Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones

Siguieron los actos de violencia contra trabajadores rurales sin tierra, a menudo perpetrados por empresas de seguridad privada irregulares o insuficientemente reguladas que trabajaban para terratenientes o milicias ilegales. Continuaron también los desalojos forzosos, en muchos casos con un total desprecio por el proceso legal debido. Se intentó criminalizar a movimientos que apoyaban a las personas sin tierra en sus esfuerzos por conseguir tierras y una reforma agraria.

En el estado de Rio Grande do Sul, algunos fiscales y la policía militar elaboraron un expediente que incluía numerosas denuncias contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y que esta organización describió como un intento de restringir sus actividades y criminalizar a sus miembros. El expediente, que contenía denuncias de vínculos del MST con grupos terroristas internacionales, se utilizó para respaldar en los tribunales peticiones de órdenes de desalojo, ejecutadas en algunos casos por la policía haciendo uso excesivo de la fuerza.

En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra.

 El 8 de marzo, 15 hombres armados irrumpieron en un asentamiento de 35 familias en Terra Livre, Ortigueira, y amenazaron a niños, golpearon a hombres y mujeres y quemaron sus pertenencias. Posteriormente se detuvo a siete de los atacantes. Tres semanas después, dos hombres encapuchados mataron a tiros a Eli Dallemore, máximo representante del MST en Terra Livre, en presencia de su esposa y sus hijos.

 El 8 de mayo, cerca de Cascavel, unos hombres armados, tras irrumpir en un asentamiento de 150 familias con tractores, excavadoras y un camión blindado, efectuaron disparos y destruyeron las cosechas, una escuela y una iglesia. Antes de ser reducidos, intercambiaron disparos con la policía. Se detuvo a 10 personas en relación con el ataque.

El estado de Pará siguió registrando el mayor número de amenazas y homicidios contra activistas que defendían el derecho a la tierra. Apenas ningún responsable compareció ante la justicia.

 En mayo, el nuevo juicio contra Vitalmiro Bastos de Mouro por el homicidio de la hermana Dorothy Stang, activista medioambiental y defensora del derecho a la tierra, ocurrido en febrero de 2005, concluyó con la absolución y la puesta en libertad del acusado. En un juicio anterior, tras ser declarado culpable, Vitalmiro Bastos de Mouro había sido condenado a 30 años de cárcel. La absolución fue muy criticada, por ejemplo, por el presidente Lula y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Los pueblos indígenas que luchaban por sus derechos constitucionales a las tierras de sus antepasados seguían siendo víctima de homicidios, violencia, intimidación, discriminación, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos, que a menudo los sumían en la pobreza. Los retrasos en las decisiones judiciales agravaban también la constante violencia ejercida contra ellos. Tras visitar Brasil en agosto, el relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas criticó la persistente discriminación subyacente en la elaboración de políticas, la prestación de servicios y la administración de justicia, una discriminación que, en su opinión, había infestado en ocasiones sectores enteros de la sociedad, generando violencia.

En mayo, en la reserva de Raposa Serra do Sol, estado de Rondônia, unos hombres encapuchados dispararon y arrojaron bombas incendiarias de elaboración casera contra un grupo de indígenas, hiriendo a 10 de ellos. El atentado se atribuyó a grandes cultivadores de arroz que seguían ocupando de manera ilegal tierras confirmadas como indígenas por el presidente Lula en 2005. Las iniciativas de la policía federal para desalojar a los arroceros quedaron suspendidas hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre un controvertido recurso presentado por el gobierno del estado en torno a la legalidad del proceso de demarcación. En diciembre, ocho de los once magistrados del Tribunal Supremo votaron a favor del mantenimiento de los límites actuales de la reserva, pero la decisión definitiva se aplazó hasta 2009 después de que uno de los jueces pidiera tiempo para reflexionar.

 En agosto mataron a tiros en una calle muy concurrida de la localidad de Cabrobó, en el estado de Pernambuco, a Mozeni Araújo de Sá, dirigente de la comunidad indígena truká. La víctima era uno de los testigos clave en el homicidio de otros dos indígenas trukás, abatidos a tiros durante la celebración de unas fiestas comunales en junio de 2005. Concurría también a las elecciones locales. El atacante fue detenido, pero al finalizar el año todavía no había sido juzgado.

En todo el país se siguió amenazando, intimidando y agrediendo a defensores y defensoras de los derechos humanos.

 En Río de Janeiro, João Tancredo, presidente del Instituto de Defensores de los Derechos Humanos, sobrevivió en enero a un atentado al ser alcanzado su vehículo blindado por cuatro balas. En ese momento volvía de una reunión con vecinos de la favela de Furquim Mendes, en la que había escuchado denuncias contra un agente de policía conocido como «el depredador», acusado de cinco homicidios cometidos en el barrio.

Pará siguió siendo el estado con más defensores de los derechos humanos amenazados. Según el Programa Estatal de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Pará, 50 defensores como mínimo se encontraban amenazados, y menos de 10 recibían una protección adecuada.

El sistema de justicia penal brasileño siguió caracterizándose por la negligencia, la discriminación y la corrupción. Aunque según los informes se produjo un ligero descenso del índice de homicidios en general, las comunidades pobres de los centros urbanos y las ciudades pequeñas del interior continuaron registrando una alta tasa de homicidios y actos de delincuencia violenta. Se descubrió la participación de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en escuadrones de la muerte, milicias y actividades delictivas.

No se registraron grandes avances en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía (PRONASCI), establecido por el gobierno para prevenir la delincuencia y promover la inclusión social en las zonas urbanas más violentas de Brasil. Pocos estados presentaron proyectos adecuados para que el PRONASCI los financiara.

Río de Janeiro

Las autoridades estatales siguieron promoviendo una actuación policial enérgica, ejemplificada por operaciones a gran escala en las que decenas de agentes, vehículos blindados y helicópteros participaban en incursiones en las favelas de la ciudad. En enero murieron seis personas en una operación realizada en las favelas de Jacarezinho y Mangueira. Dos operaciones efectuadas en abril, una en las favelas de Coréia y Vila Aliança y la otra en Vila Cruzeiro, se saldaron con la muerte de 20 personas; al menos 7 residentes resultaron heridos por balas perdidas. Otras 10 personas murieron en agosto durante una operación realizada en Duque de Caixas, en Baixada Fluminense.

Aunque el número de homicidios en la ciudad de Río de Janeiro disminuyó respecto a 2007, los homicidios policiales registrados como «actos de resistencia» representaron aproximadamente una séptima parte de la cifra total de muertes violentas ocurridas entre enero y octubre de 2008. Persistieron los homicidios perpetrados por agentes de policía fuera de servicio. Las investigaciones de la policía civil revelaron que 12 agentes, incluidos dos del cuerpo de élite denominado Batallón de Operaciones Especiales, actuaban como pistoleros a sueldo. Se siguió intimidando a personas que se oponían a la delincuencia organizada. Al menos 17 funcionarios públicos, incluidos tres jueces, siete fiscales, cinco jefes de policía y un diputado estatal, recibieron amenazas de muerte de milicias y bandas de delincuentes. Al finalizar el año, a muchos de ellos se les estaba facilitando protección policial.

En junio, el Parlamento inició una investigación sobre el papel de las milicias en el presunto control de unas 170 favelas. La adopción de esta medida se produjo tras recibirse la noticia de que las milicias que controlaban la favela de Batan, en el oeste de Río de Janeiro, habían secuestrado y torturado a tres redactores del periódico O Dia y a un vecino de la favela. La investigación puso al descubierto una trama de corrupción, violencia, extorsión a cambio de protección y prácticas electorales indebidas que se extendía incluso a algunas instituciones del estado, y con amplios vínculos entre agentes de policía corruptos, milicias y políticos estatales y municipales. Como consecuencia de la investigación fueron encarcelados varios jefes importantes de las milicias, incluido un diputado estatal.

 En agosto, unos hombres enmascarados, vinculados presuntamente con las milicias, mataron a tiros a siete vecinos de la favela de Barbante, entre ellos un comerciante de la zona que se había negado a pagar el «impuesto» de las milicias.

São Paulo

Aunque según los informes disminuyó en general el número de homicidios, las estadísticas oficiales indicaban que los homicidios perpetrados por agentes de la policía militar en el estado de São Paulo habían aumentado ligeramente, de 325 entre enero y septiembre de 2007 a 353 en el mismo periodo de 2008. Se recibieron también numerosos informes sobre homicidios múltiples. En la periferia de la ciudad de São Paulo seguían actuando escuadrones de la muerte vinculados con la policía.

 Entre abril y octubre se encontraron cinco cadáveres decapitados en Itapecerica da Serra. La policía civil investigaba la posible participación en estos homicidios del escuadrón de la muerte denominado «los Montañeses», compuesto presuntamente por 10 agentes de la policía militar.

Región nororiental

En su informe sobre la visita que realizó a Brasil en noviembre de 2007, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que el Ministerio Público de Pernambuco estimaba que alrededor del 70 por ciento de los homicidios registrados en el estado los cometían escuadrones de la muerte y que, según una comisión de investigación del Parlamento federal, en el 80 por ciento de los crímenes cometidos por grupos de exterminio estaban implicados policías o ex policías.

Las comunidades de Macéio, en el estado de Alagoas, se encontraban a merced de las bandas de narcotraficantes.

 En Benedito Bentes, un suburbio pobre de Macéio, bandas locales de narcotraficantes amenazaron en repetidas ocasiones a dirigentes comunitarios y al alcalde electo. En noviembre, tras un tiroteo en el que dos personas murieron y seis resultaron heridas, los narcotraficantes ordenaron un toque de queda, que incluía el cierre de la escuela local y de la asociación de vecinos.

A pesar de varias iniciativas del gobierno, como la reciente ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, las torturas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguían siendo un fenómeno habitual tanto en el momento de la detención como durante los interrogatorios y bajo custodia. Estas torturas rara vez se denunciaban, se investigaban y se enjuiciaban con arreglo a la Ley sobre la Tortura promulgada en 1997.

 En el estado de Piauí, dos agentes del IV Batallón de la Policía Militar destacados en la localidad de Picos fueron acusados de torturar a dos jóvenes a los que habían detenido en octubre como sospechosos de robo. Los golpearon en la espalda y en los genitales. Un examen médico reveló una fuerte inflamación de los testículos y numerosas magulladuras. Al finalizar el año se estaba juzgando a dos agentes de la policía militar por este caso y se había relevado de su puesto al jefe del batallón en espera del resultado de las investigaciones.

En el interior de muchas cárceles reinaban las bandas de delincuentes, y los presos eran víctima con frecuencia de torturas y malos tratos, e incluso de homicidios, a manos de guardias o de otros reclusos. En algunos estados, contraviniendo las normas internacionales, siguieron aplicándose a los presos periodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento en las cárceles de máxima seguridad.

 En septiembre se encontró a tres presos muertos a puñaladas en el Centro Penitenciario Paulo Sarasate, en Fortaleza, estado de Ceará. En noviembre otros dos reclusos fueron quemados vivos en su celda. Con estas muertes, el total de homicidios de presos ocurridos en el Centro en 2008 se elevó a 18. Las autoridades los atribuyeron a conflictos entre bandas dentro de la cárcel.

En una decisión histórica, el fiscal general remitió al Tribunal Supremo Federal una petición en la que se solicitaba la intervención de las autoridades federales en el estado de Rondônia para impedir las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas en la prisión de José Mário Alves, conocida como Urso Branco. La solicitud se produjo después de que ONG nacionales y locales, Justicia Global y la Comisión de Justicia y Paz hubieran venido denunciando durante ocho años violaciones, incluidas torturas y ejecuciones.

Siguieron recibiéndose informes sobre malos tratos y abusos en los correccionales de menores.

 En julio, internos de la Fundación Centro de Atención Socioeducativa al Adolescente (CASA), en el Complexo de Franco da Rocha de São Paulo, denunciaron que tras unos disturbios los habían encerrado en sus celdas y los habían golpeado con porras, barras de hierro, palos con clavos y el mango de una azada.

 En noviembre, un muchacho de 17 años murió en unas dependencias del Departamento General de Acciones Socioeducativas (DEGASE) de Río de Janeiro como consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza en el centro de detención Educandário Santo Expedito, en Bangu. Unos testigos afirmaron que lo habían golpeado unos guardias. Se inició una investigación policial sobre el caso.

Derechos de las mujeres

Las mujeres siguieron siendo víctima de abusos y actos de violencia. Las supervivientes pertenecientes a comunidades pobres carecían de servicios básicos y tenían acceso limitado a la justicia. Sus contactos con el sistema de justicia penal solían tener como resultado malos tratos y actos de intimidación.

Las mujeres de comunidades dominadas por milicias o bandas de delincuentes eran objeto de abusos, con pocas perspectivas de obtener reparación.

 En un estudio sobre las milicias publicado en agosto por el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, se denunciaba el trato dado a una mujer acusada de infidelidad en Bangu, una comunidad dominada por las milicias: le habían arrancado la ropa delante de su casa, le habían rapado la cabeza y la habían obligado a caminar desnuda por toda la favela.

Continuó aumentando el número de presas. Según cifras del Departamento Penitenciario Nacional, la población reclusa femenina aumentó un 77 por ciento respecto a los ocho años anteriores, un incremento superior al de la población reclusa masculina. Las reclusas seguían sufriendo malos tratos, hacinamiento, asistencia inadecuada durante el parto y falta de prestaciones para el cuidado de sus hijos.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegados de Amnistía Internacional visitaron Brasil en mayo y noviembre. En abril hicieron un seguimiento del informe de Brasil al mecanismo del examen periódico universal.

 Brasil: Nosotras recogemos los platos rotos. La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil (AMR 19/001/2008)

Bulgaria

República de Bulgaria

Jefe del Estado: Georgi Parvanov

Jefe del gobierno: Serguéi Stanishev

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 7,6 millones

Esperanza de vida: 72,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 16/12 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 98,2 por ciento

El informe de actualización de la Comisión Europea publicado en julio instaba a Bulgaria a incrementar sus esfuerzos para combatir la corrupción y la delincuencia tras la adhesión del país a la Unión Europea. Como consecuencia de un informe anterior de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Comisión Europea condenó el uso indebido de fondos de la Unión Europea y adoptó sanciones contra Bulgaria.

Continuó la detención de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, que permanecían recluidas durante meses e incluso años en espera de su expulsión. Las ONG nacionales siguieron expresando su preocupación por el hecho de que tales detenciones se hubieran convertido en una práctica sistemática, lo que contravenía la legislación que establecía que sólo se debía adoptar esa medida como último recurso.

En abril, solicitantes de asilo iraquíes prendieron fuego al mobiliario del Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Busmantsi, cerca de la capital, Sofía, para protestar por un cambio de política que había reducido el nivel de protección de los iraquíes que solicitaban asilo en Bulgaria. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ya había expresado su preocupación por este cambio, que las autoridades defendían aduciendo falta de espacio en los centros de acogida. El Comité Búlgaro de Helsinki, organización no gubernamental, interpuso recursos de apelación ante los tribunales contra más de 40 decisiones de rechazo de solicitud entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

 Said Kadzoev, ciudadano ruso de origen checheno, siguió expuesto a ser devuelto a la Federación Rusa, donde corría grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Detenido en el Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Busmantsi desde el 1 de noviembre de 2006, Said Kadzoev había sido sometido a largos periodos de aislamiento sin ninguna explicación por parte de las autoridades. El jefe de la Dirección de Migración de Bulgaria anunció en mayo que se buscaría un tercer país seguro para su expulsión. En octubre se presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos basada en que el rechazo de la solicitud de asilo de Said Kadzoev, su detención administrativa durante más de dos años y la decisión arbitraria de someterlo a periodos de aislamiento excesivamente largos, todo ello agravado por los malos tratos que presuntamente le habían infligido bajo custodia, constituían violaciones de sus derechos.

La minoría romaní continuó sufriendo discriminación por parte de funcionarios públicos y de particulares. El Comité Búlgaro de Helsinki informó sobre casos de discriminación en el acceso a la vivienda, incluidos desalojos forzosos, y en el acceso a los servicios públicos.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, señaló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para garantizar que los niños y niñas romaníes disfrutaran de los mismos derechos que los demás –por ejemplo, mediante el Plan Nacional de Acción sobre el Decenio de la Inclusión Romaní–, persistía la preocupación por las actitudes negativas y los prejuicios contra la comunidad romaní de la población en general, así como por la situación general de los niños y niñas pertenecientes a minorías, especialmente la romaní. El Comité resaltaba en particular medidas discriminatorias y desigualdades tales como la segregación en la educación y la desigualdad de acceso a la asistencia médica, la vivienda, el empleo y un nivel de vida adecuado.

La minoría macedonia

En mayo, representantes de OMO Ilinden PIRIN, partido que representaba a la minoría macedonia de Bulgaria, informaron sobre una campaña de hostigamiento e intimidación por parte de la policía contra las personas partidarias de una nueva solicitud para su registro. Según las denuncias del partido, los agentes citaron a estas personas en comisarías de policía sin una orden por escrito y las interrogaron acerca del partido. La solicitud del partido para registrarse había sido denegada en tres ocasiones en 2007, pese a una disposición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005 y varios llamamientos de la Unión Europea.

En abril, el Tribunal Municipal de Sofía resolvió que Volen Siderov, dirigente del partido ultraderechista Ataka (Ataque), era culpable de utilizar un lenguaje hostil y discriminatorio contra la minoría étnica turca y de crear un ambiente de animosidad contra ella. Fue amenazado con el pago de una multa si hacía caso omiso de la orden de no volver a utilizar ese lenguaje.

En junio, el primer desfile del Orgullo que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero iba a celebrar en Bulgaria fue organizado en Sofía por Gemini, organización búlgara dedicada a la defensa de los derechos de estas personas. Ya existían informes sobre un aumento de los actos de intimidación contra personas de esta comunidad en Bulgaria con anterioridad al acto, al que se oponían varias autoridades religiosas y grupos de ultraderecha. Alrededor de unas 150 personas que participaban en la marcha se enfrentaron a la violencia de unos contramanifestantes que les arrojaron piedras, botellas y cócteles Molotov. La policía detuvo a más de 60 personas. El primer ministro, si bien reconoció el derecho a manifestarse pacíficamente, expresó su oposición personal a la marcha.

En febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, publicó un informe sobre su visita a Bulgaria en septiembre de 2006 en el que afirmaba que debían aumentarse los esfuerzos para combatir los malos tratos a personas detenidas y mejorar las instalaciones de detención.

En abril, el Comité Búlgaro de Helsinki denunció que la legislación local incumplía las normas jurídicas internacionales sobre el empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, la ONG informó sobre casos de malos tratos por funcionarios de policía, especialmente contra personas de la comunidad romaní, en el momento del arresto o durante la custodia. A menudo estos casos no se investigaron debidamente.

 El 2 de octubre, el Tribunal Militar de Sofía condenó a cinco agentes de policía a un total de 82 años de cárcel tras declararlos culpables de haber golpeado a Angel Dimitrov, de 38 años, hasta causarle la muerte en 2005. La policía explicó inicialmente que la víctima había muerto como consecuencia de un ataque cardíaco, pero la segunda autopsia, solicitada por los familiares, demostró que había muerto a causa de golpes en la cabeza. Al finalizar el año estaba pendiente de revisión en el Tribunal Militar de Apelaciones un recurso presentado contra la sentencia. El Tribunal Militar de Sofía ya había dictado sentencia contra los cinco agentes de policía en noviembre de 2007, pero su decisión fue revocada por el Tribunal Militar de Apelaciones.