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Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


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Considerando:

1. Que Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia de la Corte Interamericana, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de junio de 1985.


2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.”
3. Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento de la Corte

establece que:


1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.

[…]
4. Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo.


5. Que el presente caso objeto de determinación de medidas provisionales no se encuentra en conocimiento de la Corte en cuanto al fondo y, por lo tanto, la adopción de medidas provisionales no implica una decisión sobre el fondo de la controversia existente entre los peticionarios y el Estado1.
6. Que el artículo 1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, lo que implica el deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias para su protección. Estas obligaciones se tornan aún más evidentes en relación con quienes estén vinculados en procedimientos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana2.
7. Que la Corte, en otras oportunidades3, ha ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que son identificables y determinables y que se encuentran en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, integrada por aproximadamente 1.200 personas, constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y, por el hecho de formar parte de dicha comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad personal y su vida.
8. Que dado que la situación que se vive en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha obligado a sus pobladores a desplazarse a otras regiones del país, es necesario que el Estado asegure que las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual4 y brinde las condiciones necesarias para que las personas de dicha Comunidad que se hayan visto forzadas a desplazarse regresen a sus hogares.
9. Que el Estado debe garantizar que sean protegidos los civiles beneficiarios de las presentes medidas provisionales a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, así como en las normas de Derecho Internacional Humanitario, y asegurar que dichas normas sean igualmente respetadas por los demás actores, estatales o no, en el contexto del conflicto armado interno en el Estado de Colombia5.
10. Que para tornar efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. A juicio de la Corte, dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados irregulares de cualquier naturaleza. La Corte observa que dadas las características especiales del presente caso, y las condiciones generales del conflicto armado en el Estado, es necesario mantener la protección, a través de medidas provisionales, de todos los miembros de la Comunidad, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana y en el Derecho Internacional Humanitario6.
11. Que de conformidad con las Resoluciones de la Corte (supra Vistos 3, 6 Y 8), el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz, así como de las personas que tengan un vínculo de servicio con dicha Comunidad. Igualmente, debe investigar los hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
12. Que el Estado no ha presentado el informe requerido en el punto resolutivo tercero de la Resolución emitida por el Tribunal el 17 de noviembre de 2004, cuyo plazo venció el 16 de febrero de 2005, por lo que no ha cumplido con su deber de informar a la Corte cada dos meses sobre las medidas adoptadas, como le fue requerido mediante la referida Resolución (supra Visto 8). Al respecto, la Corte ha establecido que el incumplimiento del deber estatal de informar sobre la totalidad de las medidas provisionales adoptadas en cumplimiento de sus decisiones es especialmente grave, dada la naturaleza jurídica de estas medidas que buscan la prevención de daños irreparables a personas en situación de extrema gravedad y urgencia7.
13. Que los representantes han indicado en sus observaciones que continúan las infracciones del Derecho Internacional Humanitario, amenazas, bloqueos, tortura, combates y que “las acciones de terror a las que se está sometiendo a la gente, las acciones de la fuerza pública violando los derechos humanos […] y su sistematicidad hacen evidente el [c]rimen de [l]esa [h]umanidad que está cometiendo el Estado contra las [C]omunidades” (supra Visto 9).
14. Que la Comisión, en sus alegatos orales en la audiencia pública celebrada el 14 de marzo de 2005 en la sede de la Corte Interamericana señaló, inter alia, la importancia de retomar los espacios de diálogo entre el Estado y los beneficiarios o sus representantes en relación con la presencia de la fuerza pública. Señaló que los resultados del diálogo deben quedar claros y reflejarse en un descenso de los actos de hostigamiento, de las denuncias sobre actos de violencia y de la estigmatización por parte de agentes de la fuerza pública contra los miembros de la Comunidad. Mostró su preocupación por la muerte y desaparición de numerosos miembros de la Comunidad de Paz desde su constitución, durante la vigencia de medidas cautelares y de las medidas provisionales, por lo que señaló que se deben realizar los esfuerzos para investigar y sancionar a nivel disciplinario y judicial a los responsables de los hechos. Además, respaldó la solicitud de los representantes sobre la creación de “zonas humanitarias”, ya que podría ser un mecanismo positivo para la protección de la población civil ante la acción de los distintos grupos armados en la zona (supra Visto 14).
15. Que los representantes en sus alegatos orales en la audiencia pública celebrada el 14 de marzo de 2005 en la sede de la Corte Interamericana indicaron, inter alia, que es fundamental la comprensión de los principios en que se basa la existencia de la Comunidad de Paz y que existe la necesidad de que los diferentes grupos del conflicto armado interno respeten el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario. Por ello, no puede haber hostilidades dentro del territorio de la Comunidad de Paz, que es el espacio vital de vivienda y de trabajo, por lo cual solicitan a los diferentes actores del conflicto armado interno que no hagan presencia allí, para lograr una efectiva protección de la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad. Además, se refirieron al problema de la falta de confianza entre los beneficiarios de las medidas provisionales y la fuerza pública, ya que ésta ha agredido a los miembros de la Comunidad y no se ha presentado como un mecanismo constitucional, legal o protector. Asimismo, los representantes señalaron que los numerosos crímenes denunciados contra los miembros de la Comunidad permanecen en la impunidad (supra Visto 15).
16. Que el Estado, en sus alegatos orales en la audiencia pública celebrada el 14 de marzo de 2005 en la sede de la Corte Interamericana señaló, inter alia, que en cuanto a la confianza reconoce sus omisiones y discute su responsabilidad en acciones contra la Comunidad, pero considera que el problema debe ser enfrentado de forma conjunta, a través de una actitud constructiva. Asimismo, resaltó el papel de la Defensoría del Pueblo, que ha tenido presencia permanente en el acompañamiento y en visitas semanales a la Comunidad de Paz. Además, indicó que en el desarrollo de los compromisos que se establecieron en el marco de concertación de las medidas, han mejorado las condiciones de seguridad y de protección de la Comunidad de Paz, y el diálogo entre el Estado y la Comunidad ha sido permanente, fluido y debe seguir avanzando en la concertación (supra Visto 16).
17. Que durante la vigencia de estas medidas provisionales, según la información aportada por la Comisión y los representantes, los miembros de la Comunidad de Paz continúan siendo objeto de amenazas, hostigamiento, estigmatización, robos, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, asesinatos y desapariciones forzadas en manos de la fuerza pública y de grupos paramilitares, todo eso a pesar de que el propósito fundamental de la adopción de estas medidas es la protección y preservación eficaces, por parte del Estado, de la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad de Paz, así como de las personas que tengan con ésta un vínculo de servicio.
18. Que el Tribunal resalta el hecho de que al seguirse produciendo los actos de violencia contra los miembros de la Comunidad de Paz, se afecta particularmente a los niños, mujeres y personas de edad avanzada integrantes de ésta.
19. Que la Corte valora lo relativo a las “zonas humanitarias”, las cuales son sitios delimitados y ubicados en lugares que no son militarmente estratégicos; son bienes privados a los cuales varios miembros se asocian bajo principios de organización colectiva y de no participación en el conflicto armado interno, esto es, no participar en ninguna acción armada, no prestar información o apoyo logístico o de cualquier naturaleza a las partes involucradas en el conflicto armado interno, y que su importancia se debe a que en ese lugar se desarrollan mecanismos para la protección y supervivencia de sus miembros, como un espacio preventivo del desplazamiento y de la vinculación de niños al conflicto armado interno.
20. Que la Corte considera pertinente instar al Estado para que garantice y haga garantizar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, en relación con los miembros de la Comunidad de Paz, quienes son civiles ajenos al conflicto armado interno.
21. Que tanto la Comisión Interamericana como los representantes (supra Vistos 9, 12, 14 y 15) han denunciado graves actos de violencia por parte de grupos paramilitares y el creciente control de esos grupos en la región, que contarían con la tolerancia e indiferencia del Estado. Dadas las características especiales del presente caso, y las condiciones generales del conflicto armado interno, es necesario que el Estado adopte medidas para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las actividades delincuenciales de los grupos paramilitares8.
22. Que este Tribunal toma en cuenta la Sentencia T-327 de 2004 de la Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, que establece en su puntos resolutivos 1.1 y 1.5 que el Comandante del Brigada XVII del Ejército Nacional debe
[c]umplir en el ámbito territorial de competencia de la Brigada los requerimientos impuestos al Estado por la Resolución de la Corte Interamericana […] de 18 de junio de 2002, sobre las ‘Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana respecto Colombia-Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó’, en beneficio de las personas objeto de las medidas provisionales [...] es decir, los miembros de la Comunidad de Paz y las personas que tengan vínculo de servicio con esta Comunidad.”
[…]
[Y] asum[ir] bajo su responsabilidad, la garantía y protección de los derechos fundamentales […] de los habitantes de la Comunidad de San José de Apartadó y de las personas que tienen vínculos con ella. Para tal efecto, debe adoptar las decisiones que sean necesarias para garantizar su seguridad personal. Bajo su responsabilidad tiene la protección a los derechos a la vida, integridad personal, seguridad personal, libertad de locomoción, a la privacidad de domicilio y a la intimidad […] dándole cumplimiento, en todo caso, a las órdenes judiciales.
23. Que la Corte observa, en primer término, la Sentencia T-327 de 2004 de la Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, en el sentido de que la fuerza pública tiene “una posición de garante de los derechos fundamentales” de la población y “la obligación de enfrentar las agresiones individuales o colectivas contra esos derechos”; y en segundo término, los alegatos de la Comisión, los representantes y el Estado respecto de la alegada participación de los referidos servidores públicos en acciones de violencia contra los miembros de la Comunidad, por lo que considera que es preciso que el Estado investigue los hechos para sancionar y aplicar la ley según corresponda.
24. Que los últimos hechos de violencia e intimidación a que fueron sometidos varios miembros de la Comunidad de Paz, y el asesinato de ocho de sus integrantes, entre ellos uno de sus líderes, el señor Luis Eduardo Guerra Guerra y su familia, demuestra la situación de inseguridad en la que se encuentran los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, ya que la muerte de dichas personas evidencia una situación de extrema gravedad y requiere medidas eficaces y urgentes de protección. La muerte de un líder comunitario puede ser interpretada dentro de un proceso de amedrentamiento y paralización de los miembros de la Comunidad de Paz, el cual implica su desarticulación lo que pone en riesgo la supervivencia de la misma y especialmente la de sus miembros, cuyas vidas e integridad personal siguen siendo gravemente atacadas.
25. Que ante la gravedad de la situación en la que se encuentran los miembros de la Comunidad de Paz, demostrada por los últimos hechos informados por la Comisión y los representantes, es preciso reiterar el requerimiento al Estado de que adopte en forma inmediata y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar eficazmente el pleno ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Comunidad protegida por las presentes medidas provisionales.


Por tanto:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos,

en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 25 y 29 de su Reglamento,



Resuelve:

1. Reiterar al Estado que adopte las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos de la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 2000, y las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, de 18 de junio de 2002 y de 17 de noviembre de 2004, a favor de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.


2. Requerir al Estado que:


  1. adopte las otras medidas que sean necesarias para cumplir estrictamente y en forma inmediata con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger eficazmente la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en los términos de la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 2000, y las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, de 18 de junio de 2002 y de 17 de noviembre de 2004;




  1. implemente cuantas providencias sean necesarias, en vista del incremento de los actos de violencia en contra de los miembros de la Comunidad Paz de San José de Apartadó, para garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios de las presentes medidas y permitir que sigan viviendo en su residencia habitual, sin ningún tipo de coacción o amenaza;




  1. asegure e implemente de forma efectiva las condiciones necesarias para que los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se hayan visto forzadas a desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares;




  1. garantice eficazmente las condiciones de seguridad necesarias en la ruta entre San José de Apartadó y Apartadó, en la terminal de transporte de Apartadó y en el sitio conocido como Tierra Amarilla, tanto para que los transportes públicos de personas no sean objeto de nuevos actos de violencia, así como para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y alimentos;




  1. implemente, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, al servicio de los beneficiarios, los medios técnicos necesarios para establecer mecanismos de protección y supervisión continua adecuados, tales como el sistema de alerta temprana, y otros servicios de comunicación permanente y de reacción inmediata para la protección de los miembros Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución;




  1. investigue los hechos que motivaron la adopción y mantenimiento de las medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, incluyendo la investigación de los hechos denunciados después de que la Corte emitió la Resolución de 17 de noviembre de 2004, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos;




  1. investigue, en particular, los hechos relacionados con la muerte de los señores Luis Eduardo Guerra Guerra, Bellanira Areiza Guzmán, Alfonso Bolívar Tuberquía, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez Cuiles, y de los menores Deiner Andrés Guerra Tuberquia, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz y Santiago Tuberquia Muñoz, con el fin de identificar y sancionar efectivamente a los responsables;




  1. investigue la alegada actuación de los integrantes de la fuerza pública en los hechos de violencia y amenaza a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de aplicar la ley en los términos que correspondan; e




  1. continúe dando participación a los beneficiarios de las medidas provisionales o a sus representantes en la planificación e implementación de dichas medidas, para establecer las que sean más adecuadas para la protección y seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que, en general, los mantenga informados sobre el avance en la adopción por el Estado de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de la misma, para lo cual deberá detallar, entre otros, las medidas de protección que ha implementado en relación con los mecanismos de prevención y protección, la presencia de los órganos de control del Estado en la zona, las condiciones de seguridad en la ruta entre San José de Apartadó y Apartadó, el estado de las investigaciones iniciadas en relación con los hechos que motivan el mantenimiento de las presentes medidas provisionales y, en particular, sobre la investigación de la muerte de las ocho personas señaladas en el punto resolutivo segundo literal f de la presente Resolución.

4. Requerir a los representantes de los beneficiarios de estas medidas que presente sus observaciones dentro de un plazo diez días, contados a partir de la notificación del informe del Estado.

5. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la notificación del informe del Estado.


6. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las providencias adoptadas para cumplir con todo lo ordenado por la Corte Interamericana, y requerir a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones a dichos informes del Estado en un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contadas a partir de la recepción de los referidos informes del Estado.
7. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales.

El Juez Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña a la presente Resolución.


Sergio García Ramírez

Presidente

Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman

Antônio A. Cançado Trindade Cecilia Medina Quiroga

Manuel E. Ventura Robles


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


Comuníquese y ejecútese,


Sergio García Ramírez

Presidente


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario




VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

1. Al votar a favor de la adopción de las presentes Medidas Provisionales de Protección, mediante las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que se extienda protección a todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Colombia, me veo en la obligación de dejar constancia en este Voto Concurrente de lo que ha sido la fundamentación de mi posición en medidas de protección como las presentes, en circunstancias de la complejidad del cas d'espèce. En primer lugar, entiendo, como en ocasiones anteriores9, que, como se desprende de la presente Resolución de la Corte, estamos claramente ante obligaciones erga omnes de protección, por parte del Estado, a todas las personas bajo su jurisdicción. Tales obligaciones se imponen no sólo en relación con agentes del poder público estatal, sino también en relación con actuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados irregulares de cualquier naturaleza.


2. Las medidas de protección que viene de adoptar la Corte, en las circunstancias del caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de ser eficaces, abarcan efectivamente no sólo las relaciones entre los individuos y el poder público, sino también sus relaciones con terceros (grupos clandestinos, paramilitares, u otros grupos de particulares). Trátase, a mi modo de ver, de un caso que requiere claramente el reconocimiento de los efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung)10, sin el cual las obligaciones convencionales de protección se reducirían a poco más que letra muerta. Estas circunstancias revelan las nuevas dimensiones de la protección internacional de los derechos humanos, así como el gran potencial de los mecanismos de protección existentes,- como el de la Convención Americana, - accionados para proteger colectivamente los miembros de toda una comunidad11, aunque la base de acción sea la lesión - o la probabilidad o inminencia de lesión - a derechos individuales.
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