Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones
|
|  Yüklə 2.37 Mb.
|
| Afganistán
República Islámica de Afganistán Jefe del Estado y del gobierno: Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones Esperanza de vida: 42,9 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 232/237 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 28 por ciento
En enero, la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia, integrada por representantes del gobierno afgano y de la comunidad internacional, reconoció que apenas se había avanzado en la aplicación del Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación. En el Plan de Acción de 2005 se pedía al gobierno afgano que retirase de los puestos de poder a los responsables de abusos contra los derechos humanos, potenciase la reforma de las instituciones y crease un mecanismo de rendición de cuentas. En su revisión anual de marzo, la Junta Mixta admitió que los progresos en el área de los derechos humanos habían sido lentos. También reconoció que continuaba siendo insuficiente la supervisión civil de las fuerzas de seguridad del gobierno y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente en el caso de la Dirección Nacional de Seguridad, los servicios de información afganos. En junio, el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Desarrollo de Afganistán, un plan de desarrollo que se extendería hasta 2013. La Estrategia era equivalente al Pacto para Afganistán de 2006: un acuerdo político entre el gobierno afgano y países donantes. Sistema de justicia El sector de la seguridad y el judicial carecían de la voluntad política, las infraestructuras y el personal necesarios para proteger y promover los derechos humanos. El Ministerio de Justicia, que actuaba como principal órgano del gobierno para la aplicación e integración de los derechos humanos, no colaboró lo suficiente con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Sin esta colaboración, las recomendaciones de la Comisión, entre las que se pedía la investigación de las operaciones militares en las que se habían producido víctimas civiles, resultaron en gran medida infructuosas. A menudo se atribuía a las condiciones laborales –los bajos salarios y la falta de seguridad personal– el que jueces, fiscales y otros funcionarios civiles que trabajaban en el sector judicial fuesen proclives a la corrupción, que al parecer era generalizada. Los ciudadanos carecían de confianza en las instituciones de justicia oficiales y las consideraban lentas, corruptas e ineficaces. La mayor parte de la población, especialmente las mujeres, tenía dificultades para acceder a los tribunales y a la asistencia jurídica; la mayoría no podía permitirse pagar las costas ni los gastos de viaje. Las shuras y jirgas tradicionales (consejos tribales informales), que actuaban al margen del sistema de justicia oficial y en las que se conculcaba el derecho a un juicio con las debidas garantías, continuaban ocupándose de aproximadamente el 80 por ciento de todas las disputas, especialmente en las zonas rurales. Continuaron los procedimientos judiciales entablados contra presos afganos de Guantánamo y Bagram transferidos al gobierno afgano para su procesamiento, pero no cumplieron las normas nacionales ni internacionales para un juicio con las debidas garantías. Los juicios presentaron graves defectos, como la carencia de abogados defensores y la falta de tiempo suficiente para preparar la defensa, la utilización de confesiones extraídas mediante tortura y otros malos tratos y la negación del derecho a examinar las pruebas y realizar careos con los testigos. En marzo se creó un comité presidencial para revisar las denuncias ante los tribunales. Impunidad Continuaba reinando la impunidad en todos los ámbitos de la administración, incluso en zonas del país bajo control del gobierno. No se había creado un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, y sólo habían comparecido ante la justicia unos cuantos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos durante tres decenios de conflicto, la mayor parte de ellos en otros Estados y en aplicación del principio de jurisdicción universal. Un gran número de autoridades regionales y jefes militares continuaban cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad. Detención y reclusión arbitrarias Continuaban siendo prácticas generalizadas la detención y reclusión arbitrarias por parte de la policía, de otros organismos oficiales de seguridad y de milicias privadas que trabajaban con fuerzas de seguridad afganas e internacionales. La Dirección Nacional de Seguridad continuó deteniendo y recluyendo arbitrariamente a personas sospechosas sin permitirles acceder a abogados defensores y familiares ni comparecer ante un tribunal o recibir visitas de organismos externos. Decenas de personas detenidas fueron objeto de tortura y otros malos tratos, como flagelación, exposición a frío intenso y privación de alimentos. Más de 600 presos continuaban recluidos en la base militar aérea de Bagram, controlada por Estados Unidos, y en otros centros militares estadounidenses al margen de la protección de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Algunos llevaban varios años recluidos y se les había negado el derecho a un proceso con las debidas garantías, como el acceso a abogados y a un procedimiento de hábeas corpus. Pena de muerte Diecisiete personas fueron ejecutadas en 2008 y al menos otras 111 estaban condenadas a muerte. El Tribunal Supremo de Afganistán confirmó 131 penas de muerte dictadas por tribunales inferiores, que estaban en espera de que el presidente Karzai las refrendara. En la mayoría de los casos, los procedimientos judiciales violaron las normas internacionales sobre juicios justos. Entre las deficiencias hubo falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de representación legal, escasa solidez de las pruebas presentadas y negación del derecho de los acusados a llamar e interrogar a los testigos. El 22 de enero, Sayed Parwiz Kambaksh fue condenado a muerte por «blasfemia» en un juicio manifiestamente injusto. Fue acusado de descargar de Internet material sobre el papel de las mujeres en el islam, añadirle comentarios y distribuirlo en la Universidad de Balkh, en el norte de Afganistán. El 21 de octubre, tras la apelación, la condena fue conmutada por 20 años de cárcel. En diciembre, Afganistán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Abusos cometidos por las fuerzas afganas e internacionales El número de víctimas civiles había aumentado desde 2001, y 2008 se convirtió en el año más sangriento hasta entonces. La mayoría de los civiles resultaron heridos en ataques de insurgentes, pero en torno al 40 por ciento (795 civiles) fueron víctimas de operaciones de fuerzas de seguridad afganas e internacionales; es decir, la cifra de víctimas creció un 30 por ciento en relación con las 559 registradas en 2007. Diversos incidentes graves suscitaron honda preocupación por el uso indiscriminado y desproporcionado de los ataques aéreos. Según informes, 47 civiles, de los que 30 eran menores de edad, murieron el 6 de julio en ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos contra el distrito de Deh Bala, en la provincia de Nangahar; entre el 21 y el 22 de agosto, los ataques aéreos causaron más de 90 víctimas civiles, entre ellas 62 menores de edad, en el distrito de Shindand, provincia de Heralt. En septiembre de 2008, en respuesta a las críticas sobre el elevado número de muertes de civiles, la OTAN revisó de nuevo sus reglas de intervención para limitar el uso de ataques aéreos inmediatos en caso de ataque contra tropas terrestres, ampliando el plazo para planificar los ataques aéreos y obtener la aprobación de los mandos superiores. Gobiernos que habían participado en operaciones militares ofrecieron una indemnización económica a algunas familias cuyas propiedades habían sido destruidas o en las que algunos de sus miembros habían muerto o resultado heridos. Sin embargo, las fuerzas afganas e internacionales carecían de un programa sistemático de asistencia a las personas que resultaban heridas durante sus operaciones. Fuerzas estadounidenses y de la OTAN continuaron entregando detenidos a la Dirección Nacional de Seguridad, los servicios de información afganos, que perpetraba impunemente violaciones de derechos humanos como tortura y detención arbitraria. Abusos cometidos por grupos armados Bandas de delincuentes y grupos armados (algunos aparentemente aliados con el gobierno) secuestraron a extranjeros y organizaron ataques contra empresarios, personal de ayuda humanitaria, docentes, proyectos de ayuda escolar y colegios con el fin de desestabilizar la seguridad y detener proyectos de desarrollo en todo el país. Setenta y ocho empleados de diversas ONG fueron secuestrados y otros 31 fueron víctima de homicidio. Los talibanes y otros grupos insurgentes intensificaron la «táctica» de atacar deliberadamente a las mujeres, utilizando métodos como el secuestro. El 13 de agosto, insurgentes talibanes mataron en la provincia de Logar a tres cooperantes internacionales y un chófer afgano que trabajaba para el Comité Internacional de Rescate. Un segundo chófer afgano resultó gravemente herido. El 20 de octubre, una trabajadora de la organización británica Christian Aid murió a plena luz del día en Kabul, abatida por disparos de insurgentes talibanes que circulaban en una motocicleta. Grupos de delincuentes armados secuestraron a personalidades afganas para pedir rescates. La mayoría de los secuestros no se denunciaron, a causa del temor de víctimas y familias a las represalias y a agentes de policía corruptos vinculados a grupos armados. El 19 de octubre, hombres armados secuestraron a Humayun Shah Asefi, familiar del difunto rey Zahir Shah, en su casa de Kabul. La policía afgana lo rescató una semana después. Atentados suicidas Los atentados suicidas causaron 373 muertes. Los ataques suicidas de talibanes y otros grupos insurgentes contra objetivos militares o policiales solían provocar un gran número de muertos y heridos entre la población civil. El 17 de febrero, un atacante suicida hizo estallar la carga explosiva que llevaba encima cerca de una multitud de unas 500 personas que presenciaban un combate de perros en Arghandab, provincia de Kandahar. En torno a un centenar de civiles murieron y decenas resultaron heridos. El 7 de julio, un atentado suicida con vehículo bomba en el exterior de la Embajada de India en Kabul mató a 41 personas e hirió a casi 150. El 30 de octubre, un talibán hizo estallar la carga explosiva que llevaba encima en el Ministerio de Información y Cultura, en el centro de Kabul, matando a 5 civiles e hiriendo a más de 21.
La libertad de expresión, que había conocido un breve auge tras la caída de los talibanes en 2001, se vio menoscabada por las amenazas y los ataques de agentes estatales y no estatales. Los talibanes y otros grupos antigubernamentales convirtieron a los periodistas en blanco de sus ataques e impidieron prácticamente todas las labores informativas en las zonas bajo su control. El 7 de junio fue secuestrado Abdul Samad Rohani, periodista afgano que trabajaba para la BBC en la provincia de Helmand; al día siguiente apareció muerto, abatido por disparos, posiblemente en respuesta a su investigación sobre el comercio de narcóticos. En mayo, una mujer apuñaló a la periodista Nilofar Habibi en la puerta de su casa en Herat; según informes, la causa fue su trabajo como periodista de televisión. El gobierno, especialmente la Dirección Nacional de Seguridad, y el Consejo de los Ulemas intentaron restringir la independencia de los medios de comunicación. En julio, agentes de la Dirección Nacional de Seguridad detuvieron a Mohammad Nasir Fayyaz, presentador del programa de televisión The Truth, por «dar una idea falsa» de las autoridades del gobierno. Mohammad Nasir Fayyaz quedó en libertad poco después, pero, según informes, continuó bajo vigilancia. En septiembre, Ahmad Ghous Zalmai, periodista y ex portavoz de la Fiscalía General, y Mullah Qari Mushtaq fueron condenados a 20 años de cárcel por publicar una traducción en dari del Corán sin incluir el texto paralelo en árabe. Discriminación y violencia contra mujeres y niñas Aunque las mujeres participaban cada vez más en política y en la vida pública, sus derechos continuaban restringidos por los prejuicios sociales y por la violencia en el hogar y a manos de grupos armados. Disminuyó el número de mujeres que ocupaban altos cargos en los ministerios. El 28 de septiembre, talibanes armados mataron a Malalai Kakar, la agente de policía de mayor rango en Afganistán, cerca de su casa en Kandahar. El 12 de noviembre, dos hombres que circulaban en una motocicleta utilizaron pistolas de agua para disparar ácido contra unas 15 niñas que se dirigían al colegio en Kandahar; al menos dos de ellas quedaron ciegas y otras quedaron desfiguradas. Diez insurgentes talibanes fueron detenidos posteriormente en relación con el ataque. El índice de violencia en el ámbito familiar era muy elevado, y las posibilidades que tenían las mujeres de recurrir a protección legal eran escasas o inexistentes. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, entre el 60 y el 80 por ciento de los matrimonios eran forzados, y el número de matrimonios prematuros era elevado. A menudo se detenía a las mujeres que intentaban huir de matrimonios en los que sufrían abusos y se las procesaba por presuntos delitos como «huida del hogar» o delitos de índole «moral» que no estaban tipificados en el Código Penal.
La inseguridad causada por los talibanes y otros grupos insurgentes en el este y el sur del país hizo que muchas organizaciones de ayuda humanitaria dejaran de trabajar en esas zonas. En agosto, el Comité Internacional de Rescate detuvo todas las operaciones de ayuda humanitaria en Afganistán tras la muerte de cuatro trabajadores a manos de extremistas en la provincia de Logar. En la provincia de Kunar, la numerosa presencia de talibanes impidió que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) enviase directamente suministros a los refugiados paquistaníes que habían huido del conflicto entre las fuerzas de seguridad paquistaníes e insurgentes partidarios de los talibanes en las Zonas Tribales bajo Administración Federal de Pakistán. Derecho a la salud y a la educación A lo largo del año aumentaron los ataques a colegios y la intimidación de personal docente y alumnas, fundamentalmente por parte de los talibanes, y las clases se interrumpieron con mayor frecuencia debido al conflicto armado. En las zonas controladas por el gobierno afgano, los sistemas educativo y de salud carecían de la financiación necesaria y de profesionales cualificados, y sufrían problemas de seguridad. El deterioro de la seguridad obligó al Ministerio de Salud a cerrar algunas clínicas, el único servicio de atención a la salud del que disponía mucha gente. Personas internamente desplazadas y retornadas El grupo especial sobre personas internamente desplazadas en Afganistán, integrado por representantes del gobierno y organismos internacionales de ayuda humanitaria, calculaba que había más de 235.000 personas desplazadas internamente, que se encontraban en situación desesperada en zonas de conflicto al tener dificultades para llegar a ellas los organismos de ayuda humanitaria nacionales e internacionales. Según el ACNUR, en 2008 regresaron a Afganistán más de 276.000 refugiados afganos que vivían en Irán y Pakistán. Muchas de estas personas retornadas se enfrentaban a una situación de miseria, debido a la escasez de oportunidades laborales y a la falta de acceso a la tierra, la vivienda, el agua, la atención a la salud y la educación. Algunos de los retornados se convirtieron en desplazados internos al haberse apropiado de sus bienes las autoridades locales. En septiembre, más de 20.000 personas huyeron de Pakistán al este de Afganistán para evitar los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad paquistaníes e insurgentes partidarios de los talibanes en las Zonas Tribales bajo Administración Federal de Pakistán. Informes y visitas de Amnistía Internacional Afghanistan: Prisoner of conscience sentenced to death for downloading and distributing materials from the internet (ASA 11/001/2008) Afghanistan: Women human rights defenders continue to struggle for women’s rights (ASA 11/003/2008) Afghanistan: Arms proliferation fuels further abuse (ASA 11/004/2008) Afganistán: Pena de muerte. Aproximadamente un centenar de personas cuyo nombre se desconoce condenadas a muerte(ASA 11/005/2008) Afganistán: La población civil es la más castigada por el aumento de atentados suicidas (ASA 11/006/2008) Afganistán: En París, basta ya de promesas vanas (ASA 11/007/2008) Afganistán: Más información sobre pena de muerte. Sayed Perwiz Kambakhsh (ASA 11/013/2008) Afghanistan: Submission to the UN Universal Periodic Review - Fifth Session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, May 2009 (ASA 11/014/2008) Afganistán: El gobierno no debe ampliar el uso de las ejecuciones(13 de noviembre de 2008) Albania República de Albania Jefe del Estado: Bamir Topi Jefe del gobierno: Sali Berisha Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 3,2 millones Esperanza de vida: 76,2 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/20 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 98,7 por ciento La violencia en el ámbito familiar era un fenómeno generalizado. Continuó la trata de mujeres y menores de edad con el fin de someterlos a prostitución forzada o a otras formas de explotación. Se registraron casos de tortura y otros malos tratos a detenidos en prisiones y comisarías. Las condiciones de reclusión de convictos y presos preventivos equivalían en ocasiones a trato inhumano y degradante. A los huérfanos que alcanzaban la edad adulta se les negaba su derecho legal a una vivienda adecuada. Información general A pesar del constante desarrollo económico, la tasa de desempleo seguía siendo elevada. Se calculaba que más del 18 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza a escala nacional. Este sector de la sociedad padecía también de manera especial los efectos del acceso limitado a educación, agua y servicios médicos y sociales. Aumentaron los procesamientos por corrupción, pero dirigidos sobre todo a funcionarios de baja categoría. La población confiaba poco en el sistema judicial. Se inició una investigación sobre una explosión registrada en marzo en un depósito donde se estaban desmontando municiones en desuso. Se detuvo a varios funcionarios del Ministerio de Defensa, y el propio ministro fue destituido y perdió su inmunidad. La explosión ocasionó 26 muertos, más de 300 heridos y la destrucción parcial o total de centenares de viviendas. Dio lugar también a denuncias de corrupción y comercio irregular de armas. Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales En abril se aprobaron varias enmiendas constitucionales, incluidas algunas que comportaban cambios en el sistema electoral. En noviembre se aprobó un nuevo reglamento electoral. Se aprobó también la introducción de modificaciones en el Código Penal para reforzar la protección de los menores de edad, y se promulgó una ley sobre igualdad de género encaminada a aumentar la participación de las mujeres en la vida pública. Desapariciones forzadas En mayo comenzó el juicio contra cuatro ex agentes del Servicio Nacional de Información acusados de secuestrar y «torturar con consecuencias graves» a tres hombres en 1995. Seguía sin conocerse la suerte corrida por una de las víctimas, Remzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa. A uno de los acusados, llir Kumbaro, se le juzgaba in absentia, pero en septiembre se detuvo en Reino Unido a un hombre que la policía británica creía que era él, y Albania solicitó su extradición. El detenido negó ser Ilir Kumbaro, y al finalizar el año no habían concluido todavía las actuaciones judiciales encaminadas a establecer su identidad y a adoptar una resolución sobre su extradición a Albania. Violencia contra mujeres y niñas La violencia en el ámbito familiar era un fenómeno generalizado, y al parecer afectaba aproximadamente a una de cada tres mujeres. Durante los nueve primeros meses de 2008, la policía tuvo constancia de 612 casos de violencia intrafamiliar, pero al parecer muchos otros no se denunciaron. Las autoridades adoptaron medidas para aumentar la protección de las víctimas, en su inmensa mayoría mujeres. Pocos casos de violencia intrafamiliar eran objeto de acciones penales, salvo que comportaran amenazas contra la vida o hubieran acarreado actos con resultado de muerte o lesiones graves. Sin embargo, cada vez más víctimas solicitaban medidas de protección contra los maltratadores. Entre enero y septiembre, según los informes, la policía asesoró a 253 víctimas en relación con la solicitud de órdenes judiciales de alejamiento con arreglo a la legislación civil aprobada en 2007. Sin embargo, los tribunales no solían emitir estas órdenes porque las víctimas retiraban las denuncias o no comparecían en las vistas.
Siguió practicándose la trata de mujeres y niñas con el fin de someterlas a prostitución forzada, y de niños y niñas para obligarlos a ejercer la mendicidad. El destino de las víctimas era por lo general Grecia e Italia. La policía seguía sin facilitar a las víctimas una protección adecuada y contaba en gran medida con que las propias víctimas denunciaran su situación. Durante el año, el Tribunal de Delitos Graves juzgó a 30 acusados de cargos de trata de mujeres para explotación sexual, y a 6 acusados de cargos de trata de menores de edad. En junio se condenó a Allman Kera a 15 años de cárcel por introducir ilícitamente a su esposa menor de edad en Kosovo, donde la obligó a ejercer la prostitución hasta que la muchacha huyó y lo denunció a las autoridades. En noviembre se acusó de manera formal a K.D. de introducir ilícitamente en 2002 a un niño de 9 años en Grecia y de obligarlo a ejercer la mendicidad. Al parecer, los progenitores del niño le habían denunciado a la policía cuando dejó de enviarles la suma mensual que habían convenido con él. |