Provincia de misiones diariodesesione s

I) Cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor (Artículo 5º Incisos c y e, Ley N° 23.737).

II) Cuando se entregue, suministre, aplique o facilite a otro, estupefacientes a título gratuito (Artículo 5º penúltimo párrafo, Ley N° 23.737).

III) Cuando los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público (Artículo 5º último párrafo, Ley N° 23.737).

IV) Cuando se tuviere estupefacientes que por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal (Artículo 14, Ley N° 23.737).

V) Cuando se falsificare recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin facultad para hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad (Artículo 29, Ley N° 23.737).

VI) En el caso de quien, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito (Artículo 204 del Código Penal).

VII) Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia (Artículo 204 Bis del Código Penal).

VIII) En el caso de quien, teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el Artículo 204 (Artículo 204 Ter del Código Penal).

IX) Y: en el caso del que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización (Artículo 204 Quater del Código Penal).

Como podrá constatarse, la Ley Nacional N° 26.052 tiene como objetivos dejar en manos de las fuerzas de seguridad y de la justicia provincial, lo referente a la investigación y sanción de conductas ilícitas dirigidas al consumo personal, la tenencia y la “venta al menudeo”, o para consumo personal, de estupefacientes, así como la comercialización irregu-lar de medicamentos de venta bajo receta archivada; reservando para la competencia federal la investi-gación y represión del narcotráfico.

En este orden, el presente proyecto de ley, tiene por objeto la adhesión de la Provincia de Misiones a la Ley Nacional N° 26.052 sobre compe-tencia en materia de estupefacientes.

La mencionada ley posibilita que las provin-cias y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, asuman la competencia para la investigación y persecución de delitos relacionados con la venta y distribución en menor escala de estupefacientes.

Dado la problemática del flagelo de las drogas en nuestra provincia con un crecimiento exponencial en los últimos años, vemos trabas que experimenta nuestra policía para investigar y actuar ante esta problemática donde sólo puede actuar siguiendo órdenes de un fiscal federal, o en casos de flagrancia. Recordemos que en la Provincia de Misiones existen solamente Juzgados Federales distribuidos en 4 ciudades de la provincia (Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú), lo que hace más distante el trato de la policía con los que tienen a cargo la persecución penal de los delitos.

La experiencia de la Provincia de Buenos Aires, quien adhirió a esta ley mediante Ley Provincial Nº 13.392, demuestra la optimización de las investigaciones en dicha materia, contando con fondos nacionales para la prevención, persecución, juzgamiento, encarcelamiento del delincuente y rehabilitación del adicto.

Nuestra provincia ha dejado de ser hace mucho tiempo un lugar de tránsito de la droga para convertirse en lugar de producción y distribución de la misma, con todos los problemas que conlleva esta situación, no solamente en la salud, especialmente de nuestros jóvenes, sino también en temas de seguridad.

Misiones es un punto neurálgico en el mapa nacional del narcotráfico, dado por sus características topográficas (grandes superficies de selva, ríos y una larga frontera difícil de vigilar sea en forma terrestre, por agua o aérea), y por el plano estratégico y logístico que representa para otras provincias y países limítrofes, dado su ubicación: no es un lugar sólo de paso o de tránsito de la droga, es parte de un entramado en el que intervienen (ya sea en la producción de la materia prima, producción de la pasta base, fraccionamiento y comercialización de la droga) países como Bolivia, Paraguay y Brasil que vía Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba, termina de “cocinarse” y distribuirse en y desde la provincia, e incluso hacia Europa.

La inmediatez territorial de los organismos de persecución penal de la provincia con las expresiones del llamado “mini tráfico”, permitirá no solo una mayor eficacia en su descubrimiento y sanción, sino que en muchos casos facilitará la investigación del “camino de la droga” desde los grandes proveedores hacia los “dealers” barriales de menor envergadura que trafiquen estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, y también favorecerá el aporte de pistas y datos para recorrer el camino inverso.

Por cierto que con la adhesión a esta ley no se pretende perseguir meros consumidores, sino propor-cionar herramientas más eficientes para la perse-cución penal del tráfico de drogas ilícitas a las estructuras policiales y judiciales existentes en la provincia aprovechando la mayor dimensión, desplie-gue territorial y conocimiento del medio en la provincia, su relación con los municipios y las organizaciones de la comunidad.

Recientemente la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, repito Provincia que adhirió (por la Ley Provincial N° 13.392) a esta ley, expresó que el balance de la desfederalización parcial autorizado por el Artículo 34 era a su juicio positivo, no sólo porque permitió desmantelar puntos neurálgicos (y a veces totalmente visibles) de comer-cialización de drogas al menudeo y dar simultá-neamente contención a los adictos (sobre todo adolescentes y jóvenes), sino porque en muchos casos, de las investigaciones a cargo de las autori-dades provinciales se pudo encontrar caminos de averiguación de grandes redes de narcotráfico, que siguieron a su avance a cargo de la Justicia Federal.

Ello requiere una especial organización del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, una fuerte capacitación de los operadores, una relación de estrecha colaboración con municipios y otras entidades intermedias de la sociedad, y la inversión de fondos públicos para tecnología y medios de investigación.

Asimismo, se establece un sistema de transferencias protocolares a las jurisdicciones que adhieran y que así lo requieran, de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de lo prescripto por ella. Si resultaren insuficientes estos fondos transferidos por la Nación, la diferencia resultante será atendida con recursos del Presupuesto Provincial, posibilitando de esta manera la correcta aplicación de esta ley tan beneficiosa para la lucha contra el narcotráfico.

Considero sumamente importante e impres-cindible que la Nación Argentina y las provincias trabajemos mancomunadamente contra este flagelo que afecta tanto a nuestro país como al resto del mundo.

Que resulta totalmente preocupante y muy grave el avance en todas sus faces, ámbitos privados y públicos que viene teniendo la droga en nuestro país. Fiel reflejo de lo que digo es un artículo publicado el 9 de marzo de 2012 por el diario digital: PdEqDigital.com, bajo el Título: “Argentina está Perdiendo la Lucha Contra el Narcotrafico en todas las Áreas” en dicho artículo se menciona que: “Los informes abruman y no son solo de los EE.UU. sino de la ONU. La Argentina es ya la primera consu-midora de cocaína de Sudamérica, solo superada en el continente por los propios EE.UU. y el lavado de dinero del narcotráfico se extiende. Es claro que; o no se hacen esfuerzos o los que se hacen fallan absolutamente.

Primero fue el informe de la ONU, luego el de los EE.UU. Ambos, coinciden en que el negocio de la droga está virtualmente desbordado y que la violencia gana las calles en la brutalidad de una delincuencia drogada.

Esperemos que no haya ningún funcionario que diga que el mayor consumo de cocaína es porque mejoró el poder adquisitivo.

Argentina lidera el ranking de consumo de cocaína anual de Sudamérica, según el informe Mundial de Drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que presentó el dossier, el país se ubica detrás de Estados Unidos.

Según el estudio desarrollado por Naciones Unidas, el consumo de al menos una vez al año, en la población de entre 15 y 64 años, se ubica en 2,6%, mientras que la media en el Cono Sur es de 1%.

Detrás de Argentina, se ubican Chile (2,4%) y Uruguay (1,4%). Colombia, Perú y Bolivia siguen apareciendo como países de origen de los estupefacientes, más que de consumo, a pesar de que la superficie dedicada al cultivo ilegal de coca bajó hasta 154.200 hectáreas en 2010, desde un máximo de 288.400 hectáreas registradas en 1990.

El informe de los EE.UU. reveló también que la Argentina tiene el mayor índice de consumo de cocaína.

El informe anual que realiza el Departamento de Estado fue igual al de la ONU. y destacó que el país posee el mayor promedio de consumidores de cocaína de la región entre los habitantes de 15 y 64 años. Además mostró su preocupación por la violencia que genera el paco y criticó al gobierno nacional.

Los EE.UU. revelaron que la Argentina tiene el mayor índice de consumo de cocaína.

De acuerdo con el informe que todos los años publica el Departamento de Estado estadounidense, la Argentina tuvo la mayor prevalencia de consumo de cocaína (2,6%) en América del Sur y Central entre 15 a 64 años.

Sobre la base de las estimaciones del Informe Mundial sobre las Drogas que confeccionó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el hogar del 25% de los consumidores de cocaína en Sudamérica y América Central (675.000 usuarios), sólo superada, esta última, por Brasil.

"El paco está fácilmente disponible en las calles, con un costo aproximado de u$s 1,50 por 'hit' y produce un breve e intenso 'vuelo' cuando se fuma en pipas o mezclada con tabaco.

Funcionarios judiciales argentinos y los informes de la prensa local aseguran que un aumento de la delincuencia callejera ha sido impulsado por un aumento correspondiente en el consumo de paco.

Sin embargo, los protocolos y técnicas empleadas por los profesionales de la Argentina en contra del abuso de sustancias son similares a las que se encuentran en los Estados Unidos y Europa", detalla el informe.

Al mismo tiempo, EE.UU. incluyó a la Argentina en una lista negra por lavado de dinero.

Dijo que el país tiene una larga historia de fuga de capitales y evasión. Surge de un informe mundial antinarcótico del Departamento de Estado. De dónde proviene el dinero. A través de quiénes. Recomienda mayor conciencia y más medidas para evitar el blanqueo.

Lavado de Dinero. Argentina integra una lista negra:

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a la Argentina por primera vez en su lista de países con mayor lavado de dinero en el mundo, en su informe anual sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos.

En la lista de 67 Estados con mayores niveles de lavado también figuran países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Brasil, entre otros.

Entre los apartados el país del Norte consideró que se trata de “lavado de dinero relacio-nado al narcotráfico, la corrupción, el contrabando, y la evasión impositiva” en el sistema financiero. Y que el flagelo involucra a centros específicos offshore.

Las operaciones más comunes se producen en el sector no financiero a través de abogados, conta-dores, estructuras corporativas y de bienes raíces.

Pese al informe reconoció que Argentina “colabora ostensiblemente” con Paraguay y Brasil para atajar problemas de seguridad en su frontera común, así como con Estados Unidos, a través de la denominada “Iniciativa Tres+Uno”. Pero añadió “ese mecanismo ha sido ampliamente inoperante en años recientes a causa de diferencias políticas entre Argentina y Estados Unidos”.

Así tenemos un artículo publicado por el Diario TerritorioDigital.com del domingo 14 de diciembre del 2008 con nota de tapa: “El sistema de radares cubre sólo el 11 por ciento del espacio aéreo nacional. En Misiones la droga vuela alto y sin control: reclaman la ley de derribe y más radares. En Posadas hay uno móvil. El Ministerio de Defensa mandó construir once artefactos, dos están en funcionamiento experimental”, escrito por Antonio Villalba, el cual informa: “La vulnerabilidad de los controles fronterizos por la falta de radares, representa uno de los factores principales para que el tráfico de droga se incremente en Misiones y la región”.

“Somos un espacio abierto que le damos la bienvenida al narcotráfico”, dijo contundente Claudio Izaguirre, Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) en entrevista con el Diario El Territorio.

Personal de distintas fuerzas de seguridad admite que el 80 por ciento de la droga que ingresa al país es traficada por aire. La falta de controles y la cantidad de pistas clandestinas facilita el trabajo de los delincuentes.

“En todo el Norte argentino hay 1.500 pistas clandestinas, por donde ingresan alrededor de 120 aeronaves por día cuya capacidad de transporte de droga es de unos 600 kilogramos”, aseguró Izaguirre. El dato lo ratificó la Fuerza Aérea, al responder en un pedido solicitado por la Legislatura Nacional, que cada mes ingresan en el país, y sólo por la frontera del Nordeste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) más de 100 aviones de contrabando.

Argentina, según el mismo informe, sólo cuenta con radares fijos en los Aeropuertos de Ezeiza, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata y Paraná, y tres radares móviles de la Fuerza Aérea. “Fuera de estas zonas, el control se hace en forma radial. En otras palabras, en la mayor parte de la Argentina “no vemos a los aviones, apenas si los escuchamos”, sostiene otro pedido de informe que aún está en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.

Para los vuelos, son utilizados pequeños aviones -el más empleado es el Cessna- que reacon-dicionados ingresan en forma ilegal, transportando drogas o realizando otros contrabandos.

Una de las causas que llegó al ámbito judicial en Misiones, fue la del piloto de Montecarlo Guillermo Daniel Ramírez, condenado a siete años de prisión por el delito de “almacenamiento de estupefacientes con fines de comercialización”. Así lo dictaminó a fines de noviembre el Tribunal en lo Criminal Federal de Posadas, constituido en Eldorado. Tanto en el avión Cessna como en el interior del hangar, donde también permanecía estacionado un camión, encontraron esparcidos 4.021,18 kilogramos de marihuana.

Los pasos clandestinos: Izaguirre sostiene que existen con Paraguay unos 60 pasos clandestinos y no están siendo controlados de manera adecuada por las fuerzas de seguridad, “porque desde el Gobierno Nacional se impide a la Fuerza Aérea controlar el espacio aéreo argentino por la ley de espacio exterior”.

En rigor, según pudo saber El Territorio, en la Argentina al no contar con la Ley de Derribe deben realizarse pasos legales previos para accionar contra las aeronaves. En principio, una de las fuerzas encargadas del control aéreo mediante radares además de la Fuerza Aérea es el Ejército Argentino. Esta dependencia, de detectar la presencia de vuelos no autorizados, debe informar a la Fuerza Aérea y ésta notificar y aguardar la resolución y la orden del juez para actuar.

La falencia de los artefactos de control, estaría por ser subsanada. Según fuentes oficiales consultadas, actualmente hay radares que están siendo preparados para entrar en funcionamiento desde una base militar en Formosa, puntualmente en el Regimiento 29. Además de dicha provincia, se realizarían los controles aéreos de la región incluidos Salta y Misiones. En Posadas, actualmente hay un radar móvil y el Ministerio de Defensa mandó construir once artefactos.

Según Izaguirre a raíz de esta falta de control, “por día ingresan al país 120 aeronaves Cessna que pueden transportar hasta 600 kilogramos de drogas”.

El Diputado Nacional Francisco De Narvaez, al reclamar la radarización, sostiene en un pedido de informe que “es una cuestión de Seguridad Nacional y defensa de la soberanía. Otros países de la región como Brasil, Chile y Uruguay controlan con radar cerca del 100 por ciento de su territorio”. De acuerdo al legislador, el control del sistema de radares cubre hoy apenas el 11 por ciento del espacio aéreo del territorio nacional, “la radarización del espacio aéreo evitaría gran parte del ingreso de sustancias ilícitas a la República y mejoraría sensiblemente la seguridad del tráfico aéreo”.

La advertencia del Sedronar:

En un informe oficial, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), advirtió que “los vuelos clandestinos constituyen una zona nebulosa, ya que la dificultad de control y la gran capacidad de transporte de mercancía por viaje convierten a esta modalidad en un canal de tráfico de gran envergadura y potencialidad”.

Al realizar un estudio sobre el tráfico de estupefacientes en la Argentina, en febrero del año pasado dicha Secretaría advirtió que los vuelos clandestinos y las pistas clandestinas, “se constituyen en un fenómeno muy complejo de detectar”.

Sostiene que “los controles cotidianos no bastan para vigilar todo el flujo de tráfico aéreo, requiriendo la implementación de un sistema de radarización adecuado que controle la salida y llegada de todo aparato aéreo privado de pequeño porte que sea sospechado de narcotráfico”.

Por tierra y por aire:

De acuerdo al registro de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, las máquinas más utilizadas para el transporte de drogas son las avionetas Cessna. Estos vuelos tienen distintos destinos de aterrizaje, desde Misiones a Santiago de Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Norte de Santa Fe. Ya en tierra, según Izaguirre, la Ruta Nacional N° 12 no es la más utilizada al estar muy custodiada. Para el transporte cargando estupefacientes suele utilizarse la Ruta N° 14. Sería el camino de la droga con destino a Buenos Aires o Córdoba y desde allí, a Chile. “Las aeronaves salen de la localidad paraguaya de Pilar, donde el pan de marihuana tiene un costo de 40 pesos y puesto en Argentina el valor se incrementa a 250 pesos y si llevan a Santa Fe o Buenos Aires, los valores ascienden a 400 y hasta 800 pesos”, estimó Izaguirre.

Sostiene el experto que los pilotos pueden maniobrar sin inconvenientes durante el día o la noche. “En el Chaco los postes son marcados con pinturas fluorescentes”, aseguró.

Hizo mención a esa provincia donde llegó a modo de protesta pública, porque detectaron la mayor cantidad de vuelos clandestinos. Puntualmente la zona considerada más caliente, es Paranacito, en Puerto Vilelas, al Sudeste de aquella provincia y a 30 kilómetros de la capital, Resistencia.

La destreza de los pilotos permite, aseguró, realizar vuelos rasantes; viajan en algunos casos a menos de doscientos metros de altura. “Por eso la gran cantidad de pistas clandestinas existentes a la vera de los caminos, donde se acondicionan con unos 1.000 a 1.500 metros de tierra compactada, es suficiente espacio para que aterrice un Cessna, el cuatriplaza tampoco tendría inconveniente porque son pilotos avezados”.

Sostuvo que solo hay “un pequeño radar en la zona entre Paraguay, Chaco, Corrientes; en ese triángulo hay un radar que puede mirar 4 kilómetros a la redonda cuatro horas por día y esto lo saben los pilotos y vuelan a menos de 200 metros de altura sin inconvenientes para no ser detectados”. Considera que “en los aeroclubes debería haber un severísimo control, como no hay en este momento”.

El traslado a Brasil y Argentina:

En el informe del Anuario del Narcotráfico, se indica que la localización de las “pistas clandestinas” en el territorio paraguayo tiene relación con el destino de los “vuelos ilegales”.

Los orientados al Brasil, parten en su mayoría de pistas ubicadas en los Departamentos de Canindeyú, Amambay y Alto Paraná, y en menor escala en el Departamento Itapúa, cruzando en estos casos el espacio aéreo de Misiones.

Para los vuelos dirigidos a la Argentina, la mayoría inicia su recorrido desde pistas ubicadas en Ñeembucú, departamento que limita con Formosa, Chaco y parte de Corrientes; y, en menor escala, en el Departamento de Itapúa, desde el cual también cruza en esos casos el espacio aéreo de Misiones.

El Comando de Regiones Aéreas, depen-diente de la Fuerza Aérea Argentina, con un plantel de unos 6.000 empleados, entre civiles y militares, es uno de los organismos encargados del control del tráfico aéreo en todo el país.

Orígenes de AARA:

La Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) surgió el primero de noviembre de 1999. Ese día el Vicepresidente argentino Carlos “Chacho” Álvarez, anunciaba que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar) sería disuelta.

Los integrantes de la Asociación lograron impedir que eso ocurra con la intervención de jueces, personalidades extranjeras y la sociedad.

En los comienzos, AARA una organización no gubernamental, trabajó fuertemente en la prevención y en la lucha contra el narcotráfico, además de interesarse en el control de gestión de los organismos oficiales.

Claudio Izaguirre, presidente de AARA, es miembro de la ONU, Delegado por Argentina ante la Comisión Internacional de Drogas, Embajador para la Paz (UPF), Entidad Afiliada a EURAD (Europa Contra las Drogas) y tiene varios libros escritos.

Los aviones y la Ley de Derribe:

La Asociación Antidrogas de la República Argentina, con la Diputada Nacional Gladis Beatriz Soto, están impulsando la Ley de Derribe. En la Argentina no existe en la actualidad ninguna ley que autorice el derribo de aviones, como sí está en vigencia en países como Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. “Son tres avisos y en una cuarta, puede ser derribada la aeronave”, explican. Brasil tiene previsto dar otro paso, con controles fronterizos desde este mes, mediante aviones no tripulados. Así lo adelantó en su página digital www.capitanbado.com, que tiene un link escrito en portugués dedicado a informar sobre la lucha contra el narcotráfico en Capitán Bado, Paraguay.

Sostiene que el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, informó que el país volverá a producir vehículos aéreos no tripulados (VANTs) para fiscalizar las fronteras de Brasil.

En Posadas funciona un radar móvil:

Omar Torres, Secretario General de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), dijo que el tema debe abordarse como política de Estado. “Tenemos dos sistemas de radares, uno de pantalla y otro manual; hay cinco en el país, y para radarizar todo el país, se necesitan más, ahora el Ministerio de Defensa mandó a construir once radares de los cuales dos ya están en funcionando en forma experimental y próximamente se podrán oficializar”, dijo en entrevista con El Territorio. “Acá en Posadas hay un radar móvil cuya finalidad es la de prevenir el contrabando, pero como no tenemos la Ley de Derribe y si se detecta una nave no identificada, hay que acompañarlo y hasta que aterrice en un campo, cuando se llega por tierra, ya no existe más ni el piloto ni el contrabando”.

Se afirma que la falta de control aéreo adecuado facilita los vuelos ilegales y que éstos son usados para el transporte de droga.

Ninguna duda de que los vuelos ilegales apuntan al contrabando general, pero no pasa por la eficiencia del control del Estado. Nosotros debemos garantizar las operaciones lícitas, las ilícitas son muy difíciles de detectar porque normalmente el respon-sable, el piloto, siempre miente. La responsabilidad del país, con el radar móvil como tiene Posadas es que se multiplique en toda la zona de frontera, no sólo el Litoral, donde sabemos que es fuerte la denuncia de contrabando. El Estado tiene que ocuparse de resolver esta situación.

¿Cuáles son las zonas consideradas críticas, por los vuelos ilegales?

Es esta zona, por Misiones, además de Formosa y Salta; la zona de frontera es compleja, se han detectado pistas clandestinas, preparadas para operar tanto de día como de noche y se van denunciando, si hay responsables se los detiene, pero es como que no alcanza.

A su vez, el otro artículo publicado más recientemente por el Diario Línea Capital bajo el titulo: “Misiones. Aumentan el tráfico de drogas y las causas penales” informaba:

“El Juez Federal de Posadas Ramón Claudio Chávez se manifestó preocupado ante el incremento del tráfico de estupefacientes en la provincia. Comentó que no sólo se registró un aumento en cuanto a la cantidad, sino una mayor diversificación de las drogas. "Ahora no hablamos sólo de marihuana, sino de pasta base, de cocaína, de crack, sustancias que no es que no existieran sino que no formaban parte de las incautaciones, o sea que vemos que la actividad se fue diversificando un poco", señaló. En este contexto, consideró que se lleva adelante un intenso trabajo en los procedimientos de parte de las fuerzas de seguridad como así también del Juzgado Federal, que constantemente actúan para evitar que se produzcan situaciones aún más peligrosas.

Realizó tal comentario luego de dar cuenta que a los estupefacientes muchas veces les acompañan armas, situación que demuestra un aumento de peligrosidad en los casos. "Se hicieron operativos cercanos a una escuela y en otros lugares donde encontramos armas. Las fuerzas de seguridad prestan atención especial a estas personas que están desarrollando esta actividad para que no culmine en alguna situación peligrosa", remarcó Chávez.

Además, observó que el aumento de estos delitos no sólo debe preocuparle a él como Juez sino a la sociedad en general. Sostuvo que no es cuestión de relacionar estos casos con la temática de inseguridad en la ciudad capital, sino que su análisis debe ser más profundo. En este sentido, dijo que "forma parte de una política que el Estado debe llevar adelante para mantener un mayor control".