8.9.3 Infraestructura
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Pavimentar el acceso a todos los pueblos, mejorar caminos secundarios y rehabilitar caminos en desuso.
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Aumentar a 24 horas diarias el servicio de energía eléctrica a todos los poblados y habilitar servicios de energía eléctrica en el valles de Lasana y el Conchi Viejo.
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Asegurar un suministro de agua regular y de buena calidad para el consumo humano para todos los poblados.
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Habilitar sistemas de evacuación y tratamiento de aguas servidas en todos los poblados.
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Habilitar sistemas de evacuación de basuras que contemple el reciclaje de éstas.
9. Consideraciones Finales
La voluntad política expresada por el actual gobierno al querer incorporar los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas en relación a su propio proceso de desarrollo económico y social constituye un desafío que si bien ha sido considerado por los gobiernos de la concertación, también ha constituido una condición sine qua non los pueblos indígenas en general y en particular los atacameños en estos últimos tiempos conciben su participación y proyección en los escenarios públicos de hoy.
El reconocer los hechos históricos que han afectado el normal devenir de los descendientes de los pueblos originarios constituye una medida que si bien es parcial ya que la “deuda histórica” es inconmensurable, adquiere un matiz profundamente simbólico ya que por primera vez en la historia del Estado de Chile, sus gobernantes propician una serie de políticas y medidas tendientes a reconocer y saldar en parte algunos de los aspectos más controversiales de esta llamada deuda histórica. Para la etnia atacameña este contexto se presenta con más dudas que certezas ya que además de reconocerse como necesario e indispensable la participación indígena, aún son demandados más espacios de participación sociopolítica que permitan incluir en el debate temas tan complejos como territorialidad y autodeterminación.
Los atacameños demandan ser reconocidos, al igual que los otros grupos indígenas de Chile, en la carta fundamental de la República de Chile, iniciativa que pese a ser presentada por el ejecutivo a encontrado una serie de reparos en diversos sectores políticos de nuestro país, a lo cual se suma el dilatado tramite legislativo que ha tenido que experimentar la ratificación del Convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT), que desde que ingreso al Congreso ha sido postergado por considerar que afecta la soberanía y la unidad nacional.
Conscientes de que su hábitat y territorio original alberga las mayores riquezas naturales, renovables y no renovables, en este lado del planeta, los atacameños de hoy han comprendido que el desarrollo económico de Chile, ya no puede circunscribirse a las grandes ciudades ni costearse bajo el subdesarrollo de las llamadas minorías étnicas. De esta forma, demandan más efectividad de las políticas públicas sobre la cuestión indígena ya que a pesar de experimentar una serie de iniciativas gubernamentales que sólo se han concentrado en una parte de la población atacameña (ADI Atacama la Grande), en la práctica prevalece una sensación generalizada de insatisfacción que aún no ha podido ser revertida con programas tan emblemáticos como el Proyecto BID/ORIGENES.
De esta forma, la reivindicación de derechos políticos, en cuanto permitan insertar temas como la autonomía y el territorio, civiles, en cuanto permitan estimular la participación ciudadana y la representatividad de sus organizaciones, y sociales en cuanto demandan mayor acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la previsión, constituye en el escenario actual una de las aspiraciones más sentidas por los atacameños de hoy y es mediante su ejercicio en una sociedad democrática como la que proyecta Chile en el siglo XXI, que se podrán dar por superados los conflictos y las desavenencias que originados a costa del progreso del país se han generado entre los atacameños, la sociedad civil y el estado.
Conservar las fragilidades ecológicas y culturales de un paisaje que se inserta en medio del desierto más árido del planeta conlleva efectuar y potenciar cambios legislativos en los principales textos legales de la república tendientes a compatibilizar el desarrollo y la armonía social, no sólo de la nación chilena en general sino que de manera particular de las Comunidades Atacameñas. En este sentido, la implementación de medidas no contaminantes ni destructivas con los entornos bióticos y abióticos y la articulación de políticas de desarrollo que bajo estas medidas permitan la explotación razonable de los recursos naturales se constituye en un desafío que no sólo el Estado de Chile tendrá que liderar sino que también y de manera especial el empresariado a través de las compañías mineras instaladas en la zona.
En este marco, resulta necesario reevaluar las políticas que en torno al agua se han estado implementado en esta zona, ya que pese a la voluntad de considerar la variable medioambiental en la resolución de tales temas, prima la noción utilitarista del recurso hídrico que valiéndose en el pasado de los vacíos legales existentes fundamento y sentó las bases de un sistema de otorgamiento de derechos de agua basado en profundos criterios de mercado, cuyas consecuencias observamos hoy en las afectadas actividades de subsistencia atacameña: la agricultura y la ganadería.
La defensa y protección del patrimonio cultural constituye otro eje gravitante de las demandas de los Pueblos Atacameños y aunque este planteamiento remita a dos esferas, una interna propia de las comunidades y otra externa en donde se ubican las políticas ejecutadas por el gobierno, las acciones llevabas a cabo a la fecha han demostrado ser insuficientes ya que ante la falta de un aparato institucional que vele por tales problemas no han aparecido espacios de dialogo que estimulen e incrementen la participación de las Comunidades Atacameñas en torno a estas materias. De esta forma, el resguardo del rico patrimonio arqueológico e histórico, la difusión de las manifestaciones culturales y etnográficas y el rescate urgente de los etnosaberes depositados en la tercera generación constituyen algunas de las tareas pendientes cuyo cumplimiento fortalecerá la cultura e identidad étnica de los Atacameños. De esta forma, los atacameños esperan que la nueva política cultural llevada a cabo por la actual administración subsane las falencias que en torno a estos temas ocurrieron en el pasado.
La participación en los beneficios que generen los proyectos científicos que actualmente se están ejecutando en la región atacameña14, también constituye una demanda sentida por las organizaciones indígenas del área ya que si bien se han experimentado históricamente una serie de investigaciones científicas, éstas en la práctica no han propuesto soluciones que permitan revertir algunos de los problemas sociales que afectan el desarrollo de las comunidades y organizaciones atacameñas. El gran interés de la población por conocer y aplicar los conocimientos que estas actividades generen en torno al nivel cultural y educacional de la Provincia El Loa en general y de forma especial de la Comuna de San Pedro de Atacama, constituye un positivo factor que debe ser tomado en cuenta por las autoridades y consorcios científicos involucrados en estas materias al articular las políticas educacionales y científicas de la zona.
Actualmente los pueblos atacameños están experimentado un fuerte proceso de cambio sociocultural que afectara los modos de vida y la idiosincrasia de la gente. La llegada del progreso que en forma gradual va alterando las diversas esferas de la vida social y cultural es un fenómeno que si bien se inserta en la llamada globalización, también constituye un hecho ante el cuál se ha generado un incremento de la etnicidad de estos pueblos andinos. Paradójica situación, ante la cuál los atacameños comprenden que la única forma de concebir el desarrollo es compatibilizando el progreso con su profunda identidad cultural.
De esta forma, las esperanzas y los anhelos del Pueblo Atacameño han quedado plasmados en este documento que espera constituir un real referente de orientación en torno a las medidas y políticas que el presente gobierno deberá articular y que permitan generar el esperado Nuevo Trato hacia los descendientes de los pueblos originarios de esta región de Chile.
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