistas y testimonios de compañeros de trabajo de los periodistas y testigos, diligencias de investigación de campo y documentales […], hoja de ruta, informe de GPS a efecto de determinar la ubicación exacta de la patrulla en la que se conducían los agentes de la Policía Nacional Civil implicados”. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habría procedido “a solicitar citación en calidad de sindicados por los delitos de amenazas y abuso de autoridad” a seis agentes de la Policía Nacional992.




  1. El 25 de agosto la periodista Lucrecia Mateo corresponsal de Corporación de Noticias (casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día), habría sido agredida mientras cubría una reunión sobre proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango. Un grupo de personas lideradas presuntamente por un dirigente comunitario, habría irrumpido en el lugar donde se celebraba la reunión, agrediendo a los presentes. Mateo habría sido agarrada por el pelo, arrojada al suelo y golpeada, y le habrían arrebatado su cámara993. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que “el hecho no fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas”994.




  1. El 30 de septiembre, los equipos periodísticos de los medios Prensa Libre y Nuestro Diario, habrían sido impedidos de acceder al municipio de Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango, hacia donde se dirigían para cubrir unos disturbios ocurridos en medio de protestas de pobladores contra una hidroeléctrica. El periodista Hugo Alvarado y el fotógrafo Érick Ávila, de Prensa Libre y el periodista Keneth Monzón y el fotógrafo René Ruano de Nuestro Diario, habrían sido impedidos de circular por la carretera, bloqueada por campesinos, que habrían lanzado piedras y los habrían amenazado con quemarles los vehículos y con machetes y para que se retiraran. Además, habrían obligado al fotógrafo Ruano a borrar las fotos de su cámara y habrían pinchado una llanta del vehículo de Nuestro Diario995.




  1. El 19 de octubre, el guardaespaldas de la periodista Karina Rottman, directiva del canal por cable Vea Canal, fue asesinado por desconocidos. Según la información recibida, este sería el segundo ataque que reciben los miembros de su equipo de seguridad durante el mes. Voceros del canal habrían declarado que los ataques buscan amedrentar la labor periodística996. Anteriormente, el gerente general de Vea Canal, Otto Rottman, había denunciado que varias empresas de cable habrían bloqueado la señal de Vea Canal, lo cual según afirmó, respondería a presiones por el perfil crítico de sus programas997.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado de Guatemala aportó información sobre la “Unidad Fiscal de Delitos cometidos contra Periodistas” de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público. Según lo informado, la Unidad fue creada en el 2001 y “se convirtió en Unidad Fiscal especializada con competencia en todo el territorio nacional en 2011”. La Unidad Fiscal tiene como objetivo “[d]ar trato especial a delitos cometidos contra periodistas y hacer del conocimiento a nivel nacional de la existencia de la Unidad fiscal de delitos cometidos contra periodistas, con el fin de implementar una vía directa de interposición de denuncias”. Según lo informado, la Unidad es competente para conocer todos los delitos cometidos contra periodistas “en ejercicio de su labor periodística” en el país. Finalmente, el Estado informó que durante el año de 2013 la Unidad Fiscal ha documentado 63 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales “aproximadamente 50% son por coacción o amenazas”. En este sentido, el Estado indicó que la Unidad Fiscal “ha logrado casos exitosos”, como por ejemplo la condena el 17 de octubre de 2013 a dos años de prisión conmutables de dos empleados de una empresa minera por haber agredido a cinco periodistas que cubrían una manifestación y la condena el 9 de octubre de 2013 del ex Ministro de Cultura y Deportes por amenazas cometidas en contra de la periodista Sofía Menchú998.

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