Mayor subida fiscal de la reciente historia

tarix	26.06.2016
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El PP de Mariano Rajoy ha aprobado la mayor subida fiscal de la reciente historia de España en sus dos primeros años de Gobierno. En un primer momento, elevó drásticamente los grandes impuestos a familias y empresas (IRPF, Sociedades, plusvalías, IVA), además de subir otras tasas indirectas, así como mantener tributos que, en principio, estaban destinados a desaparecer como, por ejemplo, Patrimonio. Y ello, bajo la excusa de combatir el elevado déficit público, en lugar de reducir de forma sustancial el gasto que, pese a los ajustes anunciados, se mantiene en niveles de burbuja.

Lejos de rectificar, el Gobierno del PP pretende ahora intensificar esta estrategia fiscal mediante el aumento generalizado de las cotizaciones sociales a empresas, asalariados y autónomos, pese a que prometió reducir dichas cargas para impulsar la creación de empleo. La razón de fondo para justificar dichas subidas reside en el creciente agujero financiero que presenta el sistema público de pensiones.

Empleo ha preferido retrasar a finales de la presente década una de las medidas estrella de la nueva reforma de las pensiones, evitando así un recorte nominal en las actuales prestaciones, con el consiguiente coste electoral que ello supondría, y, a cambio, está optando por elevar las cotizaciones, tal y como propugna PSOE e IU.

Como consecuencia del fuerte aumento de IRPF y cargas sociales -excluyendo, por tanto, el resto de subidas fiscales-, el mayor incremento de toda la OCDE en 2012, los españoles soportan hoy la mayor tributación sobre el empleo desde los años 80.

En concreto, el pago de impuestos sobre la renta y cotizaciones alcanzó el 41,4% del coste laboral total en 2012, tomando como referencia un trabajador con sueldo medio soltero y sin hijos. Esto significa que un empleado que gane 27.526 dólares netos al año, en realidad, le cuesta a a su empresa 46.974 dólares: Dicho de otro modo, el Estado se embolsa, vía IRPF y cotizaciones, más del 40% de lo que en realidad gana un trabajador medio.

Por poner un ejemplo concreto, con datos de 2012 y bajo distintos supuestos, el esfuerzo fiscal que soportan los trabajadores españoles en función de su nivel de renta se refleja en la siguiente tabla, elaborada por el think tank Civismo, en donde se recoge el sueldo neto más el pago de IRPF y las cotizaciones que abona trabajador y empresa.

Así, partiendo de que el sueldo más frecuente en España ronda los 1.000 euros al mes (12.000 euros netos al año divididos en doce pagas), la primera columna muestra que la nómina real de los mileuristas (coste laboral total) asciende a 1.523 euros al mes (18.283 euros al año). Es decir, la empresa abona un total de 1.523 euros al mes para que un trabajador ingrese 1.001 limpios en su cuenta. El Estado se embolsa 522 euros de la nómina mensual de un mileurista en concepto de IRPF y cotizaciones, el 34,33% de su sueldo.

Este porcentaje crece en función del nivel de renta. Los trabajadores que ingresan 1.313 euros netos al mes (15.760 al año en 12 pagas) cobran en realidad 2.089 euros (25.071 al año), de modo que Hacienda les resta 776 euros mensuales (37,14% de su sueldo efectivo); quienes perciben 1.602 euros netos (19.223 al año) ganan 2.641; y así, sucesivamente. En términos generales, Hacienda quita unos 780 euros mensuales a los trabajadores que conforman la clase media en España, cuyas rentas oscilan entre los 1.000 y 1.600 euros netos al mes.

Tales porcentajes representan el denominado "esfuerzo fiscal", es decir, el porcentaje que suponen los impuestos respecto al salario. Con un esfuerzo fiscal superior al 40%, los trabajadores españoles sufren una de las fiscalidades más altas de la zona euro, casi un 20% superior a la media europea, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget).

Así, el tipo impositivo que aplica España a la renta media (superior al 40%) es muy similar al de países como Suecia o Finlandia, salvo por el hecho de que dichas economías disfrutan de sueldos mucho más altos y, por tanto, sus trabajadores gozan de una mayor renta disponible que los españoles tras cumplir con el Fisco.

En el caso concreto del IRPF, cabe recordar que, tras la subida de Rajoy, el tipo marginal máximo se situá en el 52%, tan sólo superado por Dinamarca (56,1%) y Suecia (56,6%) dentro del grupo de países ricos (OCDE). Pese a ello, cabe recordar que algunas CCAA han elevado dicho tipo marginal hasta el 56%, de modo que tan sólo Aruba (59%) sufriría una tasa máxima claramente superior en 2012. En 2007, antes de estallar la crisis, el tipo máximo en España era del 43%.

Pero lo más relevante no es tanto el tipo de IRPF aplicable sino el nivel de renta a partir de los cuales se aplica, ya que no es lo mismo un tipo del 56% sobre 100.000 euros al año que sobre 10.000.

En 2010, con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, los 'mileuristas' españoles, con un sueldo bruto de 15.000 al año, pagaban un tipo marginal del 24%, superior al que soportaban franceses e irlandeses, pero inferior al de los alemanes. Asimismo, la clase media (30.000 euros) pagaba menos que alemanes y franceses, y la mayoría de las rentas altas (más de 50.000 euros) más que alemanes e irlandeses, al tiempo que los más adinerados (a partir de 75.000) sufrían tipos similares al de los otros tres casos analizados.

La situación es diferente en 2012, con el PP de Rajoy en el poder. Ahora, los mileuristas españoles ya pagan más IRPF que los alemanes y franceses. Ampliando el abanico a otros países periféricos y el modelo nórdico, también se observa que sufren un tipo superior al de italianos e irlandeses, y pagan mucho más que los finlandeses, puesto que están exentos de IRPF.

Por otro lado, las rentas medias españolas (30.000 euros) pagan tanto IRPF como alemanes y franceses, pero mucho más que irlandeses y finlandeses -tan sólo los italianos soportan un tipo marginal mayor con ese nivel de renta-. Los sueldos medio-altos (50.000) pagan tanto como los alemanes e irlandeses, pero menos que franceses, italianos y finlandeses. Y las rentas altas españolas (75.000) son las que pagan el mayor IRPF de los países analizados, al igual que sucede con las rentas muy altas (150.000).

En resumen, los trabajadores españoles pagan tantos impuestos o más que las grandes potencias europeas en los distintos tramos de renta, mientras que soportan un IRPF mucho más elevado que Irlanda y, sobre todo, Finlandia.

El Gobierno plantea que los autónomos coticen según sus beneficios

La Administración reconoce que la propuesta tendría escasa aceptación entre los autónomos.

La junta directiva de la Federación de Autónomos (ATA) celebrada ayer lunes, en la que participó como invitada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, anticipa cambios drásticos en la fiscalización de los autónomos. Tal y como se hace eco el diario Cinco Días, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, reclamó a la vicepresidenta una reestructuración del Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

Dicha modificación del RETA iría encaminada a que los autónomos no elijan voluntariamente su base de cotización a la Seguridad Social, obligándoles a cotizar según "sus rendimientos netos y no sobre suposiciones". Por su parte, fuentes de la Administración reconocieron al diario económico que esta propuesta ya está siendo estudiada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, un comité de expertos está diseñando una propuesta de reforma que, probablemente, pongan a disposición del Gobierno a finales de febrero.

Esta medida supondría que una buena parte del 80% de los autónomos que paga la cuota mínima mensual (261 euros) deberán abonar una mayor cantidad a la Seguridad Social. Tal y como reconocen desde la Administración, la implantación de esta medida tiene sus dificultades. Primero, por la coordinación que requeriría entre Hacienda y la Seguridad Social. Y segundo, por la poca aceptación que tendría entre los autónomos una reforma que establezca tramos de cotización según los rendimientos netos obtenidos el año anterior, ya que su factura fiscal aumentaría de forma muy sustancial.

Rajoy lleva la fiscalidad sobre el empleo a su punto más alto desde los años 80

Los empresarios explotan tras las últimas subidas en las cotizaciones. Sigue creciendo la diferencia entre el sueldo bruto y el neto.

Los impuestos al tabaco provocan una disminución en su consumo, algo que el Ministerio de Sanidad se encarga de recordar cada vez que se decreta un incremento en estos tributos. La subida del IVA al cine ha hecho que se desplome la asistencia a las salas, como ha dejado claro el sector. Las tasas que algunas regiones cobran a los turistas por cada noche de alojamiento provocan las protestas inmediatas de los hoteleros, que temen por el impacto que pueda tener en su facturación.

Los tres ejemplos anteriores son ampliamente conocidos y reconocidos. Nadie parece dudar de su veracidad. Parece lógico pensar que un incremento en los impuestos de un producto tiene una repercusión directa (y negativa) en el consumo del mismo. Sin embargo, con el trabajo no se establece la misma relación. Los políticos españoles llevan subiendo los impuestos al empleo de forma constante desde que comenzó la crisis. Y el paro se ha disparado como en ningún otro país de la UE.

Es cierto que hay muchos más factores que pueden influir en las cifras del desempleo, desde la rigidez del mercado laboral al hundimiento de sectores como el de la construcción, muy intensivos en mano de obra. Pero, de verdad, ¿a nadie en el Gobierno se le ha pasado por la cabeza que el enorme coste al que tienen que hacer frente los empresarios a la hora de contratar puede influirles cuando toman esta decisión? ¿O qué el recorte que sufren los empleados entre los sueldos brutos y los netos no repercutirá en sus ganas de trabajar o mejorar en su profesión?

Coste y salario

Cuando un empresario piensa en contratar a un nuevo trabajador (o mantener a alguno de los ya existentes) calcula cuánto le va a costar éste y cuánto va a producir para su negocio. La lógica nos dice que sólo realizará el fichaje si la segunda cifra es superior a la primera.

Normalmente, asociamos el coste laboral con el salario. Pero esto es un error. En realidad, lo que el empresario paga por un empleado es mucho más de lo que éste recibe en su cuenta bancaria. Y claro, esto tiene muchas implicaciones en las decisiones de uno y otro.

Coste laboral = Salario neto + IRPF + Cotizaciones sociales

De esta manera, hay una gran distancia entre lo que el trabajador gana y lo que el empresario abona. La primera consecuencia es que existe una muy diferente percepción entre lo que piensan uno y otro. El empleado sólo ve el extracto bancario. Pero su jefe piensa en lo que en realidad le cuesta. Quizás aquél piense que gana muy poco y éste crea que paga demasiado. Lo peor de todo es que, en muchos casos, ambos pueden tener razón.

Tal y como explicaba Libre Mercado este sábado, en España el pago de impuestos y cotizaciones alcanzaba en 2012 el 41,4% del total del coste laboral del trabajador medio soltero y sin hijos. Por ejemplo, según las cifras del informe Taxing wages, de la OCDE, un empleado con estas características ganaba 27.526 dólares, pero le costaba a su empresa 46.974 (o lo que es lo mismo, 19.448 dólares más).

Según la OCDE, la presión fiscal para el trabajador medio (recordemos, sólo en tributos sobre el trabajo, no contamos indirectos) creció en 2,8 puntos de 2000 a 2012. De hecho, había bajado algo hasta 2009, pero desde este año se ha incrementado en 3,1 puntos. Es cierto que una pequeña parte de este repunte se puede explicar en parte por el efecto composición: el sueldo medio español ha subido respecto al año 2000 porque buena parte de los despedidos con la crisis estaban en la banda salarial baja; y una nómina más alta paga más impuestos. Pero la mayor parte se explica por los incrementos tributarios de los últimos años.

Mientras tanto, la media dentro de la OCDE (los países más ricos del mundo) indica una ligera caída de 1,1 puntos (del 36,7% al 35,6%) entre 2000 y 2012. No son cifras muy alentadoras para la competitividad de nuestras empresas.

Años de subidas

Todos estos datos son del año 2012, por lo que incluyen algunas de las subidas de impuestos al trabajo aprobadas por el Gobierno del PP, pero no todas. En conjunto, sumando todos los cambios de los últimos años, tanto con José Luis Rodríguez Zapatero como con Mariano Rajoy, los empresarios españoles se enfrentan a los tributos sobre el trabajo más elevados de las últimas dos décadas, que es cuando existen datos comparables y una estructura impositiva similar. De hecho, posiblemente estemos hablando de la fiscalidad sobre el empleo más agresiva de la historia. Y eso con casi seis millones de desempleados y una tasa de paro superior al 25%.

- IRPF: sin duda, ha sido la subida tributaria más espectacular de los últimos años. En 2008, el tipo marginal máximo era del 43%. Primero, fue el Gobierno del PSOE el que incrementó este nivel. Luego, llegó el gran golpe para los contribuyentes.

En diciembre de 2011, Mariano Rajoy rompía todas sus promesas electorales y aprobaba un "gravamen extraordinario", que incluía subidas en todos los tramos (hasta 7 puntos para las rentas más altas). Y se solapaba con incrementos en el tramo autonómico en la mayoría de los regiones. Ahora, los tipos marginales van del 51,9% de Madrid o La Rioja al 56% de Cataluña, Asturias o Andalucía. Se suponía la medida anunciada por el Gobierno central era temporal (por dos años), pero ya sabemos que, como mínimo, se extenderá un ejercicio más de lo prometido en un inicio.

- Cotizaciones: es uno de los grandes desconocidos de la fiscalidad española. Y eso que aporta más a las arcas tributarias que el IRPF. En 2008, un buen año para medirlo porque todavía no se sentían los efectos distorsionadores de la crisis, las cotizaciones sumaban algo más del 34% de los ingresos públicos, por un 25% del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué entonces se habla tan poco de ellas? Pues la principal razón es que la buena parte de los trabajadores no saben que se están pagando o, si lo saben, no se imaginan a cuánto ascienden.

Por ejemplo, imaginemos a un empleado con una nómina de unos 2.000 euros brutos. A este trabajador le descontarán un 4,7% de contingencias comunes, un 1,55% de desempleo, un 0,1% para formación y (más o menos) un 17% de IRPF. En total, aproximadamente se le restará un 23,5% de su sueldo bruto, unos 480-490 euros.

Lo que no se dice en ninguna parte de esa nómina, es que la empresa está pagando un 30% más a la Seguridad Social: 23,6% por contingencias comunes, 5,5% por desempleo, un 0,2% al Fogasa y un 0,6% en Formación. Son 600 euros al mes de coste extra oculto.

En estos días, se ha hablado mucho del último cambio en la normativa sobre cotizaciones aprobado para 2014. Por un lado, se elimina la exención de cotización a la Seguridad Social de la retribución en especie (cheques restaurante, guardería, seguro médico,... ); por otro, se sube la base mínima de cotización para los autónomos societarios y aquellos con más de diez trabajadores. Es importante destacar que los tipos no han cambiado. Por lo tanto, aparentemente, no hay una subida impuestos. Pero al computar más conceptos, lo que se produce en la práctica es un incremento en lo que pagarán empresario y trabajador.

- Las subidas encubiertas: pero los incrementos de impuestos no se han quedado en los titulares de las noticias. Desde que comenzó la crisis, se han producido de forma constante dos subidas ocultas de impuestos, que afectan al IRPF y a las cotizaciones sociales. No se habla mucho de ellas, pero son muy importantes. En el Impuesto sobre la Renta, como explica elblogsalmón, no se han actualizado los tramos desde 2008. Pero los precios y salarios, aunque poco, sí han subido. Por lo tanto, personas con el mismo poder adquisitivo que a comienzos de la crisis, han subido de tramo y pagan un porcentaje superior de IRPF. Es un mecanismo que, con mucha sordina pero de forma constante, va castigando el bolsillo del contribuyente.

De la misma manera, las bases de cotización a la Seguridad Social han ido subiendo por encima del coste de la vida de forma constante. Este año, por ejemplo, la base máxima ha pasado de 3.425 euros a 3.590 euros (un 5%), lo que podría llegar a suponer unos 51 euros para la empresa y unos 10 euros para los trabajadores que se encuentren en estos niveles. Por cierto, que este incremento en la cotización no se traducirá en el correspondiente incremento en los derechos acumulados para una futura pensión. Y hablamos del Régimen General, porque también los autónomos tendrán subidas en sus bases de cotización.

Vuelta a los 80

Aunque parezca mentira, con seis millones de parados, crear un nuevo puesto de trabajo en España cuesta mucho dinero, en buena parte por la factura de Hacienda. En total, podemos asegurar que nunca, desde los años 80, los empresarios españoles habían pagado tanto por crear empleo. En aquella década, el IRPF llegó a estar cerca del 70% y las cotizaciones sociales superaban el 30%. También hay que tener en cuenta que la estructura impositiva era muy diferente. Por ejemplo, el IRPF tenía más de 30 tramos.

Desde comienzos de los años 90 se inició un proceso de pequeñas rebajas tributarias, que dieron algo de aire a las empresas y trabajadores españoles. El IRPF llegó a tener un tipo marginal máximo del 43%. Y las cotizaciones, después de dos décadas estables, podía preverse que se reducirían. De hecho, el propio Rajoy prometió bajarlas dos puntos cuando subió el IVA en 2012 (otra promesa completamente olvidada en estos momentos). Al final, lo cierto es que tras las subidas aplicadas por sus gobiernos autonómicos, hay asturianos, andaluces o catalanes pagando un tipo del 56%.

Y en cuanto a cotizaciones pagadas por las empresas, somos el cuarto país de Europa en términos de ingresos respecto al PIB. Teniendo en cuenta el dato de paro en España, para alcanzar esa recaudación es evidente que hay que cobrar mucho por cada puesto de trabajo. Como explicamos ayer, pocos países de Europa castigan a sus empresas y trabajadores con tanta saña.

En los últimos meses, hemos leído alguna noticia sobre la caída de los costes laborales. Pero este fenómeno se explica únicamente por un descenso en los salarios. El resto de conceptos que afectan a la nómina han seguido subiendo. Contratar a un nuevo empleado y que a éste le lleguen 1.000 euros netos a su banco es ahora mucho más caro que hace unos años (otra cuestión es que el que antes cobraba 1.000 euros netos ahora gane 800).

Las consecuencias

¿Y qué consecuencias tiene todo esto sobre el empleo? Pues depende de a quién se pregunte. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la subida de las cotizaciones sociales para 2014, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, afirmaba: "Ninguna empresa va a reducir empleo porque tenga que aportar 4, 5 o 10 euros más al mes por un trabajador". No parece mucho dinero. Y para el empleado, que también tiene que cotizar, sus cálculos son de un euro de media al mes.

El problema es que estas medias se han hecho contando a todos los trabajadores. Y la mayoría de los asalariados no tiene ningún tipo de retribución en especie. Pero para los que lo sí recibían esta gratificación, los datos son mucho más elevados. Imaginemos a un empleado tipo de una oficina de Madrid, que recibía 200 euros en tickets de comida (10 euros por 20 días de trabajo al mes). A partir de este momento, hay un nuevo concepto que entra en su base de cotización, por lo que la empresa tendrá que pagar el 30% de esa cantidad a la Seguridad Social (60 euros al mes). Por su parte, el empleado pagará su 6,35% (12,7 euros al mes). Son cifras muy diferentes a las planteadas por Burgos.

Por eso, los empresarios han contestado con una dureza inusitada al Gobierno. La CEOE ha emitido esta misma semana un comunicado en el que pide la retirada de un decreto que creen que se aprobó de forma "precipitada". La patronal asegura que la nueva medida supondrá un freno a la creación de empleo, un incremento en los costes laborales y una pérdida de competitividad para las compañías españolas. Y eso por no hablar de la reacción de los sectores directamente implicadas en la medida, como la hostelería, las guarderías o los seguros.

El PP aprobó en 2012 el mayor incremento tributario de la OCDE. Hacienda se embolsa ya el 41,4% del salario real de un empleado medio.

La nueva subida de las cotizaciones sociales a autónomos y empresas que aprobó el Gobierno el pasado diciembre ha reabierto el debate sobre la elevada fiscalidad que soporta el factor trabajo en España, pese a presentar una de las tasas de paro más elevadas del mundo. No en vano, aunque el actual nivel de cotizaciones ya es de los más altos de los países ricos -equivalente a más del 30% del sueldo bruto-, este nuevo aumento supondrá una carga extra de un punto porcentual, como mínimo, encareciendo con ello los costes laborales.

Por ello, los expertos fiscales consideran que esta decisión constituye un grave error, mientras que la patronal de empresarios (CEOE) ha pedido esta semana al Gobierno que anule la citada subida, ya que mina la competitividad de las empresas y, por tanto, también la creación de empleo.

Lo más grave, sin embargo, es que el aumento de las cotizaciones se suma a las fuertes subidas del IRPF aprobadas en los últimos años, lo que arroja como resultado una de las mayores alzas tributarias sobre el trabajo de toda la OCDE -la organización que engloba a los 34 países más ricos del mundo-.

En concreto, la fiscalidad que soporta un salario medio en España ascendió al 41,4% en 2012, incluyendo IRPF y las cotizaciones sociales que pagan empleados y empresas, según los últimos datos disponibles de la OCDE. Esta cifra es casi seis puntos superior a la media de los países ricos (35,6%) y sitúa a España en el 12º puesto en lo que hace referencia a la tributación laboral.

Pero el dato más relevante es que, desde 2007, ha subido un total de 2,4 puntos, tan sólo superado por México (3,1 puntos extra), Irlanda (3,7) e Islandia (4 puntos), mientras que la media de la OCDE ha descendido 0,5 puntos porcentuales, desde el 36,1% al 35,6%. Es decir, España se sitúa entre los países que más han subido los impuestos al trabajo trabajo durante la crisis.

Y dentro de este ascenso generalizado, destaca especialmente la subida registrada en 2012, durante el primer año del mandato del PP. La tributación sobre el trabajo se disparó en España 1,4 puntos respecto a 2011 debido a la fuerte subida del IRPF aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, protagonizando así el mayor aumento fiscal de la OCDE, por delante de Polonia (1,2 puntos), Eslovaquia (0,8) y Holanda (0,6).

Un total de 19 países ricos elevaron la carga fiscal sobre el trabajo (IRPF y cotizaciones) y 14 apostaron por reducirla en 2012, dando como resultado la elevación de una décima en la media de la OCDE.

Con la subida de cotizaciones recién aprobada, España escalaría puestos en el ranking de mayor fiscalidad sobre el trabajo, hasta rondar el 42,4%, alcanzando casi a Finlandia, siempre y cuando se tomen como referencia los datos de 2012.

Dichas cifras revelan que el Estado se embolsa, vía IRPF y cotizaciones, más del 40% de lo que en realidad gana un trabajador medio en España. Dicho de otro modo, un empleado que cobre algo más de 20.000 euros netos al mes (unos 1.500 euros al mes en 14 pagas) cuesta a su empresa casi 35.000 euros. Esos 15.000 euros al año de diferencia se van directamente al pago de cotizaciones e IRPF -más de 1.000 euros al mes en 14 pagas-.

La siguiente tabla refleja ambas variables (coste laboral total y sueldo neto) expresadas en dólares, en términos de poder de paridad de compra (PPP), para un trabajador soltero y sin hijos que gane el 67% y el 100% del salario medio en cada país de la OCDE: el Estado español se embolsa 11.594 dólares al año en el primer caso y hasta 19.448 en el segundo.

El mayor problema es que la elevada tributación sobre el trabajo dificulta la creación de empleo y desincentiva a los propios trabajadores, ya que el Fisco castiga la elevada cualificación y el valor añadido con tipos crecientes y progresivos en función del nivel de renta, según alerta la propia OCDE en sus informes.

Por último, mientras que el Gobierno insiste en elevar IRPF y ahora también cotizaciones, Francia, con el socialista François Hollande a la cabeza, apuesta por la estrategia contraria. El Ejecutivo galo anunció el pasado martes que suprimirá las cotizaciones salariales destinadas a financiar la política familiar y añadió que el esfuerzo de reducción "deberá prolongarse" a otras cargas.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, mostró este viernes su firme apoyo a los planes del presidente francés para rebajar las cotizaciones que pagan las empresas y pidió que vaya aún más lejos. Disminuir las cargas que pesan sobre los salarios "permitiría aumentar las contrataciones, restablecer los márgenes de las empresas, financiar la inversión y, por fin, recuperar la competitividad", aseguró. España está haciendo justo lo contrario.

El nuevo año 2014 no ha empezado con buen pie para los empresarios y autónomos, al menos en lo que se refiere al ámbito fiscal, ya que muchos deberán afrontar una nueva subida de las cotizaciones sociales. Es decir, deberán pagar más impuestos sobre el trabajo, pese a que España se caracteriza, precisamente, por soportar uno de los gravámenes laborales más altos del mundo desarrollado.

En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 incluye un aumento adicional de las bases de cotización a la Seguridad Social, el nivel que sirve de referencia para determinar cuánto hay que pagar por la cuota mensual de autónomos.

Los asesores fiscales están informando a sus clientes de que la base mínima de cotización sube un 2%, desde 858,60 a 875,70 euros mensuales, por lo que la cuota mínima, que es la que paga más del 80% de los autónomos, pasa de 256,72 a un total de 261,83 euros (5 euros más al mes). Por otro lado, la base máxima de cotización sube un 5% -al igual que en el Régimen General-, pasando de 3.425,70 a 3.597,00 euros mensuales, con la consiguiente elevación de la cuota.

Asimismo, aprovechando el inicio de las vacaciones navideñas, el Gobierno aprobó una nueva subida de cuotas para los autónomos societarios y aquellos que dispongan de más de 10 trabajadores a su cargo. El Real Decreto-ley 16/2013, publicado el sábado 21 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), equipara sus bases mínimas de cotización con la prevista para los trabajadores encuadrados en el grupo 1 del Régimen General, que ascienden a 1.051,50 euros frente a los 875,70 euros del resto de autónomos en 2014.

Esto significa que aquellos trabajadores que pretendan montar su propia empresa (administrador societario) y los autónomos con más de una decena de empleados pasarán a pagar, como mínimo, una cuota mensual 313,34 euros, lo cual se traduce en casi 52 euros extra al mes. Según especifica la norma, quedarán exentos de esta subida los nuevos autónomos que causen alta inicial en el RETA durante los doce primeros meses de su actividad.

Más cotizaciones empresariales

Igualmente, muchas empresas deberán sufragar más impuestos sobre el trabajo, ya que el Ejecutivo ha colado por la puerta de atrás un aumento de las cotizaciones sociales mediante la inclusión de nuevos conceptos en la base de cotización que, hasta ahora, estaban exentos.

Así, a partir del pasado 1 de enero, los empresarios deberán incluir en dichas bases determinadas remuneraciones en especie por las que hasta ahora no se cotizaba, tales como el plus de transporte recogido en la mayoría de convenios colectivos, así como determinadas dietas o cheques restaurante. Únicamente no habrá que cotizar por las asignaciones para gastos de desplazamientos del trabajador desde el centro de trabajo habitual hasta otro lugar de trabajo en transporte público siempre que se justifiquen mediante factura o equivalente, así como aquellas asignaciones para gastos de locomoción, estancia o manutención (dietas) siempre que se desplace fuera del centro habitual de trabajo y que sea también en municipio distinto de su lugar de residencia.

Además, a partir del año que viene habrá que comunicar a la Seguridad Social no sólo las bases de cotización sino todo lo que se le abona al trabajador, a diferencia de lo que sucede ahora, lo que servirá para incrementar actuaciones inspectoras y sancionadoras, según alertan los asesores fiscales.

Y a todo ello, se suma el hecho de que, un año más, el Ejecutivo del PP ha optado por elevar un 5% las bases máximas de cotización del Régimen General -como ya hizo en 2013-, hasta los 3.597 euros al mes, lo cual afectará a cerca de 700.000 trabajadores. Esta medida implicará para las empresas un aumento de los costes laborales de unos 500 euros por cada empleado al año, mientras que los trabajadores afectados deberán aportar casi 100 euros extra.

Así pues, 2014 comienza con un alza generalizada de cotizaciones sociales para numerosas empresas y autónomos, a pesar de que el PP de Mariano Rajoy prometió en su día reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo que soporta España, encareciendo con ello los costes laborales en el peor momento posible, dada la histórica tasa de paro que sigue presentando el país.

Por último, y aunque no está directamente relacionado con las cotizaciones, el Gobierno también ha encarecido el coste del despido en determinados supuestos, tras eliminar la indemnización que asumía el FOGASA de 8 días en despidos objetivos de empresas de menos de 25 trabajadores. Con la entrada del nuevo año, las empresas de menos de 25 trabajadores asumirán la indemnización total de 20 días por año en despidos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, por lo que el FOGASA dejará de abonar 8 días por año como venía haciendo hasta la fecha.