Nº 83-11 consejo superior del poder judicial

En sesión N° 73-11 de 25 de agosto recién pasado, artículo II, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

  “En sesión Nº 63-11 del 21 de julio último, artículo XLIX, -entre otros puntos-, se tuvo por rendido el informe Nº 882-83-AEE-2011 de 30 de junio del año en curso, por parte de la Auditoría. Asimismo en lo que respecta al cómputo de los doce meses estipulados para la etapa de instrucción del proceso disciplinario o período de investigación, de conformidad con lo que establece el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe entenderse que inicia desde el momento en que el Tribunal de la Inspección Judicial está en posibilidad de iniciar la investigación contra una o varias personas y por tanto en posibilidad de hacer el traslado de cargos, conforme a los requerimientos que ha establecido la Sala Constitucional. En los casos en que se requiere realizar una investigación preliminar, porque no se cuenta con los elementos de prueba suficientes para hacer la imputación de los cargos, el plazo del mes debe contarse a partir del momento en que se incorpore al proceso la información que permita hacer la imputación respectiva.
Posteriormente, en sesión N° 69-11 celebrada el 11 de agosto del presente año, artículo III, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:

“(…)

Se acordó: 1) Acoger la solicitud de la Integrante Conejo Aguilar, anterior y modificar el punto 2 del acuerdo adoptado en la sesión N° 63-11 celebrada el 21 de julio del año en curso, artículo XLIX, para que se indique: “2.) En lo que respecta al cómputo de los doce meses estipulados para la etapa de instrucción del proceso disciplinario o período de investigación, de conformidad con lo que establece el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe entenderse que inicia desde el momento en que el Tribunal realiza  el traslado de cargos, conforme a los requerimientos que ha establecido la Sala Constitucional.” 2) Indicar al personal del  Tribunal de la Inspección Judicial que al 30 de septiembre del presente año, se debe concluir con el plan de trabajo para poner al día el retraso de ese Despacho. De la misma manera, deberá  tomar nota el licenciado Eduardo Alfaro Ramos para que en el plazo indicado proceda a redactar las resoluciones  que tiene pendientes.

El Tribunal de la Inspección Judicial y las oficinas interesadas tomaran nota para lo que corresponda.”

Relacionado con lo anterior, el licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio Nº 994-21-UJ-2011 de 12 de agosto en curso, comunicó lo siguiente:

Dentro de los resultados de la evaluación de comentario, se corroboró la existencia de criterios disímiles entre los Inspectores Generales, en relación con el inicio del plazo para la tramitación del proceso disciplinario sancionador establecido en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, particularmente en el sentido de si el cómputo de los doce meses inicia:  a) con el conocimiento del hecho por parte de quien tenga potestad disciplinaria para ejercerla, b) a partir del día de la presentación de la causa (se abre el expedientes) en la Inspección Judicial, c) desde la fecha que la Inspección Judicial emite el primer acto para la instrucción de la investigación o la fecha del traslado de cargos que hace dicho Órgano disciplinario. 

Sobre el particular, en la sesión antes mencionada el Consejo Superior acordó:

“1.) Tener por rendido el informe de la Auditoría Judicial. 2.) En lo que respecta al cómputo de los doce meses estipulados para la etapa de instrucción del proceso disciplinario o período de investigación, de conformidad con lo que establece el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe entenderse que inicia desde el momento en que el Tribunal está en posibilidad de iniciar la investigación contra una o varias personas y por tanto en posibilidad de hacer el traslado de cargos, conforme a los requerimientos que ha establecido la Sala Constitucional. En los casos en que se requiere realizar una investigación preliminar, porque no se cuenta con los elementos de prueba suficientes para hacer la imputación de los cargos, el plazo del mes debe contarse a partir del momento en que se incorpore al proceso la información que permita hacer la imputación respectiva.”

En criterio de esta Auditoría, lo acordado por el Consejo Superior en relación con este punto en particular, no resuelve la inquietud formulada y evidenciada en el informe de la Sección de Estudios Especiales, toda vez que no se definió un momento procesal dentro del cual se pueda iniciar el cómputo del plazo establecido en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Partiendo de lo antes indicado, no se tomó ninguna acción tendiente a uniformar el criterio imperante entre los tres Inspectores Generales Judiciales, razón por la cual, el riesgo de prescripción y por ende, la impunidad en los asuntos disciplinarios, no logró mitigarse con la decisión tomada.

Por lo antes expuesto, se solicita de la manera más atenta, se sirva el Consejo Superior reconsiderar el acuerdo tomado en la sesión Nº  63-11 celebrada el 21 de julio del año 2011, artículo XLIX, para los efectos de propiciar mayor certeza y seguridad jurídica en la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios, conocidos por el Tribunal de la Inspección Judicial en primera y segunda instancia.”

 

Se acordó: 1.) Rechazar el recurso de reconsideración planteado y mantener lo resuelto por este Consejo en las sesiones Nº 63-11 celebrada el 21 de julio último, artículo XLIX y N° 69-11 celebrada el 11 de agosto en curso, artículo III, por cuanto es claro que lo dispuesto por este Órgano, señala cuál es el momento en que se inicia del plazo que interesa al Tribunal sea en el que se tuvo conocimiento del hecho, cuando se aportan todos los elementos probatorios para formular la imputación del cargo o cuando se realiza la investigación preparatoria cuando no se tienen esos elementos de convicción. A ese momento debe formularse la imputación del cargo e iniciar la investigación disciplinaria, cuyo plazo es de un año. 2.) El Tribunal de la Inspección Judicial en sus resoluciones deberá tomar en consideración los criterios externados por la Corte Suprema, la Sala Constitucional y este Consejo en relación con el tema y fundamentar debidamente sus pronunciamientos.”

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El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor, en oficio N° 1147-109-AEE-2011 de 20 de los corrientes, manifestó lo siguiente:

1. 
   Cuando se tuvo conocimiento del hecho.
   
2. 
   Cuando se aportan todos los elementos probatorios para formular la imputación del cargo.
   
3. 
   Cuando se realiza la investigación preparatoria cuando no se tienen esos elementos de convicción.
   

Lo anterior es contrario al acuerdo de sesión N° 69-11, donde se dispuso que el plazo de un año se inicia con el traslado de cargos al indiciado.

“ASUNTO: Informe de labores del I Semestre del Programa de Participación Ciudadana

Debido al impacto que está teniendo el proyecto piloto del Programa de Participación Ciudadana (PPC), se desglosan a continuación las acciones desplegadas en este primer semestre, tomando como punto de comparación los objetivos y las acciones propuestas en nuestro Plan Anual Operativo, lo que se ha realizado y lo que falta por realizar y se describen, además, algunas consideraciones que pueden servir de insumo para la toma de decisiones.

Resultados esperados	Acciones realizadas	Consideraciones importantes
Se realizaron 2 talleres de sensibilización dirigidos a servidores(as) judiciales del IICJA para abrir espacios de participación ciudadana en el Poder Judicial.	Se capacitaron 34 servidores/as judiciales, distribuidos en 2 talleres, realizados los días 5 y 6 de julio, en la Universidad de San José, Ciudad Quesada.	Se realizan bastantes esfuerzos de sensibilización y capacitación al personal de la zona, sin embargo existe un obstáculo muy presente sobre todo en los despachos locales del II Circuito Judicial de Alajuela, con excepción de Ciudad Quesada, el cual es la movilidad de personal, especialmente de los puestos de judicatura y en menor grado, pero siempre frecuente los puestos que ocupan compañeros y compañeras de la Fiscalía y de la Defensa Pública. Esta situación dificulta la sostenibilidad del programa pues se debe empezar de cero cada vez que se da este cambio de personal. Por ejemplo, en la posibilidad de espacios permanentes en los medios de comunicación, hemos tenido la experiencia de que se interrumpen cuando un juez o una jueza de la zona ha sido nombrada en otra zona.
Se desarrolló una estrategia de sensibilización dirigida a juezas y jueces del II CJA	Se sensibilizaron 27 juezas y jueces de la Región Huetar Norte. Las jornadas se llevaron a cabo los días 23 y 24 de junio en Muelle de San Carlos. En esta actividad tuvimos la colaboración de la Mag. Anabelle León, la Licda. Milena Conejo, integrante del Consejo Superior y de la jueza Adriana Orocú, presidenta de Acojud.
Se realizaron 2 boletines digitales informativo /educativo /comunicativo	Primer boletín publicado
Se mantuvo y actualizó un sitio en facebook del PPC	256 “amigos”, 216 usuarios activos por mes, 3986 vistas de publicaciones
Se diseñó una estrategia de comunicación-difusión del PPC en la RHN. Se realizaron 2 cuñas radiales como parte de la estrategia	Se diseñó e implementó una estrategia, cuyo objetivo apuntó a posicionar la participación ciudadana en la agenda mediática de la región huetar norte, así como promover la participación de la ciudadanía de la zona huetar norte en acciones desarrolladas por el programa. Se presentó al Despacho de la Presidencia y al Depto. de Prensa. Se elaboraron 8 cuñas (ver archivo en disco compacto adjunto), 5 afiches impresos y un banner. Actualmente se trabaja en la creación de espacios fijos informativos sobre el PJ en medios de comunicación locales, en la que participarán funcionarios/as judiciales, para lo cual se debe coordinar con el Depto. de Prensa para valorar su aporte en esta y otras áreas de la campaña.	Es necesario resaltar que la labor del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional en esta área es fundamental, sin embargo, el poco personal del que dispone y las tareas que realizan ordinariamente dificultan el involucramiento estratégico de este departamento, pues los espacios que ofrecen los medios de comunicación locales de la Región Huetar Norte no solo son de tipo suceseros sino informativos, divulgativos y formativos, siendo este tipo de información vital para el desarrollo de relaciones más cercanas entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
Se realizaron informes periódicos a entes claves para el PPC (jerarcas Conamaj, Consejo Superior, comités locales, etc.)	Presentación de avances a jerarcas Conamaj Informe de medio periodo a Consejo Superior y Corte Plena.	Uno de los principios con los que trabaja el PPC es el de transparencia y rendición de cuentas, por eso es importante que periódicamente brindemos este tipo de informes a nuestras instancias superiores.