Naciones Unidas cerd/C/geo/4-5

36. El 11 de julio de 2007, se aprobó la Ley de repatriación de personas exiliadas por la fuerza de la República Socialista Soviética de Georgia por la ex-URSS en el decenio de 1940. Esta ley afecta a las personas desplazadas por la fuerza¹⁰ y proporciona una base legal para su repatriación y la de sus descendientes directos. La condición de "repatriado" otorga a la persona el derecho a recibir la ciudadanía georgiana con arreglo al procedimiento establecido en la Ley orgánica de la ciudadanía de Georgia. Entre las atribuciones del Ministerio de Refugiados y Reasentamiento figura la de examinar las solicitudes para la obtención de la condición de repatriado.

37. El plazo inicial para la presentación de solicitudes por las personas que deseaban obtener la condición de repatriado concluyó el 1º de enero de 2009. Basándose en las recomendaciones de varias organizaciones internacionales, el Gobierno de Georgia amplió el plazo en dos ocasiones: hasta el 1º de julio de 2009 y hasta el 1º de enero de 2010. Además, para atender a las necesidades de los meskh, en diciembre de 2009 se introdujeron enmiendas en la ley que han simplificado el procedimiento de repatriación.

38. Conviene señalar que algunas organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por el riesgo de apatridia de las personas tras obtener la condición de repatriado. Para evitar la apatridia, se abolió la disposición¹¹ que exigía a la persona que obtenía la condición de repatriado la renuncia a la ciudadanía de otro país. Además, se ha encargado al Gobierno de Georgia que elabore un reglamento "para simplificar el procedimiento de concesión de la ciudadanía georgiana a personas que hayan obtenido la condición de repatriado", con vistas a reforzar las garantías para la eliminación del riesgo de apatridia.

39. Según las estadísticas de que se dispone, 5.806 personas solicitaron al Ministerio de Refugiados y Reasentamiento la condición de repatriado. La mayoría de solicitantes vive en la República de Azerbaiyán, mientras que el resto procede de Ucrania, Kazajstán, los Estados Unidos de América, etc.

40. A fin de facilitar la integración en la sociedad georgiana de las personas desplazadas por la fuerza, el Gobierno, varias ONG y distintas organizaciones de donantes han llevado a cabo campañas de sensibilización entre la población. Estas medidas incluyen la elaboración de folletos informativos en tres idiomas (ruso, inglés y azerí) sobre procedimientos y solicitudes y su distribución entre la población meskh por parte del Centro europeo para las cuestiones de las minorías.

41. Además, la asociación "Toleranti" lleva a cabo proyectos centrados en la integración de los repatriados meskh, la asistencia a través de un centro de información y de consultas y la organización de escuelas de verano y cursos de georgiano. Esta misma organización ha creado un servicio de atención telefónica permanente para personas desplazadas por la fuerza. Asimismo, la Radiotelevisión Pública Georgiana ha rodado y emitido cuatro documentales sobre personas desplazadas por la fuerza. Un libro divulgativo, Niños meskh eminentes, se publicó en georgiano y ruso y se distribuyó posteriormente entre la población desplazada por la fuerza.

G. Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16

42. La igualdad ante la justicia es un principio constitucional en Georgia y está contemplada en varios instrumentos legislativos. Para fortalecer la garantía constitucional, el Parlamento de Georgia aprobó, en julio de 2007, una nueva Ley de asistencia letrada gratuita que garantiza la asistencia letrada gratuita sin discriminación. El objetivo de la ley es crear un sistema de asistencia letrada de corte social para promover el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia en los procedimientos penales, civiles y administrativos. La asistencia letrada incluye las consultas jurídicas y la redacción de documentación legal para todas las personas; asimismo, los residentes que estén por debajo del umbral de pobreza¹² pueden acceder a la representación ante los tribunales en causas penales, y los residentes de Georgia y los extranjeros disponen de asistencia letrada obligatoria (en causas penales, según lo establecido en el Código de Procedimiento Penal). El Servicio de Asistencia Letrada de Georgia corre a cargo de diez despachos de asistencia letrada (entre ellos un despacho en Kvemo Kartli, una zona con un gran porcentaje de población perteneciente a la minoría azerí) y de dos centros consultivos. En particular, el Plan de Acción para la Reforma de la Justicia Penal prevé el establecimiento de oficinas regionales adicionales en la región de Samtskhe-Javakheti (para el período 2011-2013), de conformidad con los intereses de la población de la minoría étnica. En marzo de 2010, se renovó, con la ayuda del PNUD, la sede del despacho de asistencia letrada de Akhaltsikhe.

43. En lo tocante al derecho a la salud, la protección de la salud sin discriminación está recogida en los instrumentos legislativos pertinentes¹³. En 2009, se aprobaron varios programas estatales de atención de la salud con arreglo a la Orden del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales¹⁴ que se aplican de la misma manera a ciudadanos y no ciudadanos, es decir los extranjeros que residen permanentemente en Georgia. Estos planes incluyen:

• 
  Un programa para facilitar a la población medicamentos específicos;
  
• 
  Un programa estatal de atención a niños y adolescentes afectados de hemofilia;
  
• 
  Un programa estatal de servicios de psiquiatría;
  
• 
  Un programa estatal de pruebas médicas para reclutas;
  
• 
  Un programa estatal de servicios contra la tuberculosis;
  
• 
  Un programa estatal de seguro médico para la población que vive por debajo del umbral de pobreza.
  

44. En 2005, el Parlamento de Georgia aprobó la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros, que tiene la finalidad de regular la entrada, permanencia, tránsito y salida de Georgia de los extranjeros. La ley define, asimismo, los derechos y deberes de los extranjeros, así como los procedimientos de deportación¹⁵. En particular, el artículo 53 de la ley establece los motivos para la deportación de extranjeros: un extranjero puede ser deportado de Georgia si ha entrado ilegalmente en Georgia, si ya no existe una base legal que justifique su estancia en Georgia o si su residencia en Georgia atenta contra los intereses de seguridad nacional u orden público, entre otros motivos. La ley prohíbe la deportación de una persona si será perseguida por sus ideas políticas o por actividades que no estén tipificadas como delito en la legislación georgiana; si está amenazada por proteger los derechos humanos y la paz o por desarrollar actividades sociales, políticas, científicas o de otro tipo que se consideren progresistas; o si la vida o la salud de dicha persona correrá peligro.

45. El Gobierno de Georgia observa que durante el período examinado no ha habido casos de expulsión, deportación, retorno o casos de devolución o rechazo de extranjeros a países en los que su integridad física o moral pudiera estar en peligro. En 2001, Georgia extraditó a ciudadanos rusos de origen checheno buscados por los órganos rusos encargados del cumplimiento de la ley. Trece personas de origen checheno que estaban pendientes de ser extraditadas presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De las 13 personas pendientes de extradición, solamente 4 acabaron siendo extraditadas a Rusia. El Tribunal Europeo dictaminó que Georgia había incumplido sus obligaciones en virtud del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales¹⁶. Desde entonces, Georgia ha realizado distintas enmiendas legislativas de importancia, como el procedimiento concreto para apelar ante los tribunales la decisión del Fiscal General en casos de extradición, la obligación clara de informar al detenido sobre el procedimiento de extradición en curso, etc. Además, Georgia ha ejecutado debidamente dicha sentencia, tanto desde el punto de vista de las medidas individuales como de las generales. Es decir, Georgia indemnizó a las víctimas, anuló el decreto de extradición del ayudante del Fiscal General sobre nueve fugitivos que seguían en libertad y mejoró la base legal para la extradición. Asimismo, de conformidad con las normas internacionales, incluida la Recomendación general Nº XXII, Georgia modificó en julio de 2006 el Código Penal para prohibir explícitamente la extradición de personas a las que se había concedido el asilo político o que tenían la condición de refugiado.

Protección legal de refugiados y solicitantes de asilo

46. A raíz de las enmiendas recientes introducidas en la legislación georgiana¹⁷, se han concedido documentos de viaje a los refugiados, de conformidad con lo establecido en la Convención de 1951 sobre Refugiados. Con estos documentos de viaje, los refugiados pueden desplazarse por todo el territorio de Georgia, así como viajar a terceros países o a países extranjeros.

País	Cantidad
Turquía	1
Federación de Rusia	856
Iraq	5
Turkmenistán	2
República Islámica del Irán	1
Tayikistán	2
Total	867

48. Una vez identificadas las lagunas de la Ley de refugiados de 1998, el Gobierno de Georgia preparó un nuevo proyecto de ley sobre refugiados y solicitantes de asilo temporal. El proyecto de ley amplía el alcance de la concesión de la condición de refugiado y establece procedimientos claros para la obtención del asilo, entre otros. El Ministerio de Refugiados y Reasentamiento se benefició en 2009 de la experiencia del ACNUR, y el proyecto de ley definitivo se presentará al Parlamento de Georgia en un futuro próximo.

49. La libertad de religión es un derecho constitucional y está protegida legalmente¹⁹. La legislación de Georgia tipifica como delito la interferencia ilegal en el ejercicio de los derechos religiosos, incluida la interferencia en la celebración del culto u otros ritos o costumbres religiosas mediante violencia o amenazas de violencia u ofendiendo los sentimientos religiosos de un creyente o un ministro de la religión (véase el artículo 155 del Código Penal). Además, el Código Penal, en su artículo 156, también tipifica como delito la persecución de una confesión, fe o creencia. Estos dos artículos constituyen una garantía legal contra la discriminación de las minorías religiosas.

50. Se han tomado medidas importantes en el ámbito escolar para evitar la discriminación de los estudiantes por motivos religiosos. Según el plan de estudios nacional aprobado en 2006, la asignatura de Historia de las Religiones es optativa, se imparte dentro del ámbito de las ciencias sociales y abarca el origen/formación de las religiones, el papel de la religión en la sociedad, distintas religiones del mundo, etc. Sobre todo, el Estado prohíbe a las escuelas la celebración de rituales o ceremonias religiosas y la utilización de símbolos religiosos, salvo con fines educativos.

51. El Código Deontológico de los Maestros insta a los maestros a crear un entorno propicio para el desarrollo integral de la personalidad individual de los alumnos y la protección de sus derechos y libertades. El Código reafirma el papel de los maestros en la difusión de valores y principios basados en los derechos y prohíbe la discriminación de los estudiantes por motivos de origen étnico o creencias religiosas.

52. La reducción de la pobreza en Georgia es una de las principales prioridades del Gobierno de Georgia. Una de sus tareas más importantes es el establecimiento del Fondo de Georgia para los Desafíos del Milenio, dotado de un presupuesto de 395,3 millones de dólares de los Estados Unidos. Este Fondo tiene como objetivo reducir la pobreza y promover el desarrollo económico en las regiones de Georgia, y su creación facilita la rehabilitación de infraestructuras y el desarrollo de empresas.

53. Para abordar los retos que tienen ante sí las minorías étnicas, se han puesto en marcha los proyectos siguientes en el marco del Programa de los Desafíos del Milenio:

• 
  Proyecto de rehabilitación de infraestructuras energéticas (con un presupuesto de 49,5 millones de dólares de los Estados Unidos) para restaurar el gasoducto dañado que recorre el país de norte a sur: está prevista la rehabilitación de 22 puntos. Con este proyecto, la seguridad y la fiabilidad del abastecimiento de energía permitirá aumentar el suministro de gas a las centrales de energía, así como mejorar la fiabilidad del sector industrial.
  
• 
  Proyecto de rehabilitación de la carretera de Samtskhe-Javakheti (presupuesto de 203.515.000 dólares de los Estados Unidos). Se trata de un proyecto a gran escala para la rehabilitación de la carretera y la red de transportes en las regiones de Samtskhe Javakheti y Kvemo-Kartli. La rehabilitación de la carretera facilitará la conexión entre ambas regiones, habitadas por minorías étnicas, y otras zonas de Georgia.
  
• 
  Proyecto de desarrollo agroindustrial (presupuesto de 15.250.000 dólares de los Estados Unidos) que prevé la concesión de subsidios, en régimen de cofinanciación y por concurso, para el desarrollo de la producción primaria y el establecimiento de centros de servicio agrícola, empresas de valor añadido y cadenas de valor en todas las regiones de Georgia. El proyecto facilita el desarrollo agroindustrial, así como la creación de nuevos puestos de trabajo para las minorías étnicas.
  

54. En 2005, se enmendó el artículo 144 del Código Penal, relativo a la tortura, las amenazas de tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El artículo 144 define así la tortura: "Constituye un acto de tortura someter a una persona, a sus parientes o a personas dependientes económicamente o de otro modo a unas condiciones, tratamiento o castigo que, por su naturaleza, intensidad o duración, causen dolor o sufrimiento físico o mental graves y tengan como objetivo obtener información, pruebas o una confesión, intimidar, coaccionar o castigar a una persona por un acto que esta o un tercero haya cometido o que se sospeche que ha cometido". La ley prevé una sanción superior, que va de 12 a 17 años de privación de libertad (en lugar del castigo general de 7 a 10 años), si el delito lo comete un funcionario del Estado, una persona de igual condición (art. 144 2 a)) o alguien que desempeña funciones oficiales (art. 144 2 b)). El artículo 144 prohíbe amenazar con torturas, y castiga estas amenazas con una multa o una pena de prisión de hasta 2 años. El artículo 144 también prohíbe los tratos o penas inhumanos o degradantes, y establece una sanción mayor (de 4 a 6 años de privación de libertad) si los comete un funcionario del Estado, una persona de igual condición o alguien que desempeña funciones oficiales.

55. Se han creado dependencias de protección y vigilancia de los derechos humanos en los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, a saber el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General de Georgia y el Ministerio de Prisiones y Asistencia Jurídica. Una de las tareas principales de estas dependencias es poner en práctica mecanismos internos de vigilancia del sistema de protección de los derechos humanos y supervisar el cumplimiento de las normas de derechos humanos nacionales e internacionales. Estas dependencias son una herramienta eficaz para abordar, de manera rápida y adecuada, los problemas que afectan tanto a las personas como al sistema.

56. Además de las dependencias de derechos humanos, el 20 de junio de 2007 se creó, en virtud del Decreto presidencial Nº 369, el Consejo de Coordinación Interinstitucional contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Consejo se compone de altos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales y expertos independientes, y tiene la tarea de vigilar y aplicar planes de acción anuales contra la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Indemnización para las víctimas de la tortura

57. El Código Civil de Georgia establece el procedimiento para que las víctimas de tortura obtengan una indemnización. En virtud del Código Civil, toda víctima de lesiones o daños corporales contra la salud de la persona puede exigir una indemnización. Además, el artículo 105 del Código establece la responsabilidad del Estado en aquellos casos de daños ocasionados por sus empleados, bien de manera deliberada, bien fruto de una negligencia grave. En 2009, se concedió una indemnización a una víctima de tortura en un caso. En 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de Tbilisi condenó a dos antiguos empleados del Ministerio del Interior a siete y ocho años de prisión, respectivamente, por un delito de tortura cometido en 2003. En 2009, con arreglo a dicha sentencia, el Ministerio del Interior y los autores compensaron económicamente a la víctima con la suma de 9.000 lari.

58. Un manual sobre el uso de la fuerza adoptado por el Ministerio del Interior constituye una garantía adicional contra los malos tratos. La Academia de Policía del Ministerio del Interior, en colaboración con los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Francia y con distintas organizaciones internacionales, elaboró un manual sobre el uso de la fuerza. El curso aborda el trato de sospechosos violentos, el uso de la mínima fuerza necesaria, la intensificación de la fuerza para responder a la violencia o resistencia, los derechos humanos en relación con el uso de la coacción, la utilización de armas de fuego y los casos de necesidad imperiosa. Paralelamente, se ha elaborado el módulo de formación para estudiantes matriculados en la Academia de Policía. El manual se enseña como parte del curso básico obligatorio, y es una parte importante del tema de los derechos humanos, que representa el 15% de todo el curso.

59. La Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia se creó, de conformidad con los Principios de París, en virtud de la Ley orgánica Nº 230, de 16 de mayo de 1996. El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones de manera independiente y es elegido por un período de cinco años por el Parlamento de Georgia, ante el que debe responder²⁰. El mandato del Defensor del Pueblo es amplio y abarca una lista extensa de derechos humanos y libertades. Se presta una atención especial a las funciones de vigilancia de los derechos humanos de la Oficina, así como a su autoridad para investigar denuncias individuales (a partir de solicitudes o apelaciones o de oficio)²¹. En particular, el Defensor del Pueblo lleva a cabo regularmente una labor de vigilancia de todos los centros de privación de libertad de Georgia²². El Defensor del Pueblo formula recomendaciones a los órganos o a las instituciones del Estado pertinentes que han infringido los derechos humanos para que restablezcan los derechos vulnerados, y cada seis meses presenta un informe al Parlamento de Georgia sobre la situación de los derechos humanos en Georgia²³.

60. Recientemente, en virtud de una enmienda legislativa²⁴, el Defensor del Pueblo ha sido nombrado mecanismo nacional de prevención, de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura²⁵.

61. Conviene señalar que, además del Consejo de las Minorías Nacionales y del Consejo de las Religiones, el Defensor del Pueblo estableció en 2001 un Centro de los Derechos del Niño y, en 2008, un Centro para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

62. Con respecto a la sensibilización sobre los derechos de las víctimas en cuestiones legales relativas a las minorías étnicas, se ha confiado al Centro para la Tolerancia, dependiente del Defensor del Pueblo, la tarea de prestar asistencia a toda persona afectada, así como la de facilitar las consultas y el diálogo entre las minorías nacionales y el Gobierno. En 2009, el Consejo de las Minorías Nacionales publicó distintos folletos con información sobre cuestiones de las minorías y sobre las actividades del Consejo. Para el mandato del Consejo, véase el párrafo 9 anterior.

63. Paralelamente, el Servicio de Asistencia Letrada de Georgia, a través de sus Oficinas y Centros de Consultas, toma debida nota de las consultas formuladas por las minorías nacionales acerca de sus derechos. Recientemente, el Servicio de Asistencia Letrada inauguró una oficina en la región de Samtskhe-Javakheti, y se abrirá un Centro de Consultas en Akhalkalaki para atender a las minorías étnicas que residen en la región.

64. Al mismo tiempo, el Gobierno entiende que la información sobre las nuevas iniciativas legislativas debería ponerse públicamente al alcance de las minorías nacionales. Una novedad en este sentido es el nuevo Código de Procedimiento Penal de Georgia, recientemente aprobado y que entrará en vigor en octubre de 2010. A este respecto, el Servicio de Asistencia Letrada ya tiene previsto llevar a cabo una campaña de sensibilización pública adecuada y editar folletos informativos en azerí, armenio y ruso, que ayudarán a las minorías étnicas a estar al corriente de sus derechos legales y obligaciones, y a obtener información sobre los recursos jurídicos que ofrece la legislación penal de Georgia.