Grupo de trabajo del pueblo atacameñO
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6.13 Período Gobierno Militar (1973-1989)El período comprendido entre los años 1973-1990 significó un retroceso en lo que a materia de legislación indígena se refiere ya que al efectuarse el golpe de Estado quedaron inoperantes los cuerpos legales sobre materias indígenas que habían sido promulgados en el Gobierno de Salvador Allende (v.gr. Ley 17.729) constituyendo no sólo un retroceso para la etnia mapuche, principal beneficiaria, sino que también las restantes colectividades indígenas de Chile. De este modo, a partir del 11 de Septiembre de 1973, se inicia un período para los pueblos atacameños en que nuevamente son considerados en un segundo plano, sin importar su adscripción étnica y llegando incluso a dictarse el Decreto ley 2568 sobre la división de las comunidades. Si bien es cierto que tal Decreto ley afecto especialmente las colectividades humanas asentadas en la zona central y sur de nuestro país, amedrentó los ánimos de los dirigentes atacameños quienes bajo sus estructuras ancestrales de organización social no hallaron convenientes inscribir sus comunidades en este escenario adverso a la participación indígena. Sin embargo, la explotación de las grandes riquezas minerales existentes en la zona (v.gr. Chuquicamata y Salar de Atacama), conllevaría la génesis de procesos de desarrollo económico que no se reflejarían en la calidad de vida de sus habitantes más próximos, manteniéndose paradójicamente muchos resabios de la tradición atacameña que aún no eran afectados por el progreso pero que permitían articular la sobrevivencia diaria. Como hemos dicho, ya a mediados de siglo comenzaba la gran migración de Atacameños a los centro urbanos mineros de Calama y Chuquicamata lo que gatillo profundos procesos de aculturación en esta población, sin embargo, muchas de las familias que se radicaron en estos núcleos urbanos nunca olvidaron su tierra natal, a la que acudían recurrentemente durante las fiestas patronales y vacaciones. Sin embargo y como consecuencia de las disputas limítrofes con la República Argentina (1978-1979) y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Bolivia (1978) se generó un ambiente poco propicio para insertar los temas étnicos en el debate nacional y en el cuál los atacameños en medio del conflicto contemplaron pacíficamente el cierre y la restricción de los flujos migratorios que desde épocas prehispánicas venía caracterizando la configuración cultural del área y que permitían unir este territorio con el sudoeste boliviano y el noroeste argentino. Ante estos problemas fronterizos y la perduración de los resabios tradicionales se generó un fuerte proceso de Chilenización de la población andina que habitaba en estos territorios consolidándose una serie de escuelas fronterizas en las cuales primaba un discurso de integración con la realidad nacional chilena que resaltaba los valores patrios y los símbolos de la historia de Chile (Siarez, Eva, Comunicación Personal). No obstante, uno de los mecanismos utilizados para Chilenizar a la población atacameña y a la vez constituyente de un nuevo ordenamiento administrativo del área fue la implementación de algunas municipalidades fronterizas de orientación asistencialista gracias a la creación de dos nuevas comunas: San Pedro de Atacama y Ollagüe. Si bien la creación de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, el día 24 de Noviembre de 1980, significó la toma de conciencia de los problemas locales, no étnicos, no se tradujo en soluciones concretas ante los graves conflictos que se estaban experimentando principalmente en relación a la tenencia y posesión del principal recurso de la zona: el agua. Con la entrada en rigor en 1981 del nuevo Código de Aguas (D.F.L. N° 1.222), comienza a experimentarse uno de los capítulos más oscuros en torno al tratamiento del recurso hídrico. De acuerdo a la nueva normativa las aguas, no obstante ser bienes nacionales de uso público, se otorgan a los particulares mediante un derecho de aprovechamiento de ellas, derecho real que pasa a ser de propiedad del titular, quien puede usar, gozar y disponer de su derecho de conformidad con la ley. En este sentido el derecho es transferible, transmisible y prescriptible y se constituye por un acto de autoridad, independiente de si el solicitante es dueño o no de la tierra donde esta ubicada el agua (Urrejola, 2002:11). De esta forma comienza a registrarse la desecación de una serie de vegas y bofedales de la región (Aldunate, 1981) ya que las aguas ancestrales comienzan a ser inscritas por particulares y empresas mineras en forma masiva contraviniendo los intereses de las comunidades atacameñas y generando una serie de problemas legales entre los distintos actores involucrados (Cárdenas et al, 1997). De esta forma, el nuevo código de agua, al separar el derecho de agua del derecho de la tierra, posibilita que particulares ajenos a las comunidades, obtengan derechos de aprovechamiento sobre las aguas ubicadas en éstas y que históricamente les han pertenecido. Tampoco se reconoce el derecho ancestral de los atacameños sobre sus aguas, al posibilitar la inscripción de ellas por terceros, en el caso que éstas no se encuentren inscritas. Además, se desconoce la Comunidad Atacameña como organización tradicional susceptible de ser propietaria de derechos de aprovechamiento de las aguas, puesto que la solicitud no puede ser hecha por la Comunidad como tal, sino que por sus miembros individualmente considerados (Urrejola, 2002:12). En síntesis la dictación de esta normativa vino a agravar un problema que aquejaba a los atacameños desde el siglo XIX y gatillo directa e indirectamente la desestructuración de una estrategia de subsistencia milenariamente utilizada como lo es el pastoreo de camélidos. No obstante, los efectos adversos de estas normativas en la vida de las comunidades atacameñas se sumaron a otros relacionados con los planes especiales de empleo que generó el gobierno militar (v.gr. PEM y POHJ), y que generarían fuertes lazos de dependencia con el mercado asalariado lo que a su vez iría en desmedro de la cultura tradicional de la zona, ya que al participar de este modelo económico neoliberal la jerarquización de las necesidades básicas ya no sería la misma de antes. Por otra parte, el creciente interés hasta esta zona, ya sea por sus riquezas mineras o su importancia geopolítica también comenzó a graficarse en torno al desarrollo de un incipiente fenómeno turístico que, afectando principalmente a San Pedro de Atacama y sus ayllus, sentará las bases estructurales de esta actividad que experimentará un gran desarrollo en la década de los noventa. El panorama en torno a los derechos humanos durante los años en que imperó el régimen militar, también confirma que la opresión y la persecución a quienes sostenían ideologías distintas al oficialismo estaban presentes en los territorios atacameños. Si bien no se llevaron a cabo ejecuciones en estos territorios, salvo en la Ciudad de Calama donde se realizaron sistemáticos atropellos a los derechos humanos, muchos exonerados políticos fueron relegados a distintos pueblos precordilleranos de la zona y en los cuales trabaron lazos de amistad y afecto con los pobladores atacameños. En suma, el régimen militar significó, pese a la chilenización emprendida, la conservación y perduración de una serie de elementos de la Cultura Tradicional, los que frente al lejano progreso de la civilización occidental se mantuvieron aislados constituyéndose en los resabios de la milenaria tradición atacameña. 6.14 Retorno a la Democracia Con la transición a la democracia, el Pacto de Nueva Imperial (1989) sello un compromiso político y ético entre los pueblos indígenas y los partidos políticos miembros de la naciente Concertación y en él se establecieron las bases de un acuerdo histórico de recuperación de la dignidad de los pueblos originarios, entre ellos los Atacameños o Likan Antai. Lo anterior fue el antecedente directo para que en el año 1990 el Presidente Patricio Aylwin constituyera la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI y presentará ante el Congreso un trascendental proyecto de ley destinado a modificar la legislación heredada de la dictadura. De esta forma, el 5 de octubre de 1993 el Congreso aprobó la Ley N°19.253 o Ley Indígena reemplazado las normativas legales contenidas en el DL N° 2.568 la cuál establece por primera vez en la historia el reconocimiento de las Comunidades Atacameñas como una de las etnias constitutivas de la República de Chile. En este sentido, la institucionalidad creada bajo el alero de este cuerpo legal con el nombre de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) ha ejecutado e implementado una serie de políticas de ayuda y desarrollo social tendiente a mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales de las Comunidades Indígenas de nuestro territorio, políticas que en la actualidad se han visto complementadas con otras iniciativas gubernamentales como la promulgación durante 1997 del Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande, que se ha traducido en una esperada coordinación de todos los programas de Gobierno en pro del desarrollo de la etnia y pueblo atacameño. Aunque bajo la administración Frei se realizaron una serie de proyectos de inversión pública tendientes a mejorar la calidad de vida de los pueblos atacameños, se originaron una serie de conflictos debido a los grandes proyectos de inversión que se ejecutaron en la zona a costa y sacrificio del daño al patrimonio cultural, natural y humano13. Se habilitaron más postas, todas las comunidades indígenas tuvieron acceso parcial a suministro eléctrico, se mejoraron las redes de agua potable rural y se aumento la calidad de las mismas eliminando las sales y arsénico que se caracterizaban por sus elevados índices. De esta forma la inversión pública ocupada para el sector rural entre el período 1992-1998 totalizó la suma de M$ 4.164.928 (Serplac, 1999) gasto que en gran parte fue cubierto por recursos del FNDR y Sectoriales. Sin embargo, en esta época consecuentemente con los movimientos reivindicatorios de las minorías étnicas en el continente americano, en algunos países del cono sur se comenzaron a desarrollar procesos de revitalización de las organizaciones y agrupaciones indígenas, ya sea debido a la gran cantidad de personas que se autoadscriben como indígenas o al resurgimiento de diversas identidades étnicas en la actualidad como consecuencia de los profundos procesos de globalización que afectan el orbe. Chile no ha estado ajeno a dinámica social, no obstante a fines de la década de los 80 y como consecuencia de la progresiva tendencia mundial en torno a la conciencia ambientalista resurgió un discurso político de lucha contra la discriminación racial, el cual se tradujo en una profunda discusión en relación a la calidad de vida de las comunidades y organizaciones étnicas. La Iglesia Católica y las Naciones Unidas jugaron, en este contexto, un rol preponderante, ya que mediante sus políticas abrieron en el mundo los caminos de una mayor conciencia y sentido de responsabilidad en relación de los Estados y las Sociedades con los descendientes de los pueblos originarios. Lo anterior en el ámbito de la jurisprudencia internacional se tradujo en la discusión y elaboración de nuevos cuerpos legales que antes de asimilar e integrar la alteridad cultural, procuran otorgarles herramientas de autogestión y libre determinación en cuanto a su propio proceso de desarrollo social y cultural. Un ejemplo de esto lo constituye la creación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que fue aprobada y adoptada por la 76° Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza, en Junio de 1989. En Chile, como mencionábamos anteriormente, gracias al retorno a la democracia se inicio un fuerte debate en relación al tema indígena que generó, en una primera instancia, la creación, durante el gobierno de don Patricio Aylwin, de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) que tenía como objetivo central elaborar una nueva ley indígena. Fruto de esta iniciativa a fines de 1993 fue promulgada la Ley N° 19.253 o Ley Indígena que crea la CONADI. En suma se podría decir que durante estos primeros gobiernos de la concertación las relaciones entre el Estado y los Pueblos Atacameños han variado significativamente ya que el clima de excelentes relaciones existentes con el gobierno del Presidente Patricio Aylwin cambia de manera sustancial con la administración Frei, ya que algunas de las principales demandas históricas quedaron pendientes como por ejemplo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Estos son temas que la oposición ha cuestionado por considerar que afectan la soberanía nacional y el carácter del Estado. En el Congreso continúa la discusión y aunque tanto Aylwin como Frei presentaron recomendaciones legales a esta instancia las condiciones impuestas por la oposición constituyen las únicas trabas legales a esta iniciativa. Sin embargo, en esta última administración el ámbito que experimentó un crecimiento cercano o superior al 100 % es el educacional ya que el programa de becas indígenas duplicó sus beneficiarios en menos de cinco años constituyéndose en uno de los programas más exitosos de la gestión del Presidente Eduardo Frei. 6.15. El 2000 y sus proyecciones entre las Comunidades Atacameñas Las elecciones presidenciales de 1999 generaron entre las comunidades Atacameñas sensaciones de dudas y cambios que indudablemente estuvieron marcadas por la falta de participación política de los indígenas en los escenarios que realmente los representa. Sin embargo la anomia política, característica de las comunidades andinas, como consecuencia de la falta de educación cívica en nuestra sociedad, varió significativamente desde la elección presidencial del 12 de diciembre de 1999 hasta la segunda vuelta del 16 de Enero del 2000 ya que gracias a los indígenas con mayor información y sentido de la convivencia democrática, representados por sus dirigentes sociales se pudieron graficar los avances que ha experimentado el tema indígena en los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia y de ésta forma estos lideres atacameños volcaron su apoyo decidido al candidato de la alianza oficialista Ricardo Lagos con la esperanza de encontrar bajo su gobierno las repuestas pendientes del discurso étnico y la apertura necesaria para un avance real en el plano de sus derechos fundamentales (Namuncura, 2000:310). En este marco, las comunidades atacameñas han empezado a concebir el desarrollo como una oportunidad y no como amenaza y han aprendido que factores que los han afectado negativamente como el crecimiento turístico irracional, también puede ser aprovechados positivamente si son controlados en su desarrollo y en una armonía con el medio ambiente circundante. En el contexto regional andino, las comunidades atacameñas se emplazan en pleno núcleo del corredor bioceanico que conecta el pacífico con los países de Paraguay, Brasil y Argentina, constituyéndose en el paso obligado de una compleja red vial que comparten estos países del cono sur. En este contexto cabe destacar que San Pedro de Atacama se erige como una de las más importantes puertas de entrada a Chile, siendo visitada por más de 45 mil turistas extranjeros al año (Pladeco, 2000.) De esta forma, con un territorio predominantemente rural y poseedor de varios atractivos turísticos y culturales, que enfatizan la marcada marginalidad que caracterizó a esta zona en el pasado respecto del sistema central, San Pedro de Atacama ha estado excluida de políticas urbanas de desarrollo las que por una parte si bien han permitido la continuidad de la cultura atacameña, en el día de hoy se constituyen en un factor de cambio social, económico y cultural que producirá modificaciones estructurales al interior de esta etnia. Otro de los problemas que aquejan actualmente al Pueblo Atacameño lo constituye el agua y la tenencia jurídica de ésta. Insertos en medio de una de las zonas con mayores riquezas mineras del mundo, los atacameños pasivamente han contemplado el deterioro progresivo y gradual de los ecosistemas que antes constituían la razón de ser de sus actividades productivas domesticas. Hoy en cambio, la inscripción desmesurada de derechos de agua y la posible especulación bursátil de las mismas a manos de grandes consorcios mineros nacionales e internacionales ha generado una presión muy fuerte sobre los delicados y frágiles entornos ecológicos y culturales y en donde aún se aprecian los resabios de la antiquísima tradición atacameña. De esta forma, conciliando los intereses del progreso y la comunidad étnica deberán articularse medidas de protección y preservación de estos lugares los que ya han sido declarados áreas silvestres protegidas por parte del Estado. Por otra parte, el análisis demográfico indica que no existe una tendencia significativa de crecimiento de la población atacameña, ya que a pesar del colapso producido en la Colonia, el número actual de población atacameña en la Comuna de San Pedro de Atacama (2.961 Habitantes) sumado a las personas que habitan el centro urbano-minero de Calama y localidades precordilleranas de la Provincia El Loa no sobrepasarían los 4.000 habitantes según antecedentes proporcionados por la Oficina Conadi de Calama. Desde el punto de vista ambiental y de recursos naturales, algunos de los principales problemas que han afectado la salud de los atacameños son la calidad de agua potable, que recién ahora es tratada por un sistema de osmosis inversa en el Pueblo de San Pedro de Atacama bajando considerablemente los índices de arsénico los cuales alcanzaban valores superiores a los permitidos por la legislación vigente. En los restantes pueblos, por el momento, se realizan estudios de factibilidad técnica para solucionar este importante problema. La evacuación de los residuos sólidos y líquidos también constituye una preocupación constante de la población y ante eso los Municipios que administran y cobijan a las Comunidades Atacameñas han ideado distintas soluciones de apoyo, las cuáles pasan necesariamente por la articulación de grandes proyectos de inversión sanitaria como los que se están experimentando en estos momentos en San Pedro de Atacama con la construcción del alcantarillado y la creación de una planta de tratamiento de aguas servidas. En términos productivos, las comunidades atacameñas, por siglos y hasta hace pocas décadas vivían de la agricultura especializada de ciertos cultivos, actividad que era complementada con una arraigada tradición de pastoralismo, principalmente de camélidos (Lama glama), que les permitió articularse y subsistir frente al mercado nacional. Sin embargo, la anterior situación se ha modificado sustancialmente ya que desde que la etnia y la tierra atacameña se han hecho mundialmente conocidas tanto por su agreste paisaje y su riqueza arqueológica, se han producido importantes cambios en las estructuras de los modos de vida de las Comunidades Atacameñas. En este sentido, cabe mencionar que la economía de mercado ha llegado a los poblados atacameños alterando todo su sistema de vida y su centro neurálgico, San Pedro de Atacama, ahora experimenta los profundos efectos socio-culturales y económicos de un turismo que en buena parte es de extranjeros (europeos y americanos). De esta forma, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Pueblo Atacameño frente al nuevo milenio que recién empieza, es incorporarse a los adelantos de la modernidad conservando la cultura e identidad étnica y que éstos alcancen a todos los habitantes de las localidades andinas de la precordillera de la II Región. De esta forma, si bien el desafío es aprender a vivir en una sociedad de mercado global, también supone la proyección de rico legado cultural de esta significativa población étnica. En este contexto de continuidades y cambios, el pueblo atacameño deberá rearticular algunas estrategias de reacomodo sociocultural que deberán traducirse en una serie de cambios idiosincráticos que permitan el mejor relacionamiento con uno de los polos que mayor desarrollo puede alcanzar en el área: el turismo. Frente a este panorama, la diversificación productiva de la zona atacameña se asocia en torno a los ejes turísticos y culturales posibilitando el desarrollo de una industria y creación de servicios ligados a estas actividades que en forma simbiótica retroalimenten la cultura e identidad étnica de los Atacameños o Likan Antai. 7. Medidas de Reparación Histórica Entre las medidas de mitigación o reparación histórica consensuadas al interior de las Comunidades Atacameñas, se debe señalar que hasta el momento sólo se posee una lista preliminar ya que se espera una vez realizado el encuentro final complementar el actual listado de acciones a seguir.
8. Informe Nuevo Trato 8.1 Reconocimiento del Pueblo Atacameño Los Atacameños demandan ser reconocidos constitucionalmente y respetados como uno de los Pueblos Originarios de Chile. Demandan a su vez el reconocimiento por parte de la nación chilena de los perjuicios realizados por ésta a lo largo de su historia en torno al menoscabo de su cultura y territorio, incluido los recursos naturales explotados que son parte de él. Como Pueblo Originario, debe reconocérsele el derecho a tener particularidades y a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Plantean que estos derechos colectivos deben ser reconocidos y respetados por el Estado chileno conforme a las normas e instrumentos legales vigentes en el Derecho Internacional. Como Pueblo, reivindican el derecho a ejecutar las medidas necesarias tendientes a articular un particular y propio proceso de desarrollo de acuerdo a sus necesidades e intereses, especialmente en lo relativo al territorio y recursos naturales que conforman la base material y simbólica de su producción y reproducción social, cultural y biológica que actualmente se encuentra en constante amenaza, sobretodo por las fragilidades ecológicas de la zona fuertemente afectadas por una explotación desmesurada del recurso hídrico por parte de empresas mineras y terceros. Como Pueblo, exigen el derecho a conservar su Cultura, y a participar en los procesos políticos que les atañen, a definir la modalidad de su crecimiento económico y a proteger en estos términos el territorio de uso ancestral necesario para su reproducción. Como corolario de sus aspiraciones como pueblo originario, los Atacameños demandan:
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